El ex jefe paramilitar construyó hospitales, canchas, urbanizaciones y parque infantiles, al mismo tiempo que asesinaba campesinos y líderes comunitarios, señalandolos de ser colaboradores de la guerrilla.
Si algo tenía claro Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, era que la guerra contra las guerrillas de las Farc y el Eln en el Bajo Cauca antioqueño, a donde llegó a mediados de los años noventa enviado por Henry Pérez, jefe paramilitar del Magdalena Medio, no la ganaría apelando únicamente a la estrategia militar.
Aprovechando los abundantes réditos económicos que le dejaban sus actividades de narcotráfico y replicando la experiencia social que se realizaba en Puerto Boyacá, Vanoy Murillo no vaciló en regalar dinero “a manos llenas” a ancianos desprotegidos, niños con problemas nutricionales, mujeres cabeza de familia y a campesinos que necesitaban “un empujoncito” para sus proyectos productivos.
El objetivo era claro: ganarse el favor del pueblo, mientras, de manera paralela, ordenaba asesinar labriegos, desaparecer líderes comunitarios y expulsar familias enteras de zonas rurales y urbanas, todas ellas acusadas de ser “simpatizantes o auxiliadores de la guerrilla”.
No de otra forma ‘Cuco Vanoy’ llegó a ser temido y amado en municipios como Cáceres y Tarazá. Su fama de sanguinario jefe paramilitar quedó en segundo plano gracias a los aportes que frecuentemente realizaba a personas que necesitaban medicamentos, mercados y hasta intervenciones quirúrgicas.
Su estrategia contrainsurgente iba más allá de dádivas ocasionales. Su éxito estuvo en asumir funciones que le correspondían al Estado en una región históricamente olvidada. Prueba de ello son las numerosas intervenciones de tipo social que se ejecutaron en esa región de Antioquia y sobre las cuales la Fiscalía 15 de Justicia y Paz, encargada de la documentación del bloque Mineros, busca establecer cuál fue el grado de participación de las administraciones municipales de turno.
Los “beneficiados”
Al mejor estilo gubernamental, ‘Cuco Vanoy’ focalizó sus iniciativas por grupos poblacionales específicos. Un ejemplo fue la iniciativa “Computadores para la educación”. En 2005, un año antes de su desmovilización, el ex jefe paramilitar donó computadores para los centros educativos de las zonas rurales de Tarazá. El donativo fue de tal magnitud, que las autoridades municipales de la época debieron ampliar las plantas físicas de varias instituciones educativas para ubicar los equipos.
En el proyecto paramilitar también fue importante la iniciativa denominada “Tarazá sin Hambre”, la cual buscaba entregarle pequeñas parcelas a familias campesinas de escasos recursos para que las trabajaran. El proyecto se ejecutó a finales de la década de los noventa en la vereda Nicaragua, de Cáceres, y en la hacienda Santa Clara, ubicada en el corregimiento La Caucana de Tarazá.
Quienes también se beneficiaron de la estrategia de ‘Cuco Vanoy’ fueron los adultos mayores. Obras como “Casa Diana: Por el Derecho a Envejecer Dignamente” y “Centro Adulto Mayor Una Etapa Dorada” fueron aplaudidas en su momento por la comunidad. Sin embargo, de acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía 15 de Justicia y Paz, al parecer la iniciativa denominada Casa Diana, que fue entregada a la comunidad para su funcionamiento en septiembre de 2005, se levantó en una antigua finca del corregimiento La Caucana donde los integrantes del Bloque Mineros tuvieron calabozos utilizados como centros de tortura y retención ilegal.
Tanto este proyecto como el “Centro Adulto Mayor Una Etapa Dorada”, ubicado en la cabecera municipal de Tarazá y que entró en funcionamiento en septiembre de 1995, fueron edificados en terrenos que fueron propiedad del municipio. Si bien no hay indicios que permitan establecer si las administraciones municipales aportaron recursos económicos, sí es claro que para la ejecución de los mismos la Alcaldía entregó los lotes en donación.
La intervención de ‘Cuco Vanoy’ en Tarazá fue tal que ordenó construir dos clínicas de tercer nivel, es decir, que cuentan con equipos de alta tecnología para diagnósticar y tratar pacientes en Tarazá: una en el corregimiento El Guáimaro llamada Nueva Luz; y otra en el casco urbano, conocida como Clínica San Martín, construida en terrenos del municipio.
Las indagaciones de la Fiscalía 15 de Justicia y Paz apuntan a que la Clínica San Martín se construyó, en parte, con dineros del narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, actualmente preso en una cárcel de Estados Unidos, donde enfrenta un proceso por tráfico de cocaína.
“El dinero para las obras, el pago de empleados y la compra de insumos, los aportaba ‘Cuco Vanoy’; aunque en el caso de la clínica (San Martín), las enfermeras y el personal médico lo pagaba la Alcaldía”, señaló al respecto la Fiscal 15 de Justicia y Paz,y agregó que “alias ‘Cuco Vanoy’ también arregló varias vías. Él ordenaba que se hurtara maquinaria para tal fin o en ocasiones la Alcaldía se las facilitaba”.
Su proyecto urbanístico
‘Cuco Vanoy’ ordenó la construcción de un parque infantil en el corregimiento El Doce, de Tarazá, otro más en el barrio Las Pavas, al igual que un restaurante escolar en el barrio Las Palmas de esta localidad. En estos casos, el ex jefe paramilitar entregó el dinero para las obras, que se levantaron en predios de propiedad de la Alcaldía.
El proyecto “social” de ‘Cuco Vanoy’ no fue pensado solo como una estrategia para tiempos de guerra. Una de las tantas iniciativas de vivienda que levantó en Tarazá terminó en manos de desmovilizados. Fue el caso de la urbanización San Martín II, un conjunto de edificios ubicados contiguo a la Clínica San Martín. La intención del jefe del bloque Mineros era entregarlas a población pobre, pero terminaron en manos de sus antiguos subordinados.
Parte de este proyecto fue financiado con dineros del Estado y según conoció Verdadabierta.com, la Fiscalía ha solicitado que se investigue a los actuales propietarios de estos inmuebles y, de hallarse méritos suficientes, solicitar que se les aplique extinción de dominio y pasen al Fondo de Reparación para las víctimas.
Otro proyecto urbanístico que está bajo la lupa del ente investigador es una urbanización ubicada en el barrio La Ceiba, de Tarazá. Allí, ‘Cuco Vanoy’ inició la construcción, en 2001, de 20 viviendas para entregarlas a personas pobres del municipio. El programa de solución de vivienda se llamó “Mi casa propia”. Los presidentes de las juntas de acción comunal de los barrios beneficiados fueron los encargados de certificar la entrega de los inmuebles.
En la escritura No. 059, el ex alcalde Miguel Ángel Gómez García figura que el municipio le dona los lotes donde se levantó el proyecto de vivienda a una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la solución de vivienda de interés social llamada Asociación de Vivienda “Esperanza Mía”, ubicada en la ciudad de Barranquilla. Lo que los investigadores judiciales han logrado establecer hasta el momento es que esta entidad fue creada con el objeto de construir viviendas para miembros de las Autodefensas.
“Lo que nos preguntamos es qué grado de responsabilidad tuvieron los alcaldes de la época, si ellos aportaron dineros o participaron en la construcción de obras y qué delito pudo haberse configurado en la ejecución de estos proyectos”, le dijo a Verdadabierta.com un investigador judicial.
Lo paradójico es que todas estas intervenciones realizadas con dineros ilegales y que hicieron parte de una estrategia de guerra, hoy se encuentran en el más completo abandono. Como en el pasado, el Estado aún no llega al Bajo Cauca antioqueño.
