Salvatore Mancuso ofreció una finca para reparación a las víctimas, pero ahora su padre dice ser el propietario original y ha pedido a la justicia que se la devuelva. Un magistrado de Justicia y Paz negó la solicitud, pero ahora la Corte Suprema ha fallado que el magistrado debe considerar las pruebas y argumentos del papá para poder fallar.
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– Reparación sin fondos |
En mayo de 2007, un año antes de ser extraditado, el ex jefe paramilitar del Bloque Norte, Salvatore Mancuso Gómez, ofreció, para reparar a sus víctimas, en una audiencia ante un magistrado de Control de Garantías, 23 fincas que dijo que eran suyas, además de otros bienes de propiedad de dos de sus sociedades y una isla ubicada en el Golfo de Morrosquillo.
En esa audiencia, el ex paramilitar pudo demostrar que algunos de los bienes ofrecidos, en efecto, le pertenecían, pues tenía las escrituras y los registros inmobiliarios a su nombre. Otros no pudieron ser inscritos para reparación de las víctimas porque figuraban a nombre de terceros, es decir testaferros. La oferta de otra propiedad, la Isla Múcura, también fue rechazada porque las islas son de propiedad de la Nación y él dijo en esa audiencia que la había recibido como parte de pago de un negocio ilegal entre narcotraficantes y paramilitares.
Entre estos bienes que Macuso quiso ofrecer estaba la finca El Cortijo de 13.75 hectáreas, ubicada en la vereda Los Pericos, en la zona rural de Montería, en la vía que comunica a la capital de Córdoba con Planeta Rica. Esta le había sido adjudicada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), a Salvatore Mancuso Gómez.
En junio de 2007, en una audiencia adicional ante la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, la finca El Cortijo, entre otros bienes, fue cobijada con una medida cautelar de embargo decretada por un magistrado de Control de Garantías.
Sin embargo, el pasado 14 de abril una abogada, en representación de Salvatore Mancuso D´Angiollela, padre del ex jefe paramilitar, solicitó a la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que levantara dichas medidas pues ese bien no le pertenecía a Mancuso Gómez, sino a él, su padre, de acuerdo con un fallo emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería.
La historia del predio
De acuerdo con certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registros públicos de Montería, la finca El Cortijo, fue adjudicada por el Incora en 1983 a Pedro Armando Lara Padilla, a quien el instituto le declaró la caducidad tres años después. Cinco años más tarde, en 1991, el mismo predio fue adjudicado a Salvatore Mancuso Gómez.
Casi veinte años después de adjudicado el bien a Mancuso hijo, su padre a través de su abogado, solicitó levantar el embargo, y se fundamenta en un fallo favorable de prescripción adquisitiva de dominio resuelto por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Montería, el cual se adelantó con base en una demanda presentada en enero de 2007, cinco meses antes de que su hijo la ofreciera la finca al Fondo de Reparación de las Víctimas.
El argumento del padre del ex jefe paramilitar, el señor Mancuso D´Angiollela, es que él le compró la posesión al adjudicatario anterior, Pedro Armando Lara Padilla, a quien el Incora le revocó como ya se dijo en 1986. La defensa de Mancuso D´Angiollela, en su demanda ante el Juzgado Segundo Civil de Montería, consistió en demostrar que su representado tuvo la posesión de manera ininterrumpida durante más de 20 años, los exigidos por la ley colombiana para poder adquirir mediante prescripción.
El señor Mancuso Dángiolella, en sus alegatos afirmó que después de comprar la posesión a Lara Padilla, él hizo la solicitud al Incora, pero el instituto no le adjudicó por ser extranjero. Ante eso, el señor Mancuso pidió a su hijo Salvatore que presentara la solicitud pues él si es colombiano y se dedicaba a actividades agropecuarias y para entonces había terminado sus estudios de administración agropecuaria y administraba la finca de su esposa.
Es decir qué, según lo que dice Mancuso padre, demandó a su hijo a quién había acudido para que el Incora le adjudicara el bien porque el, en su calidad de extranjero (es italiano), no podía ser beneficiario del Instituto.
A favor de Mancuso padre declararon varias personas que dijeron ser testigos de que Macuso papá ha sido el poseedor del bien.
La solicitud de levantar la medida cautelar fue negada por el magistrado de la Sala de Justicia y Paz, Eduardo Porras Galindo, en abril de 2010, decisión que fue apelada por la defensa de Mancuso y que hoy resolvió la sala plena de la Corte Suprema de Justicia declarando la nulidad de la decisión emitida por el magistrado de Justicia y Paz.
El Alto Tribunal consideró que el magistrado de Barranquilla no estudió la pretensión del padre de Mancuso y se limitó a “fallar conforme a la Ley” pero desconociendo lo que la Ley establece respecto a la participación de terceros en el proceso de Justicia y Paz, en este caso, el padre de Mancuso.
Con esta decisión, la Corte Suprema devolvió el proceso nuevamente al magistrado de Justicia y Paz quien deberá “escuchar los argumentos y recibir las pruebas” que la defensa de Mancuso D´Angiollela aportará en su pretensión de que se levanten la medidas de protección del predio y se le reconozca como su dueño. El caso volverá a manos del magistrado de Justicia y Paz, y mientras que este falla el pleito, la finca seguirá en manos del Fondo de Reparación de las Víctimas y no podrá ser negociado.
