Baldíos adjudicados para reforma agraria y donde hubo una base paramilitar, terminaron englobados en cinco predios, donde según la gente, una empresa de la familia Carranza tiene una ganadería. Su apoderado lo niega y el Incoder investiga posible acumulación irregular de tierras.
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| Lea el especial completo: “Tres agroindustrias de Los Llanos compraron tierras con líos y violencia” |
La comunidad de El Porvenir en el nororiente del Meta ha usado la enorme sabana que rodea el caserío en el que viven para criar su ganado desde hace más de 50 años. Han sobrevivido al aislamiento, a la pobreza y a la violencia impuesta por los paramilitares desde la década de los ochenta y ahora sienten amenazada su subsistencia porque unas personas que se dicen dueñas de las tierras les exigen que retiren sus reses del predio.
La compleja historia que rodea al enorme hato que colinda con el caserío revela trampas con las que personas ajenas a la región se hicieron a las tierras. Aunque en los papeles aparecen decenas de nombres que casi nadie conoce, los campesinos tienen la certeza de que el amo y señor de esas tierras desde hace más de 20 años ha sido el recientemente fallecido empresario de las esmeraldas, Víctor Carranza.
El origen: de los Sikuani al imperio de Carranza
El Porvenir es un pequeño caserío de cerca de 70 casas a orillas del río Meta, a unas tres horas en bus al oriente del casco urbano del municipio de Puerto Gaitán. Aunque el avance de los proyectos agroindustriales impulsados por los últimos gobiernos ha llegado a la profundidad de los Llanos, estas tierras todavía están perdidas en la mitad de la nada.
Tan pronto se llega a Puerto Gaitán desde Villavicencio, la carretera pavimentada se convierte en una trocha que cada tantos kilómetros desaparece con los matorrales de la inmensa sabana. Los conductores de buses y tractomulas que viajan al Vichada apenas pueden guiarse por el rastro de las llantas sobre los pastizales.
El caserío tiene luz eléctrica tres horas al día y la única forma de subsistencia de los pobladores es la cría de ganado en las sabanas que rodean el pueblo. De eso han vivido los últimos 60 años.
Los primeros colonos llegaron a estas tierras en la década de los treinta del siglo pasado, desplazando a comunidades enteras de indígenas Guahibos. Con la violencia política disparada en el resto del país y con las primeras exploraciones de petróleo en la zona, migraron centenares de personas con esperanza de hacerse a un pedazo de tierra para comenzar una nueva vida.
Así piso la región Víctor Machado. Según cuentan los pobladores más viejos de El Porvenir, Machado llegó con una empresa petrolera que realizaba una exploración y decidió quedarse a vivir. Construyó su casa y asumió como suyas cerca de 25 mil hectáreas en la margen sur del río Meta, terreno que bautizó como el Hato Cabiona.
A finales de la década de los cuarenta con el recrudecimiento de la violencia política, la migración en la zona se hizo más intensa y para 1956 ya existían seis casas en el lugar donde actualmente se encuentra el caserío, en una de las playas del río Meta. “Al principio, fue un lugar de llegada. La gente se quedaba un tiempo y seguía llano a dentro buscando tierras, y muchas veces no encontraban para donde y regresaban”, contó uno de los pobladores.
Para 1965 el pueblito había crecido y quedó encerrado entre el río y las tierras que Víctor Machado consideraba suyas. Ese año los campesinos llegaron a un acuerdo con Machado para que les permitiera usar las tierras para criar el ganado. “Como tenía mucha tierra, don Víctor no puso problema. Nadie puso cercas, sino que todos soltamos las vacas en los potreros y así nos acostumbramos a trabajar”, narró uno de los campesinos.
De esta manera los habitantes del caserío pusieron a pastar sus toros y vacas en un inmenso terreno comunitario que nunca estuvo delimitado. No hubo conflictos entre ellos, ni con la familia de Machado y llegaron a tener entre toda la población cerca de 700 cabezas de ganado.
La tranquilidad en la que vivió la comunidad hasta ese momento terminó súbitamente a mediados de los ochenta. Uno de los hijos de los fundadores originales cuenta que dejó el caserío en 1979, año en que murió Víctor Machado y regresó siete años después, para llevarse una ingrata sorpresa. “Se había dañado la paz de pueblito. Aparecieron unos hombres armados y comenzaron a matar vecinos. Todo cambió para siempre”, recordó el campesino.
Pero esa no era la única novedad que encontró. Cuando regresó también se enteró que la viuda de Machado había vendido los terrenos del hato Cabiona a un esmeraldero de Boyacá que había llegado unos años antes a la región a buscar tierras. Fue la primera vez que escuchó el nombre de Víctor Carranza.
La violencia: llegan los “Masetos”
Para finales de 1986 había llegado a la zona un grupo de hombres armados que se hacían llamar los “Masetos”. Este grupo estaba vinculado a las autodefensas contraguerrilla de Puerto Boyacá que comandó Henry Pérez, que ayudaron a conformar algunos militares apostados en el Magdalena Medio y fueron financiadas por varios narcotraficantes (el principal de ellos, José Gonzalo Rodríguez Gacha) y por terratenientes. El nombre era una derivación de una alianza de narcotraficantes creada años atrás en 1981 conocida como Muerte a Secuestradores (MAS), cuando la guerrilla del M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa hermana de Jorge Luis Ochoa, uno de los jefes del Cartel de Medellín.
El nombre ‘maseto’ se volvió sinónimo de paramilitar en el Magdalena Medio y en los Llanos Orientales, donde los jefes originarios de las autodefensas compraron tierras, aunque ya nada tuvieran que ver con el originario MAS, que se disolvió poco después de la liberación de Martha Nieves.
Los hombres armados, que la gente llamaba ‘Masetos’ llegaron desde el occidente de Boyacá a los Llanos en 1982 y montaron bases en San Martín y Puerto López. Para mediados de los ochenta existían grupos de ‘Masetos’ en casi todos los pueblos del Meta, que asesinaron a varios líderes de izquierda, y más tarde, a integrantes de la Unión Patriótica, el partido político surgido de los acuerdos de paz con las Farc con el gobierno de Belisario Betancur en 1984.
Los campesinos que permanecieron en El Porvenir dicen que aunque la violencia y la intimidación siguió siendo una constante desde 1986, nunca tuvieron problemas con Carranza por utilizar las tierras de Hato Cabiona para criar el ganado.
Pero la tranquilidad no duró mucho en El Porvenir y la violencia llegó en 1987. Según información documentada por la publicación Noche y Niebla del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, ese año los paramilitares mataron a varios habitantes del caserío y al líder campesino Medardo Ortiz.
Según varios residentes de El Porvenir, la situación se volvió crítica en septiembre de ese año, luego de que “masetos” asesinaron a siete personas en frente de la comunidad. “Todos el mundo se fue. Hubo pánico y todos cogieron sus cosas, cruzaron el río y se fueron para el Casanare”, recuerda un líder de la comunidad.
Según información documentada por el Cinep y confirmada por los habitantes actuales, los paramilitares tenían su centro de operaciones en una casa dentro del Hato Cabiona que había le adquirido Víctor Carranza, a la viuda de Víctor Machado en 1986. De esta última transacción solo se hizo una venta de mejoras, ya que el terreno no tenía títulos. (ver documento)
El Hato fue mencionado en un informe especial publicado por la revista Semana en 1989, llamado El dossier paramilitar. En él se publicaron apartes de un informe de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en los que se mostraba el crecimiento de los grupos paramilitares en el país. Según el texto, 30 hombres armados al mando de Juan de Dios Toro alias ‘Martín’ delinquían en Vista Hermosa, Puerto López, Acacías y Cabiona.
Según los campesinos, los paramilitares mantuvieron su base en el Hato Cabiona hasta que un frente de las Farc venido desde el Vichada los expulsó y quemó las instalaciones en 1989. Aunque el poder de los paramilitares mermó para la época, cuando el gobierno prohibió la autodefensas y la organización paramilitar de Puerto Boyacá que exportó su modelo a varios puntos del país se debilitó, algunos ‘masetos’ permanecieron en la región y se reagruparon en 1994 bajo el mando de José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’.
‘Torres’ perteneció después, a principios de los noventa, a un grupo paramilitar en San Martín, al mando de Manuel de Jesús Pirabán alias ‘Pirata’, que luego se erigió en uno de los principales jefes del Bloque Centauros.
‘Torres’ fue capturado en 1992 y dos años después cuando salió de la cárcel se fue a Puerto Gaitán, específicamente a El Porvenir para organizar las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, Acmv.
Sus hombres fueron conocidos en la región como “Los Carranceros”, según varios testimonios de jefes desmovilizados de otros bloques del país, porque se asociaban a Víctor Carranza. Sin embargo ninguno de los hombres de las Acmv ha mencionado al esmeraldero como financiador y la justicia lo absolvió en el único proceso que llegó a juicio contra él por la presunta conformación de grupos paramilitares.
Desde 1994 hasta su desmovilización en 2005, “Los Carranceros” controlaron la región y mataron a varios campesinos. “Nada se movía sin su permiso, se convirtieron en la ley en la zona. Mucha gente fue asesinada por diferentes motivos, como el narcotráfico o porque cometían algún error como robarse algo. En esos años murieron inclusive varios presidentes de Junta de Acción Comunal”, cuenta un habitante de El Porvenir.
Según un informe periodístico publicado por el investigador Michael Evans del National Security Archive, documentos secretos de la época del gobierno estadounidense aseguraban que los llamados “Carranceros” eran una organización dirigida por el mismo Víctor Carranza. Cables de la embajada norteamericana en Bogotá señalan a ‘Guillermo Torres’ como miembro de “la organización de Víctor Carranza”. Según el reporte diplomático, ‘Los Carranceros’ estaban relacionados con los hombres que habían quedado de la vieja estructura paramilitar de los ‘Masetos’ de Rodríguez Gacha, que controló la zona en los ochenta.
Pero al igual que las acusaciones que se le han hecho a Carranza de financiar y dirigir grupos ilegales nunca se tradujeron en condenas judiciales concretas, los testimonios que lo señalan de ser el gran dueño de las tierras que rodean a El Porvenir quedan en la incertidumbre a la hora de revisar las escrituras.
A pesar de que para los habitantes de la región es claro que esas tierras pertenecían a Carranza y que existe una compraventa en la que se demuestra que él compró las mejoras del Hato Cabiona en 1986, los registros legales no lo incluyen como propietario directo. Sí figuran en los documentos varias personas con vínculos con Carranza y que no son conocidas en la región.
La propiedad de la tierra: los dueños desconocidos
Las cerca de 25 mil hectáreas de lo que antiguamente se conocía como el Hato Cabiona, casi el doble del área que ocupa una ciudad como Barranquilla, fue un terreno baldío hasta 1992. Ese año el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, entregó 25 títulos de aproximadamente mil hectáreas cada uno, a igual número de supuestos campesinos que alegaron la ocupación de esas tierras. Cuatro años más tarde, el Incora entregó las dos mil hectáreas restantes a otras dos personas que se declararon colonos y solicitaron la titulación.
A pesar de que el Incora certificó que todos los beneficiaros habían ocupado la tierra durante al menos cinco años, las personas entrevistadas por VerdadAbierta.com que han habitado en la zona casi desde hace varias décadas, nunca los conocieron. En una zona tan despoblada era de esperar que conocieran al menos a unos vecinos que habían vivido allí por un lustro. Esta es una de las varias irregularidades que rodearon la entrega de esos predios.
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, ante una denuncia hecha por el congresista Iván Cepeda, inició una investigación administrativa que busca revocar los títulos ante la evidencia presentada por los pobladores de El Porvenir, quienes siempre usaron esas tierras para criar su ganado y nunca vieron a los beneficiarios del Incora trabajando la tierra.
Aunque ninguno de los 27 adjudicatarios del Incora tiene un vínculo familiar con Carranza, los habitantes de El Porvenir insisten en que la tierra le pertenece al él desde hace más de 25 años y que el ganado de la comunidad ha compartido las sabanas con el del esmeraldero durante todo ese tiempo.
De los beneficiarios de los títulos se sabe poco. La mayoría tiene cédulas expedidas en Bogotá y Boyacá, en municipios de la región del Valle de Tenza como Garagoa, Somondoco y Guateque, este último, el pueblo donde nació Carranza.
VerdadAbierta.com pudo establecer que uno de los adjudicatarios, Joaquín Silva Ramos, a quien el Incora le entregó el predio Campo Hermoso en 1992, fue escolta de Víctor Carranza hasta 2009, año en el que murió tras el atentado que sufrió el empresario esmeraldero en una carretera del Meta.
Además, de acuerdo con una investigación del diario El Espectador, otro adjudicatario, Carlos Castillo Laverde, fue socio de Carranza en la compra de otro predio llamado Morichito, también en Puerto Gaitán.
Según los certificados de tradición y libertad los predios permanecieron en manos de los 27 beneficiaros hasta 2007, año en que fueron englobados en cinco grandes haciendas. Cada uno de los nuevos predios tiene desde entonces cerca 5.500 hectáreas, una acumulación de tierra superior a la permitida en la ley 160 de 1994.
Pero la posible acumulación no es la única irregularidad en el trámite. Todos los adjudicatarios firmaron poderes para que los representara una persona identificada como Fernandel Alfonso en el proceso de englobe y venta a los cinco nuevos dueños.
Alfonso fue un conocido intermediario en ventas de tierras, que también sirvió de representante de Yesid Carranza Córdoba, que es uno de los socios de la Agropecuaria Agualinda, la cual, a su vez, tiene como gerente a María Blanca Carranza de Carranza, esposa del empresario esmeraldero y que fue dueña de la hacienda El Brasil, otra finca investigada por el Incoder. (ver nota La metamorfosis de El Brasil)
El problema con el poder que aparentemente le firmaron los 27 beneficiarios a Alfonso para que englobara sus predios en cinco más grandes, es que tres de ellos ya estaban muertos (ver partidas de defunción 1 y 2 y certificados de libertad en los que se registra el englobe 1 y 2) Es evidente que las firmas que aparecen en el documento de adjudicación de los predios y la que aparece en el poder que le entregan a Alfonso para que haga el englobe y venda la finca son totalmente diferentes.
El englobe y venta de los predios se realizó en la Notaría 4 de Villavicencio, la misma en la que se hizo el englobe irregular de El Brasil, otro de los predios relacionado con la familia Carranza, cuya historia se cuenta en otro artículo de este especial.
Las cinco nuevas haciendas en los documentos tienen los nombres de Mi Llanura, El Pedregal, El Rincón, Campohermoso y Las Corocoras, y según los certificados de tradición y libertad cada uno de los 27 beneficiarios iniciales recibieron diferentes valores que van desde los 22 a los 40 millones de pesos.
El propietario de Mi Llanura es Pedro Libardo Ortegón Ortegón, que según reportes de prensa había sido capturado, diez año antes, en 1997 por ser el piloto de Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘El Mexicano’. (Ver artículo Revista Semana)
Otro de los dueños, Cristobal Ramos Sacristán es un empresario de esmeraldas de Muzo Boyacá, dueño de la compañía Cristyer Ltda, que ha recibido varios títulos por parte del Ingeominas para explotar minas en el occidente de Boyacá. Al igual que Sacristán, el dueño de El Pedregal, Daniel Gómez Cañón también tiene cédula de Muzo en Boyacá.
El dueño de otra de las cinco haciendas, llamada El Rincón, Hugo Armando Bustos Bernal también había sido propietario una de las 27 fincas que entregó el Incora en 1992 en el hato. El predio que le había adjudicado originalmente el Estado, con el englobe de 2007 quedó incluido como parte de la nueva hacienda Mi Llanura de la que el ex piloto Pedro Ortegón figura como dueño. (Para entender mejor estas trnasacciones, ver el gráfico animado de este especial).
Bustos Bernal es miembro suplente de la junta directiva de la Compañía Ganadera del Meta, según los registros públicos, y en cuya junta directiva figura como miembro principal Ernesto Carranza, otro hijo del esmeraldero.(Ver registro de Cámara de Comercio)
Del propietario de Las Corocoras, Jaime Rojas García no se sabe nada. Pero su predio al igual que los otros cuatro es administrado por Celso Hinojosa, a quien la gente de la región reconocía como un empleado de Víctor Carranza. Hinojosa le dijo en dos oportunidades a las autoridades que se lo requirieron, que los predios eran explotados por la ganadería La Cristalina. Según los certificados de Cámara de Comercio de la ganadería, el gerente general es Holman Carranza Carranza y la subgerente es María Blanca Carranza, respectivamente hijo y esposa del esmeraldero, según una declaración que dio él mismo Víctor a la justicia en una indagatoria que rindió en 1998 por una acusación que le hizo el narcotraficante Leonidas Vargas.
La primera vez que el administrador dijo que La Cristalina era la dueña de esos predios fue en 2008, cuando la Unidad Nacional de Tierras Rurales, Unat, realizó un informe de clarificación de los predios de la zona. Hinojosa fue el encargado de recibir a los funcionarios como encargado de las tierras.
La segunda vez, fue a finales de 2012, cuando el Incoder envió una notificación a los dueños de los predios e Hinojosa atendió a los funcionarios, no les recibió la notificación y les dijo que era mejor que la llevara a las oficinas de La Cristalina en Puerto López.
Los funcionarios llevaron las notificaciones como lo indicó Hinojosa, pero varias semanas después, según el Incoder, La Cristalina envió una comunicación diciendo que no tenía nada que ver con los predios. El administrador de las fincas, Celso Hinojosa, murió a finales de marzo de 2013 por un infarto, según los primeros indicios.
A pesar de lo que dicen los voceros de La Cristalina, los habitantes del Porvenir han recibido varias cartas de la empresa en las que les advierten que retiren sus vacas de la hacienda. Los mensajes tienen el nombre de La Cristalina y están firmados por Luz Dary Ovalle y John Jairo Ramírez, como administradores de la empresa. (Ver cartas)
Pero estas no han sido las únicas presiones que han recibido los pobladores para retirar su ganado. En varias ocasiones les han llegado cartas de Hugo Armando Bustos Bernal, el propietario de El Rincón en que les solicita que saquen sus vacas de su predio. Inclusive Bustos se reunió con los campesinos en el caserío para advertirles que retiraran sus reses, si no querían pagar una multa o que les quitaran las vacas.
Las advertencias se cumplieron en noviembre de 2011. Según los pobladores del caserío, trabajadores que le respondían a Celso Hinojosa se llevaron varias reses de la comunidad a unos establos del Hato Cabiona. “Nos dijo que el ganado estaba en predios de ellos. Nos tocó al otro día ir a recoger las vacas, pero algunas se murieron en el camino, la verdad es que es muy complicado porque este es el único sustento que tenemos”, dijo un campesino.
Según los pobladores durante el 2012 recibieron varias ofertas de Bustos Bernal en las que les permite pastar el ganado a cambio de la mitad de las reses. “No hemos aceptado, no hemos firmado ningún papel porque consideramos que no es justo. Estas tierras las hemos trabajado por tantos años ya, que no puede aparecer alguien ahora a ponernos reglas”, señaló otro poblador.
Aunque la familia Carranza insiste en que esas tierras no son de su propiedad, como se ha visto, existen muchos indicios que los involucran con algunos de los propietarios que aparecen en los documentos y con el personal que administra actualmente el predio.
En una ocasión, un abogado de Carranza dijo en una entrevista que de su apoderado se dice de todo pero no se ha probado nada. Aunque las autoridades de diversa índole han recibido testimonios de decenas de personas por más de dos décadas que vinculan a Víctor Carranza con paramilitares, éste ha salido limpio de todos los procesos judiciales.
En el caso de las tierras de El Porvenir habrá que esperar si tras la investigación del Incoder, el Estado vuelve a tener la propiedad de las fincas y si los campesinos podrán seguir explotándolas, como lo han hecho por las últimas cinco décadas. Por su parte la justicia tendrá que investigar si toda la violencia que vivió esta comunidad y las irregularidades que rodean la posesión del predio, tuvieron que ver con Carranza.
Actualidad Porvenir: acumuladores aceptan revocatoria
El caso de El Porvenir, las 25 mil hectáreas que explota la Ganadería La Cristalina, resultó ser una sorpresa para la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formación de Tierras. Los abogados encontraron que se trataba una de las acumulaciones de tierras más grandes del país producto de un englobe de cinco predios ubicados en Puerto Gaitán, Meta.
La Superintendencia le puso lupa al caso por una denuncia presentada por el congresista Iván Cepeda. Los abogados de la entidad visitaron el 21 y 22 de junio de 2012 la Notaría 4 de Villavicencio, donde fueron realizados los englobes de El Porvenir, así como la Oficina de Instrumentos Públicos, donde el terreno quedó finalmente registrado. Los funcionarios que firmaron los documentos fueron la notaria Gloria Emma Camacho Romero y el registrador Jairo Alfonso Gutiérrez Rodríguez, los mismos que permitieron el englobe y registro del predio El Brasil.
Después de estudiar el pasado de la tierra de los cinco predios que integran El Porvenir, la Superintendencia encontró que el registro en Puerto López fue irregular porque acumuló más de una UAF, Unidad Agrícola Familar, es decir la cantidad de tierras que puede acumular una persona o empresa si estas fueron originalmente entregadas por el Estado. La UAF en Puerto Gaitán es de 1.107 hectáreas y la Ganadería La Cristalina explota un terreno 25 veces más grande.
Aunque el foco de la Superintendencia está en determinar la irregularidad del englobe, es decir, sobre las actuaciones realizadas en la Oficina de Instrumentos Públicos, los abogados encontraron que las adjudicaciones realizadas por el Incora en los años 90 también eran irregulares porque los beneficiarios, es decir, los antiguos dueños de las parcelas, no cumplían los requisitos para ser titulados. Entre ellos, que no estaban en las tierras al momento de ser adjudicados y que la inspección ocular, la visita que realizan los topógrafos del instituto de tierras, fue realizada en pocos días cuando recorrer todas las fincas puede tardar más de una semana. Por eso, la Superintendencia envió copia de su estudio al Incoder.
Como la Superintendencia no tiene las facultades para revocar los registros, tenía que notificar a los actuales propietarios de los cinco predios, El Rincón, Las Corocoras, Mi Llanura, Campo Hermoso y El Pedregal, y pedir su consentimiento para actuar.
Según la Superintendencia, un abogado se presentó en la entidad para explicar que su cliente, que entonces era Víctor Carranza, no tenía nada que ver con los predios y se comprometió a contactar a los dueños para que se notificaran.
Luego de la visita del abogado de Carranza, a marzo de 2013, cuatro de los cinco propietarios de las tierras que explota la Ganadería La Cristalina se notificaron ante la Superintendencia, aceptaron que acumularon irregularmente tierras y que pueden ser revocados. Pedro Libardo Ortegón, el ex piloto, no fue.
El Incoder por su parte realiza un estudio de las 27 adjudicaciones que hizo el antiguo Incora durante 1992 y 1996 y que están distribuidos en los cinco predios mencionados. De probar que las titulaciones fueron irregulares, el Instituto puede revocar los terrenos y devolverlos a la Nación para que sean distribuidas entre campesinos que no tengan tierra o entre víctimas del conflicto, particularmente numerosas en esa región.
VerdadAbierta.com le envió un cuestionario al abogado Jorge Alirio Roa, quien ha representado a Víctor Carranza, en algunas de las averiguaciones oficiales asociadas a los predios de Hato Cabiona y de El Brasil, para que diera la versión de los hechos de su apoderado ya fallecido, y de los miembros de la familia de éste que representan a La Cristalina, según los documentos de registro. A pesar de la insistencia de este medio, el abogado Roa no respondió las preguntas.
Roa además ha sido abogado de los desmovilizados ‘Guillermo Torres’ y otros integrantes de Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, conocidos como ‘Los Carranceros’.
Violencia que sigue en Puerto Gaitán
De Puerto Gaitán salieron expulsadas 3.379 personas entre 1997 y agosto de 2010, según el antiguo Registro de Población Desplazada, Rupd, siendo 2006 y 2007 los años con más personas desplazadas en este municipio. La Defensoría del Pueblo emitió el 1 de mayo de 2012 una alerta temprana, advirtiendo que este es un territorio disputado por grupos armados ilegales.
Según el informe, la zona es utilizada como un corredor estratégico hacia Venezuela por el Frente 39 de las Farc y por la banda criminal ‘Los Cuchillos’, ex paramilitares que pertenecieron al Ejército Revolucionario Popular Anticomunista -Erpac-, que estuvo a cargo de Pedro Oliverio Guerrero alias ‘Cuchillo’. Guerrero fue el jefe del Frente Héroes del Guaviare de las Auc y no quiso participar del proceso de desmovilización. Murió en un operativo policial en diciembre de 2010.
La alerta identificó que ‘Los Cuchillos’ hacen presencia desde 2012 en las veredas La Cristalina, Murujuy y Planas, y que este y otros grupos ilegales permanecen en la región atraídos por la llegada de agroindustrias. “En este contexto, los grupos armados ilegales de acuerdo con sus intereses, han identificado los territorios de la región como una zona estratégica por ser una nueva fuente de recursos económicos para el desarrollo de sus actividades, bien por la supuesta hipotética ‘prestación de servicios de seguridad’, bien por la realización de actividades extorsivas a empresarios y compañías que hacen presencia en el territorio…”, señala el informe.
La Defensoría advirtió que Puerto Gaitán, incrustado en la altillanura, era centro de atención por ser considerada la última frontera agrícola y ganadera del país, lo que ha generado durante los últimos años inversiones para la adecuación de suelos y desarrollo de obras de infraestructura como carreteras, habilitación de afluentes como el río Meta y suministro de energía eléctrica.
La violencia en la región ha persistido desde mediados de los años 80 y el abandono de tierras ha sido a gran escala. El Ministerio Público llevaba en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados -Rupta-, un reporte de 94.456 hectáreas abandonadas o usurpadas en Puerto Gaitán. Esta cifra se incrementó cuando, a raíz de la aprobación de la Ley de Víctimas, comenzó a funcionar la Unidad de Tierras, que hasta enero de 2013 había recibido 232 reclamaciones por 126.482 hectáreas.
