Esta es una de las comunidades del pueblo Sikuani en la Altillanura fragmentadas por el conflicto armado y que esperan que el Estado resuelva su reclamación de derechos territoriales. Un juzgado dictó medidas cautelares para evitar un desalojo ordenado por el inspector local.
El desplazamiento ha afectado el vestuario tradicional de los Sikuani, que incorporaba cinturones tejidos con base en la fibra del árbol de Matapalo. Ahora “vestimos igual a cualquier persona de la cultura occidental”. Foto: archivo Semana.“Llevamos 23 años sin que el Estado resuelva nuestra solicitud”, dice con tono pausado un líder indígena del Resguardo de Domo Planas, en el municipio de Puerto Gaitán, refiriéndose a la ampliación de su territorio colectivo. El pasado 6 de octubre el Juzgado Segundo Civil Especializado en Restitución de Tierrasordenó una medida de protección que frenó una orden de desalojo impartida por el Inspector de Policía de Puerto Gaitán en contra de los indígenas que viven en un predio cercano al resguardo.
La comunidad indígena explica que la tensión comenzó hace cuatro años cuando, ante la falta de tierra productiva, decidieron ingresar a un predio contiguo “que pertenecía a un narcotraficante y que debía estar en proceso de extinción de dominio”. En su decisión, el Juez además exige atención del caso por parte de la Procuradora Judicial Delegada para la Restitución de Tierras, la Alcaldía Municipal, la nueva Agencia Nacional de Tierras, la Gobernación del Meta, las Fuerzas Militares, la Unidad de Restitución y la Fiscalía General. El Juez le solicita además a la Oficina de Instrumentos de Puerto López informar sobre la situación jurídica del predio.
La solicitud de protección fue realizada por la Defensoría Regional del Meta, que de manera minuciosa documentó el caso de esta comunidad étnica, que a su vez es una de las 65 que ha solicitado la restitución a través de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. También integra uno de los seis casos activos en restitución de los Sikuani, un pueblo fragmentada por los procesos de colonización y el conflicto armado, y que sobrevive en ‘islas’ en Meta y Vichada.
Un pasado gris
La historia de este resguardo refleja la realidad de los Sikuani, expertos cazadores con flecha y arco, nómadas y astrónomos, que cultivan las chagras (huertas) y tienen como precepto de vida no acumular nada material. Lo único que han acumulado por generaciones es conocimiento. Cuando la tierra en la que viven ya ha cumplido su ciclo de productividad, se trasladan a una cercana para que el suelo y el ecosistema se recuperen. Domo Planas está integrado por 2 mil 500 habitantes, agrupadas en 550 familias, en un territorio colectivo de 37 mil 925 hectáreas en Puerto Gaitán.
Aunque son los habitantes ancestrales de la Altillanura su territorio fue reducido a puchos en los municipios de Cumaribo, La Primavera y Puerto Carreño, en Vichada, y en Mapiripán y Puerto Gaitán, en Meta, sin contar que también tienen asiento en Guainía, Arauca, Casanare y Guaviare, según el censo de 2005 del Departamento Nacional de Estadística (Dane). En Domo Plato los indígenas lograron que el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) les entregara un título colectivo por esas 37 mil hectáreas el 28 de enero de 1991.
Sin embargo, desde ese mismo momento el resguardo advirtió que era necesaria una ampliación a unas 30 mil hectáreas adicionales teniendo en cuenta la baja productividad de los suelos en la Altillanura y la cantidad de integrantes de la comunidad. Es tal acidez de esta tierra que en 1996, mediante la Resolución 041, el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) determinó que la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en Puerto Gaitán debía oscilar entre las 1.360 y 1.840 hectáreas.
La UAF es el máximo de tierra baldía que el Estado puede titularle a una familia o una comunidad carente de ella (lea Resolución aquí). Y en la Altillanura esta Unidad es de las más altas en el país, pues una sola familia requiere de una extensión considerable para sobrevivir. Desde hace varios años la agroindustria decidió adecuar las tierras aplicándoles cal para reducir suacidez y hacerlas productivas.
“Estamos en una situación urgida. Esta es una tierra predominantemente árida, que requiere ser mecanizada. Decidimos ingresar a un predio colindante, de un narcotraficante que está preso en Estados Unidos, donde tenemos cultivos de yuca, plátano y alimentos para el consumo, donde hemos estado para realizar pesca y recolectar frutas, para el sustento”, comenta el líder del resguardo. En el predio viven 200 personas de las comunidades La Reforma, Mata Negra, Malavare y Villanueva.
El predio al que se refiere la comunidad se llama el predio El Socorro pero los indígenas lo llaman Ibitsulibo-matatú, utilizado principalmente para actividades de caza, pesca, agricultura y supervivencia de la comunidad, pero considerado además un sitio sagrado pues dentro está el cementerio donde está enterrado el indígena Kekerre así como un árbol de yopo, usado por los chamanes para sus ceremonias espirituales.
La historia del predio El Socorro data de 1968 cuando el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) constitutó la Reserva Indígena de San Rafael de Planas, que incorpora el Ibitsulibo-matatú en su parte oriental. Sin embargo, el mismo Incora 23 años después tituló una porción de la reserva a Pascual Pérez Pérez, quien la ‘bautizó’ como El Socorro. En teoría, la institucionalidad agraria no debió entregar títulos sobre un terreno que ya había sido constituido como reserva indígena. (Ver documento)
Y los traslapes de territorios continuaron. Según varios documentos oficiales, en 1991 cuando el Incora aceptó el título colectivo de Domo Planas incluyó los predios de la ya constituida reserva indígena y otros nuevos predios. Sin embargo, según consta en los folios de matrícula del predio, en 1997 Campo Aníbal Camacho Mora le compró El Socorro a Pascual Pérez. Tres años después Campo Aníbal le transifirió el predio a Salomón Camacho, quien en el registro aparece como el último titular del terreno antes de que pasara en “dación de pago” a nombre de la Fiscalía General de la Nación. (Ver documento)
Según información de varias autoridades, El Socorro pasó de ser un predio sagrado indígena a ser un ‘laboratorio’ para el procesamiento de cocaína y un escondite de los paramilitares. La comunidad de Domo Planas es sobreviviente del conflicto perpetrado por diversos actores armados ilegales, primero por Frente 39 de las Farc y desde finales de los 90 hasta el 2006por las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada conocidas como “Carranceros” durante su proceso de desmovilización. Desde entonces en el territorio la violencia siguió siendo perpetrada por las bandas criminales, primero bajo el nombre de ‘los Cuchillos’ y de forma más reciente por el Clan Úsuga o del Golfo, como lo llama el gobierno.
La preocupación de los indígenas de Domo Planas yace en que en 2001 Salomón Camacho, quien aparecía como último titular del predio El Socorro, fue capturado en Venezuela acusado por delitos de narcotráfico, y en enero de 2016 fue condenado por el gobierno estadounidense a once años de prisión (Lea: Condenan en EU a narcotraficante colombiano detenido por Venezuela). Por tratarse de un bien relacionado con la producción de drogas ilícitas, el predio pasó a la Fiscalía para su proceso de extinción de dominio sin que la comunidad sepa hasta el momento cuál es la situación jurídica del predio, si este pasará pronto al Fondo Nacional de Tierras para que sea devuelto al resguardo. Por eso en la medida cautelar el juez especializado en restitución ordenó un informe a la Superintendencia de Notariado y Registro.
El Socorro se convirtió en un ‘centro de combate’ que los indígenas han intentado recuperar por la vía pacífica, exigiendo respeto. La comunidad recuerda que en 2003 allí se desató un combate entre paramilitares y Ejército, en el que murieron cinco integrantes de las Auc, entre ellos alias ‘Acero’. Por si fuera poco en 2009 el Ejército instaló una base muy cerca del predio que aunque ahuyentó a los actores armados ilegales prohibió a los indígenas su práctica ancestral de cazar con arco y flecha.
En 2013, en medio de una tensa calma, la comunidad de Domo Planas decidió recuperar la vocación agrícola del predio, sembrando alimentos. Pero al poco tiempo recibieron la primera notificación de que había en curso un lanzamiento policivo y que serían expulsados de sus viviendas. La historia se repitió el pasado 26 de septiembre de 2016 hasta que el Juez Especializado de Restitución frenó el desalojo.
Para los indígenas es contradictorio que el Incora no haya sido diligente con la ampliación del resguardo, pues justo cuando hicieron tal solicitud en 1997, el predio era transferido de Pascual Pérez a Campo Aníbal Camacho. En Domo Planas creen que si el instituto agrario hubiera actuado con celeridad su territorio estaría protegido y no a la espera de un proceso de extinción de dominio.
¿Cuáles son los intereses?
El Plan de Salvaguarda Sikuani explica que son artesanos, tejiendo con agilidad fibras de moriche, cumare y juajua, moldeando barro y tallando madera. Foto: archivo Semana.La ampliación de sus resguardos es una solicitud de dos décadas reiterada en el Jiwi Sikuanitsi WajaNakua LiwaisiNamuto, el Plan de Salvaguarda que formularon cinco sabios del pueblo Sikuani en 2011 junto a autoridades, docentes, chamanes, mayores y mujeres de Arauca, Guainía, Meta y Vichada (lea el Plan aquí). El documento, que constituye su camino de “pervivencia y supervivencia”, recuerda que su peligro de desaparición física y cultural no solo obedece al desplazamiento originado por el conflicto armado reciente, sino también a diversas modalidades de expulsión perpetradas históricamente.
Con esto hacen alusión al despojo durante la Conquista y la Colonia, y las ‘guajibadas’ y ‘jaramilladas’, ocurridas entre los años 50 y 70, de forma respectiva, en la que varios integrantes del Ejército y colonos fueron cómplices y responsables de la cacería de indígenas, para entonces considerados animales.
Del periodo paramilitar, el resguardo de Domo Planas recuerda el reclutamiento de menores y la estigmatización. “No es un secreto que muchosjóvenes terminaron yéndose por el tema de las armas… los grupos usaron nuestro territorio como refugio, y terminábamos señalados de auxiliadores”, comenta el líder, explicando que esperan que una pronta sentencia de restitución étnica permita la reparación integral de la comunidad.
Según el Plan de Salvaguarda, aunque el censo de 2005 del Dane indica que la población de Puerto Gaitán es 35 por ciento indígena; la comunidad corrige que esta puede superar el 43 por ciento, enumerando las comunidades que suman unos 11 mil 205 habitantes entre los resguardos de Wacoyo, Awalibá, Vencedor Piriri, Domo Planas, Iwiwi; Walianae, Únuma, El Tigre y Sisiapatu. Para la comunidad indígena, el pueblo no ha sido respetado pese que sus derechos fueron reconocidos en la Constitución de 1991 y respaldados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que incorpora el derecho a la consulta previa. Además desde 2009 la Corte Constitución con el Auto 004 reitera la urgencia de proteger los derechos de los pueblos indígenas frente al riesgo de su desaparición.
Aunque de momento las medidas cautelares proferidas por el Juzgado 2 son temporales, pues solo frenan el acto de desalojo policivo, la comunidad indígena cree que la única forma de blindarse es que la justicia transicional los respalde. Es decir, que un juez especializado en restitución de tierras ordene varias medidas que incluyan la ampliación del título y que garanticen su permanencia en el territorio. Sin embargo, como lo ha documentado VerdadAbierta.com, los procesos étnicos se han enfrentado a varios obstáculos y las comunidades siguen a la espera de una decisión judicial. (Lea: ¿Para dónde va la restitución de tierras a indígenas y afros?; Sikuanis, acorralados a punta de ‘bala’ y ‘resoluciones’ y El ‘reversazo’ del Gobierno con los afros e indígenas)
Estos obstáculos están relacionados con la implementación de figuras económicas que van en contravía de lo que el Plan Salvaguarda llama “el enfoque diferencial”, la forma como el pueblo indígena concibe su forma de vivir. Estas zonas las Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social (Zidres), que a su vez están contenidas en los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines). Estos son territorios definidos por el gobierno para que empresarios promotores de la agroindustria se asocien con campesinos en territorios baldíos y de propiedad privada para desarrollar proyectos extensivos. Las Zidres están demandas por inconstitucionales, cuestionadas de violar la consulta previa y legalizar la acumulación y el despojo de tierras. (Lea: Nuevo reto para la Corte Constitucional en el tema agrario)
La comunidad de Domo Planas no está exenta de ellas, según las proyecciones oficiales. La Superintendencia de Notariado y Registro señaló en un informe de octubre de 2015 que el Gobierno planea desarrollar estas figuras sobre 2 millones 975 mil hectáreas en la Altillanura, incluyendo a Puerto Gaitán. Adicionalmente, tienen dibujadas seis grandes Pines que se traslapan con los resguardos señalados en el Plan de Salvaguarda Sikuani: Vencedor Piriri, Awalibá y Walianae, El Tigre y Planas, además de Caño Ovejas, La Fuga, Caño Negro y Cachivera de Nare y Nukak-Maku.
Antes de que las Zidres fueran Ley la Procuraduría Delegada Agraria advirtió la necesidad de aplicar la consulta previa y de desarrollar una política pública que respetara los derechos humanos, recordando el Auto de la Corte sobre que los pueblos indígenas de Colombia, entre los del Meta y Vichada, “están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario…” (Lea el concepto de la Procuraduría aquí).
“Lo que queremos es que el Estado entienda que no somos invasores; que reclamamos legítimamente derechos pues hay una deuda histórica con el reconocimiento de nuestro territorio”, comenta un líder de la comunidad. Ha sido tal el exterminio contra los Sikuani que ya no realizan el Itomo, como lo explica el Plan de Salvaguarda. Este consistía en una ceremonia la que la comunidad exhumaba los huesos de los muertos, bailaban y hacían que cada generación bebiera las cenizas para su curación.
