Una de las principales luchas que ambos líderes estaban dando en los últimos años se concentró en el rescate de los playones comunales, lo que los enfrentó con terratenientes del Magdalena Medio. Su compromiso fue total y dieron la vida por la defensa y la permanencia de los campesinos en su territorio.
El primer hecho del 2022 que auguró que Teófilo Acuña estaba en riesgo ocurrió el viernes 7 de enero. Hasta la casa familiar de su esposa, Liceth Camargo Carrascal, en el corregimiento de Puerto Oculto, llegó un hombre en aparente estado de embriaguez y les dijo a la mujer y a su papá que al líder campesino lo iban a matar, y les recomendó que se marcharan de la región.
La segunda fue cuando Jorge Tafur los visitó el pasado 21 de febrero. Teófilo y su esposa recogían la cosecha de frijol. Como se habían quedado sin costales para empacarlo, ella salió para la tienda del caserío en compañía de una cuñada. Los tres hombres se quedaron charlando en la casa familiar.
Sobre las nueve y media de la noche, cuando ellas se encontraban en la tienda de centro poblado del corregimiento, la esposa de Teófilo vio pasar en una moto negra de alto cilindraje y sin placa, conducida por un tipo alto, vestido de negro. El motociclista hizo un corto recorrido por el caserío y se fue.
“Se escuchaba de la presencia de personas, los comentarios de la gente —recuerda la esposa de Acuña—. Que ‘vimos personas armadas’, ‘hay tantas personas armadas en tal lado’ y ‘fulanito lo vio’, pero pues uno a veces piensa que esas cosas son mentiras. Siempre hablaban de dos personas y precisamente fueron dos personas quienes asesinaron a Teo y a Tafur. Desde el día que llegamos con Teo, la gente empezó a decir que había personas armadas detrás de las casas”.
Acuña y su esposa vivían en Aguachica, Cesar, pero habían llegado al corregimiento Puerto Oculto, del municipio de San Martín, a mediados de febrero de este año porque tenían una reunión con el alcalde Leusman Guerra Rico.
Los líderes querían organizar una agenda de trabajo y fijar una fecha en la que el mandatario local se sentara a hablar con la comunidad sobre la tensa disputa territorial que durante años ha tenido lugar en los corregimientos Terraplén y Puerto Oculto entre la familia Díaz y comunidades campesinas. Sin embargo, el encuentro se suspendió porque Guerra se encontraba de viaje.
Al día siguiente, y luego de las faenas agrícolas, Teófilo, Jorge y el padre de Liceth se habían reunido para conversar de nuevo. Mientras hablaban afuera de la vivienda, Liceth asaba trozos de carne en la cocina. Cuando salió al patio a lavarse las manos, escuchó los primeros disparos: dos hombres armados habían llegado a acabar con la vida de los líderes campesinos.
Tafur salió corriendo hacia el callejón del lado izquierdo de la casa. Teófilo decidió correr hasta el patio trasero. A cada uno lo persiguió un sicario. “Cuando veo que él corre, escucho que dice ‘¡Juepucha!’ —cuenta con débil voz la esposa de Acuña—. Teo tal vez no vio que yo estaba ahí. Él salió corriendo como quien piensa ‘ella ya está escondida’. Él trató de esconderse para que esos desgraciados no lograran su objetivo”.
Más disparos, ruido de pisadas y confusión se tomaron la casa. Inicialmente, la mujer se escondió en el patio, bajo un palo de limón, luego cambió de lugar y corrió hasta la pileta y desde ahí vio a uno de los sujetos armados, vestido como militar, parado en el portón que da hacia donde la familia tiene los corrales de las gallinas.
“No vi a Teo por ningún lado, yo dije ‘¡Teo se alcanzó a escapar!’. El tipo sale y se queda al lado de la pileta, llega el otro tipo que le dice ‘falta uno’. Me quedé quieta, había muchas hojas secas, no quería moverme porque cualquier ruido los podía alertar”.
Hoy, la esposa de Teófilo cree que la tercera persona que les faltaba en su fatídico plan era ella, pues cuando los sicarios en su huida se toparon con la mamá de la lideresa le dijeron que se metiera en la casa.
Después de unos minutos, llegó el hermano de Liceth y empezó a buscar a la familia, eso le hizo saber a ella que los hombres armados se habían ido y que podía salir del escondite.
“Comienzo a decirle desesperadamente que busque a Teo, que Teo está perdido, que Teo salió por el patio. Cuando llegó un compañero y me dijo: ‘Tafur está muerto en el callejón’. Salimos. Yo me le puse encima a Tafur, comienzo a pedir que llamen una ambulancia, me decían ‘ya para qué si ya está muerto’. Me arrodillo y comienzo a gritar que por favor busquen a Teo. Cuando sale mi mamá y me dice ‘no lo busquen porque Teo está muerto. Teo está muerto detrás de la casa’”.
El cuerpo de Teo estaba más adentro del patio. La comunidad empezó a llegar y a expresar su dolor. Liceth se quedó todo el tiempo junto al cuerpo de su esposo hasta que llegaron, varias horas después, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía encargados de hacer las diligencias de levantamiento de los cadáveres.
La comunidad llamó incesantemente a la Policía y la Fiscalía. Los miembros del CTI llegaron sobre la una de la mañana. La Policía nunca se presentó en el lugar. En la eterna espera, nada pudo evitar que las ropas de Teófilo y Tafur se tiñeran de rojo y sus cuerpos se cubrieran de tierra y hormigas.
“Es muy triste ver cómo personas tan maravillosas que estaban en la lucha por esas comunidades y que estaban liderando hayan quedado tirados como si no valieran nada. Es que eran la vida de Teófilo y Tafur, y para ellos (los funcionarios del Estado) no vale nada. No vale nada y es que en este maldito país pensar diferente desgraciadamente nos tiene que costar la vida de nosotros, de nuestros seres queridos. Pero como decimos nosotros: esto nos duele, pero nos ayuda a fortalecernos y a seguir luchando”, promete la esposa de Acuña.
Lucha por los playones
“En San Martín lo que ocurrido es que, en el marco del conflicto y de la violencia paramilitar, hubo unas transformaciones ecológicas en toda las ciénagas que componen el complejo del río Lebrija”, explica Nadia Umaña Abadia, vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC).
Las ciénagas tienen unos playones en los que el agua se extiende en invierno y se recoge en verano. Las comunidades que habitaban estas tierras eran pescadores y cuando los playones estaban disponibles sembraban comida, sin afectar el ecosistema.
Según las comunidades ribereñas del río Lebrija, durante el auge paramilitar los terratenientes empezaron a desecar las ciénagas desviando afluentes y montando jarillones de kilómetros de tierra. “Nosotros hicimos un proceso de cartografía social y de taller de memoria y la gente logró recordar más de 60 ciénagas que existían en ese complejo y que fueron progresivamente desecadas”, cuenta Umaña.
Desde mediados de la década de los años noventa, en aquella región de Cesar delinquió el Frente Héctor Julio Peinado del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), bajo las órdenes del jefe paramilitar Juan Francisco Prada Márquez, conocido como ‘Juancho Prada’. Esa estructura armada ilegal se desmovilizó en marzo de 2006, bajo los acuerdos con el gobierno del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe (2002-2010).
Pero el poder ilegal al parecer continuó después de la desmovilización. “Aún sigue ahí”, afirma Jorge Niño, abogado del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. “Sigue teniendo control, teniendo poder, manejando situaciones. En referencia a San Martín se sabe que la familia Prada sigue manteniendo una hegemonía en este municipio. Tanto así pues que casi toda su familia hace parte de la administración municipal”.
A partir del auge paramilitar, el proceder común de los grandes finqueros fue ingresar búfalos y ganadería extensiva que compactan los suelos y después extender largas plantaciones de palma de aceite que demanda grandes cantidades de agua. “Así aparecen dueños, en el usufructo, de tierra que ni siquiera era tierra sino ciénagas”, insiste la vocera de la CISBCSC.
Este nuevo orden de producción que se impuso en los sistemas cenagosos rompió la tradición económica de la región, disminuyendo la pesca debido al secamiento y la contaminación producida por los agroquímicos que requiere la siembra de palma de aceite.
“Ante que los terratenientes desecan y desecan y siembran palma y siembran palma, y no pasa nada, la gente recupera el playón, por eso son recuperadores, porque siempre ha sido su playón, siempre ha sido su ciénaga. Entonces la gente entra y comienza a sembrar comida”, explica Umaña.
Esa recuperación ha generado fuertes tensiones entre los campesinos y los grandes finqueros de la región, quienes alegan que esas tierras no eran playones, que sus predios son de legítima propiedad privada y que quienes dicen que son playones intentan “amañar” a las instituciones del Estado.
“Nosotros hemos llevado todo un proceso jurídico para demostrarle al Estado que esas tierras eran ciénagas, que son tierras inundables, que no se pueden titular a particulares, que no se pueden adjudicar, pero aquí no es sólo un problema jurídico, sino que se combina con la inoperancia de las instituciones correspondientes”, arremete Umaña.
Voceros de la CISBCSC aseveran que en la parte baja de la cuenca del río Lebrija, que incluye al municipio de San Martín, aún no se ha hecho la delimitación de los playones porque, a juicio de funcionarios del gobierno nacional, el proceso es muy complejo; contrario a lo que se ha hecho en las zonas alta y media del afluente, que ya cuenta con Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas.
Desde 2005, la Comisión de Interlocución ha participado en varias mesas de análisis sobre los problemas de tierras, minería y medio ambiente. Pese a la pandemia generada por la expansión del virus Covid-19, las conversaciones continuaron, pero tras la judicialización en diciembre de 2020 del vocero principal de estas comunidades suspendieron el diálogo con las instituciones del Estado. Ese vocero era Teófilo Acuña. (Leer más en Líderes sociales judicializados: ¿quiénes son Teófilo, Adelso y Robert?)
“Nosotros les dijimos que ya teníamos las planchas del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), porque hicimos esa búsqueda, en donde está especificado cuáles son las tierras bajas, cuáles son los playones, cuáles son las ciénagas desde 1960 hasta hoy. Nosotros hicimos esa búsqueda para poder demostrar que estamos en zonas de playón y que el terrateniente ha desecado esas ciénagas”, explica Umaña.
“Nosotros hemos hecho más de una misión de verificación con Corpocesar —continúa la vocera—, el Estado no puede decir que no sabe que hay unas murallas de esa magnitud y que hay un crimen ecológico de esa magnitud. Hemos tenido mesas de interlocución con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y uno de los acuerdos era que ellos hicieran el deslinde para saber qué predios son de playón, qué predios son baldíos, qué predios se supondría que legalmente son de privados y mientras tanto estos poderes locales que son mafiosos, que utilizan el paramilitarismo, que son paramilitares, pues lo que hace es expandirse”.
Bajo esta lógica, lo que consideran en la CISBCSC es que los terratenientes que no tienen títulos sobre ciertos predios ya ni siquiera están buscando obtener un título de propiedad porque en la práctica ejercen el poder real sobre el territorio.
Y justamente esa era una de las tareas de Teófilo y el equipo de la Comisión de Interlocución: acompañar a las comunidades de Terraplén, Puerto Oculto y La Berraquera, del complejo cenagoso de San Martín, en los procesos de recuperación. “Nosotros estuvimos acompañando esas actividades y más que acompañando, sintiendo y viviendo lo que vive el campesinado de Colombia”, expresa Liceth, esposa de Acuña.
Video: cortesía Congreso de los Pueblos.
Con esta experiencia, otras comunidades campesinas emprendieron la recuperación de sabanas y playones comunales en otros municipios de la región, como Pailitas, Tamalameque, Chimichagua y Astrea (Cesar), y El Banco (Magdalena), donde hoy se concentra la tensión por la tierra con patrones comunes: “cambia el nombre del terrateniente, pero la práctica es la misma”, sentencia Umaña.
Tanto Teófilo Acuña como Jorge Tafur no sólo acompañaron las disputas de tierras en San Martín; también tenían una vocería nacional y articulaban varios procesos campesinos. “Como lo decía Teo: ‘Cuando la tierra está sólo en una persona, es más fácil que se pueda realizar esos actos en nuestro territorio y venir acabar con lo poco que hay’. Esta era una de las peleas más fuertes que veníamos dando y sabemos que a esto se debe el asesinato de Teófiloa Acuña y Jorge Tafur.”, expresa la esposa de Acuña.
Por su parte, Umaña, quien trabajó durante 14 años junto a Teófilo, resalta que “Teo y Tafur daban herramientas a todos estos procesos para poder articularse organizativamente, exigir sus derechos y ayudar a entender a las comunidades campesinas a lo que nos estamos enfrentando en la región. La amenaza más directa que tenía Teo viene de allí. Tafur estaba amenazado también por paramilitares de Tiquisio, en el sur de Bolívar, más por su actividad como defensor de derechos humanos en pro de la paz y por la desmilitarización del territorio”.
Si la mayor situación de riesgo de Acuña estaba en San Martín, para el resto de los líderes y lideresas de la Comisión no existe un municipio en los departamentos de Cesar, Bolívar, Norte de Santander, Magdalena y Santander donde no estén en riesgo. “No hay un sólo líder nuestro que no esté amenazado, que lo llamen a decirle que lo van a matar, que le ronden la casa, que lo intimiden”, reitera Umaña.
El asesinato de Teófilo obligó a su esposa a abandonar Puerto Oculto. “Querían debilitar los procesos”, reflexiona en medio de su angustia; sin embargo, mantiene la convicción de que las demandas sociales de los campesinos de Terraplén y Puerto Oculto seguirán adelante con más fuerza.
¿Quiénes son los finqueros?
Uno de los terratenientes que más resalta en la región baja del río Lebrija es Alirio Díaz. Según Corpocesar, a inicios de la década de los años dos mil, habría sedimentado la ciénaga de Terraplén, corregimiento contiguo a Puerto Oculto, causando la desecación de los sistemas cenagosos de la región. (Leer más en: Ciénagas de Terraplén enfrentan a campesinos y finqueros y en Temor en las ciénagas de Terraplén)
Su nombre también fue referenciado en los tribunales de Justicia y Paz, que juzgan a los exparamilitares que se acogieron a la Ley 975 de 2005, bajo los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición para alcanzar beneficios judiciales. Según la Sentencia del 11 de diciembre de 2015, Díaz habría recibido apoyo paramilitar en su pretensión de llegar al Concejo del municipio de Terraplén en los años de dominio del Frente Héctor Julio Peinado.
“Utilizando el poder económico y su relación con los grupos paramilitares, la familia de Alirio Díaz, lograron avanzar su frontera y cada vez fueron sacando a los campesinos, apropiándose de todo ese territorio, de toda esta zona”, sostiene el abogado Niño, del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
Ahora la tensión se fija sobre su hijo y su nieto: Wilmer Díaz y David Díaz. De acuerdo con el jurista, “Alirio Díaz que ya por su edad, entendemos que su enfermedad, ya tiene aproximadamente unos dos, tres años, más antes del aislamiento por la pandemia de aparecer él físicamente en la zona, pero lo vienen haciendo su hijo y su nieto”.
Uno de los puntos sobre los que este abogado repasa es la titularidad sobre la tierra de los grandes finqueros de la región, los cuales han recostado su posesión en estos territorios con escrituras, pero
A los ojos de la Comisión de Interlocución y del abogado del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, los documentos de propiedad de las tierras de los Díaz son de falsa tradición, títulos precarios y adjudicaciones que desafían las leyes agrarias del momento.
“Esos predios —ilustra Niño—, primero los que tienen escrituras y que fueron aparentemente adjudicados dentro de un procedimiento que no debió ser, permitieron que salieran del dominio público al dominio privado a nombre de la familia Díaz, o sea, no a nombre de ellos la resoluciones pero terminan ellos al final apropiándose de eso, de esas adjudicaciones que en el momento, repito, no tenían que haber salido del dominio público”.
Al menos tres predios se encuentran a nombre de Alirio Díaz en el municipio de San Martín: Las Flores (442 hectáreas), en el corregimiento de Terraplén; Las Delicias (90 hectáreas), en el corregimiento de Terraplén; y El Reposo (590 hectáreas), en el corregimiento de Puerto Oculto. Terraplén y Puerto Oculto son corregimientos contiguos que los separa el río Lebrija y en los cuales la familia Díaz tienen ganado vacuno y bufalino y, según voces de la región, con la intención de empezar con la palma de aceite, pero que no ha podido iniciar por la resistencia de las comunidades
En el video se observa una de las fuertes discusiones, que tuvo lugar el 25 de enero de este año, entre los miembros de la familia Díaz y las comunidades campesinas del corregimiento de Puerto Oculto del municipio de San Martín, Cesar. Estas discusiones se agudizaron la semana pasada. Los labriegos denunciaron que Wilmer Díaz atentó contra el campesino Rafael Centeno. Video: cortesía.
Según los certificados de tradición y libertad de los predios Las Flores y El Reposo, ambos fueron adjudicados a Ignacio Becerra, mediante sentencia de pertenencia del Juzgado Promiscuo del Circuito de Río de Oro, Cesar, el 28 de mayo de 1963. Después de pasar por varias manos, fueron adquiridos por Alirio Díaz en 1988 y en 1994, respectivamente.
El abogado Niño le ha solicitado a la ANT que verifique los títulos que ostenta la familia Díaz, pero, según explica, esta agencia estatal responde que siguen en proceso porque no han podido tener acceso a los archivos y hasta donde ha podido buscar no han encontrado nada. Lo que pretende el equipo jurídico que acompaña a los campesinos es que se inicie una acción de nulidad ante el Consejo de Estado de los títulos de propiedad.
“En lo poco que quedaba de playones que son los que esta familia Díaz ha tenido, y que ahora la comunidad ha entrado a recuperar y que están recuperando en Terraplén y Puerto Oculto, están la mayoría en esas parcelas, trabajando, organizado, cultivando; tratando de llevar sus actividades normales como comunidad campesina”, cuenta el abogado.
Esa “recuperación” ha sido denunciada por la familia Díaz ante las autoridades. En 2015, interpusieron una acción de tutela contra la Alcaldía y la Inspección de Policía de San Martín por el desacato de una resolución que ordenaba el desalojo de las comunidades de la Asociación de Agricultores, Pescadores y Pequeños Ganaderos de Terraplén (AGROPPEGT) que se encuentra en el predio Las Flores, de Terraplén; y la Asociación de Pescadores y Campesinos del Corregimiento Puerto Oculto del municipio San Martín Cesar (ASOCAMPESAC) que ocupan el predio El Reposo, en Puerto Oculto.
“La resolución estaba sujeta a unos recursos que nosotros interpusimos y no estaba en firme. Además de los recursos, que los resolvieron a favor del querellante (la familia Díaz), debía hacerse una caracterización de las familias de la asociación de campesinos de Puerto Oculto que se encuentran ocupando y explotando económicamente ese predio. Esa caracterización, como lo ordena la Corte Constitucional, no se ha hecho”, asegura Niño.
Aunque se ha programado en dos o tres oportunidades esta caracterización, no se ha desarrollado como lo exige la Ley 1448 de 2011 que precisa que este proceso debe ser una herramienta para identificar la situación en que se encuentran las familias víctimas de desplazamiento forzado en el predio, y con esto desarrollar un plan de contingencia y la ruta de atención a estas familias que debería implementar la alcaldía.
Justo sobre ese tema venía trabajando Teófilo Acuña con la Comisión de Interlocución, para que, a través de un proceso de concertación, se abrieran espacios de diálogo y empoderamiento para que las comunidades campesinas afectadas hicieran valer sus derechos sobre la tierra.
Al respecto, este portal le consultó a Wilmer Díaz si conocía a Teófilo Acuña y dijo que nunca había escuchado hablar del líder campesino asesinado.
Escala la tensión
Voceros de la Asociación de Agricultores, Pescadores y Pequeños Ganaderos de Terraplén (AGROPPEGT) cuentan que el pasado 16 de febrero, en horas de la mañana, Wilmer Díaz García, hijo de Alirio Díaz, y su hijo, David Díaz, en compañía de un grupo de hombres armados con pistolas y ‘macocas’ (armas largas recortadas), llegaron en camioneta a los predios de campesinos que colindan con las parcelas de los Díaz.
Estaban allí para cortar los alambres de las cercas que los pobladores han colocado para evitar que los búfalos y ganado propiedad de la familia Diaz destrocen los cultivos. Versiones de los labriegos indican que Wilmer Díaz golpeó en la cabeza con la cacha de un arma al campesino Rafael Centeno Rad, luego le disparó hiriéndolo en el cuello y por lo que la comunidad lo llevó al Hospital Regional de Aguachica, donde fue atendido oportunamente.
Los campesinos reaccionaron contra Díaz y sus hombres, persiguiéndolos hasta la casa de la finca Las Flores, pero los agresores escaparon del lugar. La comunidad intentó comunicarse con la Policía, pero sostienen que les explicaron que no podían desplazarse hasta el corregimiento.
Finalmente, llegó la Policía a la finca Las Flores. En un comunicado de la CISBCSC se documentó que “al parecer por solicitud de Wilmer Díaz llegaron a la comunidad de manera violenta y agresiva, afirmando que el señor Wilmer Díaz se había entregado y que estaba en poder de ellos, más sin embargo entre el grupo de policías que llegaron venían tres (03) de los hombres armados que acompañaron a Wilmer y a David Diaz a intimidar, amenazar y balear a los campesinos; de las tres personas una es menor de edad de los que acostumbra contratar Wilmer Diaz para que hagan daños a las comunidades campesinas”.
La comunidad insiste en que había buscado a la Policía del municipio, antes de que ocurrieran estos hechos, pues el día anterior el mayordomo de la familia Diaz se había presentado en las parcelas para cortar el alambre con el que los campesinos habían cercado el predio y como la comunidad, entre ellos el campesino Rafael Centeno, se opusieron, los amenazó: “Esto no se queda así mañana, viene el patrón con la Policía para que los saquen de aquí”, recuerdan los campesinos.
Dos días después, antes de las siete de la mañana, llegaron a la finca Las Flores miembros de la Policía y el Ejército Nacional, acompañados del alcalde de San Martín. La comunidad cuestionó a la Fuerza Pública por no haber atendido su llamado el día en que Wilmer Diaz le disparó a Rafael Centeno y según un comunicado de la CISBCSC, policías agredieron con piedras y puños a algunos campesinos y le quitaron el celular a una labriega para borrarle los videos en los que se evidenciaba el actuar de los agentes de seguridad del Estado.
“Quien comandaba a los policías presentes en el lugar, se dirigió a los miembros de la comunidad manifestándoles que ‘son unos guerrilleros’, al preguntarles que por que los llamaba así, respondió “que parecían unos guerrilleros allá metidos dentro de la finca, afirmaciones que preocupan debido que estas acusaciones y señalamientos por parte de miembros de la policía colocan en grave riesgo la vida, integridad y libertad de las comunidades”, denunció la CISBCSC.
Una denuncia similar se presentó en 2015 cuando campesinos de Terraplén fueron atacados por hombres armados que, posteriormente, fueron capturados por el Ejército. En esa ocasión, Alirio Díaz también fue señalado de estar relacionado con los atacantes.
Cuatro días después de los hechos que enfrentaron a las comunidades con los miembros de la Fuerza Pública fueron asesinados los líderes campesinos Acuña y Tafur.
VerdadAbierta.com contactó a la personera Ivone Prada Torres y a Elizabeth Prada Navarro, Inspectora de Policía, ambas del municipio de San Martín, para establecer si se adelantó alguna gestión para garantizar los derechos de las comunidades, vigiló la conducta de los servidores públicos de la Policía y la Alcaldía en los procedimientos y si se promovieron relaciones pacíficas y de armonía entre la comunidad y las autoridades, a lo que respondieron cuestionando que se les preguntara recurriendo a sus números de celular personal y solicitaron que se les escribiera a sus correos electrónicos. Tras enviar los interrogantes a través de ese canal, las funcionarias no respondieron al cierre de este artículo.
Último adiós
A la mañana siguiente del asesinato de Acuña y Tafur, la tierra se sacudió. Un temblor de 5,6 grados de magnitud estremeció el norte del país, teniendo como epicentro el departamento en donde nacieron los dos líderes y más precisamente el municipio en donde nació Teófilo Acuña: Santa Rosa, Bolívar.
“Fue tan grande el dolor y fue tan fuerte que hasta la naturaleza lo pudo sentir, como lo pudimos vivir: un temblor que azotó el sur de Bolívar. Lo azotó por el dolor que tenía la madre tierra, que también sufrió por lo que le hicieron a nuestros líderes: Jorge Tafur y Teófilo Acuña”, expresa, con dolor, un amigo de los líderes.
Un día después del sismo, otro movimiento se sintió en las calles. Centenares de personas marcharon y se plantaron en las ciudades de Bogotá, Valledupar, Medellín, Neiva, Cali y en varios municipios donde ambos líderes trabajaron por las comunidades. La gente salió a recordar a los líderes campesinos y a repudiar la manera en que se los arrebataron.
De “corazones incansables” y una “humanidad inmensa” es como familiares, amigos y otros líderes sociales que conocieron a Acuña y Tafur suelen recordarlos. Algunos, incluso, los conocían por luchas distintas a las disputas territoriales por las ciénagas, playones y sabanas comunales.
La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad se pronunció al respecto del doble homicidio y mediante un comunicado instó “a las entidades competentes que tienen la responsabilidad de garantizar la vida y la justicia, a que trabajemos juntas para proteger a los campesinos y para garantizar sus derechos”.
A esa petición se sumó la La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que urgió “a la Fiscalía y a las autoridades judiciales a que continúen con las investigaciones en curso de los homicidios de los líderes Acuña y Tafur, con el fin de procesar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de los hechos”
Jorge Alberto Tafur Acuña se vinculó desde muy joven a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y sobrevivió a la violencia contra ese movimiento, fue sindicalista, hizo parte de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol) y durante varios años fue vocero de la a Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBSC). En noviembre del año pasado fue elegido como miembro de la Junta Nacional del Coordinador Nacional Agrario (CNA).
Tafur representaba la historia de medio movimiento campesino. “Estaba en su piel, en su corazón, y lo compartió siempre con nosotros. Yo me sentía como al lado de… no sé, una persona muy legendaria, gente que ha vivido cosas que uno ha leído en los libros porque uno es más joven. Y muy alegre, Tafur siempre contaba historias bien complejas con una sonrisa bien inmensa… tenía una memoria prodigiosa”, cuenta la lideresa Umaña, con voz entrecortada.
Teófilo Manuel Acuña Ribón, por su parte, sobrevivió al cerco paramilitar del sur de Bolívar, un atentado y una judicialización. Fue presidente de Fedeagromisbol, vocero del Congreso de los Pueblos y del Coordinador Nacional Agrario.
“Teo… un compromiso incansable. Yo pensaba ‘¿cómo me puede llevar 30 años y tener tanta convicción, ser tan incansable?’ Nosotros estuvimos cuando fue el proceso de judicialización en Santa Marta y a mi jamás se me va a olvidar la entereza con la que enfrentó todo, frente al miedo, frente al cinismo del Estado”, recuerda Umaña. (Leer más en “Somos molestos para el Estado”: líder social Robert Daza y Uno tras otro, líderes de Congreso de los Pueblos son judicializados)
El viernes pasado, el sepelio de Jorge Tafur tuvo lugar en el municipio de Tiquisio. Y ayer, Teófilo Acuña fue inhumado en Magangué. Algunos de sus amigos y familiares no pudieron acompañar a sus líderes, en parte, por el paro armado que impuso la guerrilla del Eln.
No obstante, centenares de personas acompañaron ambos sepelios. Portando globos blancos y entre lágrimas estuvieron al lado de Tafur. Con el permiso de familiares y amigos, una voz vallenata, acompañada de un acordeón, cantó Mi gran amigo, de Jorge Oñate: “La muerte infame me lo arrebató”, versó el amigo cantante con la mano levantada.
En el sepelio de Acuña, la comunidad llevó globos y camisetas blancas, algunas con la imagen estampada de los dos líderes, dejando que la atención recayera sobre la bandera de la Comisión de Interlocución, la pañoleta de Congreso de los Pueblos y el característico sombrero de paja que usaba este líder, que fue puesto sobre el féretro. Organizados en un camino de honor, la gente cantó el vallenato Sueños y vivencias, de Diomedes Díaz. “Te llevaste el alma, me dejaste solo”, repitió la esposa de Acuña, con las lágrimas que aún le quedaban.
En silencio o en voz alta, cantando o llorando, en ambos funerales, todos quienes conocieron a Teófilo Acuña y a Jorge Tafur, les agradecieron sus años de trabajo por las comunidades y el medio ambiente, y prometieron mantener su memoria viva para exigir justicia.
