Hace un año se presentó la primera demanda ante jueces especializados en restitución de tierras y aún no fallan. Hasta el Presidente de la República ha expresado inquietud por la demora.
El Urabá antioqueño es una de las regiones del departamento y del país en donde se presentó un alto número de despojo de tierras de manera violenta por parte de grupos paramilitares durante la década del noventa; pero, paradójicamente, es una de las pocas zonas en donde los jueces especializados en restitución de tierras no han emitido ningún fallo.
La figura de jueces especializados fue creada por la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y desde hace 16 meses se abrieron dos despachos judiciales en Apartadó. La primera demanda de restitución de tierras fue admitida el 26 de noviembre de 2012 y desde ese momento han recibido 130 más, sin que se tengan resultados concretos.
Esa lentitud inquieta tanto a las víctimas que reclaman las tierras despojadas como al presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien ha impulsado una política integral de restitución de tierras. Durante el lanzamiento de la Ruta de Reparación para Víctimas del Desplazamiento, realizado en días pasados en el municipio de San Carlos, oriente de Antioquia, Santos expresó su intranquilidad.
“Me preocupa, por ejemplo, que en Urabá los jueces van muy lentos. Es hora ya de definir, tomar decisiones, fallar, con entereza, con valentía, decirles a los campesinos que fueron despojados: ‘aquí está su tierra’, para que el Estado pueda ir detrás con proyectos productivos, y a esos campesinos devolverles una vida digna”, expresó el Presidente de la República.
Consultado sobre la lentitud de los fallos, Ricardo Sabogal, director general de la Unidad de Restitución de Tierras, explicó que los procesos de restitución se concibieron para que en un año hubiese fallos, pero en el caso de Urabá las demoras han sido notorias: “Tenemos casos que ya llevan un buen tiempo y queremos que haya decisiones judiciales”.
Sabogal radicó personalmente este jueves 10 de octubre 35 demandas ante los jueces especializados de Apartadó. Se trata de 14 predios de La California y 21 de La Teca, ambas veredas del corregimiento Nueva Colonia, en Turbo.
“Presentamos demandas por predios que les fueron despojados a los campesinos. Estos casos son muy emblemáticos. Por eso hoy los traemos ante el juez para que sea él quien determine si hay lugar o no a la restitución”, precisó Sabogal, quien anunció que en las próximas semanas llegarán 300 demandas más.
El funcionario reconoció que los casos de restitución en Urabá no son fáciles de llevar, ya que requieren tomar una serie de medidas, particularmente en materia de seguridad; no obstante, se mostró esperanzado en que los jueces se pronuncien prontamente.
“Dificultades propias de trabajar en una zona como ésta sí las tenemos, no vamos a ocultarlo. Aquí nos decían que no era posible hacer restitución, pero estamos demostrando que es posible”, expresó el funcionario, quien resaltó que Colombia es el único país del mundo que adelanta un proyecto de restitución en medio del conflicto. “Eso no es fácil, las dificultades son propias de temas de seguridad, y en algunas zonas podemos intervenir, en otras no”.
Otras preocupaciones
Felipe Maldonado, abogado de la fundación Forjando Futuros y representante de víctimas de despojo en el Urabá antioqueño, considera que en Antioquia los resultados judiciales son mínimos si se comparan con Meta, Tolima y Sucre. En total, se han proferido 12 sentencias, todas concentradas en el municipio de San Carlos, oriente antioqueño, y relacionadas con restitución de baldíos, sin opositores de por medio.
“Hemos dialogado con los magistrados de Antioquia y lo que ellos han manifestado es que el proceso depende mucho de la Unidad de Restitución de Tierras y que ellos, básicamente, no estaban presentando demandas”, aseveró Maldonado, y refiriéndose a casos concretos se preguntó por qué esa Unidad no ha presentado las demandas de restitución de la vereda Macondo, en Turbo, “que tienen documentadas hace varios meses”.
Otra de las dificultades que resalta Maldonado tiene que ver con el papel de la Fuerza Pública y los conceptos positivos o negativos sobre seguridad de algunos territorios donde se deben hacer los estudios de predios solicitados en restitución.
“Si eso no se endereza vamos a quedar en manos del Ministerio de Defensa para restituir o no; si no hay concepto positivo, la Unidad no puede microfocalizar y, por tanto, no adelanta los estudios respectivos, y se van quedando ahí estancados en el tiempo, que es lo que le está pasando a mucha gente en todo el país, no solo en Antioquia. Si eso no se resuelve, todo esto se va a convertir en un cuello de botella”, indicó el abogado.
Maldonado también llamó la atención de los jueces especializados en restitución de tierras, sobre quienes dijo “se han excedido en el tiempo para fallar y no se ha fallado”, por lo que calificó la situación de “atraso institucional” y la describió como “dilatoria”; además cuestionó a la Unidad de Restitución de Tierras por el exceso probatorio al que somete a los reclamantes de tierras.
VerdadAbierta.com consultó el tema en Apartadó con operadores judiciales del proceso de restitución de tierras, quienes explicaron qué ha venido pasando con las demandas en Urabá una vez han sido admitidas por los jueces especializados.
Inicialmente adujeron que hay demoras en los fallos porque, bajo al amparo del artículo 29 de la Constitución Política, que se refiere al debido proceso, las personas opositoras a la restitución, que alegan posesión de buena fe, carecen en algunos de los casos de defensa, lo que obstaculiza los trámites judiciales. “Una de las razones de este problema es que en el Urabá antioqueño no hay Defensoría Pública”, dijo una de las fuentes consultadas, que pidió la reserva del nombre.
Adicional a ello, explicaron que la figura del juez especializado en restitución de tierras se viene distorsionando en esta región del departamento por cuanto se les han impuesto obligaciones como la resolución de tutelasy procesos civiles, lo que iría en contra del Acuerdo Acuerdo PSAA12-9613 del 19 de julio 2012 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, en el que se indica que estos jueces solo tendrían procesos civiles siempre y cuando “no tuvieren asignados ningún proceso de restitución de tierras”.
Sin embargo, en el caso del Urabá antioqueño, se tienen registradas y admitidas por lo menos 166 demandas de restitución, lo que excluiría el conocimiento de los procesos civiles, pero la realidad muestra otra situación.
Al decir de los operadores judiciales, ahora los convirtieron en “jueces promiscuos”, pues además de los procesos civiles tienen que recibir tutelas, y de acuerdo a las fuentes consultadas, están admitiendo en promedio ocho diarias, lo que aleja a los jueces de los casos de tierras y, de paso, vulnera los tiempos precisos que le da la Ley 1448 de 2011 al trámite de las demandas de restitución.
De persistir esa situación en el Urabá antioqueño, las víctimas del despojo de tierras tendrán que esperar más tiempo del indicado y padecer un lento proceso de restitución, circunstancia que termina favoreciendo a quienes hoy ocupan y explotan sus tierras.
