En medio de un ambiente de construcción de paz, en 2014 se rompió el récord de agresiones contra los activistas sociales: 55 fueron asesinados y 488 recibieron amenazas. Informe de ONG hace fuertes críticas a la gestión de la Unidad Nacional de Protección.
Los defensores de derechos humanos siguen en la mira de los violentos. El año pasado las agresiones contra estos líderes aumentaron drásticamente. Foto: archivo Semana.
En su más reciente informe, Somos Defensores (El Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos), llegó a la conclusión de que estos activistas viven en un “purgatorio al ser víctimas de una andanada de amenazas jamás registradas en Colombia, por el sencillo hecho de defender los derechos humanos y especialmente el derecho a la Paz”.
Las cifras respaldan esa afirmación. El año pasado se registraron 626 agresiones de diferente tipo contra defensores de derechos humanos, que representan un aumento del 71%, con relación a los 366 casos de 2013. Según lo reportado, 488 fueron amenazados, 55 asesinados, 41 sufrieron atentados, 23 fueron detenidos arbitrariamente, uno fue desaparecido, 10 fueron víctimas de robo de información y 8 más recibieron abusos del sistema penal.
Dentro de esa lista de cifras negativas se destaca la reducción de homicidios de defensores de derechos humanos, puesto que en 2013 fueron asesinados 78, frente a los 55 del año anterior. Por regiones, el departamento de Cauca fueel más afectado con la pérdida de diez líderes, seguido por Chocó con cinco asesinatos, y Atlántico, Meta, Valle del Cauca y Putumayo, cada uno con cuatro. El informe destaca con preocupación que desde hace años esas cifras tan altas no se registraban en Meta y Putumayo. (Vea listado de defensores asesinados)
De acuerdo con la investigación, 31 de los 55 defensores asesinados alcanzaron a denunciar que recibieron amenazas, tres de ellos contaban con medidas de protección vigentes proporcionadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) o la Policía Nacional, y otro más solicitó auxilio, pero murió esperando una respuesta de la UNP.
El panorama es alarmante por el lado de las amenazas: pasaron de 209 en 2013, a 488 en 2014. Lo irónico de esta dramática situación es que las intimidaciones se dispararon durante momentos calve del proceso de paz que se desarrolla con las Farc en Cuba. Las amenazas equivalen al 78% de las agresiones recibidas en 2014. (Vea cifras en detalle en el cuadro inferior)
Somos Defensores destaca que entre septiembre y diciembre se enviaron 15 amenazas masivas contra personas importantes de diferentes sectores de la sociedad, lo que derivó en el inusitado aumento. Durante esos meses el presidente Santos fue reelegido como mandatario de Colombia en unas reñidas elecciones que fueron interpretadas como un espaldarazo del pueblo al proceso de paz, se creó el Ministerio del Posconflicto, viajó el primer grupo de víctimas a La Habana para participar en los diálogos entre el gobierno nacional y las Farc, y estalló un escándalo de corrupción al interior de la UNP.
El informe indica que “si bien es difícil establecer cuál es el verdadero origen de este exponencial incremento de las amenazas en 2014, se puede deducir que el desarrollo de las conversaciones de paz en La Habana y la participación de las víctimas en dicho proceso, sumado al ya conocido riesgo derivado del proceso de restitución de tierras, tienen una influencia directa en la aparición de este sinnúmero de panfletos y correos amenazantes en el segundo semestre de 2014”.
Haga clic en las flechas a los costados del cuadro para ver las cifras del informe
Los círculos del infierno
Andrés Villamizar, exdirector de la Unidad Nacional de Protección. Foto: archivo Semana.
Apelando a una analogía entre los nueve círculos del infierno de la obra literaria La divina comedia, de Dante Alighieri, y la realidad que padecen los defensores de derechos humanos que solicitan protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), Somos Defensores analiza cuáles son los fallos de esta entidad que generan riesgo para estos líderes amenazados.
El primer círculoes El limbo y representa a los 3.261 defensores que en los últimos años pidieron protección ante la UNP y les fue negada. Además, el informe critica que la Unidad y la Fiscalía no hicieron ni una “sola investigación” de las más de tres mil demandas que fueron desestimadas, por lo cual no se sabe si esos defensores “fueron asesinados o tuvieron que desplazarse nuevamente de sus lugares de vivienda y trabajo por las amenazas, hostigamientos y/o agresiones que denunciaron”.
En el segundo círculo, Una imagen impecable, Somos Defensores cuestiona el papel del primer director de la UNP, Andrés Villamizar, durante los tres años que estuvo en el cargo. Según el informe, en su afán de mostrar a la UNP como una entidad idónea, Villamizar cayó en el “mesianismo” y le dio un manejo corporativo a la entidad en la que no había “protegidos sino clientes”. “Esta imagen empresarial de la protección y del funcionamiento de la UNP, la despojó de su sentido social, humano y político, con el que inicialmente los defensores/as exigieron que desarrollara su acciones”.
En el tercer círculo, el informe denuncia que quienes sí reciben medidas de protección, tienen que vivir una pesadilla para utilizarlas debido a la demora para que se las asignen y por la falta de recursos económicos para sostenerlas. Es así como el prologando tiempo que transcurre entre la entrega y la asignación de carros, escoltas, chalecos antibalas y elementos de comunicación, sumados a la gasolina para los vehículos, el reintegro del pago de peajes, los viáticos de los escoltas, entre otros gastos, se convierten en un problema para quienes tienen esquemas de seguridad.
Las fallas fatales que la UNP ha cometido durante la gestión de proteger la vida de líderes amenazados es el cuatro círculo que encuentra Somos Defensores. Entre ellas se encuentran reducir el número de escoltas, quitarles carros blindados o retirarles los esquemas de seguridad a personas cuyos niveles de riesgo fueron calificados como extraordinarios. Algunos de los casos que reseña el informe son el de Jesús Adán Quinto, reclamante de tierras de la comunidad Cacarica de Chocó, quien fue asesinado el 4 de abril de 2014 luego de que le retiraran uno de sus escoltas, y el del periodista Luis Carlos Cervantes de Teleantioquia, quien fue amenazado varias veces y fue asesinado luego de que la UNP estimara su riesgo como ordinario.
El informe cuestiona que la única manera que la UNP utiliza para proteger a las personas bajo riesgo es implementando armas y escoltas, dejando de lado otras opciones como la prevención y la protección colectiva. Señala que esta situación, a la cual denomina como el círculo de la Protección armamentista, les causa inconvenientes a algunos líderes al hacer los más visibles por sus notorios esquemas de seguridad, les genera desconfianza en sus comunidades al andar con hombres armados desconocidos; y temor por la cantidad funcionarios de la Unidad que pertenecieron al DAS y porque la entidad no tiene control sobre los escoltas que contratan por medio de las empresas de seguridad privada.
El siguiente círculo es el presupuesto de la UNP. Somos Defensores cuestiona que la Unidad tenga un déficit de 70 mil millones de pesos, pese a que en sus poco más de tres años de funcionamiento recibió alrededor a 1,7 billones de pesos. Y la principal razón que alude como origen de estas cifras en rojo es la privatización de la protección de personas en riesgo bajo la contratación de escoltas con empresas privadas de seguridad. Al respecto, indica que “la generación de una nómina paralela en la UNP también hace parte de la inviabilidad de la privatización: tener 3000 escoltas armados privados, ejerciendo funciones estatales pero sin vinculación directa al Estado”.
A la par del déficit presupuestal de la UNP, en agosto de 2014 salieron a relucir casos de corrupción dentro de esa entidad, lo que Somos Defensores identifica como el círculo de Elpredecible cáncer de la corrupción. Se descubrió una red en la que estaba implicado el Secretario General de la entidad y siete funcionarios más, y según la Fiscalía, esa red se apropió de 600 millones de pesos mediante el cobro de cuotas para agilizar el pago de servicios a los proveedores y la sobrefacturación. El informe señala que la Unidad falló en la ejecución, el seguimiento y el control del presupuesto y de sus contrataciones, y cuestiona que el director de la entidad no los haya evitado.
En el siguiente círculo también se critica la gestión del exdirector Andrés Villamizar a raíz de los casos de corrupción. “¿Eran tan fuertes los tentáculos del Secretario General como para burlar todos los filtros de una auditoria sin que la Dirección General y su corte de asesores no vieran semejante ‘elefante blanco’ paseándose en las modernas oficinas de la UNP en la calle 26 en Bogotá?”, le pregunta Somos Defensores, a Villamizar, de quien dicen que “sale de esta piscina, sin haberse mojado”.
Por último, el informe advierte que por las anteriores razones el modelo de protección implementado por la UNP está al borde del fracaso. “Y lo está por los argumentos planteados en los 8 círculos anteriores; pero también porque hay situaciones de fondo que no le dan viabilidad a dicho modelo en el futuro, sobretodo en un país que avanza, por fortuna, hacia el fin de un conflicto armado de más de 50 años y la apuesta por la política de una población que necesitará protección en un escenario de post-acuerdo”, precisa.
Somos Defensores concluye que la UNP no es el único responsable del infierno en el que viven los defensores de derechos humanos, puesto que la Fiscalía también está comprometida por no avanzar en sus investigaciones sobre las amenazas y el Ministerio del Interior también tiene su cuota por tener a cargo la política de derechos humanos.
