Desprestigiar al magistrado auxiliar Iván Velásquez era el objetivo del DAS y de altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe. Buscaban frenar a toda costa el proceso de la para-política en la Corte Suprema de Justicia. Un caso cuyo capítulo final está por escribirse.
‘Tasmania’ estaba lejos de ser un rudo paramilitar. Casi no articulaba palabra, no levantaba la mirada, atribulado y nervioso, jugaba con sus dedos. Ese 10 de septiembre de 2007, Iván Velásquez coordinador del equipo que investigaba para la Corte Suprema de Justicia los nexos de decenas de congresistas con las Autodefensas Unidas de Colombia, asistió con Luz Adriana Camargo, otra investigadora, a la Fiscalía de Medellín donde ‘Tasmania’ tenía que cumplir una diligencia judicial.
José Orlando Moncada era su verdadero nombre y estaba preso por varios delitos, y aunque decía que había pertenecido al bloque del suroeste de las AUC, había quedado por fuera de la desmovilización y no estaba incluido en el proceso de Justicia y Paz, que les daba beneficios a quienes dijeran la verdad y repararan a las víctimas de los grupos paramilitares.
La fiscal que llevaba su caso le contó a Velásquez que ‘Tasmania’ quería colaborar hablando de políticos asociados a las AUC, y por eso, viajó desde Bogotá a escucharlo. La charla se demoró mucho en empezar, pues el abogado del reo, Sergio González, se demoró más de una hora en llegar. La conversación fue corta. Velásquez le preguntó si conocía políticos de la región, y ‘Tasmania’ dijo que no. Velásquez, le preguntó si conocía a Juan Carlos Sierra, jefe paramilitar y narcotraficante, reconocido por su influencia en suroeste de Antioquia. De nuevo ‘Tasmania’ dijo que no. ¿Conoce a Mario Uribe? preguntó Velásquez y el paramilitar negó de nuevo. Velásquez entonces pensó que había viajado a Medellín a perder el tiempo. Si un paramilitar que decía haber actuado durante años en esa región negaba conocer a Sierra o Uribe, o bien era un farsante, o sencillamente no estaba dispuesto a hablar. Con voz lánguida ‘Tasmania’ dijo entonces, que él sabía algunas cosas de Álvaro Uribe, Velásquez dijo entonces que él no estaba investigando al Presidente, pues eso le correspondía a la Comisión de Acusaciones.
Al paramilitar Orlando Moncada ´Tasmania´ le ofrecieron dinero, el ingreso a Justicia y Paz y traslado de patio en la cárcel a cambio de enlodar el nombre de Iván Velásquez. El objetivo era el desprestigio del principal investigador de la para-política. Foto: archivo Semana.
Al despedirse, el abogado González, sin embargo, le pidió unos momentos a solas con ‘Tasmania’ y un rato después dijo que su defendido estaba dispuesto a colaborar a cambio de beneficios. Y Velásquez respondió como siempre: se le darán los que contempla la ley. Esto es lo que pasó aquel día, según cuenta el exmagistrado Velásquez, hoy jefe de la Comisión contra la Impunidad de Guatemala. Y es la versión que la justicia respalda.
No era extraño que Iván Velásquez viajara a las cárceles o instalaciones judiciales de todo el país a hablar con paramilitares y otros criminales. Desde hacía algo más de un año estaba al frente de la investigación más importante que había tenido en sus manos la Corte Suprema de Justicia, el mayor escándalo político de la década: los nexos de la clase política colombiana con los grupos paramilitares.
La para-política había empezado casi por casualidad. Enjunio de 2005, en plena negociación del gobierno de Álvaro Uribe con las AUC, la revista Semana publicó una entrevista con Vicente Castaño, en la que los periodistas le preguntan:
“Hace varios años Salvatore Mancuso dijo que las AUC tenían el 30 por ciento del Congreso. ¿Qué hay de cierto en ese porcentaje?
Castaño responde: “Podemos afirmar que tenemos más del 35 por ciento de amigos en el Congreso. Y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese porcentaje”.
El recorte de dicha entrevista fue enviado a la Corte Suprema de Justicia por Clara López, una reconocida dirigente de izquierda, junto con una carta pidiendo que se investigara si esto era cierto.
Tanto Vicente Castaño como Salvatore Mancuso se ufanaban de tener el 35% del Congreso. Al final, la cifra de congresistas involucrados en sus redes les dio la razón. Foto: archivo Semana.
En el reparto del caso dentro de la Corte, la escueta denuncia cayó en manos del magistrado Álvaro Orlando Pérez, y en la repartición interna dentro de su despacho, en manos de Iván Velásquez, quien era su magistrado auxiliar desde el año 2000. Un azar misterioso, pues Velásquez conocía como pocos el Frankestein que había creado el paramilitarismo, y saboreaba todavía con amargura episodios que en el pasado habían puesto un manto de impunidad sobre un fenómeno sangriento que pudo haberse evitado, si la justicia hubiese hecho la tarea que le tocaba en su momento. La casualidad ponía a Velásquez, por tercera vez en su vida, frente a una oportunidad histórica de romper la impunidad.
Protagonistas de tres historias
Iván Velásquez no era cualquier investigador ni mucho menos un novato. Se formó como abogado en la Universidad de Antioquia, como parte de una generación muy crítica. Entre sus maestros estaban Carlos Gaviria y J. Guillermo Escobar, dos de los más respetados juristas del país. Aún sin terminar los estudios, fue asistente del juzgado 15 penal, y trabajó como secretario del Juzgado Sexto Superior. Aspiraba a ser juez, pero su mentor y maestro, el magistrado Carlos Mejía le enseñó desde muy joven que sin palanca política nunca lo lograría. Velásquezdesistió de su sueño, pues no tenía cómo venderse a un político de turno.
Entonces optó por litigar en una oficina privada con su hermano. Muy pronto se destacó entre los abogados de su generación y fue elegido como presidente del Colegio de Abogados de Antioquia, Colegas. Finalizaban los años 80 y en Medellín no podía haber más zozobra. Pablo Escobar tenía de rodillas al país, y el narcoterrorismo abrumaba a la ciudad. La respuesta del Estado fue equivocada en muchos aspectos, pero sobre todo en uno muy crítico, que fue poner la justicia al servicio del orden público, militarizándola, hiriendo de muerte su independencia; y peor aún, poniendo a los jueces e investigadores como carne de cañón en una guerra abierta con las mafias.
Tal como lo escribiría el Grupo de Memoria Histórica en su informe Basta Ya, la justicia sin rostro, despojó a miles de personas de sus derechos y en cambio no sirvió para proteger a los jueces. Velásquez fue un activo opositor de esta política, desde Colegas, y desde una revista inscrita de alguna manera en la criminología crítica: el nuevo foro penal. Hacía parte de una generación de brillantes abogados y defensores de derechos humanos, humanistas como Héctor Abad Gómez, Alberto Aguirre, y Jesús María Valle.
La pesadilla de Escobar parecía tener fin con la Asamblea Nacional Constituyente, y Velásquez tuvo un fugaz pasó por El Congresito que se creó para la transición del viejo al nuevo Congreso, como asesor de un destacado abogado de izquierda: Manuel Muñoz. Pero no terminó su labor, porque lo llamó el entonces Procurador General de la Nación para ofrecerle un cargo al que le quedaba muy difícil declinar: ser Procurador Regional de Antioquia, justo en el momento en el que Pablo Escobar acababa de entregarse.
Velásquez no podía saber que a los personajes con los que se cruzaría en ese momento, lo seguirían a lo largo del tiempo, y que esta era la génesis de una historia que desembocaría, años después, en la para-política.
El primer encuentro con Álvaro Uribe
De su tiempo como Procurador hay que destacar que fue uno de los funcionarios que pudo documentar la “guachafita” que tenía Pablo Escobar en una prisión hecha a su medida, como fue La Catedral. También que se salvó de ser secuestrado por Pablo Escobar el día de su fuga. Ese día Velásquez y dos funcionarios de Bogotá llegaron para verificar lo que estaba pasando allí, pero ya el Ejército se había tomado la cárcel, y Escobar huía en medio de una operación militar que hasta el día de hoy es un misterio como logró eludir, si por astucia o por haber comprado su fuga. A partir de ese día la vida de los Velásquez cambio. Su hijo, Víctor, recuerda que un piquete de soldados custodiaba la casa, y las medidas de seguridad para toda la familia eran extremas.
Como procurador de Antioquia, Velásquez hizo gestiones, junto al entonces senador Álvaro Uribe, para que Pablo Escobar se entregara, luego de su fuga de La Catedral. Foto: archivo Semana.
La gran paradoja es que la fuga de Escobar tuvo mucho que ver con el asesinato que este cometió allí mismo de sus socios los Moncada y los Galeano, a quienes al parecer hizo desaparecer sin dejar rastro. A partir de estas muertes, se creó una lucha intestina en el Cartel de Medellín. Entre los hombres de los Galeano había uno que no estaba dispuesto a perdonar a Escobar, y que quería aliarse con quien fuera para acabarlo: Diego Fernando Murillo, a quien el país conocería luego como ‘Don Berna’, y que paradójicamente, se convertiría en el nuevo Escobar, para Medellín. Y reaparecería una y otra vez en la vida de Iván Velásquez, asociado a la mafia, en ocasiones, y al gobierno, en otras.
Diego Fernando Murillo ´Don Berna´ se convirtió en el sucesor de Pablo Escobar luego de que este muriera abatido por la Policía. Hoy está en una cárcel de Estados Unidos. Foto: archivo Semana.
Escobar se volvió una obsesión para el Estado, y hoy puede decirse que está probado, periodística, pero no judicialmente, que sectores de la Policía, el Ejército, el DAS, e incluso de la Justicia, hicieron alianzas, con ‘Berna’, con Fidel y Carlos Castaño, con el Cartel de Cali, para dar con su paradero. Así por lo menos lo documenta María Teresa Ronderos en su libro Guerras Recicladas, publicado en 2014:
“La policía tenía a Danilo González, distinguido oficial, de enlace con ellos para recibir la información y coordinar acciones; el DAS recibía información directa de Carlos Castaño, bajo el nombre de informante Alekos, según el mismo lo reveló; y el Ejército tenía desde hacía tiempos buenas relaciones con Fidel y con Vicente por su causa común contra el comunismo”.
Todos los enemigos de Escobar dentro de la mafia crearon una agrupación tan tenebrosa como la que estaban persiguiendo. Se llamaba Perseguidos por Pablo Escobar, los Pepes. La reacción de Escobar a esta persecución fueron más bombas. En 1992, la ciudad estaba acorralada tanto por el gran capo, como por sus enemigos.
Entonces un joven senador antioqueño, liberal, y de reconocido carisma, planteó la urgente necesidad darle garantías a gran capo para una nueva entrega. Ese senador era Álvaro Uribe Vélez, y se lo planteó al entonces alcalde de Medellín, Luis Alfredo Ramos, y al Procurador Regional, Iván Velásquez. Puede decirse que este fue el primer encuentro personal entre Velásquez y Uribe, de quien sí tenía, por supuesto, referencias personales. De hecho, el primo del senador, Mario Uribe, era un reconocido político, que tenía oficina en el mismo edificio en el que Iván Velásquez tuvo la suya en sus épocas de litigante, y la hermana de Mario era, y lo fue hasta hace pocos años, la odontóloga de su familia.
En la reunión se acordó buscar a María Victoria Henao, esposa de Escobar y hacerle saber que los congresistas antioqueños se ofrecían como garantes para una entrega. El encuentro se produjo el 22 de diciembre de 1992, en una semana en la que estallaron nueve carros bombas en Medellín, y fue facilitada por Álvaro Villegas Moreno, un político conservador, que era vecino de la mamá de Escobar. Pocas semanas después Uribe, Velásquez y Villegas obtuvieron respuesta: No.
Exactamente al año, Escobar cayó abatido a balazos en el techo de una casa en Medellín, y su muerte aún se la disputan la DEA, la Policía, los Pepes, los paramilitares, y hasta él mismo, porque su hijo dice en su libro Pablo Escobar: mi padre, que se suicidó.
Con la muerte de Escobar, según Ronderos, el más favorecido fue ‘Don Berna’ “porque lo catapultó de escolta de narcotraficante sin más justificación para su maldad que la ambición del dinero, a gran señor de la política contrainsurgente nacional”.
La justicia que pudo ser y no fue
Luego de un corto paso por el Consejo de Estado, al lado del magistrado Ricardo Hoyos, Velásquez fue nombrado como director de la Fiscalías en Antioquia.
Era una de las peores épocas para la justicia en Antioquia. Cuando Velásquez llegó, a finales del 1997, Álvaro Uribe Vélez estaba terminando su período como gobernador, y el paramilitarismo estaba en auge. La muerte de Escobar no había significado la calma, sino por el contrario la mutación del narcotráfico en un fenómeno de muchas caras, que era mafioso, contrainsurgente, y en todo caso, una máquina de muerte desatada por los campos. El gobierno, en otro error histórico, había autorizado en 1994 la creación cooperativas de seguridad en todo el país. Eran civiles armados, con facultades de autodefensa, supuestamente frente a los ataques de la guerrilla en zonas rurales profundas, que a la postre se convirtieron en ejércitos privados, al servicio de intereses oscuros.
Con las cooperativas de seguridad Convivir, se disparó el apoyo a los paramilitares en toda Antioquia. Esa maquinaria de guerra fue descubierta por la fiscalía regional cuando Velásquez estaba al frente de ella, a finales de los noventa. Foto: archivo Semana.
Uribe se convirtió en un entusiasta promotor de esas cooperativas, de la mano de su secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno, y según Iván Velásquez, y muchos otros de quienes vivieron ese momento, hizo oídos sordos a las denuncias que ya pululaban sobre el paramilitarismo que se estaba incubando a la sombra de esta figura extrañamente legalizada.
“Llegaba un alcalde y decía: nos preocupa el cobro de extorsión en tal lugar, y Uribe decía de inmediato: Pedro Juan, ayudémosles a crear una cooperativa de seguridad” cuenta Velásquez,que era un escena frecuente en los consejos de seguridad.
Las huestes criminales de Carlos Castaño, habían crecido al calor de estas cooperativas, y habían facilitado su expansión por todo el país. En Antioquia, los paramilitares de Castaño tenían una alianza de sangre con ‘Don Berna’, coronado en el mundo del crimen como el nuevo amo de Medellín.
La región estaba bañada en sangre. Y algunas de las instituciones, como la Fiscalía, infiltradas por los grupos armados. Por eso lo primero que hizo Velásquez fue llevar a su propio equipo de trabajo. Como coordinador al que fuera su maestro y director de tesis, J. Guillermo Escobar, y a Laureano Colmenares, quien era un curtido investigador. Se apoyó en otros muy buenos que había ya allí, como Gregorio Oviedo. Aquí puede decirse que Velásquez desplegó el atributo que más lo caracteriza: su talento para la investigación.
“A diferencia de otros, mi papá no oficia sino que investiga” dice su hijo, Víctor. “Observa, contrata, y escucha mucho. Va a la pepa”. Alveiro Yepes, quien era fiscal en Medellín en aquella época, describe a Velásquez como un hombre con una cabeza prodigiosa donde registra los datos. El talento para preguntar de Velásquez es muy particular. Neutro e incisivo. Suspicaz, sin ser extremadamente desconfiando. “Yo soy ingenuo” dice, muy a propósito de lo que ocurrió con ´Tasmania´. Pero en realidad, es alguien que ata cabos todo el tiempo.
Velásquez usa un método poco común en la investigación judicial en Colombia, y es ver los crímenes en su contexto, como un sistema de interconexiones, que le permiten estudiar estructuras y no solo culpables individuales. Su objetivo más que buscar cabezas, que es lo que la justicia suele hacer, es vislumbrar estructuras. Ese fue el estilo con el que empezó su trabajo en la Fiscalía, buscándole la pista a los paramilitares.
Uno de los miembros de ese grupo tuvo que ser operado en una pierna, por lo que estaba incapacitado en Medellín. En lugar de capturarlo de inmediato, la Fiscalía interceptó su teléfono, y el tipo, aburrido y sin nada que hacer, se dedicó a hablar con sus compinches sin parar. En una de esas conversaciones habló acerca de unos uniformes que venían en un camión. El CTI de inmediato, interceptó el camión, y halló no solo uniformes sino un papel con la dirección de un parqueadero al que debía llegar el carro y su cargamento. Se trataba del Parqueadero Padilla, un lugar de bajo perfil en el que sin embargo estaba la “madre” del paramilitarismo: la contabilidad de las AUC.
Cuando los investigadores llegaron, el administrador del lugar, alias ‘Lucas’ se estaba tragando lo que podía. Allí había cientos de documentos con aportes de empresas, ganaderos, personas prestantes, y otras no tanto. Aparecían por primera vez nombres como el de Sor Teresa Gómez, quien fuera la testaferro más importante de Carlos Castaño, y autora crímenes incluso hasta 2014, cuando finalmente fue capturada.
Desde el allanamiento al parqueadero Padilla se sabía que Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño y su principal testaferro, era el alma de la economía ilegal de las AUC. Pero solo se le capturo 15 años después. Foto: archivo Semana.
Aparecían empresas como Funpazcor, que fueron la fachada para la más grande operación de despojo a los campesinos por parte de paramilitares. Eran más de 300 personas y 40 empresas las que aparecían allí. Era además un momento en el que los paramilitares habían entendido que, aunque tenían poder militar, necesitan a los políticos.
Lo que ocurrió con la investigación del Parqueadero Padilla todavía es una espina clavada en el corazón de IvánVelásquez, y merece reportaje aparte. Solo baste con decir que el Fiscal General dio la orden de trasladar el caso para Bogotá, a la Unidad de Derechos Humanos, y allí poco se hizo con ella. Tres años después, en 2001, cuando el fiscal Gómez Méndez estaba a punto de salir se hicieron allanamientos en Córdoba, con la información obtenida en aquél parqueadero en abril de 1998.
Para entonces ya mucha sangre había corrido. Incluida la sangre de los investigadores del CTI que hicieron el allanamiento, quienes tenían al enemigo adentro. Uno de los miembros del CTI, al que nunca quisieron remover desde Bogotá, según Velásquez, era ‘Rogelio’ un hombre que llegó a ser la mano derecha de ‘Don Berna’, y jefe por un breve tiempo de la Oficina de Envigado, la estructura criminal más persistente que ha tenido Colombia.
Gómez Méndez alega que el expediente 34.986, como se numeró este proceso de 347 carpetas, murió en manos de su sucesor, Luis Camilo Osorio, pero Velásquez es enfático en desmentirlo. El caso, perjura, murió cuando fue llevado a Bogotá.
El caso del Parqueadero Padilla generó un riesgo monumental para todos en la Fiscalía. Por supuesto para Velásquez que era la cabeza de dicha investigación. Sin embargo, pocos meses después, cuando salió del cargo, la Fiscalía quiso quitarle el esquema de seguridad. Vino a ser un derecho de petición interpuesto por su esposa el que logró que le asignaran un carro, que en la primera salida se quedó sin frenos, y estuvo a punto de matarlo.
Sin mayores espavientos, Velásquez siguió trabajando en la rama judicial en Medellín, pero cuando tuvo la propuesta de trabajar en la Corte, como magistrado auxiliar, no lo pensó dos veces y adoptó esa posición en 2000, en el despacho del magistrado Pérez. El mismo que por una especie de ruleta que viraba esta vez a favor de la justicia, le tocó asumir la denuncia que escuetamente hizo Clara López. Y por otro capricho del destino, dentro del despacho de Pérez, la investigación le cayó al magistrado auxiliar Velásquez, posiblemente uno de los que más conocía como había sido la génesis del paramilitarismo.
En las entrañas de la para-política
¿Por dónde empezar una investigación cuya única pista es un recorte de prensa? Para ese momento, junio de 2006, el país ya se empezaba a hablar de para-política.
En febrero de 2005, una investigadora hasta ese momento desconocida, Claudia López, publicó un informe que se titulaba Los héroes que no se han desmovilizado, en el que mostraba las coincidencias entre las votaciones atípicas de las elecciones de 2002, a Congreso, y de 2003 a gobernaciones y alcaldías, y las zonas de control paramilitar. Mostraba cómo en lugares bajo hegemonía de las AUC, donde se habían cometido terribles masacres, algunos políticos habían concentrado más del 90% de los votos. Y su explicación es que la gente se había visto obligada a votar bajo la presión de las armas.
Ambas elecciones habían sido definitivas. Uribe ganó con mayoría absoluta, con un discurso de mano dura, y sus aliados dominaban en el país. Durante las elecciones hubo denuncias como las de Piedad Córdoba, que dijo que no la dejaron hacer campaña en Antioquia, pero ninguna autoridad se la tomó en serio.
Poco después, en mayo de ese mismo 2005, el senador Gustavo Petro hizo un debate en el Congreso sobre paramilitarismo, y se concentró en uno de sus colegas: Álvaro García Romero, sobre quien ya existían denuncias serias sobre vínculos con las AUC en Sucre.
Uno de los primeros para-políticos en ser investigados por Velásquez fue el senador sucreño Álvaro García Romero, quien terminó involucrado enla masacre de Macayepo, cometida en el año dos mil. Foto: archivo Semana.
En febrero de 2002, la revista Semana había publicado un artículo llamado Coincidencias macabras en las que se registraba la conversación del senador Álvaro García Romero, con un ganadero de Sucre. Hablaban en lenguaje cifrado, según lo demostró después la justicia, sobre una masacre de campesinos que se cometería en Macayepo, en la Alta Montaña del Carmen de Bolívar, en Montes de María. Estas grabaciones sustentaron el debate de Petro.
García era un influyente político que nunca hablaba en el Congreso, pero que maneja con un dedo la Comisión Quinta, del presupuesto. Su control sobre las instituciones de Sucre era absoluto, y para nadie sensato había pasado inadvertido que este era un departamento arrasado por los paramilitares, tanto en lo humano, con masacres, como en lo institucional, pues se habían robado literalmente la salud, la educación, y todo cuanto dinero público había. Quien aparecía como responsable de todo ello era un paramilitar llamado Rodrigo Peluffo Cadena, a quien sus propios compinches habían desaparecido y presumiblemente asesinado en 2004, cuando los jefes de las AUC estaban concentrados en Santa Fe Ralito, en negociaciones con el gobierno de Álvaro Uribe.
En la Corte reposaba alguna una denuncia sobre García en el despacho de otro magistrado. Por esos días, cuando Velásquez andaba cavilando sobre cómo arrancar su investigación, el magistrado Pérez recibió un proyecto de ponencia para resolver dicha investigación. Sin conocer el contenido, Pérez repartió el documento entre sus auxiliares, y por otra casualidad de la vida, le cayó a Iván Velásquez. Se trataba de una preclusión por falta de pruebas. Velásquez alertó a Pérez y este a su vez a la sala penal. No se podía dar por cerrado algo que, en realidad, no se había investigado. Entonces la Corte tomó la decisión de crear un grupo de todos los magistrados auxiliares que tenían estos casos, y trabajarlos conjuntamente. Velásquez de inmediato le dijo a su jefe, que necesitaban investigadores del CTI, ya que la Corte no tenía un órgano investigador. En una gestión breve, el fiscal Mario Iguarán aprobó los investigadores. La Corte estaba decidida a apoyar la investigación.
Velásquez cree hoy, con la perspectiva del tiempo, que los magistrados nunca pensaron que el proceso fuera a crecer tanto, y en un principio, se vio como un asunto, por allá, de Sucre, donde clanes y señores de la guerra han dominado la política.
Sin embargo, ya en el país había síntomas profundos de que lo que se venía era grave. En abril varios medios publicaron la indagatoria de Rafael García, jefe de sistemas del DAS quien le contó a la justicia que este organismo estaba al servicio del crimen organizado, y que el hombre de las AUC en allí era justamente su director, Jorge Noguera.
El DAS no era ninguna rueda suelta. Era ni más ni menos, que el organismo de inteligencia estratégica que dependía de la Presidencia de la República. En septiembre de ese mismo año, Semana reveló parte del contenido del llamado computador de ‘Jorge 40’, un portátil y varias USB que la Fiscalía le había encontrado a Édgar Antonio Fierro, un paramilitar que no se había desmovilizado y que era el “jefe político” de las AUC en la Costa.
Con todos estos indicios, Velásquez empezó su investigación, y por pistas que ya estaban consolidadas la comenzó por Sucre, contra García Romero, Eric Morris, y Jairo Merlano. En noviembre se produjeron las primeras capturas. Casualmente, en ese mismo mes la Fiscalía ordenó la captura de Noguera.
En diciembre de 2006 la Corte se da cuenta de que tenía en sus manos un proceso complejo y decide crear una unidad especial para la investigación y nombra a Iván Velásquez como cabeza de ese grupo, al que ya no estarán adscritos 2 sino 18 investigadores. Los magistrados le pusieron verdaderos dientes al proceso.
Sobre qué motivó a la Corte a seguir adelante con la investigación, hay coincidencia de que en parte porque los magistrados entendieron la magnitud del problema, y en parte porque al principio creyeron que ese era un asunto de un puñado de políticos de mala saña de tierra caliente. Algo que no afectaba las altas esferas del poder.
La Corte Suprema de Justicia creó una comisión especial para investigar la para-política, al frente de la cual estuvo Iván Velásquez. Foto: archivo Semana.
Iván Velásquez coincide con otros observadores en que el campanazo que tuvo el gobierno de Uribe sobre lo que se le venía encima, además del caso Noguera, fue cuando en febrero de 2007 la Corte detuvo a Álvaro Araújo y Mauricio Pimiento. Al primero especialmente, lo capturaron cuando paseaba por un centro comercial de la capital, en un gesto simbólico de que la justicia no se arredraría ante el poder político. Araújo además de pertenecer al más influyente clan político del Cesar, con fuertes lazos con la elite bogotana, era, ni más ni menos, que el hermano de María Consuelo Araújo, la canciller.
El gobierno de Álvaro Uribe empezaba a sentirse acorralado por los escándalos. En el primer semestre de ese 2007, renunció la canciller, y en la Casa de Nariño se empieza a crear la idea de que la Corte es adversaria del gobierno. Y Velásquez, un verdadero sirirí.
Ahora se sabe que desde 2006 el DAS, en cabeza de Andrés Peñate, tenía orden de hacer inteligencia sobre la Corte. Pero fue luego de la renuncia de Araújo que se ordena toda una operación de infiltración a través de una “Mata Hari”, que instala grabadoras en las oficinas y salas de deliberación privada de los magistrados.
Para la casa de Nariño, Iván Velásquez merecía capítulo aparte, justamente porque era el hombre que husmeaba en el pasado, buscando pruebas. Había tenido el acierto de diseñar la investigación por regiones, y no por individuos, buscando como operaban la estructura criminal y no uno de sus componentes. De Sucre, había pasado a Magdalena y Cesar y ahora se metía en un territorio harto conocido por él, tanto como por el Presidente: Antioquia.
La Fiscalía tenía desde el año 2000 a un testigo fiable, Jairo Castillo Peralta, exiliado en Canadá, y que había dado detalles sobre el accionar de los grupos paramilitares y sus cómplices. Entre ellos, estaba Mario Uribe, posiblemente el senador más influyente de ese momento, primo y mentor político de Álvaro Uribe Vélez.
Los jefes de las AUC ya se habían desmovilizado y estaban rindiendo versiones libres ante los fiscales de Justicia y Paz. Iván Velásquez fue a preguntarles por los congresistas que hacía parte de su movimiento, y allí de nuevo surgió el nombre del primo del presidente. Es así como la Corte le abrió investigación.
La investigación contra el entonces senador Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe fue el detonante para que se montara el complot contra Velásquez. Foto: archivo Semana.
Mario Uribe no era un congresista cualquiera, había sido a lo largo de años, el alter ego de su primo, su jefe político y el sustento de su campaña. Ahora su imagen estaba completamente en cuestión. Paramilitares habían señalado que tenía fluidas relaciones con las AUC, y se conocía de su relación con el ‘Tuso’ Sierra, un narcotraficante que intentó colarse como paramilitar pero no pudo. La relación era estrecha, desde tiempos de negocios de fincas en Andes, Antioquia. Ahora ‘El Tuso’ estaba preso, a las puertas de la extradición y Mario en la mira de la justicia por haber conseguido sus votos en alianza con las AUC. Su llamado a indagatoria se daba por descontado. Y de allí la acusación y la captura solo eran cuestión de días.
Así estaban las cosas cuando Iván Velásquez se encontró, el 10 de septiembre de 2007, con ‘Tasmania’, en Medellín. El complot apenas comenzaba.
Entra el DAS en acción
La víspera de este encuentro, el abogado de ‘Tasmania’, Sergio González, estuvo reunido con el ‘Tuso’ Sierra, su otro defendido, en la cárcel. Sierra era un narcotraficante que esperó por más de dos años ser reconocido como paramilitar y que finalmente lo había logrado, pero tenía sobre su cuello la espada de Damocles de la extradición. Quería mostrarse como aliado del gobierno. Además, intentar salvar a su paisano, Mario Uribe. Por eso el complot contra Iván Velásquez se fraguó allí, en el patio uno de la cárcel de Itagüí.
El negocio que le ofrecían a ‘Tasmania’ era muy sencillo: le darían una casa para su mamá, el ‘Tuso’ le garantizaría la inclusión en Justicia y Paz, y un traslado al patio uno, donde solo había jefes paramilitares. Esto era crucial para ‘Tasmania’, pues en la cárcel tenía un enemigo acérrimo: ‘René’, el comandante del Bloque Suroeste de las AUC.
‘René’ no había asistido en 2005 a la desmovilización de sus hombres, según le dijo al Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, porque tenía miedo. En el 2003 había recibido un atentado que él atribuía a Ernesto Garcés Soto, un reconocido cafetero de la región, y al propio Uribe y su hermano, pues ‘René’ había asesinado al administrador de una finca de Garcés. El atentado se lo atribuía ‘René’ a ‘Tasmania’. Era una vieja “culebra” de esas que no dejan dormir en paz en la cárcel.
Luego, para lograr un traslado de patio, todo lo que debía hacer ‘Tasmania’ era mentir: escribir una carta en la que asegurara que Iván Velásquez le había ofrecido beneficios a cambio de enlodar al Presidente de la República. Para poder hacer este montaje fue que González se había demorado casi dos horas antes de llegar a la diligencia de ese 10 de septiembre, que para Velásquez había sido frustrante y de rutina.
El 11 de septiembre, un día después del viaje a Medellín, sonó el teléfono de Iván Velásquez. Era el presidente Álvaro Uribe. Lo primero que le preguntó era si aún estaba en la investigación de la para-política. “Sí”, respondió Velásquez, un poco intimidado por semejante llamada. Entonces Uribe le dijo que tenía rumores de que un tal ‘Tasmania’ lo quería involucrar con un supuesto atentado a René, el jefe paramilitar de una región donde Uribe y su familia han tenido fincas, y de donde además, son oriundos.
Velásquez, confiado, le dijo que él no tenía ninguna información al respecto, y que justamente el día anterior había estado con ‘Tasmania’. La llamada de Uribe le pareció insólita, pero no más.
Algunos desmovilizados de las AUC, como Antonio López (quinto de izquierda a derecha) participaron activamente en los múltiples intentos de desprestigio contra Velásquez. Foto: archivo Semana.
Pocos días después, un viejo conocido de Velásquez, quien es gran amigo de Mario Uribe, lo buscó. En tono muy amable le advirtió que esa investigación en la que estaba metido le podía traer muchos problemas de seguridad. Iván dijo que sí, que era consciente de eso.
Luego le sugirió que dejara la Corte, y que él estaba seguro de que Mario Uribe, y el propio Presidente le ayudarían a conseguir un cupo como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Iván respondió que eso no era posible. Él sencillamente nunca sería elegido por el Congreso para tal cargo, era un absurdo.
El amigo mutuo, le dijo que Mario quería charlar con él, que estaba dispuesto a tomarse un café, y que por cierto, andaba cerca, que solo era marcarle y vendría. Iván declinó la propuesta. Finalmente, el conocido le dijo que tuviera cuidado, que podían hacerle daño a su imagen.
En perspectiva, todos estos hechos pueden verse como un intento de ablandar a Velásquez, antes de echar a andar el gran complot. El 26 de septiembre, dos semanas después de la reunión con ‘Tasmania’, la Corte Suprema finalmente llamó a indagatoria a Mario Uribe.
Tres días después, el complot se puso en marcha, según se ha probado por parte de la justicia. El 29 de septiembre Bernardo Moreno, secretario de la presidencia, llamó a María del Pilar Hurtado, directora del DAS y le dijo que debía recoger una carta en Medellín. Ésta a su vez se reunió con Fernando Tabares, jefe de inteligencia y con Marta Leal, subdirectora de operaciones del DAS. Esta última resultó elegida para viajar y reunirse con Sergio González cerca del aeropuerto.
Según su versión ante la justicia, “subimos en su vehículo en compañía de su esposa, y nos dirigimos a un lugar que está a unos 15 minutos del aeropuerto donde nos sentamos a hablar del documento que me iba a entregar”.
Ese mismo día ‘Tasmania’ la había firmado, pero la redacción venía hecha por González. Dos días después, el primero de octubre, vuelve a Medellín por la carta original, pero esta vez quien se la entrega es el conductor de Mario Uribe.
En las versiones oficiales que dieron tanto los funcionarios de Presidencia como Hurtado, era que el dos de octubre la carta había llegado a la Casa de Nariño. Que el presidente la recibió y llamó al DAS para que investigara si lo que en ella se decía, era cierto.
En realidad lo que se pretendía era que toda la labor de “inteligencia” que había hecho el DAS para desprestigiar a Velásquez, se “blanqueara” ante otras instancias de la justicia. La carta no llegó a la Presidencia, sino que fue recogida por Marta Leal en Medellín.
Iván Velásquez tuvo noticia de esta reunión en Palacio y por eso el 4 de octubre pide una reunión con la sala penal de la Corte y les cuenta, que hay una orden judicial para interceptar sus teléfonos y vigilarlo. La Corte, de inmediato, eleva denuncia penal ante la Fiscalía y queja ante la Procuraduría.
El lunes 8 de octubre, el presidente Uribe dice públicamente que tiene una carta muy grave, en la que un paramilitar llamado ‘Tasmania’ asegura que Iván Velásquez le ofrecióprebendas para que dijera que Uribe había mandado matar a ‘René’, el jefe paramilitar del Suroeste. (Ver carta anexa).
La consecuencia inmediata es que se abrió un proceso contra Iván Velásquez, y que como nadie sabía entonces el cómo se había fraguado el complot, muchos le creyeron al Presidente, que estaba en la cresta de su popularidad, apenas un año después de haber sido reelegido.
Para entonces, ‘Tasmania’ había sido trasladado de patio y estaba junto a los jefes paramilitares, bajo la égida del ‘Tuso’ Sierra. Pocos días después, la periodista Vicky Dávila entrevistó a ‘Tasmania’ y éste en lugar de hablar, estaba leyendo sus respuestas, redactadas, según dijo tiempo después Sierra, por otro jefe paramilitar, ‘Ernesto Baéz’. Al tiempo, González, se había convertido en todo un personaje en la Cárcel de Itagüí, pues tenía línea directa, por intermedio del DAS y de familiares de Uribe, con la Casa de Nariño.
El ´Tuso´ Sierra era un narcotraficante colado en Justicia y Paz, y estuvo tras el montaje a Velásquez, al parecer, para ganar puntos con el gobierno y evitar que este lo extraditara. Foto: archivo Semana.
En noviembre de 2011 el ‘Tuso’ en una diligencia de la Fiscalía, realizada a través de una videoconferencia, salpicó en el episodio de ‘Tasmania’ a todos los jefes allí detenidos. Buscaban congraciarse con el gobierno y que este les diera a cambio ciertos beneficios que efectivamente lograron. Pidieron que al Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, lo bajaran de una fragata donde estaba aislado, en el mar, y lo lograron. Y ‘Don Berna’, que estaba en Cómbita, una fría y lúgubre cárcel de Boyacá, que lo trasladaran a La Modelo, en Bogotá, donde la detención era menos draconiana.
Epílogo con continuación
Pero El ‘Tuso’ Sierra fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 y no pudo cumplirle a ‘Tasmania’ la promesa de ser incluido en Justicia y Paz, y tampoco la plata para la casa. Al mes siguiente, ‘Tasmania’ se retractó, y le pidió perdón a Velásquez, y empezaron a revelarse piezas del complot, que hoy más o menos se ha esclarecido, aunque no se ha hecho justicia completamente.
En 2012, el Juzgado Quinto Penal de Conocimiento de Bogotá, condenó a González por calumnia, a una pena de 70 meses de prisión que luego fue ratificada por el Tribunal, que respaldó la sentencia de la juez quien determinó que González y sus compinches “lo que hicieron fue aprovecharse de unas circunstancias que se presentaron y que eran aptas para urdir en contra de los Magistrados auxiliares de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ese montaje”.
El costo de todo el complot fue que se creó un largo y duro enfrentamiento entre la Corte y Álvaro Uribe que desembocaría en una verdadera persecución a los magistrados, por la que fue condenada en 2015 la directora del DAS, y el secretario de la Casa de Nariño, Bernardo Moreno.
Los paramilitares tenían interés en desprestigiar a la Corte que se había convertido en el estorbo de un proyecto estratégico, dice Víctor Velásquez. El gobierno veía en ella un atentado a su gobernabilidad porque su coalición está más en La Picota que en el Congreso.
La Corte cerró filas entorno a Iván y a la investigación por la para-política, que condujo a abrirle procesos a más de cien políticos y más o menos al 35% de los congresistas elegidos en 2002 y 2006. Tal como lo había calculado Vicente Castaño.
María del Pilar Hurtado, como directora del DAS, estuvo al frente del montaje para desprestigiar a Velásquez. Hoy paga una condena de 14 años por haber ´chuzado´ a la Corte Suprema. Foto: archivo Semana.
Pero los montajes no pararon allí. Desde la Casa de Nariño, en 2008, se intentaron dos montajes más. El primero, a través de un líder del Magdalena Medio llamado Henry Anaya, que fue usado para ponerle una trampa a Velásquez y grabarlo. Quienes urdieron el montaje eran nada más y nada menos que el abogado de ‘Don Berna’, Diego Álvarez, y el hombre que se había convertido en el brazo derecho de ese jefe paramilitar, Severo Antonio López, alias ‘Job’. Tal como se lo contaron a la justicia, los mandos medios del DAS condenados por el complot contra la Corte, en 2008 en varias ocasiones ‘Job’ se entrevistó de manera clandestina en la Casa de Nariño, con ellos, para fraguar un nuevo montaje.
Un segundo intento lo hicieron desde Nueva York, cuando un ex suboficial del Ejército, y exparamilitar, exiliado después de haber denunciado a un coronel por falsos positivos, fue sobornado para decir, de nuevo, que Velásquez le había ofrecido prebendas para ensuciar a Uribe.
El proceso de para-política siguió a pesar de todo. Mario Uribe finalmente fue capturado y condenado a prisión por sus vínculos con los paramilitares.
El espionaje a la Corte fue sistemático por dos años, y de eso no escapó Velásquez. Toda su familia fue “chuzada”, su escolta infiltrada, y su vida, vigilada completamente por el DAS. Todos los intentos de desprestigiarlo, de encontrarle un “tropezón” fueron vanos, porque como dice un viejo investigador que trabajó con él en la Fiscalía de Medellín: “Él no se puede enlodar porque no ha reverenciado a ninguna forma de poder, nunca. Iván no se hizo para el miedo”.
No deja de ser paradójico que Iván Velásquez, el mismo hombre que investigó a los ‘paras’ desde Medellín, cuando este fenómeno cogía vuelo, le haya tocado investigar la máxima expresión de su consolidación, que fue su llegada al poder político.
Velásquez se convirtió prácticamente en un héroe para medio país, recibió homenajes y el respeto de mucha gente. Pero en la Corte muchos resintieron de su buena fama, y nunca lo eligieron como magistrado en pleno, aspiración que Velásquez nunca escondió. La notoriedad alcanzada por su labor, considerada heroica por medio país, y elogiada en todos los medios de comunicación y la comunidad internacional, generó también envidias y rencores entre sus colegas.
En septiembre de 2012 la Corte lo relevó de su cargo como coordinador de la para-política. Entonces, Velásquez renunció a la Corte. Se fue con la sensación de haber cumplido con el deber, y con el desafío que la historia le puso en frente.
Desde hace dos años, dirige la Comisión contra la Impunidad de Guatemala, como delegado del secretario general de la ONU. La mayoría de quienes fraguaron el complot en su contra, están en la cárcel. Pero no todos.
