Cinco expertas internacionales, que fungieron como juezas, estudiaron siete casos de violencia sexual en el conflicto y emitieron un fallo simbólico para que no queden impunes.
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Según las expertas internacionales, lamentablemente las pruebas aún recaen sobre la víctima. Foto archivo Semana –Acusan a Hernán Giraldo de violar a 19 niñas -Violadas por los ‘paras’ y ahora amenazadas –Las calvas de Puerto Gaitán – Batallas de hombres en cuerpos de mujeres – ¿Por qué usan la violencia sexual como arma de guerra? – Arma de muchas guerras en el mundo – Violencia sexual según la Corte – Mujeres: víctimas con derecho a la verdad, justicia y reparación – Graves casos de abuso sexual del Bloque Norte – Entre el poder político y el abuso sexual en San Onofre
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Cinco expertas internacionales en violencia contra la mujer sentenciaron que la justicia colombiana ha sido incapaz de procesar los delitos sexuales que cometen los grupos armados ilegales en medio del conflicto armado y que estos quedan en la impunidad.
Este veredicto surgió de un Tribunal Simbólico compuesto por una chilena, una estadounidense, dos españolas, y una guatemalteca, que “condenaron” “la negligencia y tolerancia” con la que ha actuado la Justicia colombiana frente a este crimen.
El fallo simbólico de siete páginas hizo varias recomendaciones, entre ellas, reparar de forma integral a las víctimas, promover mecanismos eficaces de acceso a la justicia y crear una Comisión de la Verdad que reconstruya la memoria histórica de los delitos sexuales ocurridos en el país (Lea el fallo simbólico aquí).
El pronunciamiento fue entregado a las autoridades “como una forma para combatir la impunidad”, reiteraron las diferentes organizaciones de derechos humanos que convocaron a este tribunal, que el 26 de septiembre de 2011 estudió siete casos de violencia sexual que todavía siguen archivados en la justicia ordinaria.
Con anticipación, las expertas internacionales tuvieron acceso a los archivos de los casos y se entrevistaron con las víctimas. Durante la audiencia simbólica, los casos fueron presentados y revisados también por otras abogadas que dieron sus conceptos sobre las obligaciones internacionales del Estado.
“El Tribunal es simbólico pero la justicia en Colombia tiene que ser real”, dijo Julissa Mantilla, abogada de ONU Mujer, quien advirtió que si no se falla sobre estos casos “la impunidad envía un mensaje a los perpetradores de que sigan cometiendo estos delitos”.
Según datos de la Unidad de Justicia y Paz, actualizados a julio de 2011, de los 29.879 crímenes confesados por los ex paramilitares en versiones libres, solo 55 corresponden a violencia sexual. Otros datos de la Fiscalía señalan que en Colombia hay denunciados 13.466 casos de desaparición de mujeres, siendo Antioquia, Valle y Cundinamarca los departamentos más críticos.
Sin embargo, hasta la fecha solo 133 cuerpos de mujeres han sido recuperados en fosas, principalmente en Antioquia, Putumayo y Magdalena.
Aunque desde 2005 en el país existe la Ley de Justicia y Paz, que obliga a los paramilitares desmovilizados a contar los crímenes cometidos, “muy pocos han confesado haber cometido crímenes de género”, dijo Cecilia Barraza, una vocera de la Corporación Humanas, una organización no gubernamental que documenta los crímenes cometidos por grupos armados ilegales y agentes del Estado en contra de mujeres.
Hasta el momento, dijo Barraza, quienes han reconocido algunos hechos son Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, ex jefe del Bloque Norte; Salvatore Mancuso, ex jefe del Bloque Catatumbo; Hernán Giraldo alias ‘El Viejo’, ex jefe del Frente Resistencia Tayrona del Bloque Norte, y Hébert Veloza alias ‘H.H.’, jefe del Bloque Bananero y del Bloque Calima.
La tragedia archivada
En la mayoría de los casos presentados, las víctimas, pese a haber sido amenazadas, denunciaron los hechos ante las autoridades pero la justicia archivó sus procesos. Las ignoró, les pidió pruebas y en los casos más dramáticos las acusó de ser las culpables de lo ocurrido (Vea el video con sus testimonios).
El primero de los casos conocidos en este tribunal, reconstruyó la tragedia de una madre del municipio de La Dorada, Putumayo, que perdió a cuatro de sus hijas que fueron abusadas sexualmente por paramilitares del Bloque Sur Putumayo de las Auc.
Según lo contó en la audiencia simbólica, su tragedia ocurrió el 1 de enero de 2001 cuando un grupo de paramilitares la obligaron a ella y a su familia a salir de su casa. “Me quitaron a mis hijas y me las mataron. Las autoridades no me ayudaron. (Los paramilitares) me amenazaron y después de diez años fui yo misma quien encontré los cuerpos en una fosa”, dijo la mujer.
El segundo caso agrupó tres historias de violaciones a mujeres en diferentes barrios y veredas de Antioquia.
En uno de ellos una sobreviviente narró cómo paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de las Auc entraron a su vivienda, la secuestraron y agredieron sexualmente. Cuando la víctima fue a denunciar el delito, un policía le dijo: “Eso le pasa a las mujeres por estar en la calle”. Ante la zozobra la mujer huyó del barrio y hoy se encuentra desplazada.
El tercer caso documentó la forma cómo una población de mujeres indígenas del norte del Cauca fue sistemáticamente violada por guerrilleros de las Farc.
Según lo contado por varias víctimas, en 2010, un grupo de ellas denunció que las Farc las agredió sexualmente y luego asesinó a una integrante del cabildo por haberle vendido minutos de celular a miembros del Ejército.
“Las indígenas, afrodescendientes, campesinas y desplazadas somos las más vulnerables”, dijo una de las líderes ante el Tribunal.
El cuarto caso se refirió a la barbarie ocurrida en la rivera del río Cacarica, en Chocó, en donde una comunidad afrodescendiente fue desterrada por paramilitares del Bloque Bananero de las Auc. Según contó una líder en la audiencia simbólica, los ‘paras’ agredieron sexualmente a varias mujeres para sembrar el terror y quedarse con sus tierras, unas de las más fértiles del país por estar ubicadas en el Urabá colombiano.
Otros casos se refirieron a los crímenes cometidos por el Bloque Central Bolívar-Sur Bolívar en el Magdalena Medio. Dos mujeres narraron cómo los paramilitares en Barrancabermeja, Santander, y Santa Rosa, sur de Bolívar, las esclavizaron sexualmente.
“El Estado no es solo responsable cuando es victimario sino también por falta de acción, prevención y judicialización de los casos de violencia sexual”, dijo la abogada Julissa Mantilla.
En su fallo simbólico, las juezas internacionales concluyeron que en Colombia existe una práctica sistemática de violencia sexual, “que se ha utilizado como un arma de guerra por todos los grupos armados (fuerza pública, grupos paramilitares y guerrillas) con el propósito de obtener réditos en el desarrollo de las hostilidades”. Los crímenes incluyen violación, desnudez forzada, anticoncepción forzada, esclavitud sexual y embarazo forzado, delitos relacionados a su vez con otros crímenes como homicidio, desaparición forzada, secuestro y tortura.
