Magistrados en Antioquia fallaron a favor de once parceleros que fueron despojados por paramilitares de la Casa Castaño. Entre los beneficiados están los hijos de la vocera de reclamantes de tierras asesinada en enero de 2007.
Yolanda Izquierdo, la tarea que le costó la vida rindió frutos: sus hijos recibirán la parcela de cuatro hectáreas en Montería que los hermanos Castaño les quitaron a finales de la década del noventa y por la que tanto reclamó antes de morir.
Siete años después del asesinato de la líder reclamante de tierrasLa decisión la tomó la Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia en días pasados. En ella, también ordenaron la restitución de sus terruños a otras diez familias víctimas del despojo paramilitar ocurrido en la capital cordobesa.
Además, los magistrados le solicitaron a la Unidad de Víctimas que incluyeran en sus bases de datos a todas las familias que fueron cobijadas con este fallo; también le pidieron a las Fuerzas Militares garantizarles protección, así como a la Alcaldía de Montería y a la Unidad Especialidad de Reparación vincularlas a programas especiales para población desplazada. A la Fiscalía, la Procuraduría y la Comisión de Seguimiento y Monitoreo les ordenó tomar las medidas necesarias para que las familias puedan permanecer en sus predios.
Uno de los magistrados emitió un salvamento de voto, es decir, firmó el fallo aclarando que no estaba de acuerdo que el Tribunal le negara la restitución a un parcelero que declaró no haber sido amenazado o presionado para vender su parcela. Al respecto, consideró que esa declaración no era un argumento para rechazarle el derecho a recuperar la tierra. “A pesar de las expresiones del solicitante que niega el que haya sido sometido a violencia en forma directa, no indica que en forma indirecta no lo haya sufrido”, se lee en el salvamento de voto.
La parcela restituida a la familia de Izquierdo y a los otros diez parceleros hace parte de la antigua hacienda Santa Paula, una hacienda de 1.118 hectáreas que está a tan solo 17 kilómetros de la zona urbana de Montería. Éste y otros predios, como Cedro Cocido, también en Montería, y las haciendas Las Tangas, Jaragüay, Santa Mónica y Roma, en Valencia, suman unas 10 mil hectáreas que los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, fundadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba (Accu) y promotores de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), despojaron a sus dueños originales y luego las repartieron entre unos 2 mil 500 campesinos como parte de una supuesta ‘reforma agraria’ que más tarde reversaron con violencia. (Ver: Primera demanda sobre tierras despojadas por los Castaño)
A los ojos de las autoridades, esa ‘reforma’ no era más que una estrategia de los Castaño para ocultar las tierras que ya venían despojando desde los años ochenta con violencia. (Ver: Los Castaño donaron tierra usurpada y luego usurparon la tierra donada y El fraude de los Castaño para despojar)
Para entregarles las tierras a miles de campesinos pobres, los Castaño crearon la Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcor), la misma que años después utilizaron para amenazar a los campesinos y arrebatarles las fincas “porque los de arriba, los patrones, las necesitaban”, dijo una víctima durante su declaración ante el Tribunal de Antioquia.
Otro de los parceleros que compareció ante los jueces aseveró que “los hechos ocurrieron en el año 2000. No recuerdo el día ni el mes exactamente. Ese día a mí me mandaron a buscar para decirme que necesitaban esas tierras. Nos mandaron a buscar con una persona que pertenecía a Funpazcor”.
Este fallo de restitución resulta emblemático porque reconoce la propiedad del predio a los herederos de la líder que visibilizó el despojo de los Castaño en Córdoba y cuya muerte es considerada la primera en el país dentro de los procesos de reclamación de tierras, que en los últimos años ha dejado una larga estela de muertos.
Izquierdo fue asesinada el 31 de enero de 2007 cuando se encontraba junto a su esposo y sus hijos en una humilde casa en el barrio Mi Ranchito, sobre la margen izquierda del río Sinú. Esta mujer se había convertido en vocera de los campesinos que reclamaban las parcelas que Funpazcor les entregó bajo la figura de ‘donación’ en 1991 y que luego les arrebató entre 1999 y 2003, obligándolos a venderlas por un millón de pesos, precio irrisorio para el valor comercial de estas parcelas, que oscilan entre cuatro y cinco hectáreas. (Ver: Los pecados terrenales de Sor Teresa Gómez Álvarez)
La líder había recibido varias amenazas por representar a los campesinos reclamantes de Montería y Valencia. Ese día unos sicarios llegaron hasta su casa y le dispararon, dejando gravemente herido a su esposo. Días después los rumores comenzaron a atribuirle ese crimen a Sor Teresa Gómez, directora de Funpazcor, esposa de Manuel Gil, hermano medio de los jefes paramilitares Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil.
El 17 de enero de 2011 el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca condenó a 40 años de prisión a Gómez por el asesinato de Izquierdo, así como por la tentativa de homicidio contra el esposo de la líder, y también por concierto para delinquir en razón de haber hecho parte de la estructura paramilitar de los Castaño. Esta mujer estuvo prófuga de la justicia hasta octubre de 2013 cuando fue capturada mientras ocultaba su identidad en el Valle del Cauca.
Desde hace dos años los jueces especializados en restitución de tierras han fallado en favor de varios campesinos despojados por los Castaño en Córdoba, donde comenzó su proyecto armado y desde donde se extendió a buena parte del país.
VerdadAbierta.com viajó a la zona en abril de 2014 y para entonces encontró que 60 familias ya habían retornado y estaban comenzando a levantar las parcelas de cero (Ver: Los retoños en la Santa Paula, Córdoba).
Según datos de la Unidad de Restitución de Tierras, desde 2012 a la fecha 144 familias campesinas reclamantes de la Santa Paula han sido restituidas. Varias sentencias han ordenado la devolución de las fincas a otros 66 parceleros de la antigua hacienda Cedro Cocido, en Montería, y a 76 más en otros predios que fueron también despojados por los Castaño en el municipio de Valencia.