En entrevista con VerdadAbierta.com, la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos explica los retos y las posibilidades del acuerdo al que llegaron el gobierno nacional y las Farc para desvincular a los menores de 15 años de edad del grupo alzado en armas.
Paula Gaviria, Consejera Presidencial de Derechos Humanos. Foto: archivo Semana.El mensaje es claro: se debe aprender de los errores del pasado para ofrecerle un mejor futuro a los niños, niñas y jóvenes que se van a desvincular de la guerrilla de las Farc bajo los acuerdos alcanzados en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y ese grupo insurgente.
Así lo ratificó Paula Gaviria, Consejera de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, quien ocupa ese cargo desde el pasado mes de abril. Su experiencia en estos temas no es poca, desde 2012 estuvo al frente de la naciente Unidad de Víctimas, que busca resarcir el daño que sufrieron millones de personas a causa del conflicto armado y también trabajó en la Defensoría del Pueblo.
El pasado 15 de mayo los representantes de las delegaciones del gobierno nacional y de la guerrilla anunciaron en La Habana el acuerdo “sobre la salida de los menores de 15 años de los campamentos de las FARC-EP y un compromiso con la elaboración de una hoja de ruta para la salida de todos los demás menores de edad y un programa integral especial para su atención”. (Vea el acuerdo)
En la primera vez que se adquiere un compromiso de esa magnitud en el país. En el pasado, cuando se logró un acuerdo para la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), el tema de los menores de edad vinculados a esa organización paramilitar no fue tenido en cuenta y se les dio un tratamiento, en el que primó la falta de atención estatal. (Leer más en: Desvinculación de niños combatientes: errores para no repetir)
Inicialmente VerdadAbierta.com quiso hablar con Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que ha desarrollado desde 1999 unos lineamientos para la atención de menores desvinculados de los grupos armados ilegales, pero desde la oficina de prensa de la entidad se indicó que, por orden de Presidencia, quien se debía referir al tema era la Consejera de Derechos Humanos.
En funciones de su cargo, Gaviria integra la mesa técnica en la que tienen asiento cinco organizaciones que deben elaborar la hoja de ruta que permitirá la atención de los menores de 15 años que salgan de las Farc.
En la conversación con la funcionaria, se abordaron temas como las enseñanzas que deja el pasado, el papel del ICBF en el seguimiento a los acuerdos y las alternativas que adelantan las comunidades étnicas para atender a quienes abandonan la guerra y vuelven a sus familias.
VerdadAbierta.com (VA): Uno de los errores más graves en el proceso de desmovilización de las Auc fue la atención a los menores de edad. En el caso de las Farc, ¿cómo se asegura que, bajo el acuerdo con ese grupo alzado en armas, sí queden registrados y sean atendidos adecuadamente tras dejar las armas?
Paula Gaviria (PG): Los más importante es haber logrado el acuerdo de desvinculación de los menores antes de que se firme el acuerdo final, porque precisamente uno de los errores del pasado es que no se acordó y no se generó el mecanismo para atender a los niños, ni se preparó a la institucionalidad para eso. En su momento los paramilitares les dijeron a los niños que se devolvieran a sus casas. Después se inició una estrategia desde la Agencia Colombia de Reintegración en la que pudieron solamente encontrar unos 300, pero se creía que eran tres mil los que estaban en la fila de los paramilitares.
Tratando de prevenir ese tipo de situaciones, de que no se vayan sin generarles la protección y la reparación a que tienen derecho los niños, es que se acuerda lo que se anunció el pasado 15 de mayo: que las Farc va a dar la información sobre los menores de 15 años que tienen en sus filas, esa es la parte más inmediata y urgente. En segundo lugar se acuerda que ellos van a tomar las medidas necesarias para garantizar la salida progresiva de todos los menores de edad y para ello vamos a construir una hoja de ruta.
VA: ¿Qué garantiza que no se cometan los errores que se cometieron con la desvinculación de los menores de edad que estaban en los grupos paramilitares?
PG: Es un compromiso. Por eso el equipo que va a acompañar el proceso está compuesto tanto por entidades del Estado y organismos internacionales. Por la institucionalidad están la Defensoría y la Consejería de Derechos Humanos, con otros invitados del Estado, en donde tendrá que jugar un rol importante el ICBF y las entidades territoriales. También están los organismos humanitarios como el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), que ya ha cumplidos roles en otros acuerdos del proceso de paz como el tema de las personas desaparecidas; Unicef que tiene la experticia en el tema de los niños y las niñas; y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), que tiene más de 20 años de experiencia en Colombia sobre el tema.
Además, están las organizaciones sociales que trabajan en los territorios. La idea es poder trabajar con una red amplia para que el enfoque que se quiere tener, que es comunitario y familiar, pueda llevarse a cabo. Está un mecanismo de acompañamiento y seguimiento al proceso, en donde va a estar muy pendiente la representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los Niños y los Conflictos.
VA: ¿Quién va a ser el principal responsable de la seguridad de los menores desvinculados y de su familia?
PG: El estado es el responsable de la seguridad de los niños una vez salgan de las Farc. Estamos definiendo eso, parte de lo que se tiene que acordar dentro de los protocolos es cuáles van a ser las entidades encargas. El acuerdo tiene un carácter humanitario y estos niños y niñas probablemente van a tener que estar acompañados de organismos humanitarios que les generen la tranquilidad necesaria para proceder con el restablecimiento de sus derechos.
Aquí hay una legislación de infancia y de adolescencia que prevé unas respuestas admirativas que tendremos que dar. El Estado tiene una obligación frente a esa protección y lo que nos encarga el acuerdo es que seamos creativos en las posibilidades que tendremos que generar para que lo que hoy está establecido, cuando no funcione bien, tengamos las respuestas que requieren los niños. El compromiso es la garantía de sus derechos, y la primera garantías es la de seguridad.
VA: ¿Cómo se garantiza que los menores no vayan a ser enjuiciados más adelante?
PG: La primera condición y la que prima en todos los menores de 18 años, es que son víctimas. Eso se va a respetar en el acuerdo y hace parte de los principios orientadores del acuerdo. Hay algunas menciones frente al tratamiento legal, que es claro frente a los menores de 14 años. También hay unas alternativas frente a los mayores de 14 que no tengan delitos admnistiables; para los que sí tengan, se generará un mecanismo especial para ellos.
VA: Es decir, ¿en ningún momento podrán ser enjuiciados al cumplir la mayoría de edad?
PG: Eso es lo que se va a revisar, porque hay diferente jurisprudencia que dice que se puede llevar un proceso por Ley de Infancia y Adolescencia cuando cometieron delitos siendo menores de edad, pero si los cometieron siendo mayores tienen otros procedimientos. Eso es parte de lo que se tendrá que revisar en las discusiones de los próximos días para garantizar el mayor interés de los niños. Siempre, cuando son menores de 18 años, prima su condición de víctimas.
VA: ¿El acuerdo seguirá las rutas de desvinculación que tienen las comunidades étnicas? Por ejemplo, en Cauca, los indígenas Nasa tienen un programa enfocado en la “rearmonización” de quienes estuvieron en la guerra, y no en los procesos formales de reintegración.
PG: Sí. El acuerdo prevé en uno de sus principios enfoques de género, etario y étnico. Hemos visto que esosmodelos de reintegración que adelantan las comunidades indígenas y afrodescendientes, generan respuestas más restaurativas y comunitarias. Esas son el tipo de respuestas que se quieren favorecer en el acuerdo.
Inclusive, en la medida en que se pueda aprender de estas experiencias que han sido exitosas con grupos étnicos, se contemplarían para otro tipo de entornos. Claramente la cohesión y las maneras de entender la vida de las comunidades, son muy interesantes porque han funcionado y estamos revisando esas experiencias para ver qué podemos aprender de ellas y ponerlas al servicio de loque se acordó.
VA: Desde 1999 el ICBF tiene una ruta especializada para atender a los niños que se desvinculan del conflicto armado y ha atendido alrededor de seis mil. ¿Cuál es la novedad del protocolo que se propone?
PG: El acuerdo nos pone la tarea de proponerla a la Mesa en los próximos días un programa para la garantía y el restablecimiento de derechos de los niños. Lo que se quiere es mejorar todo lo que podamos lo que se ha hecho hasta el momento: tener una respuesta más rápida y definir las acciones que van a redundar en el mejor interés de los niños para garantizar la restitución de sus derechos.
El espíritu del acuerdo es aprender de las lecciones del pasado para repetir lo bueno y no lo malo. No hemos definido todavía el cómo, los componentes de ese programa estarán por proponerse a la Mesa. Queremos que en el marco del fin del conflicto armado, porque en el país se han hecho muchas cosas pero en medio del conflicto, tengamos respuestas diferentes y recoger el aprendizaje del pasado para hacer lo mejor para los niños y niñas que van a volver a la civilidad.
VA: Si el ICBF tiene amplia experiencia en el tema, ¿por qué no hace parte de la mesa técnica junto con la Defensoría y la Consejería? Cuando se anunció el acuerdo, llamó la atención que aparecen incluso organizaciones internacionales como Unicef y la OIM, pero no se nombra al ICBF.
PG: En principio, el acuerdo no menciona entidades. En todo lo que se ha ido acordando desde 2012, la tendencia es que no se nombran entidades. En este caso fue una decisión de la Mesa para facilitar las respuestas, por lo rápido que quieren que sea la propuesta. Están la Defensoría y la Consejería, más como facilitadores, porque la respuesta la tiene que dar el Estado. No podemos dejar que la respuesta la dé alguien que no sea el Estado colombiano. Esa fue la razón. En el acuerdo dice claramente que están invitadas otras entidades del Estado y que se tendrá en cuenta la voz del ICBF.
VA: ¿Hay riesgo de que la cooperación internacional termine asumiendo un papel que es exclusivamente responsabilidad del Estado?
PG: No. Precisamente está previsto que estén la Defensoría del Pueblo y Consejería del Gobierno, para garantizar que la respuesta la dé el Estado. Se busca el acompañamiento de Unicef y la OIM por si hay alcances que tal vez el Estado no tiene. Pero sobre todo, dado el carácter humanitario, rápido y en el marco de generación de confianza, podamos dar una respuesta integral en beneficio de los niños.
VA: ¿Cómo iniciará la estrategia de desvinculación?
PG: Depende de la información que nos entreguen las Farc. El Estado viene preparándose en los últimos años para este momento, pero todo depende de la información que se entregue y por eso todo está por definirse.
VA: ‘Iván Márquez’ dijo que en las Farc hay 21 menores de 15 años. ¿Eso quiere decir que en las filas de las Farc sólo hay esa cantidad de menores o que se iniciará la desvinculación con una fase piloto de 21 niños?
PG: El Estado no sabe el número de niños y de niñas que hay en la guerrilla. Hay datos que se extraen sobre tendencias de acuerdo a los niños que han entrado al programa del ICBF, pero la información cierta sólo la tienen las Farc. Eso hace parte de sus compromisos: entregar la información primero de los menoresde 15 y después del resto. Esperamos que las Farc honren sus compromisos y nosotros también, para generar las garantías y la confianza necesarias para que se pueda proceder con la entrega de todos los niños que están en sus filas.
VA: Pero queda la duda sobre si esos 21 niños son parte de una prueba inicial o si son la totalidad que hay en las Farc.
PG: No sabemos. El compromiso de ellos es el desvincular a todos los niños.
VA: El acuerdo habla sobre los menores de 15 años, ¿pero qué va a pasar con los que están en la franja previa a la mayoría de edad?
PG: El acuerdo es todos. Uno de los puntos dice que las Farc se comprometen a identificar a todos los menores de 18 años, y el gobierno y las Farc a proceder con la hoja de ruta para la entrega y salida de todos los menores de edad. Esa es la expectativa, pero vamos a empezar con una primera fase, si se quiere, de los menores de 15. Pero la idea es que sean todos, y si en esta fase entregan a menores de 18, estamos listos para eso.
