El dinero para las víctimas de este pueblo de Bolívar sigue embolatado. Mientras que las instituciones no saben a quién responsabilizar, la población está perdiendo la fe en el proceso de reparación.
El dinero para las víctimas de este pueblo de Bolívar sigue embolatado. Mientras que las instituciones no saben a quién responsabilizar, la población está perdiendo la fe en el proceso de reparación.
Dos meses después del homenaje a las víctimas de la masacre de Mampuján en el que altos funcionarios del gobierno se comprometieron públicamente a cumplir con la reparación, lo único que han recibido las 1.444 víctimas son negativas de las instituciones y avisos de que no hay plata para hacer efectiva la reparación que fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia el 27 de abril de 2011 al Fondo de Reparación. Ver Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. La noche del 10 de marzo de 2000, los paramilitares del Bloque de los Héroes de los Montes de María comandados por Úber Enrique Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’ y Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’ entraron a la vereda las Brisas del corregimiento de San Cayetano que colinda con Mampuján y asesinaron a 12 campesinos señalandolos como auxiliadores de la guerrilla. Luego de la masacre, los paramilitares amenazaron a toda la población obligando a 180 familias de Mampuján y de las Brisas a desplazarse huyendo del terror paramilitar. La sentencia de la Corte que ordenó el pago de 32 mil millones de pesos a las víctimas de estois hechos, pero el Fondo de Reparación adscrito al Departamento para la Prosperidad Social ha dicho en repetidas ocasiones que no tiene los recursos suficientes y que solo con un respaldo del presupuesto nacional puede hacerse posible la reparación. Esta afirmación generó un conflicto de responsabilidades entre el Fondo y el Ministerio de Hacienda, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado mediante un concepto que reafirma la obligación absoluta del Fondo y exime al Ministerio de Hacienda del pago al no tener el Estado ninguna implicación en los hechos de Mampuján, ya que según la Justicia este crimen fue cometido exclusivamente por paramilitares. Vea conceto del Consejo de Estado Según Iris Marín del Fondo de Reparación, los bienes que fueron entregados por los paramilitares que cometieron los crímenes, Úber Enrique Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’ y Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’ están avaluados en 500 millones de pesos, es decir que apenas alcanzan a cubrir un 1,5% del monto total a pagar. Frente a la negativa del Ministerio de Hacienda de cubrir el 98,5% restante, las víctimas ahora se preguntan de dónde va a salir la plata para la reparación. “El día 18 de enero se dio una fecha para iniciar el proceso de reparación individual, cambiaron la fecha sin notificarnos. Nunca nos explicaron los motivos de este incumplimiento y luego el 12 de marzo, día del homenaje, los funcionarios del Fondo de Reparación establecieron como nueva fecha limite al 30 de abril. Ahora con sorpresa recibimos el comunicado del Ministerio de Hacienda que dice que no se puede hacer desembolso porque no hay dinero para destinar a las víctimas” afirmó, Julián Avendaño*, miembro de la comunidad afectada. El caso de Mampuján es la prueba de fuego para la ley de víctimas al ser el único caso dentro de Justicia y Paz que ha llegado a sentencia de reparación. Por esta razón, para los magistrados del Tribunal de Bogotá que condenaron a Edwar Cobos Tellez y Uber Enrique Banquez Martínez del Bloque Héroes de los Motes de María, es preocupante que se estén presentando tantas trabas en el proceso. Por esta razón,apenas una semana antes de que el Consejo de Estado emitiera su fallo en el conflicto entre el Fondo y el Ministerio, Uldi Teresa Jiménez, magistrada encargada del caso, pidió mediante un auto acelerar el proceso a todas las instituciones responsables so pena de ser investigados disciplinariamente de no cumplir con los compromisos. Luego de que el Ministerio de Hacienda se negara a cubrir los cerca de 30 mil millones que quedarían pendientes de la reparación, Bruce Mac Master, director del Departamento para la Prosperidad Social solicitó al Consejo de Estado resolver este conflicto de responsabilidades que pone en duda la viabilidad de la reparación. Para los representantes del Fondo de Reparación, si se tiene en cuenta que existen 3.245 procesos en Justicia y Paz con un potencial de 358.426 víctimas y que el Fondo tiene hasta la fecha 103.400 millones de pesos para reparar a todas las víctimas, se hace indispensable el respaldo del Presupuesto Nacional, ya que de lo contrario será imposible continuar con los procesos de reparación futuros. El concepto del Consejo de Estado de fecha 24 de abril de 2012, respondió a la consulta del Director del Departamento para la Prosperidad Social asegurando que el Ministerio de Hacienda en representación del Estado no debe asumir el excedente del monto de la reparación al no tener ningún tipo de responsabilidad ni en la masacre de 13 campesinos ni en el desplazamiento de 180 familias de Mampuján. “No se puede poner en pie de igualdad al Estado con los criminales de Mampuján, por consiguiente no corresponde a la nación colombiana asumir la responsabilidad patrimonial de esta sentencia de reparación”, dijo la sentencia. Igualmente el concepto ratifica lo contenido en la ley de Justicia y Paz y, la ley de víctimas según las cuales solo los victimarios directos y los bloque paramilitares a los que estos pertenecieron serán los responsables de asumir la carga económica de la reparación. En este caso en el que los bienes entregados por los condenados a Úber Enrique Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’ y Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’ no son suficientes, se deberá acudir a los bienes entregados por otros miembros del Bloque Héroes de los Montes de Maria para cumplir con la reparación. El problema para el Fondo radica en que de hecho no hay más bienes entregados por ex miembros este bloque. La pregunta es entonces, ¿de dónde va a salir el resto de la plata para la reparación de las víctimas de Mampuján? Víctimas amenazadas y abandonadas Desde enero de este año se han realizado dos audiencias de seguimiento a este proceso de reparación por parte de los magistrados encargados de Justicia y Paz, en las que las autoridades nacionales, departamentales y municipales responsables, se han limitado a pedir plazos y a dilatar el proceso. “Aunque en enero del presente año el mismo vicepresidente de la República entregó los títulos de las tierras a las víctimas, no hay una acompañamiento real, incluso se han generado varios conflictos dentro de la comunidad porque sienten que los están engañando”, aseguró a VerdadAbierta.com, Leonardo Vega representante de la Defensoría del Pueblo en el caso de Mampuján. En muchos casos las víctimas no han podido volver a sus tierras porque no tienen el dinero para comenzar proyectos productivos o han recibido amenazas. “Muchos de las victimas siguen exiliados y escondidos porque cuando han intentado regresar los amenazan de muerte, de estos hechos tienen conocimiento las autoridades pero no se han toman decisiones al respecto”, agregó Leonardo Vega, abogado de las víctimas. Según los representantes de las víctimas de la Defensoría del Pueblo, hay una falta de seriedad por parte de las autoridades que se comprometieron a ofrecer reparación y seguridad, compromisos que no han cumplido a cabalidad. Lo más preocupante para las 1.444 víctimas reconocidas en el caso de Mampuján, es que según el Consejo de Estado y los nuevos decretos que ha expedido el gobierno para resolver los problemas económicos de la reparación, los montos asignados por la vía judicial se disminuirán casi a la mitad. De acuerdo con los decretos, en estos casos en los que no existan los fondos suficientes para cumplir con lo ordenado judicialmente, el proceso se realizara por la vía administrativa, con la cual, los montos máximos de reparación para los casos de desplazamiento llegan a nueve millones de pesos y los de homicidio a 17 millones de pesos aproximadamente. Estas cifras no corresponden a lo ordenado por la Corte Suprema en la sentencia en que las víctimas de desplazamiento recibirían en teoría un pago de 17 millones como “mínimo vital”, mientras que los familiares de los 13 campesinos asesinatos contarían con una reparación de 40 millones de pesos. *Algunos nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las víctimas. |
