El Juzgado de Tierras de Villavicencio decidió compensar con nuevos predios a dos familias que salieron huyendo de este municipio metense tras la violencia de las Farc y las Auc.
El Juez de Tierras de Villavicencio falló las dos primeras sentencias sobre casas abandonadas por familias en Mapiripán, Meta, por la violencia perpetrada por la guerrilla y los paramilitares. Foto archivo Semana.
El desplazamiento causado por el conflicto armado durante los últimos veinte años no solo fue rural sino urbano. En el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, en Norte de Santander, o en la Comuna 13, en Medellín, Antioquia, decenas familias han denunciado que los paramilitares los despojaron de sus viviendas. En la cabecera municipal de Mapiripán la historia no fue distinta, así lo estableció un Juez de Restitución de Tierras de Villavicencio, quien acaba de reconocer cómo guerrilleros y paramilitares forzaron el abandono de varias casas en este pueblo del sur del Meta (Lea: La barbarie del despojo urbano en La Gabarra y La sinsalida del despojo urbano en Medellín).
Las sentencias fueron proferidas el 25 y 26 de mayo de 2015 y en ambas el juez Luis Carlos González Ortega ordenó al Fondo de Tierras de la Unidad de Restitución compensar a las familias reclamantes con dos nuevas casas: en uno de los casos, la vivienda despojada está en zona de riesgo de desastre ambiental; y en el segundo, la familia argumentó no querer retornar debido al daño psicológico ocasionado. Según la Unidad, en curso hay otras 32 demandas presentadas ante el Juzgado, la mayoría de ellas relacionadas con abandono de casas en este pueblo, azotado por la violencia entre mediados de la década de 1990 y 2010.
Los casos documentados en los fallos ponen en evidencia la magnitud del conflicto en la región. El Registro Único de Víctimas, de la Unidad de Víctimas tiene registradas 18 mil casos de personas que salieron desplazadas entre 1995 y 2008, cuando los frentes 39 y 44 de las Farc, así como grupos paramilitares del Bloque Centauros se disputaron este territorio, principalmente para controlar el negocio de la producción de cocaína.
En este periodo de desplazamiento las víctimas reportaron hasta 2008 el abandono de por lo menos 73 mil hectáreas ante el antiguo Registro Único de Predios Abandonados (Rupta), una base de datos que administraba el Ministerio Público y que en la actualidad está a cargo de la Unidad de Víctimas. Aunque la desmovilización paramilitar ocurrió en 2006, la violencia persistió durante los siguientes años con las bandas criminales. Las historias de las familias reclamantes muestran cómo fue esa sucesión de violencia en el municipio.
LasFarc arrecian 
Foto: archivo Semana.
Mapiripán es un pueblo incrustado en una espesa selva, al borde del río Guaviare, conectado con el vecino departamento que lleva el mismo nombre del río. En los años 50 estas tierras fueron colonizadas por campesinos venidos de otras regiones durante la violencia bipartidista, pero fueron algunos extranjeros, militares y ganaderos quienes lograron que en principio el Estado les titulara grandes extensiones de baldíos.
Como lo documentó VerdadAbierta.com en El macondo de Mapiripán entre los primeros fundadores del pueblo estuvieron los Kirby, una familia estadounidense que quedó maravillada con el paisaje colombiano pero que fue desplazada por las Farc después de que la guerrilla secuestró a Ricky Kirby en 1983. (Lea la historia aquí)
Las Farc tenían presencia en la zona desde finales de los 70, y controlaron los cultivos de marihuana y coca durante las siguientes dos décadas. Antes de que arreciara el conflicto, ganaderos y colonos le habían pedido al antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) que les titulara una parcela, pero como está registrado en resoluciones de 1988 y 1989, el Instituto les adjudicó a los primeros miles de hectáreas; mientras a los segundos un par de metros cuadrados en el casco urbano.
Este último fue el caso de la familia de Ramiro Cáceres y Patricia López*, quienes en 1980 vivían originalmente en una finca en un sector llamado La Reforma, pero que tuvieron que dejarla por las constantes inundaciones causadas por el río Guaviare. En 1982 se trasladaron a Mapiripán, donde Ramiro se dedicó a la administración de un restaurante y la cría de cerdos, mientras Patricia cuidaba sus dos niños y se dedicaba a las tareas del hogar. Con varios años de trabajo lograron reunir 140 mil pesos para comprarle un lote a Daniel Orozco*. Como el predio era de origen baldío, el 31 de mayo de 1989 el Incora le tituló los 92 metros cuadrados de este lote a la familia Cáceres López.
La familia vivió en Mapiripán hasta 1995 cuando no aguantaron más el asedio de las Farc y la amenaza de que les reclutarían a sus hijos mayores. Para entonces, la guerrilla citaba cada dos semanas a los pobladores a reuniones, a las cuales los Cáceres López se rehusaron a ir. Durante el juicio, la familia contó que antes de que llegaran a su casa a reclutar a sus hijos, decidió enviar un hijo al municipio de San Martín y otro a Puerto Lleras.
“El desplazamiento fue de muchas familias. La guerrilla le decía a la gente que se iba o se moría. Andaban como un ejército, se adueñaron del pueblo y amenazaban con llevarse a los muchachos”, relató Patricia. El 14 de septiembre de ese año con el miedo de una retaliación por enviar a sus hijos lejos, Ramiro, Patricia y cuatro niños se escondieron en un camión que transportaba gaseosa para salir de Mapiripán.
Ya desplazados, pasaron la primera noche en el caserío Guacamayas y al día siguiente llegaron a Puerto Lleras, donde recibieron apoyo de unos conocidos. Trabajaron como jornaleros durante varios años, pero la violencia los volvió a expulsar hacia otro municipio del Meta. En 1995, otras 80 familias, igual que los Cáceres López, se desplazaron de Mapiripán por las amenazas de la guerrilla.
En la demanda que presentó la Unidad ante el Juzgado, los investigadores señalaron que para 1996 Colombia era el primer productor de coca de la región andina y las Farc promovían marchas para evitar a toda costala erradicaciónde los cultivos de uso ilícito. Un año después, un grupo paramilitar enviado por los hermanos Carlos y Vicente Castaño desde la región del Urabá llegó a Mapiripán para arrebatarle el ‘negocio’ a la guerrilla. Fue cuando vino la siguiente ola de violencia.
Los paramilitares arrasan
Foto: archivo Semana.
La familia de Emilio Díaz y Sandra Aparicio* se salvó de presenciar la masacre que cometieron los paramilitares de Castaño entre el 15 y el 20 de julio de 1997, después de que un centenar de hombres provenientes de Necoclí y Apartadó, Antioquia, aterrizaron en dos aviones militares en San José del Guaviare, recorrieron el río Guaviare y por trochas llegaron por el nororiente hasta Mapiripán.
Ellos, al igual que la familia Cáceres López, vivían en el casco urbano del municipio en un lote de 492 metros cuadrados que en 1982 le habían comprado a un señor llamado Julio Méndez* y que el antiguo Incora terminó titulándoselos el 30 de diciembre de 1988. Los Díaz Aparicio vivieron de las ganancias que les dejaba una volqueta, la venta de gasolina y de cerveza al por mayor, y la siembra de maíz. En 1997, días antes de la masacre, un hijo enfermó y la familia decidió viajar a Bogotá para buscar atención médica especializada.
Ese mes de julio marcó la historia de Mapiripán, cuando los paramilitares en su recorrido torturaron y asesinaron a medio centenar de habitantes del municipio, una historia que se repitió durante el siguiente año, en 1998, con la masacre en la inspección de Puerto Alvira, a dos horas del casco urbano de Mapiripán. Emilio y Sandra le contaron al juez que intentaron regresar, pero amigos y conocidos les dijeron que el riesgo era alto y que la violencia no mermaba.
Prácticamente fueron desplazados porque por miedo no podían volver y todas sus pertenencias y medios de trabajo seguían en el pueblo. Ese año, en octubre de 1998, el gobierno de Andrés Pastrana creó la zona de distensión para llegar a un acuerdo de paz con las Farc, pero lo que vino durante los siguientes años fue una puja por el territorio entre la guerrilla y las Auc. “Entre 1999 y 2001 el municipio de Mapiripán soportó constantes combates entre las Farc, las Auc y el Ejército”, señala la sentencia en su aparte del contexto sobre la violencia.
Esa confrontación desplazó a 1.380 personas entre 1997 y 1998, pero Emilio y Sandra estaban cansados de sobrevivir en la capital colombiana y decidieron regresar en 1999 bajo riesgo. Resistieron el conflicto que siguió en aumento, pues en 2002 el narcotraficante Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’ le compró la ‘franquicia’ del Bloque Centauros a Vicente Castaño para convertirse en nuevo jefe. Buscando apropiarse del narcotráfico en la región, Arroyave desató una guerra además contra los paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare de ‘Martín Llanos’. Mientras en 2001 las personas desplazadas habían sido 670; en 2002 esta cifra ascendió a 4 mil.
El retorno de los Díaz Aparicio fue fallido porque en 2005 se desplazaron de nuevo. “Amenazaron a mi esposo. Le dijeron que se saliera del pueblo, que lo estaban buscando. Salimos con los hijos, dejamos la casita allá”, le dijo Patricia en su relato a la Unidad de Víctimas, y desde entonces buscaron apoyo de la familia que en Bogotá les dio techo durante el primer desplazamiento.
La situación en Mapiripán ese año continuó siendo crítica. Tras el asesinato de Arroyave en septiembre de 2004 a manos de un grupo de subalternos, los paramilitares del Bloque Centauros se dividieron en tres grupos. Uno de estos, el Bloque Guaviare a cargo de Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’,no se desmovilizó en 2005, rearmándose bajo el nombre de Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac).
El ‘negocio’ de la droga se lo siguió disputando esta banda junto con ‘los Paisas’, ‘los Macacos’ y los frentes 39 y 44 de las Farc. En 2011, el Erpac se entregó a las autoridades, pero mutaron dos disidencias: de un lado, el ‘bloque Libertadores de Vichada’, a cargo de Martín Farfán Díaz alias ‘Pivarjey’; y de otro, el ‘bloque Meta’, en cabeza de Rafael Patiño Escobar alias ‘Monstrico’. Según el contexto de la sentencia, aunque estas dos bandas se enfrentaron en 2012 y 2013, en 2014 pactaron un acuerdo.
En sus decisiones el Juez de Tierras de Villavicencio concluyó que Ramiro Cáceres y Patricia López, y Patricia López son víctimas del desplazamiento forzado, y ordenó que en lugar de recibir los predios reclamados deben ser compensados con dos de iguales características a los perdidos. En el primer caso porque el despacho reconoció que el lote también está sobre una zona de riesgo ambiental; y en el segundo, porque la familia expresó que siente miedo de retornar, pues las condiciones del lote son precarias y consideran que allí no hay garantías para sobrevivir.
Los fallos ordenan al Municipio y Concejo de Mapiripán exonerar a estas familias del pago de impuestos durante el período del desplazamiento, y a la Unidad de Víctimas garantizarles la reparación administrativa. Estas sentencias son sólo las primeras que develan el abandono de un pueblo a causa de la violencia, pero que también dan pie a futuros fallos sobre predios despojados a colonos también en el sector rural.
*Nombres cambiados para garantizar la seguridad de las familias
