La exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado deberá responder por seguimientos e interceptaciones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando esta investigaba los nexos de varios políticos con grupos paramilitares. Un recuento de los hechos y personajes de esta truculenta historia.
El país está en vilo por la entrega a la justicia de María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS. Ella es la persona que puede aclarar finalmente por qué durante el tiempo que estuvo al frente de esa institución, que depende directamente de la Presidencia de la República, se realizaron seguimientos constantes a magistrados e investigadores de la Corte Suprema de Justicia, se interceptaron sus teléfonos y en muchos casos hasta se fraguaron complots con exparamilitares para enlodar a sus miembros.
Este espionaje ilegal ocurrió entre 2005 y 2009, cuando estaban en su punto más alto las indagaciones y acciones judiciales contra políticos vinculados a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y que según el propio jefe paramilitar Salvatore Mancuso, llegaron a ser el 35% del Congreso. Durante ese período, Hurtado ocupó dos altos cargos en el DAS: el de subdirectora bajo la dirección de Andrés Peñate, entre marzo de 2006 y agosto de 2007; y luego como directora, cargo que ocupó hasta octubre de 2008, cuando renunció tras estallar el escándalo de los seguimientos y las interceptaciones, que también afectaron a periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Subalternos de Hurtado como Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León, Director General de Inteligencia y Subdirector de Contrainteligencia, respectivamente, ya fueron condenados a ocho años de prisión tras establecerse que “dirigieron, coordinaron y tuvieron conocimiento de actividades sistemáticas de inteligencia estatal por fuera del ámbito legal en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a quienes consideraban ‘blancos políticos’.” Ambos fueron encontrados culpables de concierto para delinquir, prevaricato por acción, abuso de autoridad y violación ilícita de comunicaciones.
Tanto Lagos como Tabares afirmaron en su defensa que recibían órdenes directas Hurtado. Por sus testimonios, entre otros, la Procuraduría General de la Nación le abrió pliego de cargos a Hurtado y la sancionó con 18 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos. A su vez, la Fiscalía le imputó concierto para delinquir, abuso de poder, falsedad en documento público, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones. Sin embargo, la gran pregunta que sigue sin respuesta es si ella recibía órdenes de su jefe directo, el Presidente.
Hurtado renunció a su cargo el 23 de octubre de 2008 y meses después salió subrepticiamente del país hacía Panamá, donde acudió a las autoridades para solicitar asilo político, el cual le fue concedido el 19 de noviembre de 2010 por el gobierno de Ricardo Martinelli, tras valorar que en Colombia era una perseguida política y no tenía garantías para enfrentarse a la justicia. No obstante, como el proceso penal siguió, el 18 de mayo de 2011, la Fiscalía le imputó cargos y solicitó medida de aseguramiento, la cual fue avalada por el Tribunal Superior de Bogotá seis días después. El año pasado Hurtado perdió su condición de asilada y una circular roja de Interpol producida la semana anterior motivó su entrega.
Nervios en Presidencia
Mario Uribe Escobar, expresidente del Congreso de la República condenado por parapolítica y primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Semana.com.
Desde cuando estalló el escándalo de la parapolítica, que involucró a Mario Uribe Escobar, primo del presidente Uribe, y a más de 100 políticos de su coalición, el DAS se concentró en desarrollar diversas estrategias para deslegitimar las labores investigativas de la Corte Suprema de Justicia y, de esa manera, afectar las acciones judiciales que se estaban tomando en ese proceso, conocido como el de la “parapolítica”.
Algunos exfuncionarios de la Casa de Nariño que han sido procesados por esos hechos alegaron que el objetivo de las investigaciones era establecer las relaciones del magistrado Yesid Ramírez Bastidas con un cuestionado personaje, Ascencio Reyes, quien financió un agasajo en Neiva entre el 9 y el 10 de junio de 2006 para celebrar el nombramiento de Ramírez como Presidente de la Corte. Sin embargo, la Fiscalía demostró que otros magistrados que no tenían nada que ver con ese episodio, como Cesar Julio Valencia Copete y el magistrado auxiliar Iván Velásquez, también estaban siendo espiados.
Las pesquisas ilegales incluyeron, según la Corte, consultas en bases de datos reservadas “relacionadas con transacciones cambiarias en efectivo, actos notariales, salud, compra y venta de vehículos y bienes, utilizando para ello la información disponible de la UIAF, adscrita al Ministerio de Hacienda”. A juicio del alto tribunal estas actividades “desbordaron los límites legales del convenio de cooperación existente entre el DAS y la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) del Ministerio de Hacienda para acceder a esta información reservada, pues no existían las autorizaciones legales pertinentes”.
El DAS también infiltró a Blanca Janeth Maldonado, empleada de los tintos que atendía a los magistrados durante sus sesiones conjuntas. Ésta grababa de manera clandestina las discusiones internas y luego le pasaba la información a Alba Luz Flórez, conocida como ‘Mata Hari’, funcionaria del DAS que tenía bajo su responsabilidad espiar a la Corte, particularmente a quienes se había definido como ‘blancos políticos’.
De acuerdo con este tribunal, esa infiltración tenía como objetivos “obtener información reservada y privilegiada de los magistrados, así como del desarrollo de sus actividades funcionales, entre las que se destacaron las sesiones o reuniones privadas de los funcionarios, datos personales de los mismos y copias de diligencias judiciales, es decir, se infiltró ilícitamente a la Corte Suprema de Justicia, máxime que se grabó el desarrollo de sesiones y reuniones formales de los magistrados para luego transliterar su contenido, previas orientaciones de búsqueda e información sobre temas relacionados con la reelección, la extradición y el Presidente de la República”.
Las ilegalidades del DAS que comprometen a Hurtado se extendieron a la consulta de las hojas de vida de los magistrados y a partir de sus datos personales, según la Corte, “sus perfiles ideológicos y tendencias políticas, conforme a lo ordenado en abril de 2008 por la Subdirección de Contrainteligencia de dicho Departamento”.
Caso “Tasmania”
Varios magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fueron víctimas de seguimientos ilegales por parte del DAS. Foto: Semana.com.
Mientras las estrategias de este organismo de seguridad avanzaban, los procesos contra los llamados parapolíticos también, y poco a poco se fueron estableciendo las redes de relaciones de los congresistas con las Auc. Ese cerco de la justicia llevó al DAS a radicalizar sus acciones de deslegitimación contra la Corte Suprema de Justicia, apelando, incluso, a la ayuda de paramilitares detenidos en cárceles colombianas.
Uno de los primeros hechos en ese sentido se conoció como el ‘caso Tasmania’. Se trató de una estratagema construida alrededor de José Orlando Moncada Zapata, conocido con el alias de ‘Tasmania’, quien integró un grupo paramilitar que operó en el suroeste antioqueño y permanecía detenido en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Itagüí, condenado por los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravado.
Inicialmente se conoció que alias ‘Tasmania’ envió una carta al presidente Álvaro Uribe Vélez, fechada el 11 de septiembre de 2007, en la que denunciaba que los magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, le habían ofrecido rebaja de penas, protección y reubicación a su familia a cambio de que incriminara al empresario cafetero Ernesto Garcés Soto con un atentado del que había sido víctima el excomandante paramilitar Aldides de Jesús Durango, alias ‘Rene’; y vinculara al entonces senador Mario Uribe con grupos paramilitares que tenían su área de influencia en el suroeste antioqueño.
Lo que se descubrió después es que la carta fue llevada escrita por el abogado Sergio González, cercano a la familia Uribe Vélez, y abogado de confianza de alias ‘Tasmania’, para que la firmara y radicarla luego en la Presidencia de la República. El exparamilitar luego se retractó y admitió que se prestó para realizar esas falsas acusaciones a instancias del narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’, confeso narcotraficante cercano a Mario Uribe Vélez. En todo el complot participó la funcionara del DAS, Marta Leal, quien fue la encargada, por delegación de Hurtado, de recibir la carta en Medellín y llevarla a Bogotá.
Finalmente, el abogado Sergio González fue acusado, procesado y condenado a cinco años de prisión por responsabilidad en estas estrategias de deslegitimación de la Corte Suprema de Justicia, que también comprometieron al DAS.
“La casa de Nari”
Tras los escándalos por el espionaje a políticos, magistrados y periodistas, el DAS fue clausurado por el presidente Juan Manuel Santos. Foto: Semana.com.
La segunda estrategia vinculó a hombres de confianza de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, entre ellos a su abogado Diego Álvarez y al exparamilitar y desmovilizado del Bloque Cacique Nutibara Antonio López, alias ‘Job’, quienes asistieron en abril de 2008 a la Casa de Nariño, a sostener reuniones con funcionarios de gobierno cercanos al presidente Uribe con el fin de informarlo de una supuesta conspiración de la Corte Suprema de Justicia contra el mandatario, para lo cual aportaron videos y audios grabados clandestinamente.
A los encuentros asistieron Edmundo del Castillo, asesor jurídico de la Presidencia; César Mauricio Velásquez, jefe de prensa; Juan José Chaux, embajador en ese momento en República Dominicana y, posteriormente condenado por nexos con las Auc en el Valle del Cauca; y Martha Leal, jefe de operaciones del DAS, quien estuvo en esa reunión por delegación de Hurtado.
La estrategia fue similar a la de alias ‘Tasmania’, apelar a exparamilitares detenidos con el fin de adelantar inteligencia en los centros de reclusión que permitiera deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia. Uno de los blancos fue Rafael García, exdirector de informática del DAS, un testigo estrella del alto tribunal que entregó información sobre el nivel de infiltración de las Auc en ese organismo de seguridad. Este complot fue revelado por la revista Semana y poco a poco se fue conociendo el tejido que se había construido alrededor del DAS y de varios funcionarios de gobierno para socavar la credibilidad del alto tribunal
Toda esta conspiración contra la justicia es la que finalmente podrá aclarar Hurtado.
El 8 de septiembre de 2017 la Corte Suprema de Justicia emitió otra condena contra Jorge Noguera y nuevamente le pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que investigue la eventual responsabilidad del expresidente Uribe.
Al respecto, Alirio Uribe, quien fue representante de víctimas en el primer juicio a Noguera, señaló que espera “que en esta oportunidad la Comisión de Acusaciones se tome en serio la responsabilidad de Uribe Vélez en las chuzadas. Hay muchas pruebas que lo vinculan directamente y que nosotros como defensores de derechos humanos denunciamos oportunamente”.
