Recuperar dos millones de hectáreas y restituirlas a los desplazados es el compromiso que se impuso el Gobierno, un objetivo que se advierte muy complejo. La primera tarea será develar quiénes concentran hoy las tierras despojadas por mafias y grupos ilegales. ¿Cómo lo hará?
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| El ministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo, y el del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, en el debate sobre tierras en el Congreso. Foto León Darío Peláez. Semana |
En su discurso de posesión, el presidente Juan Manuel Santos se comprometió con los campesinos del país a que ellos se convertirán en los verdaderos dueños de las tierras más productivas y los encargados de explotarlas.
Ese compromiso también incluyó la decisión de arrebatarles a los agentes de la violencia la tenencia de las mejores tierras y restituirlas a las familias de campesinos desplazados que, por culpa de fenómenos como el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo, se han visto obligadas a abandonar cerca de cinco millones de hectáreas en las recientes tres décadas.
En metas concretas, el reto del Gobierno durante los próximos cuatro años será el de recuperar, como mínimo, dos millones de hectáreas que fueron usurpadas por las mafias, tal como lo dijo el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.
Pero el objetivo se convierte en un auténtico reto para el Gobierno, por lo menos así se desprende tras el revelador debate que sobre tierras realizó la Cámara de Representantes la noche del miércoles y en el que congresistas del Partido Liberal y el Polo Democrático hicieron una radiografía del complejo problema que el Ejecutivo tiene entre las manos.
El propio Gobierno, a través del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, reconoció que en Colombia hay “una vergonzosa concentración de la propiedad rural en el país”, mientras que el ministro de Agricultura admitió que en Colombia la población desplazada “supera los tres millones”, siendo la primera vez que un funcionario no se refiere a la cifra de dos millones y medio que citó con insistencia el gobierno anterior.
La “sutil legalización”
En la plenaria de la Cámara de Representantes, los congresistas Iván Cepeda (Polo) y Guillermo Rivera (P. Liberal) demostraron que la concentración de tierras en Colombia es tan marcada, que tan sólo un 4 por ciento de los propietarios controla el 61 por ciento de las tierras de mejor calidad, derivada , en muchos casos, por el despojo de tierras que ocasionó la ofensiva paramilitar en las recientes dos décadas.
Mencionaron que 5,5 millones de hectáreas fueron abandonadas, invadidas o transferidas en “negocios espurios”, de las cuales fueron expulsadas 385.000 familias que hoy sufren en busca de recuperar lo perdido. De estas, 1,2 millones estaban cultivadas antes de ser despojadas.
El representante Iván Cepeda reveló que detrás de la legalización de tierras despojadas hay grandes empresarios que, incluso, “contaron con la ayuda del Estado” para adquirir esos predios.
Por eso, advirtió Cepeda, muchos de los predios que habían arrebatado los paramilitares desmovilizados no han sido devueltos, pues según sus investigaciones, la propiedad de dichos predios ha sido legalizada a través de mecanismos “sutiles”.
Cepeda mencionó casos para los que pidió urgente investigación de las autoridades. Por ejemplo señaló a hermanos del presidente de ECOPETROL, Javier Gutiérrez, de adquirir una finca que, según su conocimiento, “fue robada por hombres de ‘Jorge 40’”.
El congresista también pidió la no extradición del desmovilizado Éder Pedraza, alias ‘Ramón Mojana’, a quien Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, uno de los testigos estrella de la parapolítica, señaló de haber atendido las recomendaciones del ex senador Mario Uribe de “conseguir tierras baratas” en la región del bajo Cauca.
“Ocho años en deuda”
El representante Guillermo Rivera también hizo varias denuncias en la radiografía agraria que presentó en el parlamento, especialmente la forma como varios “testaferros de paramilitares” terminaron siendo beneficiados por las políticas de subsidio agrario impulsadas por el gobierno de Álvaro Uribe y su ministro agrícola Andrés Felipe Arias.
“La voluntad y rol del Gobierno del Presidente Uribe y en especial de su Ministro de Agricultura, distó mucho de iniciar un proceso de restitución. Incluso, las medidas de seguridad a las víctimas y las garantías para que estas pudieran reclamar sus terrenos, fueron enormemente limitadas”.
Rivera mencionó el caso de 10 palmicultores y refinadores de aceite de palma que contribuyeron con 29,5 millones en 2002, y 27 millones para el referendo y han recibido 8 mil millones en subsidios y 279 millones en créditos blandos.
Incluso reveló que el extraditado jefe paramilitar, alias ‘Macaco’, devolvió la finca ‘Las Margaritas’ en el Putumayo, junto con 160 millones de pesos que correspondían a una deuda por créditos blandos con el programa FINAGRO.
Por eso, el parlamentario le advirtió al gobierno de Juan Manuel Santos que su primer reto para consolidar el propósito de devolver dos millones de hectáreas a los campesinos desplazados será establecer quiénes ostentan hoy la propiedad de estos predios.
Además, dijo Rivera, se hace urgente un censo de “Tierras y predios”, tal como lo ordenó un Auto de la Corte Constitucional en el 2009, para así determinar “las cifras reales” con las que el gobierno debe contar para afrontar esta “herencia que le dejó el gobierno Uribe”, como el congresista calificó la restitución de tierras.
Las fórmulas
El gobierno admitió esa radiografía y consideró fórmulas para cumplir con su meta de la restitución de tierras, que serán incluidas en el conjunto de disposiciones que conforman el proyecto de Ley de Tierras, que será radicado en el Congreso.
Dicho proyecto, como explicó el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, tendrá como propósito el desarrollo de políticas que permitan “romper con la cadena de testaferrato” que se apoderó de los predios de campesinos desplazados.
Restrepo también explicó que la Ley de tierras que se propone tramitar será complementaria a la Ley de Víctimas. Y anunció que se reversarían “adjudicaciones espurias” realizadas por el Incoder.
Pero la principal herramienta con la que el Gobierno pretende meterle el diente al problema de la tierra será la creación de una “jurisdicción especial” para la extinción del dominio de bienes de grupos ilegales, los cuales serán restituidos a las víctimas del desplazamiento.
Y en ese contexto, según explicó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, una de las disposiciones novedosas será la de “invertir la prueba de la carga” para demostrar la propiedad de los predios.
Esto significa que no sería responsabilidad de las víctimas de desplazamiento sustentar ante las autoridades la pertenencia de sus tierras, sino que será el Estado el que asuma esa función.
¿Y cómo lo hará? Para que ese procedimiento sea expedito, Vargas Lleras explicó que se obligará a los empresarios a demostrarle a las autoridades que su tenencia y su derecho de dominio es legítimo.
El representante Guillermo Rivera, quien aplaudió esa medida, dijo que le dará mayor agilidad a los procesos judiciales de esa naturaleza, que podría tardar menos de dos años.
