En este municipio de Meta más de la mitad de la población se desplazó y sus líderes políticos de izquierda fueron asesinados o desaparecidos. Hoy hace memoria y trata de levantarse de las cenizas.
Después de la expulsión de más de la mitad de los habitantes de El Castillo, muchos ya han retornado. La población actual de este municipio es de 6.500 personas. Foto: Adriana Correa, del CNMH.
El pasado 10 de octubre más de cien personas se reunieron en el coliseo cubierto de El Castillo, Meta, para recibir el informe que durante año y medio los investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) realizaron sobre el éxodo en este pueblo ubicado entre las estribaciones de la cordillera Oriental y la serranía de la Macarena. Pasaría como un lanzamiento cualquiera a no ser porque esa mañana de sábado, por primera vez en décadas, se veían las caras vecinos de otra época. Campesinos que, por causa del conflicto armado, fueron desterrados lejos de sus hogares. Quienes iban recibiendo la copia del libro estaban dimensionando, quizá por primera vez, lo que había ocurrido con sus vidas. El título en la portada era una antesala: “Pueblos arrasados”.
Haga clic en la imagen para descargar el informe.Y es que durante años El Castillo experimentó un arrasamiento de diferentes expresiones de su vida: casas abandonadas y proyectos truncados. Pero no solo se trató del desplazamiento como se ha visto en tantos otros lugares de Colombia (y que nos ubica en la deshonrosa posición de ser el segundo país con más desplazados del mundo) sino de los daños colectivos en las poblaciones rurales, principalmente, y el exterminio político que, eneste caso, tuvo implicaciones nacionales.
Según información recopilada por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Meta fue uno de los departamentos donde ocurrieron más muertes y desapariciones de militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica, el partido político de izquierda. Ocurrieron 385 homicidios y desapariciones entre 1983 y1997.
Esa cifra ha marcado a varias generaciones que crecieron en un destierro obligado que se remonta a mediados del siglo pasado. “Para entender por qué elegimos al Castillo entre tantos otros pueblos arrasados en Colombia, hay que decir que este libro también es un homenaje a esas víctimas de las que casi nadie habla”, dijo Gonzalo Sánchez, director del CNMH, haciendo referencia a esas primeras personas que tuvieron que huir o que mataron por el solo hecho de pertenecer a un partido político.
¿Por qué el estigma?
19 de las 42 veredas que conforman El Castillo quedaron deshabitadas a causa del conflicto armado. Foto: Adriana Correa, del CNMH.
La estigmatización es una marca registrada de la región y una de las justificaciones utilizadas por todos los actores armados y los políticos para legitimar todo el daño en un pueblo que en su mejor época no superó los 13 mil habitantes (hoy son la mitad).
Hace parte de una subregión del Meta denominada el Alto Ariari compuesto por otros dos municipios, El Dorado y Lejanías. La colonización de estos estuvo fuertemente marcada por corrientes políticas. “Por ejemplo, el Partido Comunista ejerció bastante influencia en poblados como Medellín del Ariari –perteneciente al Castillo- y otros de la parte alta de la montaña” dijo Catalina Riveros, investigadora del Informe. Por eso el día del lanzamiento era raro ver a campesinos provenientes de veredas como El Jardín o Miravalle. Pocas veces bajan al casco urbano donde ha habido una influencia más marcada del Partido Liberal.
Dicha configuración “partidaria” marcó la vida de sus habitantes. Según el informe, debido al señalamiento de ser “un pueblo guerrillero”, entre 1984 y 2001, los grupos paramilitares fueron protagonistas en “la persecución, la violencia política y la guerra sucia que se inició en contra del Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica”. En la memoria de sus habitantes hay un listado enorme con nombres de líderes, simpatizantes y militantes asesinados o desaparecidos. Dichos grupos paramilitares estuvieron auspiciados, en parte, por esmeralderos de Boyacá y por narcotraficantes que llegaron allí a invertir sus ganancias, especialmente en El Dorado.
Esto despertó el temor colectivo de los campesinos que habitaban, principalmente, en las veredas, pues “antes de confrontar militarmente a la guerrilla, la estrategia de este grupo consistió en eliminar a los militantes y simpatizantes del PCC y a todo aquel que fuera considerado ‘base social’ de la guerrilla”, dice la investigación.
Entre los dos pueblos –El Castillo y el Dorado- ha existido una enemistad histórica que nació, justamente, con los sectarismos políticos en la época de la colonización. Sin embargo, en 1998 se propició un espacio para armonizar la vida entre los dos municipios. Se trató de una iniciativa de paz que se concretó por medio de la Asociación de municipios del Alto Ariari (AMA). Hoy en día, según algunos testimonios recogidos por los investigadores, el AMA es recordado como un mecanismo utilizado por el alcalde de El Dorado de la época, Euser Rondón (puente entre ‘los paras’ y los políticos del Meta), para beneficio de sus propios intereses: “Ellos ven la AMA como una estrategia política de la región(…) Porque luego de que hay un arrasamiento del Ariari, de todas esas comunidades, el asesinato de muchas personas y el desplazamiento de toda esa parte alta, entonces ya ahí es donde ellos dicen: ‘ya pacificamos el Ariari’. Pacificar el Ariari era asesinar a toda esa gente. Desaparecer a cuanta gente y casar del escenario político a la izquierda colombiana”.
El pasado 10 de octubre, el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo entrega del informe Pueblos arrasados a la población de El Castillo. Foto: Adriana Correa, del CNMH.
Mientras esto sucedía, las Farc, los otros protagonistas de la barbarie, se expandían y ejercían “un intenso control social de la población por medio de actos, como la asistencia obligatoria a reuniones, la imposición de multas, la obligación de votar por sus candidatos, la prohibición de relacionarse con la fuerza pública y la impartición de justicia por mano propia”. Sin contar con el reclutamiento forzado, los asesinatos y los continuos ataques al casco urbano.
Hay dos hechos violentos por parte de las Farc marcados en la memoria de los habitantes y que hacen parte del “arrasamiento”. Por un lado, en el año 2000, la guerrilla lanzó 22 cilindros con la intención de destruir la Estación de Policía de El Castillo. No dieron en el blanco –la Estación sigue intacta- pero el panorama del terreno parece una cicatriz de cemento (por iniciativa de la Gobernación del Meta y del CNMH allí se piensa construir un lugar dedicado a la memoria de las víctimas). Y, por otro lado, el 28 de enero de 2002, el Frente 26 de las Farc detonó una casa bomba en El Dorado que le generó la muerte a medio centenar de uniformados.
Paralelamente, el Bloque Centauros de las Auc, que dominaba en la zona, buscó refuerzos: “Por solicitud de algunos líderes de la región, entre ellos Euser Rondón y Arnulfo Velásquez, alias ‘Pereque’, tomaron la decisión de conformar un nuevo grupo paramilitar”, dice el informe. Pero para que esto se hiciera realidad, se debía contar con el visto bueno del que era considerado el dueño de la región del Alto Ariari, Víctor Carranza, quien tenía un grupo armado ilegal que prestaba seguridad a sus minas. Jesús Roldán Pérez, alias ‘Julián’, sería el encargado finalmente de darle forma al nuevo Frente Alto Ariari de las Autodefensas que, según el CNMH, llegó a tener un pie de fuerza cercano a los 300 hombres divididos en cuatro compañías. Su sede: El Dorado. Y para “arrasar” más cómodamente con todo lo que pareciera o fuera guerrilla, realizó alianzas con miembros de las Fuerzas Militares, en especial, la Brigada 7.
El balance del éxodo es mortal: 19 de las 42 veredas que conforman el territorio quedaron vacías. Fue la destrucción de los lazos comunitarios, de las organizaciones sociales y políticas, y la desconfianza como forma de vida, las que llevaron a los investigadores del CNMH a considerar el Castillo como un pueblo arrasado.
Ahora bien, son características que comparten con muchos otros municipios del país y que dan cuenta de una estrategia violenta que “no solo aniquila a las personas, sino que destruye su entorno material y simbólico, de manera que el territorio se vuelve inhabitable, lo que fuerza el éxodo de la población, en especial, en zonza de anclaje originario de la guerrilla”.
El libro menciona 233 pueblos que presentan situaciones similares a las del Castillo: Tabaco en La Guajira, Tinuisio en el sur de Bolívar, la Parcelación de El Prado en el Cesar, Montelíbano en Córdoba o Salaminita en Magdalena. Lugares donde, por ejemplo, la relación entre personas expulsadas y la pérdida de población en un periodo de tiempo determinado, representaba más del 50 por ciento.
Se comenzó por el Castillo, según manifestaron los investigadores del informe, porque las deudas históricas con la población del Meta son enormes. Aún hay muchos problemas por resolver frente al retorno de sus pobladores, por ejemplo. Es claro que las heridas aún no cicatrizan y tantos años de estigmatización no son fáciles de superar. Decir abiertamente que se milita en la Unión Patriótica o en el Partido Comunista es un atrevimiento que aún hoy puede salir caro. Sin embargo, hay esperanzas y deseos de cambio. Los aires de paz que llegan desde La Habana pueden materializarse en pueblos como este pero eso depende no solo de agilizar –por parte del Estado- las necesidades básicas insatisfechas de la población sino de dignificar a miles de víctimas que le están apostando a reconstruir sus vidas arrasadas. La memoria histórica es un primer paso.
