Una década después de la matanza en el Concejo de este municipio caqueteño, los ediles buscan reparación por el ataque de la guerrilla y la ineficiencia de la Fuerza Pública. VerdadAbierta.com reconstruye los hechos de lo que hoy es un crimen de connotación para la Fiscalía.
Cuatro de los 12 concejales electos en Puerto Rico para el periodo 2003 – 2007 fueron asesinados en la masacre de 2005. Foto: Archivo Diario del Caguán. Un miércoles de mayo de 2005 una camioneta de guerrilleros irrumpió en la sesión del Concejo municipal de Puerto Rico, en Caquetá. Desde antes de entrar al recinto, los insurgentes comenzaron a disparar con el arma que tenían instalada en el carro y cuando entraron, un guerrillero se bajó con su ametralladora. Los tiros en el Concejo duraron 15 minutos, mataron a cinco funcionarios e hirieron a dos.
“Antes la política en Caquetá era un tema de aventurados. Quienes emprendían esos proyectos valoraban poco la vida”, apuntó un antiguo miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en ese departamento, quien pidió la reserva de su nombre.
Y es que desde antes de que ocurriera la masacre, los concejales de Puerto Rico fueron perseguidos e hicieron parte de la espiral de violencia política del departamento. Esta se recrudeció a principios de los años 80. Los primeros muertos fueron de partidos de izquierda, específicamente de la UP, y desde entonces los concejales se convirtieron en un blanco principal. Uno de los primeros asesinados por grupos de extrema derecha, en 1981, fue Miguel Ángel Osorio, edil del Partido Comunista y presidente del Concejo de Puerto Rico.
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En retaliación, las Farc comenzaron a matar a políticos liberales y también a seguidores de la élite política de los Turbay en todo el departamento, como asegura Gustavo Cabrera, exalcalde de Puerto Rico a mediados de los 90 y actual miembro de la Academia de Historia de Caquetá.
La amenaza también era institucional. Sólo en Puerto Rico, entre 1997 y 1998, las instalaciones de la Fiscalía Seccional, los despachos judiciales, la estación de Policía y la Registraduría fueron destruidas casi por completo con múltiples bombas.
En pleno proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, las Farc asesinaron al congresista Diego Turbay, a su mamá y a siete personas más cuando iban a la posesión del alcalde de Puerto Rico, José Lizardo Rojas. Siete meses después, en agosto de 2001, mataron a José Lizardo y en enero de 2002 hicieron lo mismo con el alcalde encargado William Lozano, quien fue enviado por el gobernador Pablo Adriano Muñoz para reemplazar a Rojas.
Los ataques llegaron a su punto más crítico en 2002, tras el rompimiento de los diálogos de paz. Las Farc se enfilaron contra la institucionalidad a sangre y fuego para no perder en lo militar, y en Caquetá concentraron sus acciones en Puerto Rico y El Doncello, según el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia. Otras fuentes apuntan a que las Farc querían presionar por la vía militar las elecciones regionales de 2003 y debido a que en Puerto Rico no tenían personas capaces de incidir políticamente y sus intereses eran más económicos y militares, “reaccionaron con represalia ante diferencias políticas”, según el antiguo miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Concejales, alcaldes y hasta gobernadores de Caquetá fueron declarados abiertamente como objetivo militar. La amenaza era tal que en 2002 todo el Concejo de Puerto Rico sesionó desde Bogotá y al año siguiente ese municipio se convirtió en el símbolo de una campaña nacional para que los ediles pudieran administrar desde sus lugares de origen.
Al terminar el periodo de concejales de Puerto Rico en 2002, un edil había sido asesinado, otro se exilió en España y cuatro abandonaron el cargo. Después de las las elecciones regionales de 2003, las Farc dieron el ultimátum para los tres concejales reelegidos en Puerto Rico: Ausencio Olarte, Luz Stella Puertas y Willard Villegas. Además, la guerrilla les advirtió a los nuevos ediles que si no abandonaban el municipio también entrarían a la lista de muerte.
Este mapa describe cómo la columna móvil ‘Teófilo Forero’ llegó desde el Río Guayas hasta el Concejo. Foto: VerdadAbierta.com.Ante la inminencia de un ataque, trasladaron el Concejo, que sesionaba en un salón de la Alcaldía, a una casa alquilada ubicada a menos de una cuadra de la estación de Policía para aumentar la seguridad. En esa misma época el Batallón de Cazadores de la Brigada XII del Ejército se trasladó de San Vicente del Caguán a la cabecera municipal de Puerto Rico.
Además, los concejales tenían escoltas. Pero nada de esto impidió los atentados y las amenazas de la guerrilla.
A mediados de 2004, en la vereda las Iglesias, hombres identificados como miembros de las Farc dijeron que “si no le podían dar a los concejales, les darían a las familias a ver si así obedecían”, como registra la denuncia que hicieron los 12 concejales ante la Fiscalía el 24 de junio de ese año.
“Nos mandaban pasquines a nombre de las Farc, que nos fuéramos, que nos iban a matar. Nosotros nos hacíamos los duros para no irnos del pueblo hasta que en 2005 arreciaron las matanzas”, recuerda María Luisa Celis, dos veces concejal de Puerto Rico entre 2003 y 2011.
A principios de 2005, ella se salvó de ser asesinada porque se había tinturado el pelo. Dos sicarios armados y con pasamontañas frenaron su moto delante de ella y le preguntaron cuál era la casa María Luisa Celis, una “viejita canosa”. Ella aseguró que desconocía a la señora pues estaba recién mudada al barrio. Los desconocidos dieron vueltas unos minutos más mientras María Luisa se escondió.
A mediados de mayo presuntos guerrilleros atentaron contra el concejal Luis Enrique Fierro, quien sobrevivió, y luego unos hombres armados los buscaron en su casa pero él no estaba. En el hogar del edil Ferney Rosales explotaron dos granadas y en el del concejal Edilmer Castaño dejaron amenazas de muerte contra todos los funcionarios de Puerto Rico.
El Concejo en pleno buscaba salidas para evitar una tragedia. Además de la denuncia ante la Fiscalía, todos los concejales enviaron una carta al comandante de la Policía de Caquetá en abril de 2005 para pedir el relevo del mayor Mauricio Ortiz como encargado de la Policía en Puerto Rico puesto que otras estaciones del departamento había agredido física y verbalmente a varios ciudadanos y mostraba “negligencia frente a problemáticas de seguridad y orden público del casco urbano” e “intransigencia con los miembros de la corporación del Concejo frente a su seguridad”. Para entonces ya habían matado en ese mismo año a los concejales Myriam Martínez y Armando Zafra. Sin embargo, los ediles nunca fueron escuchados.
El 24 de mayo de 2005, un día antes de la masacre en el Concejo, por lo menos dos carros cargados de guerrilleros de las Farc se acercaron hasta el parque principal con el propósito de entrar a un evento en la escuela municipal donde estaban todos los concejales y el alcalde Jorge Calderón. “Como vieron que había tanta guardia de Ejército, no se metieron. Ese día alas 6:00 de la tarde, explotaron unas granadas en el parque para mostrar que tenían fuerza y el miércoles no nos la rebajaron. Ahí sí fue en serio”, relata Celis.
El Concejo citó para el 25 de mayo una sesión plena con el alcalde Calderón y varios de sus secretarios para hablar del Plan de Desarrollo, como aseguró César Cabrera, quien fue asesor externo de la autoridad municipal.
A las 2:40 p.m. Calderón todavía estaba en su despacho, los militares del Batallón Cazadores habían salido de la cabecera municipal a una operación en la vereda Alto Londres y 12 ediles empezaron la sesión en el Concejo junto con el secretario y una periodista que iba a grabar. A esa misma hora, una decena de guerrilleros de la columna móvil ‘Teófilo Forero’ del Bloque Sur desembarcaron desde el Río Guayas y se montaron en una camioneta Toyota Land Cruiser, recorrieron tres cuadras hasta el parque principal, pasaron al lado de la Policía, tumbaron una barricada, giraron en U y entraron el carro al Concejo con un arma instalada en la parte trasera.
A todo el frente del parque principal se ubica la antigua casa donde sesionaba el Concejo y donde ocurrió la masacre. Foto: VerdadAbierta.com.
Los concejales Wilmer Lizcano, Horacio Chocué y Julio Casas treparon un muro para salir de la edificación. “A Wilmer le dio por llevar el niño ese día. Cuando entró la guerrilla, Ausencio lo cogió y se lo pasó al papá por encima del muro. Fue cuando a Ausencio lo bajaron de un tiro y luego lo remataron”, narra Celis, quien veía lo que pasaba desde la alacena en la que se escondió. Ella asegura que Luz Stella Puertas, quien tenía 8 meses de embarazo, se untó de la sangre de sus compañeros y se tiró donde pudo para hacerse pasar por muerta.
La periodista Leibnitz Collazos, hermana del concejal Gerardo, se metió con su hermano discapacitado al baño y se acostó sobre él para protegerlo. De la ráfaga, ella recibió varios disparos y a Gerardo le entró un tiro en el pecho. Según Celis, el guerrillero que se bajó de la camioneta, entró hasta donde ellos estaban para propinarle un tiro de gracia.
El ataque duró 15 minutos. Los escoltas de los ediles no reaccionaron y la Policía, cuya estación era a 20 metros de distancia, llegó 5 minutos después de que las Farc se fueron. En la masacre murieron los concejales Gerardo Collazos, Willard Villegas, Ausencio Olarte y Silvio Mesa, y el secretario Germán Rodríguez Carabalí.
El presidente de la corporación, Luis Enrique Sierra, resultó gravemente herido, al igual que Jhon Ferney Rosales mientras que los concejales María Luisa Celis, Luz Stella Puertas, Wilmer Lizcano, Julio Casas, José Horacio Chocué y Edilmer Castaño resultaron ilesos.
Casi de inmediato, la ONU declaró que esta masacre “demostró un total desprecio de los integrantes de las Farc-Ep por los principios y normas adoptados por la comunidad internacional para impedir la degradación del conflicto y la victimización de personas que no toman parte directa de las hostilidades” y afirmó que era una violación del Derecho Internacional Humanitario.
En la misma semana, el Ejército, la Policía y la Sijin se reunieron en un consejo de seguridad con las autoridades locales. El capitán Giovanni Velásquez del Ejército propuso que como medida de seguridad todos los hombres utilizaran la camisa por dentro.
Por su parte, el alcalde Calderón manifestó que hubo fallas en la protección y le advirtió a la Fuerza Pública que si en el municipio no había seguridad, él se iba de Puerto Rico. Y es que desde que fue candidato las Farc lo amenazaron. A Calderón lo mataron en 2010 cuando ya había abandonado su cargo y era uno de los testigos de la muerte de los Turbay contra el exrepresentante a la Cámara Fernando Almario.
A raíz de la masacre, las autoridades impusieron toques de queda los viernes, sábados y domingos; trasladaron la Alcaldía para un lugar dentro de los cordones de seguridad y aceptaron el desplazamiento de los concejales sobrevivientes para que sesionaran desde Florencia. Luis Enrique Fierro y Julio Casas se exiliaron en Canadá. Este país ha recibido desde el 2000 a cerca de 200 personas de 20 familias diferentes de Puerto Rico, según las estimaciones de Gustavo Cabrera.
El mayor Ortiz estuvo en el Consejo de Seguridad pero en el acta no quedó registrada ninguna intervención suya. Un mes después, la Policía lo intercambió con el mayor Ricardo Alarcón, encargado de la seguridad en Florencia.
Perseguidos en la capital de Caquetá
La exconcejal María Luisa Celis revisa un archivo donde prensa en el que hablan de sus compañeros asesinados en la masacre. Foto: VerdadAbierta.com.Siete meses después de que la mayoría de los sobrevivientes llegaron a Florencia para ejercer sus cargos, los atentados se repitieron.
La Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios invitó a los concejales de todos los municipios de Caquetá, congresistas, funcionarios de la Gobernación y organizaciones civiles a una reunión el 25 de noviembre de 2005 en el hospital de Florencia para discutir la crisis del sistema de salud en todo el departamento.
Cuando los ediles de Puerto Rico ya estaban en el recinto, explotó una bomba que destruyó casi por completo el auditorio. Murió el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Cartagena del Chairá y 19 personas quedaron heridas.
María Luisa Celis fue una de ellas. La exconcejal pidió reparación en la Unidad de Víctimas por los dos ataques y demandó a la Fuerza Pública por la ineficiencia de seguridad durante la masacre. Sin embargo, aún no ha ganado el proceso judicial.
Otros de sus compañeros también demandaron y sólo quienes se exiliaron ganaron los procesos ante la justicia. En el caso de Julio Casas, en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Caquetá fue contundente: “La zona de seguridad sólo simbólicamente producía efectos de ser segura, porque al primer y único ataque que le hizo la guerrilla, mostró en su plenitud las falencias del plan de acción coordinado, la falta de inteligencia y de acciones preventivas para evidenciar y develar el ataque que se fraguaba, la falta de control en el barrio Puerto Limón como clave en el obrar de la subversión”.
Por esa razón, en 2014 condenó al Ministerio de Defensa, al Ejército y a la Policía a pagar 100 salarios mínimos al exconcejal pues “pese a que el hecho fue de un tercero (grupo subversivo de las Farc), el mismo obedeció a la omisión por parte de las fuerzas del orden”.
En cuanto a la responsabilidad de las Farc, entre 2009 y 2011 la Fiscalía capturó a 9 guerrilleros presuntamente responsables de la matanza y sus procesos continúan. Actualmente, la masacre de los concejales de Puerto Rico es uno de los crímenes de connotación que ha investigado la Fiscalía y que ha reseñado en sus informes sobre la guerrilla. Estos podrían utilizarse en la justicia transicional que se acordó en La Habana.
A pesar de que un año después de la masacre, los homicidios contra alcaldes y concejales se redujeron un 90% e incluso entre 2009 y 2012 no mataron a ningún edil en todo Caquetá, las Farc siguieron amenazando para presionar políticamente y contrarrestar la ofensiva de la Fuerza Pública, según el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia.
