Todo apunta a que acuerdos establecidos en 2013 entre estas dos organizaciones armadas, que redujeron los enfrentamientos y las muertes violentas, serompieron al finalizar 2015, generando una grave crisis humanitaria.
La muerte del exconcejal Wilson Hoyos se suma a una larga lista de hechos que vienen alterando el orden público en El Bagre desde finales de 2015. Foto: Juan Diego Restrepo E.A Wilson Hoyos lo recuerdan en Puerto Claver, corregimiento de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, como un hombre entregado en cuerpo y alma a su comunidad. No en vano ejerció como concejal durante cinco periodos consecutivos, convirtiéndose, además, en el abanderado de una causa que cada vez gana más adeptos: convertir este centro poblado, de poco más de 14 mil habitantes, en el municipio número 126 de Antioquia.
Por ello, su asesinato aumentó la zozobra y el miedo entre sus pobladores, que padecen las consecuencias de una aguda confrontación desde finales del año pasado entre el Frente 36 de las Farc y el Frente Compañero Tomás del Eln, cuya presencia es histórica en esta región, y las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc).
En medio de este fuego cruzado, que cada vez aumenta su intensidad, está quedando la población civil. La víctima más reciente que dejó esta confrontación fue precisamente el exconcejal Wilson Hoyos. Su muerte también generó el rechazo de todas las fuerzas vivas del Bajo Cauca antioqueño, entre otras razones por el nivel de sevicia de los sicarios que lo atacaron.
El pasado jueves 27 de abril, presuntos integrantes de las Agc, le propinaron dos impactos con arma de fuego al político liberal mientras este se movilizaba por las calles del corregimiento, dejándolo gravemente herido. De inmediato, un grupo de familiares llegó hasta el sitio del atentado, quienes al verlo aún con signos vitales decidieron remontar en lancha las aguas del río Nechí para llevarlo hasta el hospital Nuestra Señora del Carmen de El Bagre.
Sin embargo, pocos minutos después, la embarcación fue alcanzada por otra lancha que transportaba un grupo de hombres fuertemente armados, quienes remataron al exconcejal y obligaron a sus ocupantes a lanzarse al río. “Pese a que la lancha tenía los emblemas de la misión médica, estos integrantes del grupo armado la atacaron, lo que constituye una violación a los derechos humanos, un acto reprochable”, señaló José Ángel Cerpa, secretario de Gobierno de El Bagre.
Nadie en Puerto Claver, ni en El Bagre, encuentra razón alguna que explique el atentado contra el dirigente político. Lo que sí es cierto es que, desde entonces, varios líderes sociales y comunitarios temen por su vida en este rincón del Bajo Cauca antioqueño.
“Hay mucho temor, mucha zozobra entre la gente porque, ¡imagínese! Asesinar a un líder tan querido y reconocido. Este pueblo, a las 7 de la noche, ya es un pueblo fantasma. No pueden llegar personas extrañas, a menos que alguien del pueblo las reciba; uno la piensa para movilizarse, a no ser que sea muy necesario. La verdad, la situación está muy complicada”, le contó a VerdadAbierta.com un líder de la zona que pidió no revelar su identidad.
Hasta la propia administración municipal se ha visto afectada por esta compleja situación. “Nosotros estuvimos tanto en (corregimiento) Puerto López como en Puerto Claver durante las discusiones para construir el Plan de Desarrollo. Pero la verdad, se desarrolló en medio de dificultades. Es que la presencia del Estado allí es muy precaria”, sostuvo el secretario de Gobierno local.
Situación crítica
A mediados de enero del presente año, por lo menos unas 500 personas protagonizaron un éxodo masivo que se mantuvo por varias semanas. Foto: Juan Diego Restrepo E.Según consignó la Defensoría del Pueblo en su Informe de Riesgo No. 007-16 del 8 de marzo del presente año, la grave alteración del orden público obedecería al rompimiento de acuerdos logrados en 2013 entre las Farc y los ‘Gaitanistas’, donde cada una de las partes se comprometía a respetar los territorios de dominio de cada grupo armado, así como las rentas derivadas de este. Así, la guerrilla transitaba por las áreas rurales que limitan con el sur de Bolívar mientras que los miembros del grupo armado postdesmovilización continuaron con el control del casco urbano y sus veredas aledañas.
“Pero a finales del año 2015 este pacto se rompió, ambas organizaciones armadas ilegales reactivaron la disputa por el control territorial, vulnerando de manera grave los derechos humanos de la población del corregimiento de Puerto Claver y cometiendo infracciones al DIH”, consignó en su informe esa agencia del Ministerio Público.
Desde el rompimiento de esos acuerdos, se han registrado al menos cuatro fuertes combates entre ambas organizaciones. El primero de ellos se registró el 28 de noviembre del año pasado en el casco urbano de Puerto Claver, hecho que dejó cuatro personas muertas. El segundo se presentó en la segunda semana de diciembre de 2015 en el sitio conocido como Amarecí; pocas semanas después estas estructuras armadas se enfrentaron en las veredas La Llana, Muquí Alto y Santa Rosa.
El hecho más reciente se registró el pasado 11 de abril en inmediaciones del corregimiento Puerto López, también de El Bagre. Ese día, según informaciones de las autoridades, un numeroso grupo de hombres armados, que portaban brazaletes de las Farc y el Eln, descendieron por la Loma de La Puerca, hacia el Valle de Guamocó, en el sur de Bolívar, desde donde cruzaron hasta la zona del Bajo Cauca con el fin de atacar a los integrantes de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.
Pero las preocupaciones no paran aquí. El incremento de asesinatos selectivos, amenazas y desapariciones forzadas también tiene en máxima alerta a los organismos humanitarios. El 21 de septiembre de 2015 se registró el homicidio del sobrino y conductor del entonces candidato a la Alcaldía y actual alcalde de El Bagre, Ángel Meza. El 30 de noviembre de ese año fue asesinado un joven integrante de la Armada Nacional, que se encontraba de licencia donde su familia.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo consignó que en lo que va corrido de 2016 se han registrado cinco casos de desaparición forzada y posterior desmembramiento de cuerpos. “El caso que más atemorizó a la población civil fue el de Jair de Jesús Suarez, que el 9 de enero fue sustraído de su lugar de trabajo (en una finca), por un grupo de hombres al parecer pertenecientes a las Agc. Al parecer fue torturado y desmembrado”.
En otro caso ocurrido el 7 de enero, la víctima habría sido un adulto mayor de la vereda de El Coral; y algunas personas señalan que en el puente sobre el río Macerí, las Agc decapitaron a un hombre, “dejando la cabeza sobre el puente y lanzando el cuerpo al río”, reseñó la Defensoría en su informe de riesgo.
Pero sin duda el hecho más grave se registró a mediados del mes de enero, cuando unas 500 personas aproximadamente, de por lo menos cinco veredas de Puerto Claver, decidieron abandonar sus viviendas para desplazarse al casco urbano del pueblo, ante la amenaza constante de los enfrentamientos.
“Tenemos que a la fecha un buen número de familias que ha retornado a sus casas de manera voluntaria, aunque aún hay algunas familias, pocas en realidad, en el casco urbano”, señaló Ingrid Verónica Chamorro, personera de El Bagre, quien declaró que “aunque es cierto que los grupos armados se mueven en las zonas rurales y ahí están, en este momento hay normalidad en la región”.
¿Zona de concentración?
Actualmente, el municipio de El Bagre concentra un porcentaje importante de cultivos de hoja de coca, actividad que se cruza con la minería informal. Foto: Juan Diego Restrepo E.“Esa es una zona que limita con la Serranía de San Lucas, de una gran vocación minera y de una gran riqueza forestal”, respondió José Antonio Cerpa, secretario de Gobierno de El Bagre, al tratar de encontrar una explicación que justifique el interés de cada uno de estos grupos armados en controlar el corregimiento Puerto Claver.
En efecto, este corregimiento tiene una gran vocación de minería de oro de aluvión que data desde inicios del siglo XX. Sin embargo, en la última década también se ha convertido en despensa cocalera toda vez que allí se concentran buena parte de los cultivos de hoja que aún siguen presentes en el Bajo Cauca antioqueño.
De ahí que organizaciones defensoras de derechos humanos que realizan acompañamientos a las comunidades de esta subregión, como es el caso del Instituto Popular de Capacitación (IPC), manejan otras hipótesis adicionales con relación al interés de los actores armados por controlar este corregimiento.
“Se rumora con insistencia que esa zona, que limita con Guamocó y que prácticamente constituye la puerta de entrada al sur de Bolívar, está siendo solicitada por las Farc como zona de concentración de sus combatientes”, declaró Juan Esteban Jaramillo, integrante del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, quien además añadió: “diversas fuentes han manifestado además que el Eln viene reclutando gente en esa región con el fin de fortalecerse militarmente”.
De acuerdo con el investigador social, este rumor viene aparejado con otro quizás más preocupante: “también hacirculado insistentemente la versión que, dado que está próxima la dejación de armas de las Farc, ya hay guerrilleros farianos que se están pasando para el Eln y que, incluso, existen acuerdos para que sean los ‘elenos’ quienes brinden seguridad a los guerrilleros desmovilizados y los protejan frente a la amenaza de los gaitanistas”.
Ante todos estos hechos, El Bagre constituye un duro reto para las entidades estatales, que deben enfrentarse a una recomposición de los grupos armados ilegales en momentos que avanzan las negociaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc en La Habana. Atacar este fenómeno con eficacia mitigará los altos niveles de violencia que padece la población civil y, a futuro, blindaría el proceso de los alzados en armas, ofreciéndoles seguridad ante su eventual dejación de armas y reincorporación a la vida civil y política.
