Los civiles presentados como guerrilleros muertos en combate es una práctica “más o menos sistemática” en el Ejército colombiano, dijo Philip Alston, quien presentará un informe sobre estos casos a Naciones Unidas.
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| Philip Alston, relator de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales. Foto SEMANA. |
Philip Alston, el relator de Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias, hizo una presentación diplomática, pero directa en su informe parcial de la visita que hizo a Colombia desde el 8 al 18 de junio.
“No puedo descartar la posibilidad de que algunos falsos positivos fueran, de hecho, guerrilleros, pero aparte de las afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en ese sentido”, dijo Alston, en la rueda de prensa que ofreció antes de abandonar el país.
Sin embargo, algunos funcionarios insisten en que muchas de estas denuncias son falsas. Así lo reiteró el viceministro de Defensa Sergio Jaramillo al decir que “tenemos información de inteligencia nuestra y de organismos internacionales que dicen que las Farc les han pedido a las familias que cada muerto en combate debe ser presentado como falso positivo. Aquí hay muchos campos para la especulación y es la justicia la que debe definirlo. Pero que hay denuncias falsas, las hay”.
La visita de este relator consistió en recopilar información para redactar un extenso informe sobre las ejecuciones arbitrarias en Colombia que le entregará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU dentro de cinco meses. Su mayor preocupación eran las muertes de civiles por parte del Ejército que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, aunque también indagó por las ejecuciones cometidas por las guerrillas y los paramilitares.
Así murieron
Con base en lo investigado, dijo que “entre los ‘peligrosos guerilleros’ que fueron dados de baja hay adolescentes de 16 y 17 años, un hombre joven con una edad mental de 9 años, un padre de familia abnegado, cuyos cuñados están en servicio militar activo, y un joven soldado de licencia por vacaciones, que visitaba a su familia”.
Y, contrario a lo que suele ocurrir aquí en el país, él sí le dio crédito a pruebas que hablan de “víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada (cuando se dijo que habían muerto en combate), o calzando botas de campo cuatro tallas más grandes que su tamaño, o zurdos llevando una pistola en su mano derecha, u hombres con una única bala disparada en el cuello”. Para Alston, estos hechos “menoscaban aún más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en combate”.
La manera como han ocurrido algunas de estas muertes, de acuerdo con el relator, son por vía de un reclutador que engaña a las víctimas con falsos ofrecimientos y se los lleva a una localidad remota. Allá los recibe un grupo de soldados y los matan y luego manipulan el lugar para que pareciera que la muerte ocurrió en medio de un combate. “A menudo, se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano”, observa Alston. Y describe que las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes, “y los asesinos son premiados por los resultados perseguidos en la lucha contra la guerrilla”, anota. Así ocurrieron las sonadas ejecuciones de Soacha.
Ejecuciones “más o menos sistemáticas”
Después de conocer varios casos así, detectó dos problemas. El primero, es que la expresión ‘falsos positivos’ “brinda una especie de aura técnica para describir una práctica que se caracteriza mejor como un asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio”. Es decir, usar el término de ‘falsos positivos’ como que matiza la gravedad de estas muertes.
El segundo problema es que el caso de Soacha ocurrido en 2008 y que fue tan sonado y publicitado, da la sensación de que se trata de un asunto limitado a unos pocos casos, con ubicación y tiempo específico. Pero para el Relator, este caso es apenas “la punta del iceberg”.
“He entrevistado a sobrevivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello”, dijo. A menudo, los familiares que reclaman por estas acciones sonamenazados de muerte. “Esto forma un patrón común”, dijo.
Para responder a la pregunta de ¿quién es responsable de estas matanzas premeditadas?, Alston dijo que no tiene pruebas para decir que se trata de una política del gobierno, pero que decir que se trata de “unas cuantas pocas manzanas podridas”, como dice el gobierno, también es insostenible. “Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército”, comentó.
En la discusión sobre si se trata de una política del gobierno, le fue inevitable hablar de la Directiva 029 de 2005 emitida por el Ministerio de Defensa. Se trata de un documento secreto que reglamentó los estímulos y premios para los militares que presenten resultados en la lucha contra las guerrillas.
A este respecto, Alston vaciló un poco. Primero, dijo que le gustaría que le dijeran que esta directiva no está vigente hoy y que se han eliminado los incentivos para los militares, pero que no ha recibido información al respecto.
Sin embargo, como una de las acciones que ha tomado el gobierno para responder a estas muertes, Alston enumeró “la modificación de los criterios para los premios”.
Finalmente, opinó que “para mí es imposible manifestar con exactitud qué papel desempeñó el sistema de premios. Pero quedé con un sentimiento claro de que personas involucradas en las ejecuciones estaban incentivados por los premios, muchos de ellos por un monto bajo”.
El viceministro Jaramillo dijo a este respecto que el Ministerio de Defensa no tiene evidencias de que esta directiva haya incentivado las ejecuciones de civilespara presentarlos como guerrilleros muertos en combate. “No puedo decir que no haya un solo caso, pero no tengo evidencia de ello ni nos lo ha dicho la Fiscalía. Yo sé que para mucha gente es fácil decir que estas muertes están ocurriendo por las recompensas, que por supuesto que las estamos dando porque precisamente gracias a estas se dieron los resultados conocidos en los últimos meses, en los que nos ayudó la inteligencia humana”.
Y explicó que “el punto que hay que entender es que el sistema de recompensas tiene una arquitectura de controles. Cada acción tiene una revisión para poder hacerse el pago. Todo pago tiene que tener una revisión”.
Buena voluntad
Tal vez con base en esas explicaciones, el Relator dijo que “el Ejército ha hecho gala de buena voluntad. Esos problemas los tienen todos los gobiernos en el mundo. A hoy no he sentido aceptación de estos hechos por parte del Ejército. Lo lamentan y van a agilizar enjuiciamientos para superar la situación y seguir por el buen camino”.
También resaltó medidas que ha tomado el gobierno para hacerle frente a tan desastrosa situación. Las calificó como “importantes para responder a estos homicidios”. Entre ellas, resalta la cooperación que ha habido entre las Fuerzas Armadas y el Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU, la incorporación de asesores jurídicos en las operaciones militares, una mayor supervisión a los pagos a los informantes y la creación de una comisión de inspectores delegados a algunas divisiones del Ejército. Además, está dada la orden de que las bajas en combate primero deben ser investigadas por la policía judicial y la creación de una unidad especial en la Fiscalía.
“Estas medidas alentadoras demuestran el esfuerzo de buena fe que despliega el gobierno para hacer frente a los homicidios del pasado y para prevenir que sucedan en el futuro. Sin embargo, sigue habiendo una brecha preocupante entre las políticas y la práctica”, comentó el relator.
Se refirió puntualmente a las dificultades para llegar a un enjuiciamiento exitoso de los responsables, que se dan por tresrazones. Primero, porque la unidad de derechos humanos de la Fiscalía no tiene suficiente personal ni recursos. Segundo, porque algunos jueces militares han demorado los trámites para pasar los casos de la justicia militar a la ordinaria, que es la que debe juzgar estas ejecuciones. Esto lleva a la tercera razón, que es la tardanza para desarrollar las investigaciones y el consecuente peligro en que quedan los testimonios y las pruebas, pues pueden perderse.
Para el relator, gracias a las acciones del gobierno se han disminuido las denuncias por ejecuciones de civiles presentados como muertos en combate, pero dijo que no iba a celebrar plenamente porque necesita ver si aquella disminución está relacionada con el incremento de desapariciones. Es decir, que los militares estén dejando de presentar a civiles como muertos en combate y, en cambio, estén ocultando sus cuerpos. “Es importante ver qué pasa en los próximos días”, comentó.
Respecto a las ejecuciones realizadas por guerrilleros y paramilitares, dijo que siguen ocurriendo y calificó como grave que estén pasando.
Lea aquí el documento preliminar publicado por el relator
