Al igual que en varias regiones del país, un gran porcentaje de las víctimas en Ovejas reclama una tierra en la que ha vivido por décadas, pero que nunca ha sido formalmente suya. Aunque el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, entregó centenares de títulos a los campesinos en los ochenta y noventa, muchos siguen ocupando predios baldíos que pertenecen al Estado o incluso a particulares.
Según un estudio de la Unidad de Consolidación Territorial del gobierno, uno de cada tres campesinos en Ovejas vive en predios que considera suyos pero no tiene títulos. La Unidad encontró 1.453 ocupantes de terrenos que pertenecen a entidades del Estado y 835 considerados “poseedores”, es decir, personas que habitan en terrenos que pertenecen a terceros. (Ver gráfico)
El mismo informe reveló que de las 44.292 hectáreas del municipio, 12.739, un poco más de la cuarta parte de toda la superficie, pertenece al Incora o al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder, según las oficinas de Registro. (Ver gráfico)
Aunque el Incora fue liquidado en 2004, nunca se hizo el traspaso formal de varios títulos o bien a los adjudicatarios o al instituto que lo reemplazó, el Incoder.
Varios campesinos que viven en estas fincas recibieron los títulos del Incora pero nunca los registraron. En Colombia para certificar la propiedad de un predio se necesita un título, que en la práctica es una resolución de adjudicación emitida por el Estado o una escritura, pero además es estrictamente necesario registrar dicho título en una oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Así, las tierras que fueron entregadas a los campesinos y que no fueron registradas siguen perteneciendo al Incora.
Esta situación se complicó porque varios de esos campesinos vendieron la tierra que creyeron suya. En la actualidad los compradores insisten en que son los verdaderos dueños, aunque legalmente los terrenos aún pertenecen al Estado, con el agravante de que en muchas de las fincas hubo desplazamiento y ahora son solicitadas en restitución por víctimas de la violencia que en algún momento vivieron en los predios. (Ver Todos reclaman Vilut y los Amigos)
No ajeno a presiones políticas, el Incora fue sospechosamente ineficaz a la hora de llevar un inventario de los predios que tenía y en muchos casos, funcionarios regionales cometieron irregularidades en las adjudicaciones de las fincas. Según le contó un funcionario regional del Incoder a VerdadAbierta.com “Aunque algunos campesinos no fueron diligentes a la hora de registrar la propiedad, también hubo casos en los que el Incora se demoró mucho para entregar los documentos. La gente se cansó de insistir y luego no los reclamaron. También se han denunciado casos en los que funcionarios del viejo instituto le pidieron dinero a los labriegos por los títulos y como muchos no tenían, se quedaron con los papeles”, contó el funcionario.
Según Fabio Camargo, director de la Unidad de Tierras en Sucre, aunque la restitución de predios a las víctimas se vuelve más compleja por la falta de títulos registrados que respalden el derecho a la propiedad de los campesinos, es también una oportunidad para terminar con el desorden administrativo en ese tema.
“La restitución es una herramienta ideal para sanear y poner orden en la casa. Con la ley de Víctimas y Tierras se resuelven los conflictos sobre la propiedad y los campesinos van a tener títulos incuestionables”, dijo Camargo.
El informe de la Unidad de Consolidación también reveló un dato que muestra la dimensión del caos en la administración de la propiedad de la tierra. Para 2010, uno de cada cinco predios en el municipio de Ovejas no tenía matrícula inmobiliaria, es decir, era imposible identificarlo para otorgar la propiedad.
Según expertos consultados por VerdadAbierta.com es imprescindible que el Incoder tenga total claridad sobre los bienes que posee legalmente y que son reclamados por campesinos pues los han trabajado como suyos desde hace décadas. El Estado tendrá que superar décadas de malos manejos en la administración de las tierras para seguir adelante con el proceso de restitución. Para eso será clave que las instituciones que manejen los procesos mantengan un alto nivel técnico, libre de influencias políticas.
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