Las reclamaciones de despojo de los antiguos dueños han sido debatidas por la defensa de los paramilitares que a través de pruebas ha demostrado que uno de los abogados de los propietarios trabaja también como fiscal, asegura además que han intentado sobornar a los paramilitares y que se han presentado documentos falsos.
El fiscal César Sarmiento Olano aparece en una emisión de Noticias Uno del 16 de junio de 2013 defendiendo a Hemel Pérez Lizarazo, cuñado de los Triviño (reclamantes de predios de Coproagrosur). Para esa fecha la Fiscalía reporta que estaba vinculado a la institución. Desde 2010, a Coproagrosur le salieron otras víctimas, estas directas, que esperan ser restituidas. Diversos agricultores que son dueños de doce predios en los cuales los paramilitares desarrollaron los cultivos de palma dicen que fueron despojados poréstos de manera forzada y que ahora exigen que el Estado les devuelva sus tierras.
Estos reclamantes comenzaron a solicitar ante los tribunales de Justicia y Paz en abril de 2010 que los reconocieran como despojados. En febrero de 2013 sus solicitudes llegaron a la Unidad de Restitución de Tierras, luego de que el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín ordenara que esa entidad era la indicada para definir si esas personas habían sido despojadas o no, y si era así, se les reparara. La Unidad está en el proceso de conocer los casos, investigar cómo se hicieron las transacciones, documentar qué pagos hubo, y evaluar las condiciones de violencia bajo las cuales estos finqueros vendieron sus propiedades. Deberá tratar caso por caso, y en aquellos que determine que la petición es auténtica, deberá defender sus causas ante los jueces.
Los ex jefes paramilitares Duque (‘Ernesto Báez’) y Pérez Alzate (‘Julián Bolívar’) aseguran todo lo contrario. Dicen que les pagaron a esos campesinos muy bien sus predios, a más del doble del valor real, y que los que ahora reclaman la restitución, vendieron a gusto y no por la fuerza.
Además los apoderados legales de los ex paramilitares aseguran que abogados de algunos de estos reclamantes han intentado sobornar a sus representados. También han acusado a César Sarmiento Olano, de haber ejercido como abogado de los reclamantes de estas tierras, siendo al tiempo, un funcionario activo de la Fiscalía, en un abierto conflicto de interés.
Estos reclamantes, alegando que están cansados y frustrados porque no les devuelven sus tierras por las vías legales, resolvieron tomárselas a las malas. Fundepalma reportó que en la actualidad han ocupado los predios El Cairo, Pacifuere, (desde julio de 2012), La Fe (3 de junio de 2013), Cafife (septiembre de 2013) y La Rojita (7 de diciembre de 2013).
Algunos casos
Según consta en los documentos consultados por VerdadAbierta.com y según se ventiló públicamente en audiencias ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, Fredy y Jairo Triviño, han asegurado ante diferentes instancias judiciales que fueron desplazados por los paramilitares para sembrar palma africana sobre su finca Patio Bonito. Jairo, quien dijo en una declaración jurada ante la Fiscalía de Simití el 3 de febrero de 2010 que residía con su esposa y sus hijos en esa propiedad, aseguró que una mañana de 1999 un grupo armado comandado por alias ‘Tyson’ y ‘Popeye’ los obligó a dejar su casa con el argumento “que ellos necesitaban la finca porque no respondían por mi vida ni por mi familia, porque ellos se iban a instalar allí, por seguridad de ellos mismos, porque esa finca era punto estratégico para ellos”.
Jairo Triviño y su familia, dijo éste ante la justicia, se desplazaron de la vereda Boque Bajo, corregimiento de San Blas, (Simití) al corregimiento de Monterrey del mismo municipio. Dijo que se instaló allí “con la esperanza que me solucionaran más adelante”, pero que los paramilitares nunca le entregaron dinero por la finca. En 2007, dijo que volvió a ser desplazado por la guerrilla y que viajó donde unos familiares a Bogotá y –sin explicar las circunstancias– aseguró que “allí me encontré con mi hermano Fredy, quien también había sido desplazado en años anteriores por los paramilitares”.
Los integrantes del Bloque Central Bolívar dejaron la zona cuando se desmovilizaron en diciembre de 2005, pero Jairo Triviño aseguró ante la Fiscalía que en 2006, quedó un grupo comandado por un hombre identificado como ‘JJ’, quien lo empezó a presionar para que firmara un poder con el cual le iban a traspasar su propiedad a nombre de Luis Bernardo Gaviria del Río.
Según dijo el abogado de los Triviño, Alí Humar Mejía, en una audiencia ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín en diciembre de 2012, Gaviria era señalado por la gente de ser cercano a Hernán Ospina, el representante legal de Coproagrosur, cuando éste “tenía el mandato del señor Rodrigo (Pérez) Alzate, alias ‘Julián Bolívar’”.
En efecto, existe un documento del 26 de mayo del 2006 registrado ante la Notaría Única de Simití, en el que los Triviño firman un poder al abogado y ex alcalde de Simití, Felix Trespalacios para que hiciera todos los trámites de su propiedad. Al final de los trámites quien quedó de propietario fue Gaviria del Río. Después la Fiscalía determinó que la firma y la huella del documento fue falsificada y no corresponden a las de Fredy Triviño. Jairo Triviño había dicho a la Fiscalía que todo había sido arreglado por los paramilitares, y habían falsificado la firma de su hermano, pero una prueba grafológica hecha por la Fiscalía en agosto de 2013, apunta a que fue el propio Jairo quien firmó por Fredy. (Vea el documento aquí )
VerdadAbierta.com se comunicó con Jairo Triviño para conocer su versión al respecto pero se negó a dar declaraciones, advirtiendo que no autorizaba que se hablara de su caso. De todos modos, como el caso se ventiló en una audiencia pública, es de carácter público y por esto VerdadAbierta.com lo cuenta aquí.
Hay otra polémica alrededor del caso de los Triviño, por el abogado César Sarmiento Olano que los representó al principio en su reclamo de tierras ante la justicia. Éste abogado representó también a Jorge Eliécer Martínez Quiroz (dueño originario de la finca La Fe y La Caseta), a César Augusto Barajas Cáceres (predio La Floresta o José Barajas); y a Milton Riaño Cuervo (finca El Carajo).
Según un documento que le mostró a VerdadAbierta.com Fernando Artavia, el abogado de varios ex jefes del BCB postulados, él tuvo que irse a los tribunales para conseguir que la Fiscalía General de la Nación le confirmara si Sarmiento había sido, en efecto, fiscal y en qué fechas. En diversas cartas, la Fiscalía le respondió que no lepodía dar esta información porque violaba la privacidad de la persona. Finalmente, según el documento (ver facsímil), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca obligó a la Fiscalía a dar la información. Según esta, en el registro laboral de cargos ocupados en la Fiscalía, Sarmiento fue funcionario de esa entidad por varios períodos desde el 2 de septiembre de 1995. Entró y salió varias veces de ésta y la última vez que fue contratado fue el 14 de julio de 2012. Después de esa fecha aparece nombrado en otras diligencias, ejerciendo como abogado. En los procesos de Coproagrosur figura cinco meses después de esta fecha, cediéndole el poder de la representación de sus clientes al abogado Alí Humar Mejía, en una audiencia del 12 de diciembre de 2012 en el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín. Por esto los abogados de los ex paramilitares lo acusan de haber seguido ejerciendo como abogado de una parte litigante ante la Fiscalía, cuando todavía estaba empleado en esta entidad.
El abogado Artavia le hizo otro señalamiento a Sarmiento, en una denuncia enviada a la Fiscalía. Según ésta, Sarmiento, que era fiscal entonces, aparece defendiendo a Hemel Pérez Lizarazo, cuñado de Jairo Triviño y señalado de hacer parte de la banda de despojadores de tierras, conocida como ‘Los Tierreros’ que delinquió en el sur de Bogotá. En el minuto 2 de una publicación del noticiero de televisión Noticias Uno de junio 16 de 2013 (casi un año después de que se posesionara en la Fiscalía), se ve a Sarmiento defendiendo a su cliente ante un periodista. (Vea el video aquí). Es decir, según esta acusación Sarmiento ha defendido a un presunto despojador emparentado con quienes ahora dicen haber sido despojados en el Sur Bolívar.
Llama la atención también que Hemel Pérez Lizarazo dio varias declaraciones a favor de los Triviño en el proceso en el que solicitan la devolución de su predio Patio Bonito en Simití, Bolívar.
VerdadAbierta.com pidió a la Fiscalía le confirmara si Cesar Sarmiento había sido funcionario suyo, y la oficina de prensa de la entidad dijo que nadie con ese nombre ni con la cédula que figura en los procesos de Coproagrosur figuraba en sus registros. En el portal de la Rama Judicial con el número de cédula suministrado por la misma Fiscalía que corresponde al de Sarmiento, sí aparece un abogado registrado con el mismo nombre y apellidos. (Vea el documento aquí)
La doble labor que ha ejercido Sarmiento también fue comentada, por quien ha sido identificado en las diligencias ante los Tribunales de Justicia y Paz como el sucesor de Sarmiento en la defensa de los reclamantes de la tierras de Coproagrosur, el abogado Alí Humar Mejía, en una conversación que fue entregada por el abogado de los ex paramilitares a la justicia.
En la conversación grabada del 2 de marzo de 2014 entre el defensor de los ex paramilitares, Fernando Artavia, y Alí Humar Mejía, este último asegura que ha seguido hablando con Sarmiento del caso, ya que Sarmiento sigue en la Fiscalía y no le ha facilitado el trámite para él firmar un contrato con los antiguos dueños de Coproagrosur. En otra conversación del 6 de marzo, Mejía cuenta que de la reparación que sea entregada a los antiguos dueños, César Sarmiento “recoge 20 o 25 por ciento y de ahí él me da 30 por ciento”.
En la grabación, el abogado Mejía expresa su descontento por la forma en que va el proceso: “Me retiro de la Fiscalía porque César (Sarmiento) me dice a mí, mire, esto está aquí así y está buenísimo para ganarse un dinero y ganarse una pensión. Y me pinta un panorama, y me saca a toda esta gente, esta gente llora y me dice que sí que efectivamente todos son víctimas, ¿que hace uno doctor? Comenzar a trabajar, y a defender a capa y espada un derecho ante la ley, frente a una situación que es la verdadera. Y comienzo a trabajar y a trabajar y cuando me doy cuenta es que no, que las cargas no son así que las pruebas muestran otra cosa”.
En otra conversación sin fecha, aparece el abogado Alí Humar Mejía hablando con Hernán Ospina, quien fuera el gerente de Coproagrosur puesto por los paramilitares, en la que dice que Sarmiento le dijo que hicieran una reunión para escuchar una propuesta que le tenían al ex jefe paramilitar Pérez Alzate (‘Julián Bolívar’). En el audio conocido por VerdadAbierta.com se escucha a quien presuntamente es Mejía, explicar esta propuesta de manera sinuosa:
“Para la época de los hechos – dice – los señores AUC fueron y sembraron unas maticas, esas maticas se llaman palma. Para la época en la que ellos estaban sembrando las palmas, había unos señores que son dueños de esas palmas, que son dueños de los predios donde sembraron esas palmas. Hoy en día esos señores que eran los propietarios de esos predios no están y los que sembraron las maticas tampoco están y hay unos terceros beneficiándose (Mejía se refiere más adelante a los terceros como los miembros del Programa Desarrollo y Paz), entonces como hp… van a salir unos terceros beneficiados si los que eran los dueños de la tierra no están sacando gozo”.
Más adelante le explica al ex gerente Ospina que su plan para “sacar a los terceros” es ante un Tribunal de Justicia y Paz “que llegue ‘Julián Bolívar’ y diga: ‘Yo desplacé a todos esos propietarios –ahhh pero usted había dicho que no— Si yo, sí los desplacé” , ¿En qué lo favorece o en qué lo perjudica? , en nada don Hernán, se lo juro por mi madre y por mis hijas que a ese man ni le quitan ni le ponen un año más de cárcel”. En resumen lo que Mejía le está proponiendo a Ospina es que le diga a su ex socio, quien fuera el segundo jefe de las Autodefensas del BCB, Pérez Alzate que confiese el desplazamiento forzado de los dueños originarios, aunque da a entender que no es verdad, y así se pueden quedar con la tierra.
Ospina le pregunta por los beneficios que ellos obtendrían a cambio de esa versión y el abogado le responde que “listo, devuelven esos hp… predios, don Rodrigo que ponga en cabeza del que quiera, de usted a nosotros no nos interesa y organizamos una cooperativa, montamos una hp… planta y todos ganamos, gana la gente desplazada, los campesinos, ganan ustedes y don Rodrigo se gana un porcentaje también de ahí”.
Más adelante en la conversación Ospina dice que como gerente calculó que Coproagrosur dejó en ganancias 20 mil millones de pesos en tres años y que “eso deja más o menos del 40 al 45 por ciento libres”. Ante esto Mejía le vuelve a resumir sus planes futuros: “que es lo que tiene que decir ‘Julián Bolívar’: ‘Señor fiscal, yo al mando del Bloque Central Bolívar desplacé al señor Jairo Triviño y Fredy Triviño de la finca Patio Bonito’. Le van a decir: pero ‘¿Cómo así, usted ha dicho que no?’. Entonces él va a decir “En el momento dado no era oportuno, pero ahora digo la verdad”. Y luego repite con más detalles sus planes para poderle arrebatar la administración de Coproagrosur a Fundepalma, y así evitar que los dineros vayan a dar a la reparación de las víctimas, y en cambio les sean devueltas las tierras a los dueños originales, y ellos los abogados, Ospina e incluso los ex paramilitares puedan lucrarse del cultivo.
Con este última grabación en mano, Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, denunció a Alí Humar Mejía, como abogado de varios reclamantes por intentar comprarle su testimonio ante Justicia y Paz, en febrero de 2013 ante la Fiscalía 6 de falsos testigos. Informó que el único avance del proceso fue un llamado que le hicieron hace dos meses para ampliar la investigación. Estas indagaciones fueron puestas en conocimiento de Mejía a través del abogado de Pérez Alzate, Fernando Artavia, en una conversación del 2 de marzo de 2014. Al conocer la denuncia, el mismo Mejía contestó que los Triviño “fueron los que iniciaron todo con César”.
En esa misma conversación telefónica del 2 de marzo, Artavia y Mejía coincidieron en que el abogado Sarmiento Olano, estuvo asesorando a los Triviño siendo funcionario de la Fiscalía.
Todos estos audios de las grabaciones aparecen como pruebas en una denuncia hecha por Artavia a la Fiscalía y en una reclamación dirigida a la Dirección General de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación de las Víctimas. La magistratura de Justicia y Paz de Bogotá les pidió que enviaran las pruebas a la Fiscalía para que investigue, cosa que el abogado Artavia ya había hecho. Es esta entidad la que deberá probar si estas grabaciones son auténticas y válidas en el proceso.
Mejía fue preguntado por VerdadAbierta.com para confirmar que ésta era su voz, y escuchar su versión , pero como se dijo antes, éste dijo que no se pronunciaría todavía sobre el tema y aclaró que había renunciado a defender a los Triviño aunque sí seguía defendiendo a otros reclamantes de estas tierras.
Además de los Triviño, VerdadAbierta.com se comunicó con Jorge Eliécer Martínez, otro de los clientes de Sarmiento y de Mejía, para conocer su versión de los hechos. Afirmó que desconocía que sus abogados actuaran de esta forma y que Mejía estuviera denunciado. Martínez, uno de los dueños originales de los predios de Coproagrosur en el Sur de Bolívar que hoy ocupa las tierras sin permiso, añadió que ha perdido comunicación con Mejía desde hace semanas. “A uno como campesino lo enredan”, dijo.
Retorno forzado
Martínez le dijo a VerdadAbierta.com que el hambre y la falta de trabajo lo hicieron regresar a la fuerza a la finca que vendió a los paramilitares mediante intimidaciones. El campesino, de 52 años aparece ahora ante el Estado como un ocupante ilegal, y en su contra hay varias medidas policivas para que desocupe esos terrenos que volvió a ocupar desde el 5 de junio de 2013. Dice que retornó a su propiedad porque no podía esperar más a que la justicia le dijera que su predio La Fe y La Caseta le pertenecían, aunque asegura que las vendió a los paramilitares bajo intimidaciones armadas y un secuestro.
Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’ dijo que los despojos, que reclaman Martínez y los demás dueños de los predios sobre los que funciona la cooperativa, son falsos. “Las mismas víctimas pueden confirmar que estos señores fueron nuestros aliados en la guerra y ahora quieren beneficiarse de estos procesos de reconciliación y usufructuarse de esas tierras que se les pagaron con el precio acordado, porque fue una negociación hecha entre amigos”, dijo Pérez Alzate ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá.
Al respecto, Martínez respondió que nunca fue uno de sus aliados y que el único trato que tuvo con los paramilitares fue de saludo, además de las veces que lo abordaron para que les vendiera su finca. En una entrevista que dio a la Fiscalía 5 Especializada de Cartagena el 7 de junio de 2012, contó que se hizo socio de Coproagrosur en 2002, por iniciativa de Hernán Ospina, a quien le decían ‘Llavecita’. Explicó que Ospina había empezado a promover una asociación para los cultivos de palma africana y que lo invitaron a varias reuniones en el corregimiento de San Blas. “Yo fui como a tres reuniones y pusieron que había que dar cien mil pesos para la inscripción”, dijo Martínez a la Fiscalía. “Después me pidieron tres millones de pesos y yo los entregué y no recuerdo a quién se los entregué, pero yo figuro como socio en la Cámara de Comercio de Aguachica, Cesar”.
Martínez dijo a la justicia que a partir de 2002, “las autodefensas llegaron a la asociación” y que para el 2004 los paramilitares lo obligaron a vender La Fe y La Caseta, así como forzaron a otros vecinos a vender. Que durante varios meses los paramilitares lo estuvieron presionando para que vendiera las propiedades y le daban plazos de un mes o seis meses para dejar la región. Aseguró que una vez lo secuestraron durante tres horas, amarrado a un árbol en compañía de un sobrino menor de edad. Al final, les vendió sus 400 hectáreas por cerca de 300 millones de pesos. (Es un monto igual al que dijo Fabio Correa le dieron a él por más del doble de tierra. Así que alguno de los dos no está diciendo la verdad o recuerda mal).
Martínez, quien dice que llegó hace 20 años al Sur de Bolívar, aseguró que con los 300 millones que le dieron en 2002 pagó deudas y compró otras tierras en la zona para sembrar cacao y yuca pero no le salió negocio.
“Yo estoy pidiendo que me paguen daños y perjuicios morales, los hijos míos no terminaron de hacer el estudio porque no tuve con qué, yo tenía prestadas 560 reses en la finca y eso me daba para sobrevivir y darle estudio a los hijos”, le dijo Martínez a VerdadAbierta.com. “Si yo fuera una falsa víctima no los hubiera denunciado ni hubiera mandado tantos papeles, yo ni distingo a ‘Julián Bolívar’ ni a ‘Ernesto Báez’, a mí el que me quitó la finca fue’ JJ’, yo no sé si con él estaban ellos”.
‘JJ’ al parecer es Jhon Jairo Marín Sánchez, alias “Jota”, quien hizo parte del Bloque Central Bolívar y llegó a ser comandante de compañía en Barbacoas, Nariño, donde delinquió el Bloque Libertadores del Sur, adscrito al BCB. Este hombre fue asesinado en Medellín por las autoridades, el 24 de agosto de 2004. Y también es nombrado por Jairo Triviño, en una declaración que da en febrero de 2003, como la persona que lo obliga a vender su propiedad, al mismo tiempo asegura que el hombre fue asesinado en Itagüí.
Martínez además aseguró que cuando volvió a su finca a ocuparla sin permiso, encontró que al contrario de lo que habían dicho los de Fundepalma de que habían recuperado los cultivos, la mitad de sus fincas no tenían vías, y las palmeras estaban plagadas de rastrojo.
Deudas eternas
Los paramilitares aseguraron en la audiencia de Justica y Paz que, como Fabio Correa, el ganadero que había vendido los predios que constituyen casi la mitad de las tierras de Coproagrosur, y quien había hecho su alegato de despojo ante la Fiscalía en 2009 (Ver capítulo Cómo nació la falsa cooperativa) falleció a los 83 años, el 31 de marzo de 2012, hoy figuran unas hijas ynietas de él reclamando esos terrenos ante la justicia.
En este caso, las autoridades tienen la versión de ‘Báez’ que dice que le pagaron el precio justo y negociado voluntariamente por Correa, de 680 millones de pesos, de los cuales le dieron 315 millones en efectivo y el resto en una letras que después le pagaron. Antes de morir, en sus versiones a la justicia Correa en cambio dijo que le tocó aceptar que le dieran apenas 300 millones, pero a la postre ni eso le dieron pues solo le pagaron 270 millones. “Después volvieron para hacer las escrituras, a mi no me pagaron y me pagaron con unas letras, ya hubo que hacerles esas escrituras, en esa forma fue que ellos me quitaron esas tierras”. La tierras que fueron de Correa están hoy a nombre de Coproagrosur.
Actualmente, hay dos procesos paralelos ante la justicia. En el proceso de Justicia y Paz están agrupadas todas las víctimas de ‘Julián Bolívar’ y sus hombres en el Sur de Bolívar, quienes piden que les den los rendimientos que ha dejado Coproagrosur y están en su cuenta, y que les den también el manejo de la cooperativa. Por otra parte los despojados han pasado sus solicitudes a la Unidad de Restitución, para que esta unidad presente ante los jueces de tierras, la demanda formal de restitución de sus tierras. Además piden ser indemnizados por los daños que según ellos han sufrido al entregarles sus predios a Corpoagrosur, según ellos, bajo amenazas. El pago de esas indemnizaciones, alegan, puede salir del dinero de utilidades consignadas por Coproagrosur.
Estas discusiones ya han empezado a hacerse entre las diferentes instituciones. Durante la audiencia de marzo de 2014. La magistrada Alexandra Valencia, del tribunal de Justicia y Paz de Bogotá,le llamó la atención a la Fiscalía del por qué no intervino a tiempo y dejó que las solicitudes de despojo hubieran dado pie a que se iniciara el trámite para un posible proceso de restitución.
La posición de la magistrada es que las posibles irregularidades en las que han incurrido los abogados de los despojados y los testimonios de los ex paramilitares podrían demostrar en un proceso de justicia ordinaria de una manera más rápida si estas personas son o no “falsas víctimas”, como lo ha sostenido en varias ocasiones la defensa de los integrantes del BCB.
“Si nos quedamos en el panorama de contemplación de los sucesos de Justicia y Paz nunca vamos a llegar a una concreción de este proceso. Existe un panorama gris sobre si hay una aplicación normativa o no de los artículos que niegan la competencia de Justicia y Paz porque no se ha demostrado el despojo”, reclamó Valencia a la Fiscalía durante la audiencia.
Al tiempo que ese panorama se despeja en las instituciones, Coproagrosur está en el limbo. Los campesinos asociados en Fundepalma la seguirán administrando hasta que la Supersolidaria así lo disponga. Si este esfuerzo realizado por el PDP y esta federación termina en favorecer a las víctimas reales, dependerá de habilidad de la justicia para deshacer la falsa cooperativa y sortear verdades de mentiras de quienes alegan haber sido despojados por los paramilitares.
Algunos de ellos, cuyos predios incluso hoy aun figuran a sus nombres, quizás estén haciendo un reclamo justo. Otros, a juzgar por la cantidad de irregularidades denunciadas por los desmovilizados a la justicia, probablemente no lo están. Y a la espera están las muchísimas víctimas del Sur de Bolívar que quieren que en algo se compense su dolor, y el abandono en que siempre han estado sus poblaciones.
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