La Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo que corren los pobladores de siete municipios de Norte de Santander, por el incremento de la violencia de guerrillas y de bandas criminales.
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| Estos son los restos del carro bomba que fue detonado en el corregimiento de la Petroléa en Tibú, dejando como resultado tres víctimas mortales. Foto: La Opinión de Cúcuta |
En menos de dos semanas ya se han presentado más de diez hechos de violencia de los que han sido víctimas las comunidades de siete municipios de Norte de Santander.
De acuerdo al Sistema de Alertas Tempranas, SAT, que coordina la Defensoría del Pueblo, la subregión del Catatumbo, específicamente los municipios de El Tarra, Convención, San Calixto, Hacarí, Tibú, Teorama y Sardinata, ha sido objeto de hostigamientos por parte de los diferentes grupos ilegales, principalmente del Frente 33 de las Farc.
En ese lapso de tiempo se han registrado ocho atentados, dos retenciones ilegales a civiles y continuos ataques a la policía por parte de los grupos armados ilegales, que ya dejan cinco civiles muertos, entre ellos un menor de edad, y más de nueve heridos de gravedad.
Según la Defensoría, el aumento de las tensiones del conflicto en esta zona fronteriza con Venezuela, en la que confluyen las guerrillas de las Farc y del Eln y las Águilas Negras y los Rastrojos, “ha generado un aumento de los ataques a la población civil, poniendo en riesgo su seguridad, su integridad y el respeto por sus derechos”.
Ante estos sucesos que acontecieron durante las últimas semanas, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, hizo un llamado para que “las autoridades de Norte de Santander, las alcaldías municipales, así como a la fuerza pública y los organismos de seguridad del Estado, tomen con urgencia las medidas necesarias para prevenir o disminuir el riesgo de violaciones a los derechos de los habitantes de esta subregión”.
Las amenazas
Según información de la Defensoría, en las últimas semanas se han incrementado los actos de violencia de las guerrillas de las Farc (Columna Móvil Arturo Ruiz y Resistencia Barí, Frente 33 y Compañía Resistencia Catatumbo) y del ELN (Frentes Luis Enrique León Guerra y Colectivo Héctor). Estos actos han hecho que el temor por posibles desplazamientos forzados, retenes ilegales, extorsiones, reclutamiento infantil, y ataques con explosivos contra la población civil sea mayor.
Los atentados contra la población civil y miembros de la Fuerza Pública comenzaron el 31 de diciembre de 2011 cuando los pobladores de Tibú y El Tarra celebraban la llegada del año nuevo.
En la vereda La Esperanza, en la cabecera municipal de Tibú, fue encontrado un carro bomba que fue desactivado por miembros de la Fuerza Pública, quienes posteriormente fueron emboscados por miembros de las Farc.
De la misma manera fue atacada la estación de policía de El Tarra, con dos granadas que fueron lanzadas por miembros de grupos ilegales. Este hecho causó heridas a un subintendente y un patrullero que prestaban servicio en ese momento.
Días después de estos primeros ataques, el 6 de enero, dos operarios de la empresa de aseo de ese municipio recogieron un paquete abandonado frente a la iglesia, sin saber que se trataba de una bomba.
Ese mismo día, en el corregimiento de la Gabarra, jurisdicción de Tibú, fue activada una bomba dirigida contra grupo de policías que transitaban por el sector. De este hecho resultaron heridos dos civiles, Fernando Rincón Herrera, de 45 años, y Rosa Gélvez García de 66.
Según declaraciones del Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, “estos grupos buscan a través de acciones violentas frenar la acción de militares y policías en contra el narcotráfico, considerada una de sus principales fuentes de financiamiento”.
El pasado 11 de enero en el municipio de Teorama, miembros de las Farc retuvieron un bus que cubría la ruta El Tarra – Ocaña. Los hombres abandonaron el vehículo en inmediaciones del corregimiento El Aserrio.A estos hechos se suma la activación de explosivos en un tramo del oleoducto Petronorte, ubicado en la zona rural de Teorama. Este sería el décimo tercero ataque al oleoducto por parte de supuestos miembros de las Farc.
Al igual que los oleoductos, la infraestructura eléctrica de Tibú fue objeto de atentados que provocaron la suspensión del servicio luego de que en la zona rural del corregimiento de Campo Dos, fuera activado un carro bomba que provocó la destrucción de dos torres de conducción eléctrica. Este hecho sucedió un día después de que una volqueta llena de explosivos fuera detonada en el mismo corregimiento, en la vereda Petroléa, dejando como saldo tres muertos, entre ellos un menor de 12 años de edad.
El narcotráfico: la maldición del Catatumbo
Del miércoles 11 al domingo 15 de enero, día en el que el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, encabezó un consejo de seguridad en Tibú, los actos violentos en contra de la población civil aumentaron generando terror entre los habitantes de la región.
Según las autoridades, el aumento de la violencia en esta zona del país se debe a la lucha por el control del negocio del narcotráfico.
El mismo día que se realizó el consejo de seguridad los grupos ilegales hicieron estallar un petardo cerca de una patrulla de la Policía que adelantaba labores de vigilancia previas a la reunión.
“Las Farc aquí se narcotizaron y lo que están tratando de evitar es perder esa fuente de financiamiento”, dijo el Ministro de Defensa, y agregó que “se ofrecerán 2.000 millones de pesos por información que permita conocer el paradero del narcotraficante Víctor Ramón Navarro, alias ‘Megateo’ y por los jefes del frente 33 de las FARC, alias ‘Jimmy Guerrero’ y alias ‘Danilo’ quienes manejan en asocio con ‘Megateo’ el negocio del narcotráfico”.
Aunque el Ministro dijo que “iban a incrementar las acciones de la fuerza pública en la zona”, la policía de Tibú contó a VerdadAbierta que “las tensiones continúan y que incluso, el último atentado se registró el día de ayer en contra de la obra de el oleoducto de Ecopetrol que se está desarrollando en la vereda Filo el Gringo.
La posible incursión de los Urabeños
A pesar de que un representante del cuerpo policial de Tibú aseguró a VerdadAbierta.com que no tiene conocimiento de la entrada de miembros de la banda criminal Los Urabeños a la región, pero en algunos medios nacionales han registrado las denuncias de la comunidad según las cuales más de 100 integrantes de los ‘Urabeños’ han amenazado con entrar a la zona para disputarse el territorio con los ‘Rastrojos’.
De confirmarse estas versiones, se iniciaría un nuevo conflicto por el control territorial entre las bacrim ya instaladas en la zona, ‘Águilas Negras’ y ‘Rastrojos’, conformados en su mayoría por desmovilizados del bloque Catatumbo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá-ACCU, como de otros frentes de las AUC, que no se acogieron a la Ley de Justicia y Paz.
Según el informe de la Defensoría, “tanto las guerrillas como bandas criminales traspasan con frecuencia la frontera hacia Venezuela, país que usan como refugio, también para el entrenamiento de las personas que reclutan o para enterrar cadáveres en fosas comunes. Incluso se sabe de muchos casos en los que los restos de algunos desaparecidos son encontrados en la frontera con Venezuela o son descuartizados y arrojados al río Táchira”.
La lucha por los corredores de drogas y las estrategicas zonas de refugio en la frontera con Venezuela han hecho que la el conflicto en el Catatumbo se intensifique, mientras la pincipal víctima sigue siendo la población civil.
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