Pese a la sensible reducción que experimentaron los homicidios en este municipio del norte de Antioquia, al pasar de 54 en 2018 a 31 en 2019, sus habitantes continúan viviendo bajo la zozobra y el temor que genera la presencia, cada vez más fuerte, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la disidencia del Frente 18. Capítulo aparte viven los desmovilizados de la guerrilla asentados en este municipio.
A César Darío Herrera, desmovilizado de la extinta guerrilla de las Farc-Ep, lo sorprendió la muerte cuando se movilizaba por la carretera que de la cabecera municipal de Ituango conduce al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ‘Román Ruiz’, en la vereda Santa Lucía.
En un punto del trayecto, desconocidos lo atacaron con armas de fuego que lo dejaron gravemente herido. Los disparos llamaron la atención de varios lugareños, entre ellos, los desmovilizados asentados en el ETCR, quienes, de inmediato, saltaron a la carretera para ver qué había sucedido. Allí encontraron aún con vida el cuerpo de César, o ‘Lenis Callejas’, como se le conoció en su vida guerrillera. De inmediato fue trasladado al centro hospitalario de Ituango, donde finalmente perdió la vida a causa de sus heridas.
Con su muerte, ya son 21 los excombatientes del desaparecido grupo guerrillero que han sido asesinados en Antioquia. De ellos, doce han perdido la vida en hechos violentos cometidos en Ituango siendo, de paso, el municipio más peligroso para los reincorporados. Tan solo 45 días atrás, se registró el homicidio del también desmovilizado Manuel Antonio González, perpetrado el pasado 15 de diciembre en la cabecera municipal de esta localidad.
“Desde ese momento, desde el asesinato de mi hijo, por lo menos unos once compañeros han salido del ETCR para radicarse en Medellín”, señala Elmer Arrieta, quien fuera comandante político del Frente 18 de las Farc-Ep y tras dejar sus armas se integró al capítulo Antioquia del partido político surgido tras la firma del Acuerdo de Paz. También era el padre de Manuel Antonio, el exguerrillero asesinado el pasado mes de diciembre. “También aumentaron las amenazas contra los desmovilizados. Eso nos tiene muy preocupados”, añade.
Según Arrieta, este jueves se llevará a cabo una reunión en el ETCR ‘Román Ruiz’ en la que estarán presentes integrantes de la dirección nacional del partido Farc y en la que, se espera, asistan también delegados del gobierno nacional. La idea del encuentro es definir el futuro de los Espacios Territoriales que, como es el caso de Santa Lucía, no cuenta con las garantías de seguridad adecuadas.
De acuerdo con el desmovilizado, la propuesta del gobierno nacional es trasladar este Espacio Territorial para otra vereda, incluso, para otro municipio. “Las ganas del gobierno nacional es mover el ETCR. Y no solo el de Santa Lucía, también el de Carrizal (Remedios) y Brisas (Vigía del Fuerte). ¡Ni siquiera por el tema de seguridad, que está bien complicada! Dicen que aquí en Santa Lucía el ETCR está en zona geológicamente inestable, de alto riesgo”, declara Arrieta, quien asevera que pese al deterioro de la seguridad que vive Ituango actualmente, insiste en que la mejor opción para esta población es, quedarse en este pueblo.
“Nuestro deseo y nuestra lucha es que permanezca allí, en Santa Lucía. Al gobierno nacional le corresponde brindar seguridad a través del Ejército y la Policía, cumplir con lo pactado”, expresa el excombatiente. “En este momento hay como 100 muchachos dedicados a un proyecto de ganadería. De hecho, con la plata que les envían como desmovilizados, ahorraron y compraron la tierra donde están trabajando. También hay otros 20 muchachos trabajando con esto de fibra óptica e internet para la vereda. Y tenemos también el proyecto de Café Paramillo, que ha tenido muy buena acogida. Entonces, ¿Por qué nos vamos a ir?”.
Pueblo sometido
Los excombatientes de las antiguas Farc-Ep asentados en el ETCR ‘Román Ruiz’ se encuentran hoy bajo el fuego cruzado de dos grupos armados ilegales que vienen disputándose el control territorial, militar y social de Ituango: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por el gobierno nacional ‘Clan del Golfo; y la disidencia del Frente 18, autodenominada ‘Cacique Coyará’.
Ambas estructuras armadas vienen experimentando un proceso de crecimiento y fortalecimiento que les ha permitido expandirse por amplias zonas rurales del municipio por donde hoy campean el miedo, el silencio, la zozobra y las leyes impuestas por estos grupos armados. Tal como le narró una lideresa de Ituango a VerdadAbierta.com, quien por razones de seguridad pidió se omitiera su identidad, los ilegales ingresan a los centros poblados como “Pedro por su casa” sin que ninguna autoridad se percate, generando terror entre los pobladores.
“El pasado 22 de noviembre, por ejemplo, un grupo de 30 miembros del ‘Clan del Golfo’ hicieron presencia en el parque del corregimiento La Granja, a tres horas del casco urbano, con el fin de abastecerse de víveres, vestían uniformes camuflados como los del Ejército, pero fueron identificados por sus brazaletes”, cuenta la lideresa, quien afirma que “esa misma noche se desplazó otro grupo de hombres armados en un camión y alrededor de 10 motos, con parrillero, con dirección al corregimiento de Santa Rita”.
Según esta mujer, la confrontación armada que sostienen las Agc y la disidencia del Frente 18 ‘Cacique Coyará’ ha disparado todas las vulneraciones a los derechos humanos, particularmente los cobros extorsivos contra diversos sectores de la economía local. Trabajadores de empresas relacionadas con proyectos de infraestructura, funcionarios de la administración municipal, productores agropecuarios, transportadores formales e informales y hasta presidentes de juntas de acciones comunales (JAC) han sido víctimas recientes de este flagelo.
“En diciembre pasado, hombres vestidos de civil y portando armas cortas, ingresaron a las veredas El Cedral y El Amparo. Allí empadronaron a cada una de las 150 familias que habitan ambas veredas. Les preguntaron por la cosecha de café: ¿cuántas arrobas lograron recolectar? ¿cuánto dinero iban a recibir?”, relata la lideresa. “Según la respuesta, le asignaron a cada familia una cantidad de dinero que les cobrarían como ‘vacuna’ después. Esos hombres nunca habían sido vistos por esta zona y no se identificaron como de algún grupo en particular. Al final no les quedó más remedio a las familias que pagar”.
No se trata de un caso aislado. De acuerdo con la Alerta Temprana 004, emitida el pasado 24 de enero por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, los presidentes de las JAC de veredas como La Florida, Palo Blanco, Guacharaquero y La Honda, entre otras, han tenido que pagar las “vacunas” impuestas por ambos grupos armados a riesgo de ser desplazados forzosamente del municipio -en el mejor de los casos- si se niegan a acatar dicha orden.
Según el SAT, “las extorsiones son llevadas a cabo por ambos grupos armados ilegales (AGC y Frente 18) mediante llamadas telefónicas o notas escritas en las que definen lugar de entrega, cuando se exige el pago personalmente, y el monto de acuerdo con la actividad económica que desempeñe quien recibe la intimidación. Se exige la realización de giros en dinero; recargas; se hacen cobros en especie exigiendo artículos como botas de caucho o medicamentos; se profieren amenazas de muerte o se obliga al desplazamiento forzado en caso de negarse al pago”. Tal situación obligó a una docena de comerciantes a cerrar sus negocios entre 2018 y 2019.
Esta no es la única preocupación. Al aumento de las extorsiones se suma la reaparición del flagelo del secuestro. Para el SAT de la Defensoría resulta preocupante que entre 2018 y 2019 se hayan presentado varios plagios con motivaciones netamente económicas. Solo en el segundo semestre de 2019 se registró el secuestro de cinco contratistas de la firma Coninfra, que presta servicios para el proyecto hidroeléctrico Hidroituango; y de la psicóloga Doralba Agudelo Ossa, quien fue plagiada en agosto del año pasado y liberada el pasado 12 de enero.
Tal como lo afirma el SAT, “el secuestro ha reaparecido como una práctica común para obligar el pago de la exacción. De ello han sido víctima comerciantes y trabajadores de empresas de infraestructura con presencia en la zona, a quienes les han retenido maquinaria pesada necesaria para el desarrollo de su labor”.
Expansión sin contención
“Desde el mismo momento en que las Farc iniciaron su concentración en Santa Lucía, en 2016, fueron ingresando al municipio miembros del ‘Clan del Golfo’. Convocaron reuniones en Palo Blanco, Santa Rita, La Florida. Fuimos varias las organizaciones del municipio que denunciamos. No pasó nada. En 2017 se fueron acomodando sin ningún obstáculo en el pueblo. Nadie hizo nada. Hoy, la situación está insostenible”, agrega la lideresa consultada.
No exagera en su apreciación. De acuerdo con el monitoreo realizado por el SAT, a la situación de violaciones a los derechos humanos en el norte de Antioquia, tanto las Agc como el Frente 18 ‘Cacique Coyará’ vienen creciendo en hombres y en poder de fuego, lo que les ha permitido expandirse por esta subregión del departamento, aumentando el riesgo de confrontaciones armadas por el control territorial.
Así, desde 2016, las Agc han fortalecido su presencia en Ituango a tal punto que este grupo armado cuenta hoy día con un corredor natural que le permite mover tropas, armas, drogas, entre los municipios de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, y Peque, ubicado en el occidente de Antioquia.
Se trata de una franja territorial que atraviesa unas 26 veredas de los corregimientos La Granja y Santa Rita, de Ituango, en las cuales, tal como lo consignó el SAT en Alerta Temprana 004, “las AGC han recrudecido la comisión de conductas tales como homicidios selectivos, extorsiones a pobladores y comerciantes, incursiones armadas a diferentes poblados, señalamientos a pobladores como ‘colaboradores de la disidencia’; restricciones a la movilidad, irrupción en viviendas, cometiendo hurtos y otros actos intimidatorios”.
Por su parte, si bien desde los primeros meses de 2019 ya se tenía conocimiento de la existencia de la disidencia fariana, fue solo hasta mediados de mayo de ese año que realizaron diferentes acciones intimidatorias con algún grado de repercusión. Según el SAT, este grupo expuso un pendón con la imagen del guerrillero Román Ruiz, realizó un retén ilegal en la vía que comunica la cabecera municipal con el corregimiento Santa Rita, donde retuvieron varios vehículos y los pintaron con grafitis alusivos a este grupo armado.
“De ahí en adelante”, consigna el SAT en su Alerta, “este grupo armado comenzó a fortalecer su presencia hacia el cañón del San Jorge y las veredas Alto de San Agustín, Buena Vista, Cortaderal, El Castillo, El Cedral, El Olivar, El Quindío, El Tinto, Guacharaquero, La Florida, La Georgia, La Granja, La Honda, La Hundida, La Linda, La Prensa, Las Cuatro, Palo Blanco, Pascuitá, Pená (Peña), Portachuelo, Quebrada del Medio, Quebradona, San Agustín de Leones, Santa Ana, Santa lucía, Santa Rita y Travesías, extendiendo su accionar desde la zona limítrofe con el Sur de Córdoba en el Nudo de Paramillo, hasta la vereda La Honda en Ituango, recrudeciendo la disputa territorial con las AGC de norte a sur en este municipio”.
El seguimiento hecho por esta Agencia del Ministerio Público revela que, desde finales de 2019, el Frente 18 ‘Cacique Coyará’ extendió su presencia hacia Briceño, también en el norte antioqueño, con el fin de establecer un corredor entre ambos municipios, que en un pasado reciente fueron bastiones históricos de la desaparecida guerrilla de las Farc.
“Así quedó evidenciado cuando entre octubre y noviembre de 2019, medios de comunicación denunciaron que las disidencias de los frentes 18 y 36 llevaron a cabo intimidaciones contra la población de las veredas El Guaico, El Hoyo, El Polvillo, El Roblal, Gurimán, La Calera, La Loma, Palestina, Palmichal, Pueblo Nuevo y El Orejón en zona rural de Briceño, obligándolos a participar en reuniones forzadas donde reiteraron restricciones a la movilidad de la población entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.; declararon objetivo militar a quien interlocute con miembros de otros grupos armados (legales e ilegales); Impusieron cobro de multas a quien no acoja las normas de comportamiento que imponen y prohibieron el uso de telefonía celular a menores de edad 10 años de edad”, se lee en la Alerta Temprana 004.
Al parecer, la expansión de esta disidencia obedece a las “presuntas alianzas con emisarios de carteles de la droga centroamericanos a quienes les venden la coca que se cultiva y proceso en los alrededores del Nudo de Paramillo”, tal como lo consigna el SAT en su Alerta Temprana 004.
¿Proceso de paz fallido?
Ante el complejo panorama que se está registrando en el norte de Antioquia en materia de seguridad, el SAT de la Defensoría llamó la atención de las autoridades civiles y militares del departamento por la posible comisión de violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) de los pobladores de los corregimientos La Granja, Santa Rita y El Aro, de Ituango; y de los corregimientos Las Auras y Pueblo Nuevo, de Briceño.
En su advertencia, el SAT de la Defensoría señala que la expansión territorial tanto de las Agc como del Frente 18 ‘Cacique Coyará’ podría derivar en fuertes enfrentamientos con interposición de población civil, a la vez que se podrían recrudecer otras conductas vulneratorias a los derechos humanos como los asesinatos selectivos, los desplazamientos forzados (masivos y ‘gota a gota’), las amenazas e intimidaciones, violencia sexual basada en género, entre otras.
Sin embargo, especial preocupación despierta el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de estos grupos armados si se tiene en cuenta que, por factores tan variados y complejos que van desde la violencia, pasando por la crisis del proyecto energético Hidroituango, hasta el desinterés de los padres de familia por la educación de sus hijos, la deserción escolar en Ituango alcanzó un 6,97 por ciento.
Tal problemática está siendo aprovechada por estas estructuras armadas, que vinculan a los menores de edad en tareas de vigilancia, incluso solo por fines de semana, o en labores relacionadas con el expendio y distribución de sustancias psicoactivas. “El riesgo de reclutamiento de menores de edad o la concreción de su vinculación a los grupos armados con presencia en Ituango ha tenido lugar principalmente en el Cañón del San Jorge y las veredas: La Honda, Peña (Pená), Buena Vista, El Cedral, El Olivar, El Tinto, Guacharaquero, La Granja, La Honda, La Hundida, La Prensa, Palo Blanco, Santa Ana y Santa Lucía”, señala por su pare el SAT.
Pero sin duda una de dichas conductas que despierta profundas preocupaciones entre organismos humanitarios y población en general es el uso indiscriminado de minas antipersona (MAP) y artefactos explosivos improvisados. Según reporte de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersona, el norte de Antioquia es uno de los territorios más contaminados por estos artefactos en el país en tanto “concentra el 75 por ciento de los accidentes ocurridos en Colombia entre 1990 y diciembre de 2015 así como el 71.54 por ciento de víctimas de la población civil y el 76.19 por ciento de las víctimas de la Fuerza Pública, reportadas en el mismo periodo”.
Entre 2018 y 2019 se registraron siete accidentes por minas antipersona, de los cuales cinco ocurrieron en Ituango y dos en Briceño. En ellos perdieron la vida dos personas, uno de ellos, miembro de la Fuerza Pública (en hecho reportado en la vereda Pueblo Nuevo, de Briceño, el mes de abril de 2019). Si en un pasado, esta práctica era atribuible solo a las guerrillas, en la actualidad, tanto las AGC como el Frente 18 ‘Cacique Coyará’ están recurriendo al uso de estos artefactos explosivos improvisados para frenar el avance del enemigo, según lo pudo constatar el SAT.
“La siembra de minas antipersonal (MAP) en caminos de herradura y senderos veredales ha afectado gravemente a la población civil no sólo porque teme y limita en ocasiones su movilidad para el desarrollo de actividades cotidianas, sino porque ha generado víctimas civiles y ha causado varios desplazamientos forzados de comunidades que huyen de la probables ocurrencia de enfrentamientos que los dejen interpuestos y que posteriormente no pueden retornar en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad ante el riesgo de accidentes e incidentes por las MAP que son sembradas por los grupos armados ilegales como una práctica de guerra”, reseña la Alerta Temprana 004.
La contaminación del territorio con minas antipersona también está causando efectos humanitarios adversos, al afectar las labores de la misión médica. “El 25 de mayo de 2019, en la vereda Conguital, de Ituango, resultaron heridas algunas personas por arma de fuego y fue imposible el acceso de la misión médica, dadas las acciones desplegadas por el Frente 18 Cacique Coyará, el riesgo por la presencia de MAP y los combates sostenidos con el Ejército Nacional”, advierte el SAT.
Sin duda una situación frustrante si se tiene en cuenta que Briceño e Ituango fueron catalogados como laboratorios de desminado humanitario en el país, en el marco del proceso de paz entre las extintas Farc y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018). Hoy, la realidad muestra que no hubo tal proceso de desminado humanitario y que, por el contrario, volvió la guerra con todo su estruendo, incluidas las temidas minas antipersona.
