Una decena de iniciativas de mejoramiento vial presentadas por la Gobernación de Norte de Santander al gobierno nacional, que suma más de 27 mil millones de pesos, podría contribuir al mejoramiento de zonas estratégicas de la región. Sin embargo, hay dudas sobre su realización.
Con el fin de avanzar en la construcción de la paz territorial en pequeños tramos, en cumplimiento del Acuerdo de Paz suscrito con la exguerrilla de las Farc, se adelantan varios proyectos de mejoramiento de la red vial terciaria en municipios del Catatumbo tras un arduo proceso de selección en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) PAZ.
Estas inversiones se suman a un par de propuestas destinadas a 28 municipios que recibirán mobiliario escolar y a un proyecto adicional en el municipio de Arboledas, también para mejoramiento vial.
En el caso de la dotación en escuelas y colegios, se impactará favorable a 1.486 sedes educativas de la zona rurales en 36 de los 40 municipios de Norte de Santander. Según la Gobernación, llegarán por primera vez a esos territorios elementos de trabajo que anteriormente accedían instituciones de los centros poblados y cascos urbanos.
En este caso, se entregarán 2.017 puestos de trabajo para preescolar; 30.710 puesto para básica primaria; 12.300 puestos para básica secundaria; 1.954 tableros; 1.954 puestos para docentes; y 1.954 muebles de almacenamiento
Aunque se creía que los proyectos de Ocad PAZ beneficiarían únicamente al Catatumbo, dada su connotación para transformar territorios afectados por la guerra, la disponibilidad de recursos permitió ampliar las iniciativas.
Según el secretario departamental de Planeación, Julio César Silva, el Ocad PAZ inicialmente se forjó con recursos trasladados del fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se convirtió en una gran bolsa de recursos, luego de que en 2017 se modificara el Sistema General de Regalías (SGR), para transferir 1.2 billones de pesos que no se usaron en 2016, para diversas obras.
Aunque inicialmente el límite de recursos lo generaba el traslado presupuestal, para finales de 2018 las condiciones cambiaron y se incluyeron recursos adicionales que, para Norte de Santander, significaban 66 mil millones de pesos para los proyectos: 42 mil millones de ciencia y tecnología, y otros 24 mil millones de traslados presupuestales.
Posteriormente, relata el secretario departamental de Infraestructura, Rafael Ramírez, se acudió al Ministerio de Transporte con el fin de priorizar el mejoramiento de tres vías en cada uno de los municipios pertenecientes a las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) y a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que incluyen los municipios de Bucarasica, Convención, El Carmen, El Zulia, El Tarra, Hacarí, La Playa de Belén, San Calixto, Santiago, Sardinata, Teorama y Tibú.
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Luego vino un concurso del gobierno nacional para que las entidades territoriales presentaran proyectos en una convocatoria que contemplaba 255 mil millones de pesos para financiar propuestas de todo el país, con un valor máximo de 5.100 millones de pesos por municipio. Allí se plantearon las iniciativas del mobiliario escolar y la placa huella de Arboledas.
De acuerdo con el secretario Ramírez, si bien el tránsito de los proyectos no ha sido acelerado, “es necesario recordar que todos los municipios se beneficiarán en materia de red terciaria”, con plazos de las obras contemplados, en su mayoría, en tres meses, tiempo que según la Gobernación es suficiente para cumplir.
Actualmente, tres proyectos están en ejecución: La Florida-San Roque (Sardinata), que se inició hace algunos días; mejoramiento El Balcón-La Capilla (Bucarasica); y se comenzará próximamente la vía terciaria Club de Leones-La Esmeralda (Tibú), con la ejecución del gobierno departamental y la interventoría del Instituto Nacional de Vías (Invías). “Las obras de placa huella tienen menos demoras, que es lo más importante”, dice Ramírez.
Adicionalmente, el tipo de tráfico, la presión y el cumplimiento de las especificaciones técnicas llevarán a que las obras duren mínimo 20 años, y se espera no tener que hacer efectivas las pólizas “sino que sean obras de calidad”, afirma el Secretario de Infraestructura de Norte de Santander.
Para el funcionario, es fundamental que los proyectos se inicien en condiciones favorables y por ello, conmina a las comunidades a respaldar y ayudar a quienes estarán en el territorio, debido a que en ocasiones se han encontrado obstáculos de índole social para que las ideas terminen con éxito.
“Llamo la atención, porque nos ha pasado que no se permite que se desarrollen las obras”, comenta Ramírez e invita a “que colaboren, que se apoye a quienes llegan de afuera a desarrollar proyectos, porque finalmente esto redundará en el beneficio comunitario”.
Duda razonable
Sin embargo, aunque la Gobernación plantea que estos proyectos redundarán en beneficios dirigidos a la zona rural para acelerar la salida de productos del campo y para saldar parte de la deuda con la región, en el Catatumbo persisten dudas relacionadas sobre la llegada efectiva de estos proyectos al territorio.
Lo anterior se fundamenta en el reiterado discurso del gobierno nacional sobre la falta de recursos para llevar la paz a las regiones y concretar los compromisos del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 con la disuelta guerrilla de las Farc.
Al respecto, el alcalde de Convención, Hermes García, asegura que, pese a haber efectuado la labor de elaboración de un proyecto por más de 5 mil millones de pesos y tras 11 meses de “ires y venires” del documento para que cumpliera con los requisitos solicitados por el Ocad PAZ, “empieza la dilación”.
“Nuestra mayor preocupación es que se diga que no hay recursos”, señala el alcalde, pues conforme pase el tiempo seguramente se presentarán proyectos de otras regiones que representarán competencia y el posible fin de los dineros disponibles.
“El Ocad PAZ lo avizoramos como el mecanismo para resolver los problemas de una vía muy importante, pero ahora, después de un esfuerzo inmenso vemos dilaciones de parte de la Presidencia de la Secretaría Técnica, que está a cargo del Ministerio de Hacienda”, asegura García y agrega que “hay gran expectativa y también tememos que con el inicio de la ley de garantías se nos diga que no alcanzará el tiempo en esta vigencia. Sin embargo, si se acelera el proceso, las comunidades verán los beneficios. Por ahora, el tiempo pasa…”.
Para el alcalde, la solución a las dudas depende de la voluntad del gobierno nacional, pues si bien reconoce que los ajustes hechos a los proyectos eran necesarios, e incluso se tuvo que contratar un asesor externo, la decepción aparece, como siempre ocurre en el Catatumbo, cuando se tiene un concepto favorable por parte del Ministerio de Transporte o el Departamento Nacional de Planeación, con indicadores superiores a 70 sobre 100, y apenas se está en la etapa precontractual.
El mismo temor señalan otros alcaldes y usuarios de las vías, que anhelan ver de inmediato las máquinas trabajando para avanzar paulatinamente en la confianza hacia el gobierno central, del que esperan una óptima ejecución al tratarse de obras básicas para el mejoramiento de su calidad de vida y el desarrollo territorial.
Sumado a ello, se conoció que el orden público podría convertirse en otro desafío para los contratistas que habitualmente deben pagar “impuestos” a la insurgencia y grupos armados en el Catatumbo.
Hoy en día, por cada proyecto en ejecución se debe pagar el mismo valor del impuesto de guerra, que equivale al 5 por ciento del valor total del contrato, situación que también podría poner en aprietos el desarrollo de las iniciativas.
