Hoy, 13 familias desplazadas del municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena, recibirán formalmente las parcelas que les fueron arrebatadas por paramilitares. Este es el segundo fallo que determina el despojo perpetrado por Cesar Augusto Castro Pacheco, conocido como el ‘Tuto Castro’. A pesar de la buena noticia, la inseguridad es su principal temor.
El municipio de Sabanas de San Ángel está a 170 kilómetros de la capital del Magdalena. Las sentencias de restitución documentan que los campesinos fueron expulsados de sus parcelas en los años 90, en la disputa de los paramilitares por controlar el paso hacia Santa Marta, la Ciénaga Grande y el Río Magdalena. Foto suministrada Unidad de Restitución. En la segunda imagen, el ‘Tuto Castro’ en el momento de su captura.
Santa Martica es la otra “Magdalena”, está en el sur del departamento que lleva ese nombre, allí no llegan turistas, pero sus tierras fértiles han sido escenario de la lucha de sobrevivientes al conflicto armado. Sus esfuerzos no han sido en vano: hoy, 13 familias, recibirán materialmente las parcelas que, en el pasado, les fueron despojadas por paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
La sentencia de restitución fue proferida por el Juzgado Segundo Civil Especializado de Restitución de Tierras de Santa Marta y es la segunda que documenta el despojo perpetrado por César Augusto Castro Pachecho, conocido en Magdalena como ‘Tuto Castro’, señalado por desmovilizados del Bloque Norte de ser un hombre de confianza del extraditado Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
‘Tuto Castro’ se desmovilizó como integrante de las Auc en 2006 y seis años más tarde, en octubre de 2012, fue capturado después de que el gobierno nacional ofreciera una recompensa para dar con su paradero, tras ser señalado de obstruir los procesos de restitución en la región.
La entrega material de las 600 hectáreas será prácticamente protocolaria, pues los campesinos retornaron a las tierras de forma voluntaria en 2007. Y aunque han sobrevivido en el territorio durante los últimos 10 años, esperan que las órdenes de la justicia sean cumplidas por las diversas instituciones del Estado, que en el papel son la garantía para mejorar su calidad de vida.
Pero no todo es felicidad. Varios campesinos le contaron a VerdadAbierta.com que la inseguridad es todavía un signo de alarma en la zona. Hace justo un mes, a un líder de Santa Martica le llegaron mensajes amenazantes a su teléfono celular, así como un panfleto con el que las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia “declaran objetivo militar” a defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras. La Corporación Yira Castro, que acompaña jurídicamente a la comunidad campesina y los representó legalmente durante el juicio de restitución, interpuso las respectivas denuncias ante las autoridades.
A lo anterior, se suma que los robos son frecuentes en las parcelaciones. Otro habitante relató que la delincuencia común es un “dolor de cabeza” para los campesinos: “Se nos llevan el ganado, el quesito, cualquier cosa que deje uno por ahí… hace poco violaron a una muchacha y le robaron la moto”. Por eso es que las familias restituidas confían en que las autoridades militares y de policía del departamento “presten el apoyo y la protección que se requiera”, como indica el fallo.
También que la Alcaldía los incluya en los programas de seguridad social, servicios públicos, inversión social e infraestructura vial, y que el Ministerio de Agricultura les dé prioridad en el acceso a programas de subsidio integral de tierras, para adecuar las parcelas y participar en proyectos productivos que cuenten con asistencia técnica.
Frenar la titulación
En 1996, el antiguo Incora determinó que la Unidad Agrícola Familiar para adjudicar tierras en Pivijay (de donde nace el municipio de Sabanas de San Ángel) oscilaba entre las 49 y 67 hectáreas. El ‘Tuto Castro’ se hizo a más de ocho UAF en el despojo de la parcelación San Martica. Foto suministrada Unidad de Restitución.
Las sentencias proferidas por jueces especializados de restitución de Santa Marta y por el Tribunal Superior de Cartagena documentan que el despojo a campesinos en el sur de Magdalena obedeció a una estrategia de alias ‘Jorge40’, jefe paramilitar del Bloque Norte, de frenar el proceso de reforma agraria en la región. Desde principios de la década del sesenta, el gobierno nacional prometió con esta reforma garantizar el acceso a tierras a campesinos carentes de ella, titulándoles baldíos o comprando grandes haciendas para parcelarlas.
Hasta hace seis meses, los fallos señalaron a ‘Jorge 40’ como el responsable de ordenar el despojo a campesinos de los municipios de Chibolo, Plato y Sabanas de San Ángel. Comenzó con La Pola, una finca donde había una particular casa con balcón que terminó convirtiendo en su “centro de operaciones”. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía documentó cómo el entonces jefe paramilitar se alió con varios funcionarios del antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) para apropiarse de las tierras. (Lea: El Incora, ’40’ y sus ladrones de tierras)
En 2013, el Juzgado Primero Especializado de Restitución de Santa Marta les dio la razón a los campesinos despojados de la antigua hacienda La Pola, señalando la responsabilidad de ‘Jorge 40’. Sin embargo, en el vecino municipio de Sabanas de San Ángel, las víctimas del despojo paramilitar seguían a la espera de la justicia transicional. Se trataba de los campesinos desplazados de La Boquilla y Santa Martica, dos predios de 600 hectáreas cada uno que, en 2006, pasaron a nombre de César Augusto Castro Pacheco, conocido popularmente como ‘Tuto Castro’ (Lea: Las dos caras de la restitución en Chibolo).
La Boquilla y Santa Martica se derivan de una antigua hacienda llamada Planadas, que en los años ochenta era propiedad de la familia Duque Barros. En noviembre de 2016, el Tribunal Superior de Cartagena se pronunció a favor de los parceleros expulsados de La Boquilla, negando la oposición presentada por una heredera de los Duque, quien durante el juicio aseguró ser víctima de las invasiones de tierras promovidas por los campesinos y hasta del mismo ‘Tuto Castro’, cuando le vendió la propiedad.
Los magistrados no encontraron asidero en estos argumentos, recordando que en 2013 el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) ordenó la extinción de dominio por inexplotación económica de estos predios, un proceso que inició en 1994, cuando el Estado encontró que los titulares (para entonces Los Duque) no explotaban las tierras. El Tribunal citó además varios apartes de la decisión del Incoder, que reconoce que los campesinos ingresaron de forma pacífica a los predios entre 1983 y 1984, cultivaron las tierras hasta que fueron desplazados por las Auc 1997 y retomaron los cultivos diez años después, cuando creyeron que estaban dadas las condiciones para volver a trabajar el campo.
En marzo de 2017, un segundo fallo, esta vez del Juzgado Segundo de Santa Marta, favoreció a los campesinos de San Martica concretando el ‘rompecabezas’ de cómo ‘Tuto’ se benefició del despojo del Bloque Norte. En ambas decisiones están consignados los testimonios de los parceleros, quienes relataron que el 15 de agosto de 1997 fueron obligados a asistir a una reunión en La Boquilla, donde dos paramilitares, conocidos con los alias ‘Caballo’ y ‘Viejo’, los amenazaron de muerte y los forzaron a abandonar las fincas.
Como lo documentó VerdadAbierta.com, en 2005 el ‘Tuto’ quiso ocultar el despojo desarrollando en estos predios un proyecto de reforestación, sembrando árboles de ceiba, teca y eucalipto. (Lea: La caída de un señor de las tierras) Sin embargo, la titulación a nombre propio solo quedó legalizada un año después, en medio de la desmovilización paramilitar. La conexión política del ‘Tuto’ en aquella época no era de poca monta, pues su hermano Jorge había sido congresista. En 2010, la Corte Suprema lo condenó tras probar que ganó las elecciones como segundo renglón de Dieb Maloof, apoyado por los paramilitares de ‘Jorge 40’. (Lea: La lucha por la tierra en Magdalena)
Las sentencias de restitución advierten que al menos 253 familias del sur del Magdalena fueron víctimas del destierro provocado por ‘Jorge 40’ y sus cómplices. Hoy, 13 de esas familias esperan que su retorno, ahora respaldado por una decisión judicial, sea para siempre.
