La llegada de 5.000 campesinos a Anorí es el más reciente coletazo de los líos que tienen enredada la construcción de la hidroeléctrica antioqueña.
 |
| Los campesinos de las montañas vecinas de Anorí comenzaron a llegar al pueblo desde el 24 de enero, para protestar contra los cultivos ilícitos, los controles a la minería artesanal y la construcción de tres bases militares en la zona. Foto Semana |
Desde hace varios días, cientos de hombres y mujeres, niños entre ellos, se apiñan en el parque de Anorí, a 170 kilómetros de Medellín. La multitud hace parte de los 5.000 campesinos que se desplazaron desde las montañas vecinas para reclamar por las fumigaciones contra los cultivos ilícitos, los controles a la minería artesanal y la construcción de tres bases militares en la zona. Mientras las autoridades dicen que esas son peticiones del frente 36 de las Farc en boca de los labriegos y que, sin importar qué tanto tiempo permanezcan a la intemperie, nada de lo que piden se les concederá, los campesinos aseguran que su protesta es legítima y sus necesidades, reales y apremiantes.
Carlos Almanza, quien llegó al parque de Anorí con su mujer y sus tres hijos, niega que la guerrilla esté detrás de las peticiones y dice que tanta gente allí demuestra que llevan años solos, abandonados por el gobierno a su mala suerte. “Tenemos la certeza de que estamos asfixiando las fuentes de financiación de los terroristas en la zona; la presión que ahora ejercen sobre las comunidades es síntoma de eso”, afirma el coronel Édgar Ferrucio Coppola, comandante de la Décima Cuarta Brigada del Ejército. La Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas (Ocha) ha reportado que los campesinos se habrían desplazado presuntamente por presiones de las Farc contra la fumigación de cultivos de coca en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño y que entre ellos habría hasta dos mil niños.
Un elemento en común tienen muchas de las familias llegadas al pueblo en buses escalera: provienen del territorio en el que EPM proyecta construir Porce IV, una hidroeléctrica con capacidad para producir 400 megavatios y cuyo inicio de obras, por la presencia de la guerrilla y el desaforado incremento en el número de pobladores que reclaman una compensación económica, fue suspendido a finales del año pasado.
“Queremos que se reinicien las obras y que nos reconozcan los dineros a los que tenemos derecho”, dice Enrique Pulgarín, otro de los desplazados. El presidente de la junta de EPM y alcalde de Medellín, Alonso Salazar, les ha respondido por la radio.“Ellos mismos hicieron inviable el proyecto cuando dejaron que esas tierras se llenaran de pobladores recién llegados. En esas condiciones, Porce IV seguirá suspendida”, dijo.
Según EPM, un censo inicial estableció en 2.799 el número de campesinos a los que habría que comprarles sus parcelas para desarrollar la megaobra, pero dos años más tarde pasan de ocho mil quinientos, un crecimiento de 204 por ciento. Así las cosas, se necesitarían recursos por más de ciento treinta mil millones de pesos, casi cien mil millones por encima de lo previsto inicialmente, para comprar las tierras del futuro embalse.
Además de acusaciones del Ejército de que una parte de los recién llegados habrían sido enviados por las Farc mediante engaños y presiones para torpedear el proyecto, EPM dice que en la zona hay predios cercados a último momento por miembros de las administraciones locales de Anorí, Amalfi y Zaragoza, municipios de los que ahora se teme que comiencen a llegar más campesinos, con lo cual el número de desplazados podría llegar a diez mil.
La tesis del gobierno, según el ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, es que las Farc buscarían preservar 1.800 hectáreas de coca, un tercio de ellas sembradas en el perímetro del futuro embalse, y que la concreción de Porce IV les significaría la pérdida de una retaguardia hasta ahora protegida, en una zona de nutrida vegetación selvática.
Más allá de si este desplazamiento masivo –el primero de esta magnitud que enfrenta el gobierno de Juan Manuel Santos– es producto de presiones de la guerrilla, del abandono oficial, del conflicto armado o de una mezcla de todo ello, lo más preocupante, además de la suspensión de una obra energética clave para el país, es el sufrimiento que, otra vez, como historia repetida una y mil veces, pagan cientos de familias campesinas. “Estamos aquí para que nos escuchen, y no nos vamos a ir hasta que nos oigan, pues. Que no nos respondan más por la radio. Que den la cara”, sentencia Clara Morales, con un niño cargado al que amamanta debajo del vestido mientras espera una bolsa de leche que la Gobernación de Antioquia mandó desde Medellín.
Publicado en Semana
