Según el último informe de Codhes, 280.000 personas fueron desplazadas en 2010, un drama que se presenta con fuerza en las zonas de consolidación del gobierno Uribe.
Según Codhes, 280.000 fueron desplazadas en 2010.
A pesar de la desmovilización de las Auc, de los golpes decisivos contra las Farc y del anuncio de políticas de tierras y consolidación del gobierno, el último informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) asegura que 280.041 personas fueron desplazadas en 2010, o sea casi 780 cada día (Descargar el informe).
Codhes es una Ong dedicada a la investigación en derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el seguimiento del fenómeno del desplazamiento en Colombia.
Según esa entidad, 30 por ciento de los desplazados vienen de las zonas de consolidación del gobierno Uribe, en los que se concentran las acciones de política pública y de seguridad.
Una cifra por encima de los registros estatales que lleva la Agencia Presidencial para la Acción Social, que contabilizó 86.312 desplazados en 2010, pero que calcula que 40 por ciento vienen de las áreas de consolidación.
El estudio de Codhes revela que el desplazamiento golpea 31 de los 32 departamentos del país, y que las regiones más críticas en el país son el Pacífico nariñense, el Bajo Cauca antioqueño, la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Córdoba, Arauca, Putumayo, Caquetá y Meta.
Una de las razones que inciden más en la persistencia de este fenómeno es que las bandas criminales se fortalecieron en los últimos años y lograron imponerse, buscando dominar los corredores del tráfico de droga y los yacimientos minerales.
El informe de Codhes asegura que en los últimos 25 años más de 5,2 millones de personas fueron desplazadas y que cerca de 390 mil colombianos se exiliaron en otro país, huyendo la violencia.
Los límites de la consolidación
Uno de los aspectos que más llama la atención del estudio es que un porcentaje importante de los desplazados (32,7 por ciento) han salido de zonas donde el gobierno emprendió desde 2007 el “plan nacional de consolidación territorial”, o Centros de Coordinación y Atención Integral (Ccai), programas que tienen incidencia en 86 municipios en 17 departamentos, los cuales el ex presidente Uribe consideró prioritarios para recuperar la seguridad y avanzar en inversión social y empresarial.
Según las políticas de Uribe, después de haber combatido ‘paras’ y guerrilleros en su primera presidencia, en su segundo periodo las zonas de consolidación tenían que complementar la seguridad democrática y reforzar la presencia institucional en las zonas que seguían siendo violentas. En estas regines las acciones del Ejército se combinan con presencia de instituciones como la Fiscalía, Procuraduría y con proyectos sociales.
En mayo de 2010, Acción Social presentó los resultados de la política que empezó en 2006 y que aunque no está incluida en el plan de desarrollo del gobierno Santos, aún se aplica. El gobierno dijo que se invirtieron más de 1,5 billones de pesos, y presentó resultados en cobertura de salud, educación y programas como familias guardabosque, familias en acción, entre otras.
Así, a pesar de las políticas, en el Pacífico (Nariño, Cauca, Valle y Sur del Chocó), el Caguán (Caquetá), Macarena (Meta), Bajo Cauca, Sur de Córdoba, Montes de María, Sierra Nevada de Santa Marta, Putumayo, Arauca y Catatumbo (Norte de Santander), 91.499 personas abandonaron sus hogares y de los 100 municipios con las más alta tasa de desplazamiento, 44 están dentro de estas áreas de consolidación.
“Algo no está funcionando en ese modelo de consolidación, en 72 por ciento hay grupos paramilitares y en 35 guerrilla”, dijo el director de Codhes, Jorge Rojas.
Codhes señala ahí la presión sobre la tierra sigue siendo muy fuerte y la violencia no se ha ido. En 2010, en estos municipios se cometieron 19 masacres, donde murieron a 92 personas, 176 fueron asesinadas y se han registrado amenazas contra defensores de los derechos humanos.
Una de las razones que explica el apetito por estas regiones es, según el informe, el auge de la minería, particularmente del oro. En un tercio de las zonas de consolidación hay explotaciones, como en Montelíbano (Córdoba), varios municipios del Bajo Cauca, en el Pacífico o en el Catatumbo.
“La región más crítica es la del Bajo Cauca, allá están haciendo de todo”, le dijo a VerdadAbierta.com una de las investigadoras del estudio.
En las riberas de los ríos Cauca, Man, Nechí y Cacerí hay cerca de 2.000 retroexcavadoras y dragas que según cifras oficiales sacan 28 toneladas de oro al año. Con la fiebre minera llegaron las bandas criminales, las masacres, los asesinatos y las amenazas. En la región hay 89 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de Antioquia.
El informe también señala que miles de hectáreas de palma y otros cultivos agroindustriales se están implantando en las zonas de consolidación. En el 16 por ciento de estas, según Codhes, hay siembra intensiva de palma africana, como en San Onofre (Sucre), Tibú (Norte de Santander), Guapi y Tumaco (Nariño), en las faldas de la Sierra Nevada y en la Macarena (Meta).
Codhes advierte que aunque la mayoría de empresas palmeras son legales y les compraron las tierras a los campesinos, la presión financiera en regiones que fueron abandonadas por los campesinos es preocupante. “Hay gente aprovechándpse de las zonas de consolidación”, señaló Jorge Rojas.
En los Montes de María, una de las zonas más golpeadas por la guerra, muchos campesinos están preocupados por el alza de los precios de la tierra y la llegada de la palma. Por el abandono que sufrieron sus parcelas, la inversión para readecuarlas es muchas veces demasiado alta y es más realista vender que volver. Los campesinos además muchas veces se endeudaron en su desplazamiento y necesitan dinero para pagar.
Codhes resalta además que en las zonas de consolidación no se ha logrado desterrar el narcotráfico, pues en más de 70 por ciento están cultivando coca.
Según Jorge Rojas, la gente no sólo está huyendo los enfrentamientos por rutas, laboratorios y plantaciones de droga, pero también las fumigaciones que son realizadas en marco de operaciones militares.
Un drama crónico
El estudio de Codhes, basado en cifras de gobiernos extranjeros y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), también reveló que hay cerca de 390 mil colombianos refugiados, 11 por ciento de todos los colombianos que viven por fuera. Así 54 mil refugiados huyeron a Ecuador, 34 mil a Estados Unidos, 15 mil a Canadá, 10 mil a Costa Rica y el resto se reparten entre España, Panamá, Venezuela y Brasil.
“Los refugiados no están en el conteo de víctimas, ni sabemos si ellos tendrán derecho a ser reparados en la ley que está debatiendo el gobierno”, dijo Jorge Rojas.
Codhes también contabilizó 5,2 millones de desplazados en 25 años, una crisis crónica, con más de 200.000 personas que abandonan sus hogares cada año, la cifra más elevada del mundo, por encima de Sudán, Irak o Afganistán. Además, desde 2002, 44 líderes de tierras fueron asesinados, 10 de ellos en el último año.
“El problema es crónico, y que sean paramilitares, bandas criminales o guerrilla que están detrás del desplazamiento, son sólo nombres que no pueden esconder las estadísticas”, dijo a VerdadAbierta.com un investigador de Codhes.
