Unos 60 excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc asentados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruiz, de ese municipio antioqueño, decidieron desplazarse de allí junto con sus familias ante la difícil situación de orden público del municipio. Desde la firma del Acuerdo de Paz, unos 70 desmovilizados han abandonado el ETCR de Ituango por la misma razón. Por lo menos 60 de ellos se encuentran radicados en Medellín.
Para los desmovilizados de la extinta guerrilla de las Farc asentados en el ETCR Román Ruiz, de la vereda Santa Lucía, Ituango, el reciente asesinato de César Darío Herrera, ‘Lenis Callejas’, como lo conocieron en su vida subversiva, terminó siendo la “gota que rebosó la copa”. Tras un extenso encuentro que tuvo lugar en el ETCR inmediatamente después del trágico suceso, 60 excombatientes, acompañados de por 45 de sus familiares entre los que se cuentan menores de edad, tomaron la decisión de abandonarlo para proteger sus vidas.
Así lo informaron voceros del partido Farc desde la cuidad de Medellín, quienes añadieron además que unos 20 desmovilizados continuarán en Santa Lucia, “implementando los proyectos productivos en el territorio y encargados de las tareas de la cooperativa Cooemprender. Ellos dicen que quieren aguantar un poco más, ellos tienen allá un proyecto de ganadería. Pero igual, no es fácil. La situación está muy compleja”, tal como lo afirmó Marcos Urbano, uno de los integrantes del capítulo Antioquia del partido surgido tras la firma del Acuerdo de Paz.
Según Urbano, la salida de los desmovilizados y sus familiares del Espacio Territorial se llevará a cabo mediante un plan de trabajo a ejecutar en 60 días, en los cuales “se buscarán nuevas tierras en otros municipios para adelantar la reincorporación como la hemos venido desarrollando, de manera colectiva. Como no tenemos tierra y el gobierno nacional no nos ha dado la posibilidad, si en ese tiempo no tenemos un sitio, pues tendremos que traer la gente a algún refugio”, agregó el vocero.
Además, recordó que ya en diciembre pasado, tras el asesinato del también desmovilizado Manuel Antonio González, perpetrado el día 15 de ese mes, once excombatientes decidieron abandonar el ETCR, cifra que se sumó a los poco más de 60 firmantes del proceso de paz de la extinta guerrilla de las Farc que decidieron radicarse en Medellín tras considerar que no contaban con garantías de seguridad en Ituango.
“Hay amenazas precisas contra algunos camaradas, por eso han tenido que salir. En este momento están viviendo en condiciones muy precarias, en los barrios más alto de la ciudad, viviendo con menos del mínimo y una situación muy compleja”, expresó el vocero, quien le pidió al gobierno nacional “mantener la figura del ETCR, para garantizar los derechos contemplados en la reincorporación”.
Desde su cuenta de Twitter, Pastor Alape Lascarro, integrante por parte del partido Farc del Consejo Nacional de Reincorporación, confirmó que se preparará y organizará el traslado colectivo de los excombatientes y sus familias para un lugar que brinde mayores garantías. Desde la firma del Acuerdo de Paz, 21 exguerrilleros de las Farc-Ep han sido asesinados en Antioquia, de los cuales, 12 han perecido en Ituango, siendo el municipio más peligroso para esta población.
Se buscarán tierras
Tras conocer el anuncio de los desmovilizados, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, señaló que el próximo lunes 3 de febrero se reunirá de manera extraordinaria el Consejo Nacional de Reincorporación, en el que se espera la presencia de Pastor Alape por parte del partido Farc, para analizar la situación del ETCR Román Ruiz, de Ituango.
Archila recordó sin embargo que, en el primer trimestre de 2019 varias entidades del gobierno nacional, entre ellas la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), realizó un estudio sobre la situación de estos Espacios Territoriales para determinar cuáles tenían condiciones para continuar, cuáles debían ser traslados y cuáles debían ser cerrados definitivamente. “En mayo del año pasado compartimos nuestras conclusiones y una de ellas fue que ese espacio en particular, el de Santa Lucía, debía moverse de ese sitio, por razones de seguridad. En ese momento, los desmovilizados se negaron al traslado e insistieron en permanecer allí”, destacó el Consejero Presidencial.
“Pero ahora que tenemos conocimiento de que sí atendieron la recomendación del gobierno nacional y moverse para otro sitio -continuó Archila- estamos prestos para brindar todo el apoyo y la protección que sea necesario, para que ellos continúen con sus proyectos productivos”. En ese sentido, el Consejero Presidencial declaró que el gobierno nacional cuenta con por lo menos 500 bienes que se encuentran bajo la tutela de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para evaluar cuál puede servir.
Por otro lado, el pasado 31 de enero, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, celebró un consejo de seguridad en Ituango con el fin de evaluar la situación de los excombatientes asentados en el ETCR. La principal decisión surgida de dicho encuentro fue la realización de una reunión la semana del 3 al 8 de febrero en Ituango, que contará con la presencia del consejero Emilio Archila, del director nacional de la ARN, de la Gobernación de Antioquia y de otras instituciones, para buscar soluciones.
Bajo todos los fuegos
“La situación de nosotros es muy compleja. En Ituango se está moviendo narcotráfico, minería ilegal y hay sectores que sienten que nosotros somos piedra en el zapato. Estamos bajo todos los fuegos. Hay presencia de este grupo ‘Clan del Gofo’, están los ‘Caparrapos’, hay bandas de aquí de Bello (área metropolitana), hay disidencias. En fin, una situación muy compleja”, manifestó Marcos Urbano tras el interrogante de ¿quién está detrás de los asesinatos de los excombatientes en Ituango?
Como lo documentó recientemente el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en Alerta Temprana 004 del 24 de enero pasado, los excombatientes, al igual que los presidentes de Juntas de Acción Comunal, los participantes de programas estatales como el Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS); comerciantes, transportadores, menores de edad, se encuentran en serio riesgo de vulneración de sus derechos humanos por cuenta de la acelerada expansión de los grupos armados conocidos como Disidencia Frente 18 -Cacique Coyará, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llamadas por el gobierno nacional ‘Clan del Golfo’.
De acuerdo con la Alerta Temprana, la presencia de recursos económicos provenientes, presuntamente, de carteles centroamericanos de la droga, estaría siendo aprovechada por ambas estructuras para fortalecerse militarmente y así lograr el dominio territorial y social de amplias franjas del municipio en su zona rural, para el desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico. (Leer más en: Disidencias de las Farc y ‘gaitanistas’: la nueva guerra que se cocina en Ituango)
“Así, las autodenominadas AGC han avanzado en su proceso expansivo hasta conformar un corredor que les permite la comunicación y movilidad desde el municipio de Tarazá en la subregión del Bajo Cauca, hasta el municipio de Peque, en el occidente de Antioquia, buscando afectar así la capacidad de actuación que el Frente 18 pudiese lograr al fortalecer su presencia desde el Nudo de Paramillo en el sur de Córdoba hacia el corregimiento de Santa Rita en el municipio de Ituango”, consigna la Alerta Temprana.
Con relación al Frente 18 – Cacique Coyará, el SAT de la Defensoría señaló que este grupo armado “ha asegurado para sí un corredor que le facilita la movilidad en las márgenes oriental y occidental del río Cauca entre los municipios de Ituango y Briceño”. La preocupación de esta Agencia del Ministerio público es que la disidencia fariana termine celebrando alianzas con otros grupos armados en su afán por disputarle el control territorial a las Agc, lo que podría recrudecer las confrontaciones armadas en Ituango, y el norte de Antioquia en particular.
“Resulta altamente probable que este Frente 18 – Cacique Coyará establezca acuerdos temporales con otras estructuras disidentes de las FARC del sur de Córdoba u otros grupos armados ilegales como el Bloque Virgilio Peralta Arenas conocido como ‘Caparrapos’ (Caparros), como estrategia de contención ante el avance, expansión y fortalecimiento de las AGC desde el sur del departamento de Córdoba y la subregión del Bajo Cauca en Antioquia”, según se lee en la Alerta Temprana.
