Uno de los mayores deseos de las comunidades étnicas con la firma del Acuerdo de Paz es poder vivir en armonía en sus territorios ancestrales; para ello es fundamental que sean descontaminados del material de guerra que quedó abandonado e instalado. Sin embargo, la disputa por el poder que ostentó la otrora guerrilla de las Farc tiene en jaque ese sueño.
Ni una mención directa en el Acuerdo de Paz le sirvió a la comunidad del consejo comunitario de La Alsacia, asentada en las montañas del municipio de Buenos Aires, para que su territorio fuera descontaminado de artefactos explosivos y minas antipersonal. El suyo es uno de los pocos nombres propios que aparecen mencionados en el documento que le puso fin a un conflicto armado que duró más de medio siglo y lleva tres años de implementación.
“El Programa de Desminado y Limpieza de las áreas del territorio nacional se desarrollará en concertación con los pueblos étnicos y sus organizaciones representativas. Se atenderán de manera prioritaria los casos de (…) los Consejos Comunitarios Alto Mira y Frontera y río Chagüí, y el municipio de Buenos Aires, vereda La Alsacia, en el departamento del Cauca”, reza una de las salvaguardas que le dan vida al Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.
La historia del consejo comunitario de La Alsacia está marcada por la resistencia del pueblo afrodescendiente. Su territorio empezó a ser poblado en 1993 por familias que se declararon afectadas por la construcción y puesta en marcha de la Central Hidroeléctrica de La Salvaija. Con las obras finalizadas en 1986, se inició un éxodo de cientos de personas que vivían de las riquezas naturales que el río Cauca dejaba a su paso por el municipio de Suárez.
“Toda esa gente hacía sus labores agrícolas en las riberas del río y cuando se llenó el embalse, muchos se desplazaron porque sus terrenos fueron inundados por la hidroeléctrica. Emigraron hacia la parte alta buscando tierra. Se consiguió la finca por medio de Ley 135, a través del Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural). Se adjudicó y se parceló a las familias, fueron 60 las que iniciaron ese proceso”, cuenta con nostalgia Genaro*.
Con el paso del tiempo más familias fueron llegando a la vereda que le da nombre al consejo comunitario, localizada en las estribaciones de Los Farallones y que hace parte de la cordillera Occidental. Por esa ubicación geográfica y por ser parte del Naya, la región limítrofe entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, esa comunidad ha vivido de cerca los horrores del conflicto armado.
Sus pobladores recuerdan con tristeza, y aún con temor, tres momentos del conflicto armado. El primero ocurrió en la Semana Santa de 2001, cuando paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) incursionaron en varias veredas de los tres municipios que conforman el Naya y cometieron una de las más cruentas masacres de la historia reciente del país, al asesinar y desaparecer a decenas de personas que fueron señaladas por un informante del Eln de tener supuestos nexos con grupos guerrilleros. (Leer más en: Los orígenes de la masacre del Naya)
“Nosotros hemos tenido dos grandes desplazamientos forzados. El primero fue en el 86; después en 2001 tuvimos un desplazamiento por la incursión paramilitar, en donde todas las comunidades de la parte alta del Naya nos vimos obligadas a desplazar el territorio, dejando todo lo que teníamos allá”, lamenta nuevamente Genaro.
Tras la desmovilización de la mayoría de grupos que conformaron las Auc, entre ellos el Bloque Calima, proceso que finalizó en agosto de 2006, los habitantes de La Alsacia vivieron con relativa tranquilidad y en 2009 conformaron oficialmente su consejo comunitario, “para salvaguardar y velar por el cuidado de la tierra y blindar el territorio”.
Sin embargo, un par de años después y también en 2013, vivieron fuertes enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las Farc. La situación fue tan crítica que en una ocasión la comunidad estuvo confinada durante tres meses. Además, en ese periodo, se agravó la situación por la instalación de minas antipersonal y la presencia de material de guerra sin explotar.
Por esa razón, cuando empezaron los diálogos entre los delegados del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y de la antigua guerrilla de las Farc, en La Habana, Cuba, para ponerle fin a más de medio siglo de confrontación armada, los voceros de la comunidad de La Alsacia buscaron que su situación fuera conocida y atendida en la implementación de un eventual pacto de paz.
Esa tarea no fue fácil. Las peticiones de organizaciones afros e indígenas de crear una comisión étnica en la Mesa de Negociaciones, similar a la que se instaló para tratar temas de género, con el fin de que sus visiones y derechos fueran respetados, no fue atendida y sólo se permitió su participación días antes de la concreción del denominado Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. (Leer más en: Acuerdo con las Farc tiene Capítulo Étnico)
“A raíz de eso, con PCN (Proceso de Comunidades Negras), Aconc (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca) y las diferentes organizaciones que habían venido ayudando a sostener el proceso organizativo, se logra hacer incidencia en La Habana para que La Alsacia fuera tenida en cuenta para el desminado humanitario, netamente lo nombra el Capítulo Étnico. Pero son cosas que hasta el momento no se han dado: sabemos que el proceso de paz no ha estado funcionando a la perfección y en nuestra comunidad no se ha hecho como tal”, explica Genaro.
El proceso de desminado ha sido igual de accidentado que la negociación en La Habana. Inicialmente fue asignado a un operador que por falta de garantías no lo desarrolló y después fue encomendado a la organización The Halo Trust. En ambos casos, la nueva ola de violencia que azota a los pobladores de zonas rurales del norte de Cauca, en la que múltiples actores armados se disputan el dominio que ostentaron las Farc, tiene en vilo esa labor humanitaria. (Leer más en: Reacomodo de grupos armados ilegales impacta con fuerza a Cauca)
“La gente se motivó y estuvimos contentos, se empezó el proceso de capacitación. Pedimos que hubiera gente nuestra que conociera el territorio. Se inicia con una serie de reuniones, se hace el Estudio No Técnico donde se identifican los sitios críticos para nosotros. Cuando llega la fase para retirar los artefactos, nos comunican que no pueden seguir por falta de garantías en el territorio y porque su personal había recibido una serie de amenazas”, cuenta un habitante de la región que pidió mantener en reserva su identidad.
Y prosigue: “Hasta la fecha no hemos podido retomar esa actividad porque está un poco densa la cosa y la comunidad lo está pidiendo porque lo necesitamos. Los lugares afectados son fincas, zonas de esparcimiento donde la comunidad se recrea, como ríos y bosques, sitios donde culturalmente la comunidad va a obtener materiales para su sustento o tiene plantas medicinales. El proceso no ha avanzado y viendo que, si es un acuerdo que explícitamente, como se menciona a La Alsacia y a otras comunidades, ya se debería haber cumplido con ese punto”.
Este portal intentó comunicarse con The Halo Trust para conocer detalles de las labores realizadas en La Alsacia y si hay programada una posible fecha de reanudación, pero no fue posible lograr una entrevista y tampoco recibió respuesta del cuestionario que se formuló al respecto. De manera similar se intentó contactar al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos Arévalo, pero su equipo de prensa indicó que se remitiera un cuestionario por escrito, razón por la cual no se pudo tener contacto directo con el funcionario.
La respuesta de esta dependencia corrobora que el caso de La Alsacia le fue asignado The Halo Trust. Para ello, se socializó el proceso de desminado humanitario con la comunidad y sus autoridades ancestrales, “que brindaron su autorización y dieron el aval para iniciar el proceso”. Y explica que “actualmente las operaciones están suspendidas debido a las conflictividades del territorio, que afectan o pueden afectar la seguridad de esta comunidad”.
Asimismo, precisa que “la normativa internacional y la asumida por el gobierno colombiano, debido al componente humanitario del Desminado, propenden por la seguridad de la población y por brindar a la comunidad garantías de no repetición. En ese sentido, en algunos municipios, debido a sus dinámicas territoriales y a la falta de condiciones de seguridad para el desminado humanitario, se ven suspendidas estas operaciones”.
No obstante, aclara que tanto esa entidad, como The Halo Trust, están realizando talleres de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal con la comunidad, con sus líderes y con las autoridades para gestionar el riesgo frente a estos artefactos explosivos.
Resguardos en pausa
“Los equipos técnicos estaban adelantando una labor muy bonita de quitar bastantes artefactos explosivos que quedaron después de la guerra. Tristemente tenemos una situación bastante crítica con el programa de desminado humanitario que adelantan varias agencias en el norte de Cauca; en específico, en los municipios de Suárez, Miranda y Corinto”, lamenta Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).
Y la situación no es para menos, pues los hechos de violencia en los últimos meses, como la masacre de la gobernadora indígena del resguardo de Tacueyó y varios guardias indígenas en zona rural del municipio de Toribío; la masacre de un personal que adelantaba labores de topografía en el municipio de Corinto; los constantes asesinatos de comuneros y miembros de la Guardia Indígena; sumados al robo una camioneta de Humanity & Inclusion (HI), organización humanitaria que atiende a víctimas de minas antipersonal y adelanta labores de desminado en tres municipios, llevaron a la suspensión de operaciones en terreno. (Leer más: Masacre de Tacueyó: el alto costo de ejercer la autoridad propia)
“Lo que se anheló: tener resguardos despejados y libres de sospecha minas, donde las comunidades puedan realizar sus labores agrícolas y su arraigo con el territorio, está en peligro por el regreso de las violencias”, indica Capaz con dolor, porque la no repetición de la violencia que se debía dar en la región tras la dejación de armas de las Farc, no se cumplió.
Y resume así lo que ha pasado con el compromiso del desminado humanitario: “La cuestión es que este ejercicio tuvo buen arranque por el contexto de paz, donde existían unas circunstancias de tranquilidad tremenda producto del impulso del Acuerdo de Paz, pero hoy está siendo seriamente afectado. Ahora tenemos suspensión en varias zonas, ojalá no tengamos que cancelar las acciones de desminado humanitario civil”.
Esas suspensiones obedecen a las dinámicas de reconfiguración territorial entre diferentes grupos armados ilegales que se disputan el control de las zonas y negocios ilegales que durante décadas controlaron las Farc hasta su desaparición como grupo alzado en armas. No en vano, la Defensoría del Pueblo ha emitido nueve informes de Alerta Temprana desde 2018 para los municipios del norte de Cauca dando cuenta de la presencia de grupos disidentes de la extinta organización guerrillera, acciones de grupos sucesores del paramilitarismo, la expansión del Eln desde el sur del departamento y el arribo de nuevos grupos criminales, entre ellos el Epl.
Ese caldo de cultivo, producto de la demora del Estado para copar de manera integral los territorios que la otrora más guerrilla del continente dominó, es el que tiene en vilo el proceso de desminado humanitario y puede echar al traste los resultados alcanzados en los dos últimos años. Por ejemplo, hasta noviembre, antes de suspender labores de desminado, HI había logrado despejar 11.155 metros cuadrados en Corinto, 5.882 más en Caloto y destruir 151 artefactos explosivos en ambos.
Esa organización, compuesta por una federación de asociaciones nacionales en Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Luxemburgo, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, que opera en Colombia con el apoyo de la Embajada de Suiza y Cosude, inició contactos con las comunidades indígenas en septiembre de 2016.
Érica Agredo, asesora de Seguridad y Protección de HI, cuenta que debido al trabajo de enlace comunitario que habían hecho con el pueblo Nasa, los resguardos de Huellas, Tóez y López Adentro, ubicados en Caloto; y el de Corinto, que lleva el mismo nombre de ese municipio, solicitaron que dicha organización estuviera a cargo del desminado de sus veredas.
“Ellos no querían que lo hiciera la brigada de desminado del Ejército por el tema del conflicto. Fue toda una labor de consensos, de acuerdos, de construcción colectiva de la propuesta y así es como inicia el proceso”, explica. De ese modo fue como el programa Descontamina Colombia, a cargo del gobierno nacional, le asignó esos dos municipios y también Cajibío, en donde trabajan con comunidades campesinas.
Durante el primer semestre de 2017, las actividades se enfocaron en labores de enlace con las comunidades, de entrenamiento de los equipos y contrataciones de personal, entre las que se incluyeron habitantes de la región. “Hay que reconocer que no es fácil porque el desminado trae una connotación que se percibe como una acción que puede estar vinculada con la erradicación de cultivos o con la gran minería. Nos tocó explicar que nuestra misión es puramente humanitaria y que lo único que queremos es reducir los riesgos de los artefactos explosivos de las comunidades. Esa es nuestra misión”, explica Arturo Bureo, coordinador de desminado de HI.
Es así como en agosto de ese año iniciaron las labores de campo, las cuales tienen tres fases. La primera es la de Estudio No Técnico (ENT), que consiste en la revisión de bases de datos sobre accidentes e incidentes con material de guerra y operaciones militares; además de entrevistas para que los pobladores reporten la posible ubicación de artefactos explosivos.
En caso de ser identificados sitios contaminados con munición sin explotar o minas antipersonal, se determina un polígono y son aislados. Tras esa fase, entran en acción los equipos de despeje, con detectores de metales y herramientas de jardinería. Finalmente, se procede a la etapa más delicada, que es la de neutralización o destrucción de los artefactos explosivos.
Aderito Ismael, jefe de Operaciones de Desminado de HI, explica que, dependiendo de la clase de artefacto a neutralizar, se utilizan diferentes métodos y herramientas, como el disparo de un chorro de agua a alta velocidad o una quema controlada.
Como balance parcial, Bureo reporta que han “avanzado en las tres labores en ambos municipios. En la fase de Estudio No Técnico en Caloto estamos como en un 80 por ciento y quedaban alrededor de 18 mil metros cuadrados identificados por despejar. En Corinto hemos avanzado en un 45 por ciento de ENT, ahí quedaría más trabajo por hacer y se han identificado áreas por despejar”. Y destaca que esos municipios se han caracterizado porque la mayoría de los hallazgos son de “artefactos aislados”, como morteros improvisados.
A pesar de la suspensión, esa organización humanitaria sigue atendiendo a víctimas y realizando talleres de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal. El 13 y el 15 de noviembre se reunieron por separado con las autoridades indígenas de los dos municipios para analizar si podían reanudar labores de desminado, pero el panorama no ha cambiado y no existen las condiciones de seguridad para realizarlas. Las partes acordaron mantener la suspensión y hacer una nueva evaluación el próximo mes de enero.
“Nos hemos ajustado a la cosmovisión de las comunidades, a los procesos de armonización cuando llegamos a algunas zonas y respetamos totalmente la forma en que armonizan el territorio. Lo hemos ido entendiendo y comprendiendo, por eso seguimos comprometidos con las comunidades y con las necesidades que tienen. Cuando se den las condiciones, entramos de nuevo con el desminado”, enfatiza Agredo.
HI tenía proyectado finalizar sus labores en Caloto a finales del próximo año y en Corinto estarían concluyendo en 2021, pero esa previsión ya no será posible. En consecuencia, las comunidades étnicas del norte de Cauca tendrán que vivir más tiempo con sus territorios ancestrales contaminados y expuestas a los peligros del material de guerra que no explotó, un riesgo que revela el fracaso del Estado de cumplir con el pacto de no repetición, que incluía brindar condiciones de seguridad en las regiones golpeadas por la confrontación armada.
* Nombre modificado por razones de seguridad.
Investigación realizada con el apoyo de:
