La Mesa de Copartes Miseror presentó un informe que recuerda la dimensión del despojo en esta región, a propósito de la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc. El estudio pone en evidencia las contradicciones de la política pública agraria del gobierno nacional.
Según el Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), Colombia tiene un Gini del 0,883. Eso significa que el país registra una alta concentración de la propiedad rural, pues entre más cercano a 1 esté ese coeficiente, mayor es la inequidad. Foto: archivo Semana.En una región priorizada para el “desarrollo” de los próximos años, no es coherente que los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la población supere el 50 por ciento y que existan personas que vivan en condiciones de extrema pobreza. El más reciente informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) indica que “el énfasis de los proyectos extractivos y de producción de materias primas se enfocan en satisfacer la demanda internacional y no son propiamente para mejorar las necesidades de los habitantes de esta zona”.
El informe, titulado Despojar y desplazar: estrategia para el desarrollo de la Orinoquía, hace referencia a las iniciativas a través de las cuales el gobierno nacional cambió la estructura del uso del suelo, advirtiendo que su goce será para el sector empresarial que “podrá sobre-explotar los suelos con proyectos agroindustriales sin menoscabar su patrimonio”. Para el La Mesa de Copartes Miseror, el problema es que esta propuesta económica va en contravía de los derechos de las comunidades campesinas y étnicas, y contradice de paso el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno nacional y las Farc el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá. (Lea el informe aquí)
Es por eso que, entre sus recomendaciones, la Mesa le hace un llamado al gobierno nacional para que investigue y sancione con rigor a los autores materiales e intelectuales que participaron en el acaparimiento de tierras, desplazamiento forzado y todos aquellos delitos que siguen afectando a la población indígena y campesina.
El informe pone como ejemplo la situacion de los indígenas Sikuani, pobladores de La Primavera, en el departamento de Vichada quienes, desplazados por guerrilleros de las Farc, narcotraficantes y paramilitares, siguen a la espera de un proceso de restitución que les garantice paz y desarrollo en su territorio ancestral.
La Mesa cree necesario mapear, con la participación de las comunidades afectadas, los territorios que cambiaron de dueño de forma aparentemente irregular como consecuencia del uso de violencia; garantizar el derecho a la consulta previa; y sobre todo, asegurar que las normas sobre tierras y fomento a la agroindustria no estén en contra del Acuerdo Final para la terminación del conflicto pactado con las Farc y de los derechos de las víctimas de despojo de tierras. (Lea: La Reforma Rural Integral, a ‘fuego’ lento y El proyecto que ataca el ‘alma’ de la reforma agraria integral)
También hace referencia en el informe a que la inversión no puede sobrepasar la garantía de los derechos fundamentales, tema que ha sido debatido en el Congreso de la República durante los últimos tres años, objeto de demandas de constitucionalidad y motivo de advertencias de las organizaciones sociales: “Estas iniciativas conciben al territorio desde una dimensión meramente económica, para satisfacer la demanda internacional de materias primas, lo cual conlleva para la población local y las víctimas una profunda incertidumbre, puesto que su territorio que ha sido ocupado ancestralmente tiene ahora finalidades que no los incluyen”. (Lea: ¿A quién favorece el uso ampliado de baldíos propuesto por el gobierno nacional?)
De las leyes a la realidad
El Informe de la Mesa de Copartes Miseror explica que el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley Zidres y el Plan Maestro de la Orinoquía han sido iniciativas del Gobierno para legalizar la acumulación de baldíos en subregiones como la Altillanura. Foto: archivo Semana.El informe el Cinep explica que la contradicción entre las normas agrarias y la relación con los derechos de las comunidades se concretó en el actual Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018), que modifició el mapa del territorio nacional “atendiendo principalmente a criterios de mercado, que en últimas benefician a los que controlan el territorio y sus rentas”.
A partir de la recomendación la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el gobierno nacional incorporó en la llamada “Región Llanos” a departamentos como Guaviare, Guainía y Vaupés, cuando estos tienen un ecosistema ligado a la región amazónica, lo que le imprime unas características de protección especiales. En ese sentido, el estudio advierte que esta “integración” está asociada al interés por continuar con la explotación petrolera y el desarrollo de monocultivos como la palma de aceite, maíz, arroz, soya y forestales, que, tal como lo demuestra la experiencia en otras regiones del país, no han significado un mejoramiento en la calidad de vida de campesinos e indígenas.
El estudio recuerda que el “espíritu” del Plan de Desarrollo se complementa con el Conpes 3797, del Departamento Nacional de Planeación, que propone para la subregión de la Altillanura una economía de enclave, “que no resuelve las brechas en educación, empleo, saneamiento básico, vivienda y salud de la población, las cuales muy seguramente se mantendrán en los próximos años”.
También se suman a esos complementos cuestionados la aprobación de la Ley 1776 de 2016, conocida como Ley Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social), considerada por sus críticos como un instrumento que pretende legalizar la acumulación de baldíos; autorizar la concesión de baldíos a empresas privadas; catalogar dichas zonas como de utilidad pública e interés social, favoreciendo así la concentración de tierras; y promover las alianzas estratégicas entre campesinos y grandes empresarios, en las que los primeros básicamente servirán como mano de obra para los segundos. (Lea: Las situaciones imperfectas de la Ley Zidres)
El informe también hace referencia a la aprobación del Plan Maestro de la Orinoquía (PMO), que define como “detonantes del desarrollo” 38 millones de hectáreas de los departamentos de Meta, Vichada, Arauca, Guaviare, Casanare y Guainía, teniendo como prioridades cinco ejes: el recurso hídrico y medio ambiente; el desarrollo productivo sostenible; la infraestructura y logística; la energía e hidrocarburos; y el ordenamiento territorial. “El PMO señala que con esas 5 prioridades se brinda la seguridad jurídica y las condiciones apropiadas para la inversión”, se asegura en el estudio de la Mesa.
El estudio advierte que aunque los dos últimos gobiernos han impulsado a la Altillanura como una “gran despensa agrícola”, la política pública agraria no ha garantizado progreso a las comunidades afectadas por la guerra. Foto: archivo Semana.A la Mesa le preocupa que estas tres iniciativas consideren como “obstáculos a la inversión” las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), que son las porciones de tierra que pueden ser adjudicadas a las familias o comunidades que carecen o tienen tierra insuficiente; así como que el Plan Maestro de la Orinoquía catalogue como “restricción” a los resguardos indígenas, los cuales sumados alcanzan los 17,6 millones de hectáreas; y también a las Zonas de Reserva Natural, que abarcan otros 5 millones de hectáreas.
Bajo estos criterios, según la Mesa, el gobierno nacional ha permitido legalizar la acumulación de baldíos, como lo viene advirtiendo la Contraloría General de la Nación desde el año 2012 cuando identificó 14 casos de particulares y empresarios que, usando fiducias y Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), sumaron 215 mil hectáreas en la Altillanura. En mayo de 2017, ese organismo de control identificó otros 33 casos de acumulación, de 123 mil hectáreas, más en los departamentos de Córdoba, Meta, Caquetá, Vichada y Antioquia. (Lea: El difícil horizonte del Fondo de Tierras para la Paz y Contraloría le recordó a la ANT en dónde y quiénes acumularon baldíos)
Para este centro de investigación es incomprensible que se pongan trabas al acceso a tierras para comunidades campesinas e indígenas, víctimas del conflicto armado, cuando el mismo Acuerdo de Paz promete una Reforma Rural Integral, pero también cuando la guerra ha dejado 8 millones de hectáreas despojadas, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica. El informe explica que la guerra, la pasada y la actual, “es funcional y necesaria” a la acumulación, que usa como estrategia el “vaciamiento territorial” para “abrir la dinámica de compras y acumulaciones”.
En ese sentido, el estudio también advierte que, entre los 170 municipios del país, priorizados para la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) incluidos en el acuerdo con las Farc, no hayan sido incluidos ni Puerto Gaitán ni Puerto López, y tampoco los municipios de Casanare y Vichada, donde precisamente han sido registradas las acumulaciones. Estos Planes buscan atender problemas como altos niveles de pobreza, debilidad institucional y presencia de cultivos de uso ilícito, para potenciar el desarrollo de estas comunidades.
Por ello, el informe le reitera al gobierno nacional la necesidad de investigar el acaparamiento, sancionando a los responsables y evitando que las normas que se aprueban en el Congreso para la implementación del Acuerdo de Paz, como ocurrió con el Decreto Ley 902 de 2017, debiliten otras leyes agrarias que garantizan el acceso y uso de tierras para las comunidades más afectadas por el conflicto armado.
