En el juicio a Salvatore Mancuso, la fiscalía denunció que casos procesados en Justicia y Paz sobre delitos cometidos por ex paras y ex guerrilleros también se investigan en la justicia ordinaria.
Muchos de los delitos que son investigados en Justicia y Paz, tienen un proceso paralelo en justicia ordinaria generando un doble gasto de recursos de la justicia. Foto: Archivo Semana.En el juicio en contra de Salvatore Mancuso, la defensa del ex jefe paramilitar y la fiscal encargada del caso, denunciaron que existen cerca de 600 procesos en la justicia ordinaria contra Mancuso que también están siendo procesados en Justicia y Paz. Estas investigaciones paralelas sobre los mismos delitos, hacen que se malgasten los recursos de la justicia.
Precisamente, en agosto de este año la Corte Suprema le ordenó a la Fiscalía General de la Nación suspender los procesos de la jurisdicción ordinaria en contra de desmovilizados para evitar que se dieran investigaciones paralelas en Justicia y Paz sobre los mismos crímenes.
Según pronunciamiento del alto tribunal, si la justicia ordinaria continúa investigando los hechos que confiesan los ex paramilitares y ex guerrilleros en Justicia y Paz, se presenta una dilapidación innecesaria de recursos y de tiempo.
Ante esta denuncia, la magistrada Alexandra Valencia se mostró preoucupada porque se siga presentando esta situación a pesar del pronunciamiento de la Corte que obliga a los fiscales ordinarios a suspender o a acumular los procesos. Valencia también señaló lo absurdo que la justicia ordinaria profiera más órdenes de captura y sentencias que no se van a hacer efectivas ya que prevalecerá la decisión que se tome en Justicia y Paz.
Las 600 investigaciones de Mancuso
Desde una cárcel de Virginia, Estados Unidos, Salvatore Mancuso aseguró que sus abogados, con el respaldo de los magistrados de Justicia y Paz y de la Corte Suprema de Justicia, ha intentado solicitar la anulación de los más de 600 procesos en su contra que viene adelantando la justicia ordinaria, pero como las fiscalías no tienen la información actualizada, hay errores en los registros o no llega la información, la mayoría de procesos han siguen en curso.
“Con el respaldo de la magistratura presentamos 36 ordenes de suspensión, pero solo seis se hicieron efectivas porque los números radicados habían cambiado, no se tenían datos precisos ni de los victimarios ni de las víctimas”, aseguró Nelson Menjura, abogado defensor de Mancuso.
Sin embargo, de acuerdo con la versión de la defensa del ex paramilitar, el problema no es solamente el desorden de los procesos sino la negligencia por parte de los fiscales a quienes no les conviene suspender las investigaciones por las mediciones de eficiencia. “Las sentencias anticipadas que se dan de estos procesos aumentan las estadísticas de eficiencia de los fiscales”, hecho que según Menjura, explica la renuencia de muchos a suspender la investigaciones.
De acuerdo con la fiscal encargada del proceso de Salvatore Mancuso, el problema es que no existe una directriz clara para los fiscales de la justicia ordinaria. “Los fiscales de la justicia ordinaria no suspenden las investigaciones hasta que no exista una medida de aseguramiento del desmovilizado y una orden de un magistrado de control de garantías. Esta ha sido un problema constante”, señaló la funcionaria.
Así las cosas, a pesar de que los desmovilizados confiesan los delitos en sus versiones libres de Justicia y Paz, no se puede pedir la suspensión de las investigaciones en justicia ordinaria sino cuando llegue a la instancia de control de garantías.
“Los fiscales habíamos pedido que en la reforma a la ley de Justicia y Paz se incluyera la posibilidad de pedir la anulación de los procesos en el momento exacto en el que los ex paramilitares y ex guerrilleros confesaran sus crímenes para evitar que se siguiera investigando en justicia ordinaria desaprovechando tiempo y recursos”, señaló el fiscal adjunto del caso.
Para el representante de la Procuraduría, José Edwin Hinestroza, otro de los problemas es que no hay una comunicación entre las fiscalías regulares y las de justicia y paz. “Se sabe que están investigando el mismo hecho al mismo tiempo pero no hay comunicación entre los funcionarios de la justicia por un afán desmesurado de eficientísimos falsos”, agregó el procurador delegado, quien añadió que es necesario que el Fiscal General de la Nación obligue a todos los fiscales de justicia ordinaria a obedecer la orden de la Corte Suprema.
La defensa del extraditado jefe paramilitar también informó a los magistrados de Justicia y Paz sobre el cambio de una de las fiscales que se ha encargado del proceso de Mancuso desde el 2011. Según el abogado de Mancuso, esta es la segunda vez que se cambia al fiscal encargado.
Si se ratifica la remoción, el caso del ex jefe paramilitar pasaría a ser competencia de otro fiscal que maneja a los cerca de cien desmovilizados del Frente Fronteras y del Bloque Catatumbo, lo cual haría más lentos los procesos. “Si con dos fiscales ha sido difícil avanzar con uno será aún más difícil”, agregó la defensa de Mancuso.
La magistrada Alexandra Valencia aseguró que aunque fueron tolerantes con el primer cambio de fiscal en 2011, ya habían comunicado su preocupación por los constantes cambios que atentan contra el desarrollo de los procesos en Justicia y Paz, al Consejo Superior de la Judicatura.
“La Sala tomará las medidas necesarias y librará las comunicaciones al Consejo Superior de la Judicatura, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual también sabe sobre el reclamo del Tribunal de Justicia y Paz sobre la remoción de los fiscales”, agregó la magistrada Valencia.
