Uno de las principales razones que argumentó el gobierno para justificar la extradición de 14 jefes paramilitares fue la ausencia de compromiso en la reparación de las víctimas. Si bien la reparación abarca diversos aspectos que van desde la garantía de que los hechos no se vuelvan a repetir, la restitución de lo usurpado o la rehabilitación de los afectados, entre otros, en la alocución presidencial se hizo especial énfasis en los bienes que principalmente irían a la indemnización material de las víctimas.
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| Miles de desplazados esperan que les devuelvan sus propiedades. Foto SEMANA |
Al revisar lo que efectivamente está disponible en el Fondo de Reparación administrado por Acción Social, que es el lugar a donde llegan dichos bienes, es fácil darle la razón al gobierno. Allí tan sólo hay 21 fincas, 7 inmuebles urbanos, 30 vehículos, 5.166 cabezas de ganado, dos aeronaves y $5.311.397.719 millones de pesos. Estas cifras son lamentables comparadas contra las fortunas amasadas en años de actividad criminal. En el Fondo también aparecen 4 motores, un televisor, cientos de prendas y abarrotes, con lo que queda la sensación que más que un ánimo de entregar algo para indemnizar, lo que estaban era entregando las sobras de sus riquezas.
Luego el Gobierno mostró los dientes y aseguró que sin ambages ahora la justicia perseguiría e incautaría todos los bienes de los paras y así ayudaría a la reparación. Coincidentemente, tras la extradición de Macaco, se anunció un operativo de incautación por más de 20 millones de dólares, y tras la de los jefes paras de la semana pasada hubo operativos en especial contra los que la policía dicen eran testaferros de Mancuso, quienes escondían lujosas haciendas, locales entre cientos de propiedades.
Así las cosas pareciera que la decisión de extradición sería más benéfica por lo menos en lo que tiene que ver con bienes que van a la bolsa de indemnización de víctimas. Pues si en sólo una semana lograron incautar tal fortuna, este pareciera ser el camino contra los que no han querido hacerlo de forma voluntaria.
Sin embargo, esta lectura oculta muchos matices que hacen dudar de la conclusión obvia. El primero es que la Ley de Justicia y Paz en lo referente a la entrega de bienes nació con un pecado original ya que no se específica cuál es el momento en que esto debe suceder. Aún si fuera dentro de la etapa de las versiones libres, estás aún no habían concluido para los paras extraditados. De esta forma técnicamente no se puede hablar de un incumplimiento. Ahora por supuesto que de existir un compromiso real con el tema, la entrega de bienes no se daría a cuenta gotas como se vino dando.
La segunda variable a tener en cuenta es que desde el inicio ha estado desbordada la capacidad tanto de la Unidad de Justicia y Paz de la fiscalía, como el Fondo de Reparación de Acción Social, que son quienes tienen que ver con los bienes que los paras entregan. Allí en estudio para recepción de bienes hay 171 inmuebles, 9 vehículos y 540 millones de pesos. El problema surge por que varios de estos bienes son robados, no tienen un origen claro, tienen deudas o hipotecas sobre sí. Aclarar todo esto es de gran dificultad que implica mucho tiempo, y el Fondo sólo acepta bienes totalmente saneados. Aunque la cifra de ninguna manera se acerca a la expectativa que había sobre la efectividad de la reparación vía bienes entregados, si evidencia un problema que de no resolverse pronto, no es difícil predecir que en ese cuello de botella se va a cocinar un gran dolor de cabeza para el Estado. Además aún no se han aclarado las quejas de varios jefes paras durante el proceso, en las que aseguraban que buscaban entregar bienes y estos no les eran recibidos.
El tercer matiz es que buscar presentar la incautación de bienes como la gran solución es desconocer lo que hasta el momento han sido estos procesos. Para que a un bien confiscado le sea extinguido su dominio, debe recorrer una ruta jurídica que en el mejor de los casos tarda tres años, y que mientras tanto queda en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), una entidad que pese a los esfuerzos por enderezarla, aún dista mucho de ser una buena administradora. Lo paradójico es querer presentar este camino como la solución a los problemas. Por lo menos lo sucedido hasta ahora y de acuerdo a las estadísticas de la DNE, antes de la Ley de Justicia y Paz a los paramilitares se les incautaron 288 bienes y durante la vigencia de la Ley, es decir desde hacer cerca de tres años sólo les han incautado 60 bienes. De estos a ninguno se le ha extinguido el dominio. ¿Si esto hicieron en tanto tiempo, que garantías hay de que ahora si vaya a ser efectiva la tan cacareada incautación?.
En teoría luego de que estos bienes sean extinguidos, se venderán y ese dinero iría a compensar el esfuerzo que el Estado hará al sacar al menos siete billones de pesos en los próximos diez años para indemnizar a las víctimas por la vía administrativa. Pero el ritmo que se lleva no permite ver que de allí se vayan a obtener recursos con prontitud.
Finalmente se ha dicho que Estados Unidos aceptó que las riquezas entregadas allá por acuerdo con jueces, sean destinadas a la reparación de las víctimas. Hasta el momento, y sin antecedente alguno al respecto, esto no deja de ser sólo un buen deseo. Si el camino es el mismo que en su momento recorrieron jueces argentinos y chilenos que mediante cartas rogatorias buscaron colaboración de las autoridades estadounidenses, el resultado va a ser nulo.
En el grupo de los 14 extraditados se fueron también los jefes que estaban en capacidad de entregar más bienes para la reparación. Es diferente lo que tiene un Mancuso o un Jorge 40, que cualquier otro de los paramilitares bajo sus ordenes. Aún falta que decante lo sucedido la semana pasada. Ya algunos de los paras a través de sus abogados anunciaron que continúan en Justicia y Paz y por ende con la entrega de bienes. Este es el caso de Mancuso.
Si se quisiera tener una fórmula efectiva para lograr seguramente resultaría de mezclar tanto la presión de la incautación, como la continuidad de las declaraciones. La primera depende de las autoridades colombianas, que hasta ahora más allá del show, no muestra los resultados que las víctimas esperan y que la reparación exigen. La segunda estará sujeta a que tan rápido los jefes paras extraditados lidien con sus procesos por narcotráfico en Estados Unidos, y después sin que el Estado Colombiano tenga mayor capacidad de presión, los paras decidir si quieren o no entregar sus fortunas.
Publicado en SEMANA
