Por lo menos 10 mil campesinos e indígenas de los municipios de Mutatá y Chigorodó son acosados por las Farc y los ‘Urabeños, extorsionados, e incluso forzados a malvender sus fincas.
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| Aspecto del casco urbano del municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño. Foto María Flórez |
En el Urabá antioqueño, la pelea por la tierra aún no cesa. Aunque es una de las zonas con mayor atención institucional en el proceso de reclamación y restitución de predios robados por grupos armados ilegales, nuevamente el fenómeno del despojo disfrazado surge en las áreas rurales de los municipios de Mutatá y Chigorodó.
La denuncia está contenida en el Informe de Riesgo N. 019-13A.I., emitido por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH de la Defensoría del Pueblo, fechado el 17 de junio de 2013 y conocido por VerdadAbierta.com.
De acuerdo con el documento, que ya está siendo analizado por las autoridades nacionales, regionales y locales, existen indicios de “una nueva estrategia de despojo violento y venta forzosa de la tierra que estaría relacionado con los títulos y solicitudes mineras que hay sobre la cabecera de los ríos Leoncito y Juradó”, situada entre los municipios de Mutatá y Chigorodó.
Según testimonios recogidos por funcionarios del SAT en la región, hay evidencias desde septiembre de 2012 de que se está acercando a los campesinos un grupo de personas que se hacen pasar como miembros de un programa de parcelación para comunidades desplazadas con el objetivo de comprar tierras. Estos falsos funcionarios reúnen a grupos de personas desplazadas que vivan en Chigorodó y les ofrecen mediar ante la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para que las familias obtengan la reparación administrativa.
“Una vez sale el dinero, las familias entregan un porcentaje por la gestión y la otra parte se introduce en una ‘bolsa’”, se lee en el Informe de Riesgo. “Con ese dinero se negocia con varios propietarios la compra de la tierra, por la cual se ofrece un valor menor al real y se hace un globo que posteriormente se reparte entre las familias que hayan participado y cada una recibe 6 millones de pesos para que implementen ‘proyectos productivos’, sin embargo de este dinero se descuenta el trámite para la escritura de la parcela”.
De acuerdo con el análisis del SAT, ese modelo de compra de tierras revela el desvío del dinero de las reparaciones administrativas que les otorga el Estado a las familias, las cuales son presionadas por los comisionistas para que se los entreguen; además, se advierte que esa estrategia de compra de tierras acabará perjudicando a las familias involucradas en ese proceso, pues lascondiciones económicas de la región y las probabilidades de explotación aurífera acabarán por sacarlas de los predios y forzando su desplazamiento, lo que afectaría por ejemplo, redes organizativas que se estaban desarrollando en las veredas San José de León y la Fortuna.
“Es así como en un corto y mediano plazo y con un capital exiguo una pequeña parcela como la que ofrecen a las familias termina por colapsar, las familias se dedicarán a una agricultura de pancoger en condiciones de exclusión y empobrecimiento, dejándolas vulnerables y a merced de un nuevo ofrecimiento de compra de la tierra por un valor menor que el pagado inicialmente, permitiendo que los globos terminen de nuevo en manos de los comisionistas”, indica el SAT.
Pero las preocupaciones van más allá. Ante una economía agraria parcelera en decadencia, la mayoría de las tierras de esta zona de Urabá se están dedicando a la ganadería extensiva y la agroindustria del banano, la palma y la piña, lo que afecta a las pequeñas unidades familiares. Según el informe de la Defensoría, “los productores agrícolas tienen dificultades para vender sus productos en los municipios aledaños ya que en el mercado se cobran impuestos y hay que pagar una comisión a los ‘Urabeños’ (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), que regulan la venta, los horarios y los puestos”.
En alto riesgo
Esas nuevas estrategias de despojo denunciadas por el SAT se dan en un ambiente de alta conflictividad armada tiene en alto riesgo a por lo menos 10 mil campesinos e indígenas de comunidades asentadas en áreas rurales de los municipios de Mutatá y Chigorodó.
La confrontación armada, en la que tropas del Ejército atacan a las Farc, y éstas a su vez, están en disputa con facciones de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, se concentra en un territorio estratégico en el que se presenta una intensa actividad de narcotráfico y que conecta las llanuras aluviales del Atrato con la serranía de Abibe, el Nudo de Paramillo, las sabanas de Córdoba y la ruta al mar por el Golfo de Urabá
“Su ubicación geográfica ha sido uno de los factores primordiales del conflicto en donde confluyen intereses por la tenencia de la tierra, lo que ha provocado fuertes procesos de despojo, el control de sectores sociales que de manera continua han colonizado el territorio y la regulación de prosperas economías legales e ilegales”, indica el SAT.
El documento expresa la preocupación por la situación de 1.919 personas de las comunidades indígenas Embera Chamí y Eyabida, asentadas en los resguardos de Polines y Yaberaradó, las cuales se sitúan en territorios cercanos a la serranía de Abibe, jurisdicción de Chigorodó. Asimismo, sobre las condiciones de riesgo de 6.357 pobladores de la cabecera del corregimiento de Belén de Bajirá y 1.206 del corregimiento de Pavarandó, en Mutatá.
También están afectados por la confrontación armada 1.048 personas de las comunidades indígenas Embera Eyabida que se ubican en los resguardos Jaikerazabi, Coribí Bedadó y Chontadural Cañero, cuyos territorios abarcan gran parte la zona rural y boscosa de la serranía de Abibe, en límites de los municipios de Dabeiba y Carmen del Darién.
El análisis georeferencial planteado por esta agencia estatal establece que el eje Nudo de Paramillo-Serranía de Abibe es centro de la confrontación armada en el noroccidente del Antioquia. Asimismo, indica que “las disputas entre la guerrilla y los ‘Urabeños’ espor el control del territorio, que no debe ser entendido como un área o extensión de tierra, sino como un lugar donde acontecen múltiples relaciones sociales y económicas, que construyen ese territorio como reserva, como retaguardia, como zona de explotación, dependiendo de quién y cómo lo habite y de la forma como este se deja habitar”.
La explotación de maderas, minería de oro, platino, plata y carbón, y cultivos de hoja de coca conforman un abanicode actividades que dejan ricos ingresos a las arcas de los grupos armados ilegales. Además, las comunidades, a juicio del SAT, “están a merced de las dinámicas de la confrontación armada, de los intereses de los grupos armados, de la ocupación y despojo del territorio, de la explotación de recursos y de las consecuencias de estos factores: la desigualdad, el destierro y la exclusión”.
Férreo control social
El SAT ha identificado cuatro circunstancias que configuran el escenario de riesgo para las comunidades que habitan Mutatá y Chigorodó: la presencia de grupos armados ilegales en veredas y resguardos; la confrontación entre la Fuerza Pública y las Farc en territorios de los resguardos indígenas; el incremento de la conflictividad en el escenario urbano por control territorial y armado por parte de los ‘Urabeños’; y las afectaciones a los derechos territoriales, al gobierno propio y amenazas contra formas de organización local de comunidades indígenas y campesinas.
En ese cuadro de riesgos se destacan acciones como el control social que vienen ejerciendo los grupos armados ilegales. El SAT advierte de la instalación de retenes en las vías que conducen a zonas rurales. “Esta práctica ha sido sistemáticamente utilizada por los Urabeños o Gaitanistas en las vías que conducen a las comunidades de Dojura, Guapá y Saundó, Juradó en Chigorodó; y en la Fortuna, Porroso y Chotadural Cañero en Mutatá”.
En estos retenes, hombres de civil con armas cortas preguntan por los mercados, los requisan y, en algunas ocasiones, los retienen y no los dejan llevar a las comunidades, circunstancia que se agrava por la débil acción de soldados del Ejército para evitar las acciones violentas y salvaguardar a la población civil.
De acuerdo con los testimonios recogidos por el SAT, la ubicación del retén ilegal “se encuentra a menos de 400 metros de las unidades militares y ante las denuncias de la población, los miembros de la fuerza pública responden que la presencia del grupo ilegal no es de su jurisdicción”. Pero su papel no ha sido del todo pasivo: “algunas unidades de la Fuerza Pública habrían señalado y acusado a miembros de las comunidades indígenas de Dojura, Saundó y Guapá, en Chigorodó, y de Porroso y Chontadural Cañero, en Mutatá, de colaborar con la guerrilla de las Farc”.
La presencia de la guerrilla de las Farc y de ‘Urabeños’ en la zona montañosa y en las áreas pobladas de resguardos indígenas también está generando restricciones a la movilidad a los sectores donde se encuentran cultivos de pancoger y zonas de cacería y pesca. Las comunidades de los resguardos de Polines, Yaberaradó, Jaikerazavi y Chontadural denuncian que no se puede salir de la zona poblada después de las 6 de la tarde.
En Pavarandó, los ‘Urabeños’ ejercen un control total sobre sus pobladores, pese a la existencia allí de un puesto de Policía y una base del Ejército. VerdadAbierta.com visitó la zona y conoció de reuniones citadas por miembros de ese grupo armado ilegal a comerciantes y tenderos con el fin de anunciarles el reforzamiento de los controles.
El SAT registró, por ejemplo, una reunión convocada a finales de marzo de este año en el participaron no solo pobladores de Pavarandó sino de sectores como Llano Rico, Urada, Puerto Lleras, resguardos de Urada, Jiguamiandó y Chontadural, el que los Urabeños les informaron “sobre el incremento en el cobro de extorsiones y el recrudecimiento de los controles a los alimentos y los retenes. Al parecer manifestaron que tendrían una alianza con miembros de la Policía que se ubican en el corregimiento y que por esta razón debían someterse a la autoridad y la violencia del grupo armado ilegal”.
Según la Defensoría del Pueblo, autoridades tradicionales de las comunidades indígenas de los municipios Chigorodó y Mutatá han sido afectadas por amenazas e intimidaciones, lo que ha provocado una fractura en los relevos generacionales y la erosión de la figura de la autoridad tradicional.
La situación se ve agravada por el riesgo latente de reclutamiento forzado. Según el SAT, “los ‘Urabeños’ ofrecen incentivos para la vinculación de jóvenes a las estructuras ilegales, un fenómeno que desborda las capacidades de regulación de la forma de gobierno local. Además, los y las jóvenes que se vinculan como Guardias Indígenas tienen que lidiar con la presencia de actores armados dentro del territorio ya que una de sus labores es la seguridad y protección de la comunidad así que les exigen que se retiren de la comunidad, razón por la cual son amenazados y señalados”.
Se espera entones que con estas advertencias, las autoridades locales, regionales y nacionales tomen efectivas cartas en el asunto y prevengan no sólo un nuevo despojo de tierras, sino las vulneraciones a los derechos de cientos de campesinos e indígenas que quieren vivir en paz.
