En la década de los 80, uninforme de Human Rights Watch daba cuenta de que la Procuraduría había registrado más de 240 asesinatos políticos por parte de las MAS, entre cuyas víctimas se encontraban funcionarios electos, finqueros y líderes comunitarios.
 |
| Héctor Abad Gómez, asesinado en Medellín. Foto SEMANA |
Este sería el preámbulo de lo que sucedería pocos años después, cuando entraron en acción las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, quienes declararon a los defensores de derechos humanos y líderes de izquierda como uno de sus principales objetivos militares.
En esta década el defensor de derechos humanos en Colombia era una persona reconocida por la defensa de los presos políticos, entre los que se encontraban líderes obreros, agrarios y sindicales, dentro de este contexto eran señalados por su afinidad política con la izquierda y por ende fueron etiquetados como guerrilleros.
Organizaciones como el Comité Permanente por los Derechos Humanos, el Comité por la Solidaridad con los Presos políticos, la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear apoderaban procesos judiciales de presos políticos sindicados de pertenecer a la guerrilla.
Tal vez por este motivo, explica Carolina Aldana, directora del programa no gubernamental Somos Defensores, los asesinatos y amenazas contra miembros de estas organizaciones fueron en aumento en departamentos como Antioquia, Meta, Bogotá y regiones como el Magdalena Medio y la Costa Atlántica.
El caso particular de Antioquia, sería relevante, porque allí fueron asesinados destacados activistas de derechos humanos, como el del vicepresidente nacional del Comité Permanente de los Derechos Humanos, Jesús Abad Gómez. En este departamento serían asesinados tres directivos de esta ONG.
Esta organización registraría el asesinato de al menos 22 de sus miembros en solo dos décadas.
Antioquia padecería de asesinatos, masacres y desplazamientos. También la persecución por parte de sectores de la extrema derecha a sindicalistas, militantes de movimientos de izquierda y el exterminio de la UP en la zona bananera de Urabá en 1992.
La región tendría un respiro con el proceso de paz del movimiento guerrillero EPL y la tregua decretada por las Autodefensas de Córdoba y Urabá, al mando de Carlos Castaño, en 1992.
El escalamiento del conflicto y el reposicionamiento de los paramilitares a través de masacres y desplazamientos forzados en zonas como Urabá, Córdoba, el Magdalena Medio y el Meta, a finales de los 90, haría que las ONG’s de derechos humanos se “especializaran” en la defensa de las poblaciones víctimas de las atrocidades de los actores armados.
Con la promulgación de la constitución del 91, los defensores asumen nuevos roles gracias a la consagración de un espectro más amplio de derechos fundamentales. Además, en este período los activistas de derechos humanos comienzan a trabajar investigaciones relacionadas con el conflicto armado, lo que sin duda potenció su exposición a los ataques por parte de los actores armados, en especial de los paramilitares.
Sería el caso de la periodista Silvia Duzán, en Cimitarra, Santander, el 26 de febrero de 1990 quien fuera asesinada junto a tres personas por grupos paramilitares cuando realizaba un informe para la BBC deLondres sobre la violencia política y el narcotráfico en el Magdalena Medio. En esta década también se registrarían asesinatos de líderes indígenas, agrarios y sindicalistas relacionados por su defensa a la tierra, lucha contra multinacionales y reivindicaciones laborales.
Con la consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia, en 1993, comienzan a ejecutarse magnicidios contra figuras nacionales de derechos humanos.
Carlos Castaño, citado en un informe de Human Rights Watch, alegó que la naturaleza de la guerra de Colombia (con muchos combatientes sin uniforme ni identificación) hizo que el respeto a los principios de Derecho Internacional Humanitario “fueran difíciles si no imposibles de aplicar”. En su lugar, defendió una versión “criolla” del mismo, adaptable a la guerra irregular colombiana:
“No hemos disparado a gente indiscriminadamente,” dijo a la revista Cambio16 en diciembre de 1997. “Las masacres no existen… Lo único que acepto es que mato guerrilleros fuera de combate.”
Los defensores de derechos humanos encajarían en esta lógica de Castaño. Tal vez por este motivo 1998 sería un año particularmente nefasto para los defensores. Durante dicho periodo serían asesinados el director del Comité Permanente de Derechos Humanos en Antioquia, Jesús María Valle febrero de 1998) en Medellín; los investigadores del Cinep, Mario y Elsa Alvarado(mayo de 1998); y el reconocido abogado, Eduardo Umaña Mendoza(abril de 1998), quien estaba encargado de llevar casos sensibles como el de los desaparecidos del Palacio de Justicia y representaba a miembros de la Unión Sindical Obrera (USO) sindicados de rebelión.
Otro factor que incidió en la situación de riesgo de líderes y defensores de derechos humanos sería la política de lucha contra las drogas. A finales de siglo se presentan tensiones por la implementación de fumigaciones y marchas de sectores campesinos en zonas como Catatumbo, Magdalena Medio y Putumayo, en donde los paramilitares empiezan a controlar el negocio del narcotráfico.
Carolina Aldana de Somos Defensores explica que, ante la presión de los diferentes grupos armados, en especial de las AUC, por el control de zonas cocaleras y la creciente fumigación de cultivos ilícitos, “muchos de estos campesinos fueron detenidos y otros se enrolaron en la guerrilla”.
En esta etapa, aparecen en escena organizaciones no gubernamentales que empiezan a trabajar temas relacionados con el conflicto armado como el desplazamiento, la violencia contra las mujeres, desaparecidos, violencia contra poblaciones indígenas, afrocolombianas, niños, prostitución, reclutamiento de menores, masacres, despojos de tierras, conflictos medio ambientales, entre otras problemáticas generadas por el recrudecimiento del conflicto.
Las víctimas empiezan a exigir sus derechos y a solicitar justicia, mientras que en el terreno paramilitar, comienzan a surgir condenas contra el estado y a salir a flote la vinculación de miembros de la Fuerza Pública en masacres y crímenes cometidos por paramilitares.
Algunos casos son llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde el estado es condenado por acción u omisión. Ver casos de La Rochela, Mapiripán, entre otros.
Con la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez, se da inicio al proceso de negociaciones con los paramilitares; muchas ONG’s iniciarían a su vez los vocería de las víctimas, quienes también comienzan un proceso activo en la defensa de sus propios derechos.
En este período salen a la luz pública casos de sindicalistas de los sectores eléctrico, minero, petrolero y agrario, entre otros, asesinados cuando se encontraban en procesos de definición de convenciones colectivas o porque se oponían a los intereses económicos de multinacionales, que utilizaron los “servicios” de los paramilitares para eliminar la oposición como ocurrió en los casos de Chiquita Brands en el Urabá, Coca Cola, Nestlé en el Cesar, Drummond, entre algunos casos documentados.
Otro de los objetivos de los paramilitares fueron líderes campesinos que defendían sus propiedades y la explotación de sus parcelas. La justicia colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado a empresas que financiaron a paramilitares para despojar a campesinos de sus propiedades, como sucedió con los palmicultores del Chocó.
Según un documento publicado por el Cinep entre los departamentos con mayores violaciones a los defensores de derechos humanos se encuentran Santander(en especial Barrancabermeja); Bogotá por ser el epicentro de operaciones de reconocidas ONG’s; Atlántico por la lucha entre facciones del paramilitarismo por su control; Antioquia por ser la región con mayor número de masacres en la década de los 80; Norte de Santander(la zona del Catatumbo) por el narcotráfico y su zona fronteriza; Arauca por su histórica presencia guerrillera y Nariño en donde se han presentado violaciones a defensores como campesinos, indígenas, afrodescendientes, maestros y estudiantes.
Justicia y paz
Con la llegada al poder del presidente Álvaro Uribe y el proceso de desmovilización que inició con los grupos paramilitares, algunas organizaciones de víctimas se opusieron a la ley de Justicia y Paz, que lograría su desarme, lo que también las hizo susceptibles a amenazas y en últimas a asesinatos.
El gobierno por su parte deslegitimó políticamente a las ONG, señalándolas como “terroristas que se escudan bajo la bandera de los derechos humanos”.
Este tipo de declaraciones tuvo como consecuencias detenciones arbitrarias a líderes y activistas de derechos humanos, en especial en las zonas de rehabilitación de Sucre(Montes de María) y Arauca.
Durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, el Cinep registró 429 casos de violaciones a defensores de derechos humanos en todo el país. Para este centro de investigaciones los paramilitares serían responsables del 60 por ciento de los casos, seguidos por agentes del estado en un 20 por ciento.
Después de las detenciones sucedieron una serie de homicidios o ejecuciones extrajudiciales como en casos de líderes kankuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta o como el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis.
En el caso del profesor Correa de Andreis, después se probaría, gracias a las revelaciones de Semana sobre el computador de Jorge 40, que este crimen fue provocado por informes de inteligencia del DAS y cometido por paramilitares.
Otro fenómeno que aparecería sería la judicialización y detención de activistas acusados de pertenecer a la guerrilla, bajo señalamientos de desmovilizados de grupos paramilitares.
Varios funcionarios del Gobierno también propiciaron un mal clima hacia los activistas de derechos humanos cuando señalaron a los sectores convocantes a la marcha del 6 de marzo de 2008, contra los crímenes de estado y paramilitares, como afines a la guerrilla. Estos señalamientos ocasionaron amenazas por parte de grupos paramilitares y el asesinato de 8 activistas en diferentes regiones del país.
Las ONG’S también denunciaron allanamientos y robos de computadores de sus sedes nacionales.
En elproceso de negociación adelantado por el Gobierno nacional con los grupos paramilitares, el Gobierno condicionó la obtención de beneficios jurídicos (reducción de pena) al cese de la comisión de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario.
Un informe de la Coordinación Europa, Estados Unidos, Colombia, presentado a la ONU establece que a pesar de esto, “entre el 1° de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2007, 4.019 personas han sido víctimas de violaciones al derecho a la vida atribuidas presuntamente a los grupos paramilitares en por lo menos 27 de los 32 departamentos, sin que el Gobierno reaccionara al respecto.”
“De ellas 340 eran mujeres y 170 eran niñas y niños. Por lo menos 343 personas han recibido tratos crueles, inhumanos o degradantes o han sido víctimas de torturas y por lo menos 4.213 personas han sido víctimas de amenazas cometidas por grupos paramilitares.”
El informe establece que en este mismo período, las comunidades indígenas han registrado la muerte de 212 de sus miembros a manos de paramilitares (187 eran hombres y 25 mujeres), 22 casos de desaparición forzada (18 hombres y 4 mujeres), 29 casos de tortura (25 hombres y 4 mujeres), 90 secuestros (86 hombres, 3 mujeres y 1 niño) y 24 amenazas colectivas dirigidas contra sus comunidades por parte de estos grupos, que el Gobierno dice haber desmovilizado de manera exitosa.
El estado colombiano ha defendido su política de Seguridad Democrática señalando que, con su implementación, han mejorado los indicadores de violencia, además permitió el ingreso y la actuación de organismos internacionales como el CICR (Cruz Roja Internacional), la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Frente al exterminio a los defensores de derechos humanos, el estado colombiano creó un programa de protección para los defensores de derechos humanos, desde el Comité de Regulación y Evaluación de Riesgo-CRER- adscrito al ministerio del Interior y Justicia.
