Los 315 exguerrilleros de las Farc en Facatativá no son el primer caso en el que insurgentes pasan a ser guardias tras un proceso de paz. La experiencia también la vivieron desmovilizados del Epl y el M-19 durante los noventa.
La Misión Política de la ONU a Colombia ya certificó la dejación de armas de los 315 exguerrilleros que están en el proceso de selección en Facatativá para ser escoltas. Foto: cortesía de la Misión Política de la ONU.
De todos los guerrilleros de las Farc que han dejado las armas hasta este momento de la implementación del acuerdo de paz firmado con el gobierno nacional, un grupo de 315 insurgentes no solo cumplieron con ese paso ante la Misión Política de la ONU, sino que entraron a un proceso de selección para ser escoltas.
Los elegidos harán parte de los 1.200 hombres de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que velarán por la seguridad de los comandantes guerrilleros en todo el país y a quienes liderarán el movimiento político que próximamente constituirán las Farc.
“Pero no todos los 1.200 serán necesariamente exguerrilleros porque el acuerdo dice que debe ser personal de su confianza combinado con policías”, precisó Diego Mora, director de la UNP.
De hecho, de los 1.200 ya hay 100 escoltas formados que están trabajando en el Programa de Protección Especializada pactado en el acuerdo de paz, pero que ninguno hizo parte de la guerrilla, sino que han estado en los esquemas de seguridad de “poblaciones cercanas ideológicamente a esa guerrilla como el Partido Comunista, la Unión Patriótica o Marcha Patriótica”, según Mora. Incluso, esas organizaciones recomendaron a dichos escoltas.
El funcionario explicó que, de los 315 exguerrilleros, los elegidos no pueden estar relacionados en la comisión de crímenes atroces; deben estar amnistiados; cumplir con pruebas psicotécnicas; y superar el entrenamiento con el que la UNP, apoyada por la Policía, comprueba la aptitud para esta labor. Este proceso, que inició a mediados de junio en Facatativá, Cundinamarca, durará entre 45 y 60 días.
Este es el primer resultado práctico de las decisiones que tomó el presidente Juan Manuel Santos tras la firma de cinco decretos con fuerza de Ley el pasado 23 de febrero para ampliar la capacidad de la UNP.
Actualmente, la Unidad cuenta con 3.500 escoltas y con el Decreto 301 se aumenta su capacidad en 1.200 escoltas y 12 oficiales de protección. Este nuevo personal, sea tanto de la Policía como gente de confianza de la guerrilla, tendrá un salario de un 1 millón 825 mil 843 pesos, según el Decreto 302.
Sin embargo, esta no es la primera vez que un guerrillero deja las armas ilegales para cambiarlas por otras, amparadas por el gobierno nacional, con el único objetivo de proteger a su misma gente.
Retrovisor a los noventa
Diego Mora es el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Foto: archivo Semana.
En medio del torrente de procesos de paz que hubo en los noventa, casi todos los grupos insurgentes pactaron que parte de sus integrantes se formaran con la Policía o con el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para convertirse en escoltas de sus dirigentes.
El Epl y el M-19 fueron los que más guardias pusieron, con 2.200 y cerca de 900 integrantes, respectivamente, de los cuales decenas trabajaron en los programas de protección. También se hicieron los mismos pactos con la Corriente de Renovación Socialista (Crs), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (Prt), el Movimiento Armado Quintín Lame y las milicias que dejaron las armas en Medellín en esa misma década.
“Es una lección aprendida porque hace parte del espíritu bilateral de acordar la paz y de pactar la transitoriedad que se va dando. Y por más confianza que gane la guerrilla en la mesa frente al gobierno, no deja de haber niveles de desconfianza e inseguridad”, explicó Álvaro Villarraga, académico del Centro Nacional de Memoria Histórica y exmiembro del Epl.
Por su parte, Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Humano (Corpades) y desmovilizado a comienzos de la década del noventa de las milicias urbanas Mir-Coar de la capital antioqueña, agregó que, además de la confianza, “es una oportunidad para que los insurgentes permanezcan en el trabajo organizativo y eso ayuda a la reincorporación”.
El pacto inicial de la dirigencia del Epl con el gobierno nacional fue que el Plan de Seguridad, como lo llamaron, duraba seis meses a partir de la firma del acuerdo de paz en 1990, pero este se fue postergando. “Hay unos que llevan siendo escoltas durante dos décadas porque en general esta población ha contribuido con éxito, transparencia y buen comportamiento”, indicó Villarraga.
Tal como ocurre hoy con las Farc, en ese momento el Epl pudo designar uno de sus miembros en el Comité encargado de formular la protección de los guerrilleros que dejarían las armas.
Otra de las características comunes con el actual proceso de paz es que una de las condiciones fue que la seguridad de los guerrilleros sería “de responsabilidad mixta”, es decir, tanto de oficiales del DAS en su momento como de exguerrilleros. Ahora, el modelo de protección de las Farc combina agentes de la UNP con hombres de confianza de la guerrilla.
La diferencia es que los niveles de riesgo los definieron conjuntamente el Epl y el gobierno nacional en el acuerdo de paz, mientras que ahora eso es tarea de la UNP. En los noventa, se estipularon tres niveles de riesgo: en el primero se determinó que cuatro dirigentes con el riesgo más alto tendrían, cada uno, dos carros blindados y la custodia de miembros del DAS equipados con radioteléfonos, chalecos antibalas y armas.
El segundo nivel fue para nueve exguerrilleros que tuvieran liderazgo nacional y que contarían con un carro cada uno y un escolta. En el último, se estableció la seguridad de 28 desmovilizados de los territorios y entre ellos deberían compartirse 15 carros.
“Para complementar la tarea de los escoltas, el Epl podrá designar personal de seguridad de sus propias filas en los diferentes niveles, a quienes, en lo posible, los organismos de seguridad darán entrenamiento especial, se les dotará de una identificación y se facilitarán los trámites para la obtención del salvoconducto para el porte de armas”, precisó ese acuerdo de paz.
El acuerdo con el M-19 no fue tan específico en esta materia de protección pues los diez puntos que pactaron en cinco páginas que tenía el acuerdo de paz, eran de carácter netamente político con una intención de abrir más espacios para los movimientos de izquierda.
Únicamente estipularon que el Plan de Seguridad se ejecutara a partir de diciembre de 1989 hasta el 7 de agosto de 1990. De ahí en adelante, pedían “un nivel apropiado de seguridad y protección a los principales dirigentes del M-19”, según el acuerdo. Y precisamente este programa estuvo conformado por policías y exguerrilleros.
Ese mismo modelo lo usaron los guerrilleros de la Crs, una disidencia del Eln que firmó un acuerdo de paz el 9 de abril de 1994 con el gobierno nacional. De sus 670 integrantes, poco más de 30 se formaron para trabajar en los programas de protección.
Parecido a lo que pactó el Epl, el servicio de seguridad de la Crs estaba dividido en tres niveles: el primero para tres dirigentes que tendrían vehículo y cuatro escoltas cada uno, el segundo era para seis comandantes que estarían acompañados de dos escoltas y un vehículo, y en el último, 12 dirigentes compartían seis vehículos blindados con 12 escoltas según el acuerdo. (Ver acuerdo de paz de la Corriente de Renovación Socialista con el Gobierno).
“Cada unidad de seguridad podrá contar con miembros de la Corriente de Renovación
Socialista los cuales, para tal fin, deberán capacitarse e ingresar a los esquemas especiales establecidos por el Gobierno para esta modalidad”, precisó el pacto.
Adolfo Bula, uno de los dirigentes de ese movimiento que lideraron los diálogos de paz por parte de esa guerrilla, explicó que el primer paso para ser escolta era hacerse un estudio de seguridad para ver su propio riesgo; luego, cursar talleres de formación con el DAS; y por último, hacer un trabajo conjunto con los funcionarios de esa entidad.
“Hicieron todo un proceso de adaptación de tal manera que cada uno de los exguerrilleros andara con un funcionario experimentado del DAS durante casi un año. Así ganaron experiencia en la vida práctica y posteriormente los nombraron”, recordó el exguerrillero.
Bula precisó que cuando el DAS fue liquidado,ellos pasaron a ser escoltas de la UNP y que hoy por hoy permanecen en distintos esquemas de seguridad en todo el país.
Lecciones aprendidas
El Ejército Popular de Liberación (Epl) firmó el acuerdo de paz con el Gobierno de César Gaviria en marzo de 1990. Foto: archivo Semana.
Si bien la mayoría de los escoltas de las diferentes guerrillas siguieron trabajando en estos programas de protección, no todo fue color de rosa. Por ejemplo, el DAS en coordinación con las Fuerzas Militares utilizaron a escoltas desmovilizados del Epl en labores de inteligencia durante los operativos de persecución contra los grupos armados ilegales que en su momento atacaron al proyecto político que promovieron los desmovilizados de esa guerrilla, agrupados en ‘Esperanza, Paz y Libertad’.
“Con esto se aprendió que los escoltas de seguridad deben ser para eso y para nada más. Si hay problemas con grupos armados que quedaron, eso es tarea de las Fuerzas Militares”, precisó Villarraga.
Otro de los inconvenientes que se presentaron es que inicialmente los miembros del DAS que trabajaban con los exguerrilleros tenían mucha prevención hacia los desmovilizados, pero tanto Bula como Villarraga destacaron que esos percances se superaron con el tiempo y no dudaron en calificar como exitoso el balance general que arrojó en la década del noventa la formación de insurgentes como escoltas.
Ahora se repite el proceso con 315 guerrilleros de las Farc, del que también se esperan óptimos resultados, pues son hombres que, en contraste con las guerrillas desmovilizadas en la década del noventa, tienen más experiencia y mayor disciplina.
