En Maní, Casanare, alias ‘Martín Llanos’ despojó fincas a campesinos para convertirlas en bases paramilitares y en laboratorios y pistas para el tráfico de drogas.
En Maní, Casanare, alias ‘Martín Llanos’ despojó fincas a campesinos para convertirlas en bases paramilitares y en laboratorios y pistas para el tráfico de drogas.
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¿CÓMO FUE
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¿QUIÉN SE QUEDÓ
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LA RESTITUCIÓN |
Cómo fue el despojo
“No sean tan miserables. Con ese pedazo de hierro que tienen mátenme como mataron a mi hijo. No me dejen sufrir”, les dijo Sandra* a los hombres de Martín Llanos, la noche que invadieron su finca en 2001. “¿No tienen con la tierra que se robaron?”, les replicó.
La escena ocurrió en Maní, un municipio del Casanare limítrofe con el Meta , al cual llegaron los paramilitares en los años 90. Sandra y su familia fueron víctimas del despojo, cuando ‘paras’ y narcotraficantes se aliaron para quedarse con las mejores tierras para instalar bases de entrenamiento y laboratorios de coca del municipio.
En la región los habitantes coinciden en que la tragedia comenzó en 1993. Ese año los paramilitares cercaron 3.500 hectáreas de un hato que esta familia venía explotando desde 1928. Los Buitragueños se metieron por un predio colindante de 200 hectáreas que la familia le había regalado a un vecino, y que fue heredado por su hijo Luis Francisco Gil. Con la venia de Gil, los paramilitares montaron allí una base de entrenamiento y bautizaron la finca como Fronteras.
“Después de que cercaron todo, sacaron a mi esposo de la casa, le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron: viejo ‘hp’ de ahora en adelante el problema no es con Luis Francisco sino con nosotros”, recordó Sandra. Lo paramilitares les robaron 200 reses de la finca para el sostenimiento de la tropa y durante los siguientes siete años les cobraron ‘vacuna’. La familia se resistió a salir.
Pero eso cambió en 2000 cuando comenzaron los asesinatos. Tres integrantes de la familia que tenían estudios universitarios comenzaron a denunciar los atropellos y a reclamar las tierras. Todos fueron asesinados. La primera víctima fue un abogado, el 24 de julio de 2000; el segundo fue un veterinario, el 24 de enero de 2001; y la tercera fue una abogada a la que asesinaron en Bogotá en abril del mismo año.
“La orden de ‘Martín Llanos’ era que no nos iban a dejar tranquilos hasta no dar con la señora porque ella era abogada y estaba moviendo el caso en Bogotá”, recordó un familiar. Por miedo a que los siguieran matando y con la amenaza de que la siguiente víctima sería el menor de la casa, un niño de 4 años, salieron desplazados del Casanare en 2001.
A pocos metros de esta hacienda, los paramilitares expulsaron a los habitantes de las veredas Guafal Pintado y Algarrobo para quedarse con sus tierras. Los campesinos recuerdan que la tranquilidad se acabó cuando aparecieron en sus vehículos de lujo.
“Cuando llegan los carros, llega la mafia, llegan esos señores y se toman la región. En seguida llegan yates de alto poder, andando por el río Cusiana que bordea las dos veredas”, recordó Daniel* un habitante de la zona.
Las tierras eran apetecidas por la tupidaselva, perfectas para ocultar ‘cocinas’ y avionetas. Además en esta área crecían pastos guaratara, el más usado para el engorde del ganado. “Ellos (los paramilitares) se identificaban como ganaderos. Al que no vendiera la tierra le decían que después negociaban con la viuda. Así la gente fue entregando todo sin más”, recordó un maniceño.
Algunas fincas ocupadas por los campesinos eran terrenos baldíos, pero otras en Guafal Pintado y Algarrobo tenían títulos que los paramilitares de ‘Martín Llanos’ obligaron a transferirles. Fueron de casa en casa dándoles la orden de ir hasta Maní para firmar los documentos. “Por 500 hectáreas nos dieron 1 millón 500 mil pesos”, dijo otro campesino de la zona.
“Cuando ellos llegaron a la casa, mi mamá les iba a decir que no. Iba a llorar. Yo la abracé y le dije: entregue eso”, contó uno de los habitantes. Esta familia que llegó a tener 260 cabezas de ganado, en la actualidad solo tiene cuatro reses: dos vacas y dos becerros. “Mi mamá llora y dice: yo trabajé toda la vida para tener una vejez con algo para vivir”, contó el mismo campesino. Y su frase explica lo que les ocurrió a decenas de familias en los Llanos Orientales.
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En Maní las tierras fueron usurpadas por ‘Martín Llanos’, unas utilizadas como bases de control por medio de testaferros, y otras usadas por narcotraficantes para la comercialización de cocaína.
En el caso del hato de Sandra, los paramilitares están en la cárcel, pero aún así, los campesinos no han podido regresar a sus tierras.
La familia que explotaba el hato solicitó la titulación de varias hectáreas en 1991. Hicieron la solicitud ante el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, pero solo recibieron respuesta en 1996. Ese año el Incora les negó los títulos argumentando que el predio estaba ubicado cerca a un pozo petrolero y que la ley impedía las adjudicaciones de baldíos en este caso. (Ver documento del Incora)
Mientras los paramilitares los despojaban, la familia seguía pagando impuestos y solicitando los títulos. Para su sorpresa, el 7 de diciembre de 2007 el Incora tituló de forma ‘express’ 3.000 hectáreas de ese hato a cuatro personas ajenas a la región. Sin ninguna restricción, parceló los baldíos en cuatro predios, cada uno de más de 700 hectáreas, y se los adjudicó a Fernando Velásquez Mahecha, Jorge Eliécer Cano Bernal, Leonardo Suárez Guerrero y Gualberto Suárez Guerrero.
VerdadAbierta.com pudo confirmar que Leonardo y Gualberto son hermanos y viven en el casco urbano de Maní. De los otros propietarios nadie dio razón. En ninguno de los casos se logró contacto con ellos para contar con su versión de los hechos.
VerdadAbierta habló con la directora del Incoder Regional Meta de la época, Maritza Casallas Delgado, quien estuvo en este cargo entre julio de 2007 y abril de 2009. Aunque las resoluciones de adjudicación tienen como procedencia Orocué, Casanare, fueron firmadas en Meta porque para 2007 el encargado de avalar estos documentos era la directora regional con sede en Villavicencio.
Según Casallas, durante su administración firmó todas las adjudicaciones de predios baldíos partiendo la buena fe. “En Casanare había un equipo de profesionales integrado por un agrónomo, un topógrafo y un abogado. Ellos realizaban los mapas, las visitas a los predios y emitían un concepto que enviaban a mi oficina. Yo confiaba y firmaba”, dijo Casallas, quien ahora se desempeña como gerente departamental de la Contraloría en Guaviare.
Casallas fue jefe del Incoder Meta en el período en que Rodolfo Campo-Soto, investigado por desviar dineros de Agro Ingreso Seguro, fue gerente nacional del Incoder. VerdadAbierta investigó y encontró que Marcela Villada, quien ahora es la gerente del Incoder Casanare, hizo parte del equipo de profesionales a los que se refirió Casallas.
Villada dijo que conocía el caso y que el Incoder ya había decisiones al respecto. Sin embargo, se negó a dar detalles y dar su versión de los hechos argumentado que debía ser autorizada por el Incoder Bogotá. Al cierre de esta historia, la Oficina Jurídica del Incoder Nacional envió la respuesta de Villada junto a varios documentos. Según la respuesta (Ver respuesta), la funcionaria no tuvo que ver con la adjudicación, porque el grupo técnico que tituló los predios, pertenecía a la Gobernación de Casanare, tras un convenio firmado con el Incoder. A agosto de 2012, las tierras están en proceso de revocatoria, después de que el Incoder encontrara que las titulaciones habían sido irregulares. (Ver documentos: La Cristalina, El Porvenir, Llano Lindo y Tierra Nueva)
En las veredas Guafal Pintado y Algarrobo los campesinos señalaron como despojadores a ‘Martín Llanos’ en alianza con Víctor y José Omar Feliciano. Los Feliciano al igual que Héctor Buitrago, el papá de ‘Martín Llanos’, provenían de Boyacá y llegaron al Llano en los años 80 en busca de tierras. “El tal Omar Feliciano y ‘HK’ fueron los que nos sacaron de las tierras”, dijo un campesino.
Aunque las Autodefensas del Casanare no se desmovilizaron, Justicia y Paz ha documentado que ‘HK’ (asesinado en diciembre de 2005 )fue jefe militar y segundo de ‘Martín Llanos’, conocido por su crueldad en la desaparición de decenas de personas y el reclutamiento de menores.
Una parte de la familia Feliciano se ha declarado víctima de los paramilitares. No obstante, los habitantes de la región y estudios de la Corporación Nuevo Arco Iris coinciden en que Víctor le manejaba el dinero a Los Buitragos.
Varios habitantes consultados por VerdadAbierta.com aseguran que hubo una alianza de´paras’ y narcotraficantes que se quedó con tres mil hectáreas de baldíos, englobándolas en un solo predio al que le dejaron el nombre de Barranca. “Allá ellos montaron un laboratorio para el procesamiento de cocaína y una pista de donde salían y aterrizaban avionetas”, dijo un campesino de la región.
Según los lugareños, ‘Martín Llanos’ y los dos hermanos Feliciano construyeron con el despojo un corredor de tierras que comprendía los predios Barranca, Marianela y Fronteras. Los habitantes de la zona y un estudio de la Corporación Nuevo Arco Iris coinciden en que estas tierras causaron una disputa entre alias ‘Llanos’ y los Feliciano.
“Se decía que Víctor Feliciano iba a traicionar a ‘Martín’, que iba a legalizar eso (las tierras) e irse del país. Se decía también que Feliciano fue el que denunció a ‘HK’ y que por eso lo metieron preso, y que cuando ‘HK’ se voló de la cárcel salió a matar a Víctor”, contó un habitante de la zona. En febrero 2000 ‘Los Buitragueños’ asesinaron a Víctor Feliciano, a su hijo Juan Manuel, a la empleada de 15 años y a tres escoltas. A la masacre sobrevivió otro hermano, Francisco, documentó un estudio de la Corporación Nuevo Arcoiris.
“Quedó entonces solo Pacho (Francisco) y se siguieron disputando las fincas Marianela y Fronteras. Es ahí donde se da una pelea entre los unos y los otros”, contó un campesino.
Los maniceños que cultivaban esas tierras no han vuelto. Tienen miedo y no saben si ya titularon estos baldíos y menos quién los tiene. Lo único que saben es que en estos terrenos aptos para la ganadería y el crecimiento del pasto guaratara, ahora hay un cultivo de palma.
La restitución
Las víctimas de Maní fueron testigos de la guerra que entre 2002 y 2004 hubo entre ‘Martín Llanos’ y Miguel Arroyave, el jefe paramilitar del Bloque Centauros. Aunque muchos habían sido despojados por ‘Los Buitragueños’ entre 1993 y 2000, para comienzos del nuevo siglo los campesinos habían tratado de volver a sus tierras sin títulos, pero en poco tiempo tuvieron que abandonar de nuevo las fincas por la guerra.
“Ellos (Los Centauros) decían que no querían hacerle daño la gente pero esa gente (los desplazados) llegó a las fincas, llegaron con marranos, invadieron los coliseos, las canchas y los colegios mientras se daban bala en el campo”, recordó una campesina de la zona.
Terminada la guerra en 2004, la situación no cambió. En el pueblo varios campesinos señalan a Francisco Feliciano, el sobreviviente de la masacre realizada por ‘Martín Llanos’, de apoyar a Los Centauros para recuperar el predio Marianela. Si bien hubo una relativa calma porque ya no había combates, los campesinos seguían sin títulos y sin saber quién de los dos bandos se había quedado con la tierra.
Un grupo de campesinos, los del hato, le pidieron al gobierno justicia por el asesinato de tres de sus familiares y que les titulen las 1.700 hectáreas de baldíos que desde 1991 en están en trámite de adjudicación. En las veredas Guafal Pintado y Algarrobo, en cambio, muchas víctimas tienen miedo de volver y le están pidiendo al Estado una reparación económica.
Lo complejo es que ‘Los Buitragueños’ no se desmovilizaron y por tanto, estos despojos no serán confesados por los paramilitares ni investigados por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. La Unidad de Restitución de Tierras no priorizó Casanare como una región para devolverles las tierras a los campesinos. De momento, lo hará primero con el Meta.
*Los nombres con un asterisco han sido cambiados a petición de las personas por razones de seguridad.
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