Ardila*, un esforzado campesino, contó que luego de ser despojado y desplazado varias veces en su departamento, vendió a la fuerza la última finca que levantó en Cáceres. Le quedaron mal en el pago y, sin su permiso, la usaron para procesar coca y se la vendieron a terceros. Al borde de la desesperanza, aguarda la restitución.
La primera vez que Ardila* conoció el destierro fue en 1989. Las presiones que la guerrilla de las Farc ejercía contra la población por aquel tiempo lo obligaron a dejar su finca en la vereda Santa Rita, municipio de Ituango. El banco terminó quedándose con ella para terminar de saldar un préstamo que él había hecho. Pero él, antioqueño de esos que llaman de pura cepa, no se dejó amilanar y con su fuerza de trabajo logró reiniciar su vida y la de su familia en Urrao, suroeste del departamento.
Allí también lo alcanzó la violencia en 1999. Ante los constantes enfrentamientos armados entre Ejército y paramilitares contra la guerrilla, Ardila decidió vender la parcela que había comprado allí y se fue a volver a empezar por tercera vez en el Bajo Cauca antioqueño. Confiado de que allí sí echaría raíces, en 2003 compró un predio de 30 hectáreas en zona rural de Cáceres por 15 millones de pesos. Como sucede en esta región, negoció la compra de palabra y apenas cerró el trato, firmó un contrato de compra-venta de mejoras, sin verificar firmas en notaría, ni registrarlo ante el Catastro. Las tierras eran baldíos de la Nación, por eso apenas le traspasaron las mejoras.
Con mucho trabajo hizo de su finca la más apetecida y envidiada de la zona. No fueron pocas las visitas que recibió por parte de finqueros vecinos y aún de los que venían de tierras más lejanas a preguntarle si se las vendía. “Me llegaron a ofrecer hasta 90 millones de pesos por ella, así, de contado me los daban. Y dije que no”, recuerda.
El pedido que no pudo rechazar fue el de ‘Armando’, un hombre del que los pobladores de Cáceres decían estaba en el Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Un día cualquiera de principios de 2004 llegó hasta la parcela de Ardila, acompañado de hombres armados, para decirle la frase tremenda tan conocida en la larga guerra colombiana: “O les vendía, o el negocio lo tendrían que hacer con su viuda”.
El conflicto armado volvía a alcanzarlo, esta vez con una furia que Ardila no se esperaba. “El hombre llega y me dice que la organización necesitaba la finca”, dice el campesino. “Él no me dice qué organización pero uno sabía que eran los paramilitares de ‘Macaco’, que eran los que mandaban por esa zona. Me dijo que me daba 70 millones de pesos y pues ante esa amenaza, hicimos negocio”. El trato se cerró en la Notaría Única de Cáceres, donde lo aguardaban con las escrituras ya elaboradas. A Ardila le tocó irse a vivir al casco urbano de este municipio. Y de los 70 millones convenidos solo recibió 18 millones. “Le dije: ‘hombre, usted porqué me sale con esto’, y me dijo que después cuadraríamos el resto”.
Pero lo restante nunca llegó. “Como a los cinco meses, cansado de ver que no me deban mi plata, pues averigüé por este señor y me di cuenta que tenía un ‘entable’ de coca por los lados de Zaragoza”, cuenta Ardila. “Me fui a buscarlo, a cobrarle. Cuando llegué allá el hombre me amenazó, me dijo que por esa trocha lo podían matar a uno, pero bueno, quedó en darme 20 millones de pesos a las semanas siguientes. Pero nada. A los meses volví a ubicarlo aquí en Tarazá, y me dijo que me iba a dar 16 millones de pesos. Pero como a las dos semanas me salieron con 400 mil pesos”.
Su historia llegó a oídos de otro paramilitar del Bloque Central Bolívar, reconocido por ser comprador de buena parte de la base de coca que se producía en Cáceres. “Un día me buscó este señor y me dijo que había negociado la finca con ‘Armando’; que ya él era el dueño y que sabía que me debían una plata. Me dijo que a la vuelta de unas semanas me iban a dar 45 millones de pesos”.
Pero el dinero continuó sin llegar. Por el contrario, el nuevo dueño comenzó a amenazarlo, y le decía con todo el desparpajo que no le iba a pagar el saldo de la deuda. “Entonces, yo le dije al tipo que si no me pagaba pues que lo iba a denunciar, ni siquiera en Caucasia, sino en Medellín”. No fueron solo palabras. A comienzos de 2006, Ardila fue a la Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín y denunció al hombre que decía haber comprado su finca pero que se rehusaba a pagarle el dinero restante.
Un día regresó a Cáceres a hacerse unos exámenes médicos, pues el asunto lo había enfermado. “Después del chequeo, el médico, que es hijo del alcalde (actual) de Caucasia, me dice: ‘don Ardila’, estoy vendiendo una finca por comisión de estas y estas características’. ¡Resultó que era la mía!”. Ardila le dijo que le parecía muy mal hecho que tuviera relación con el señor que tenía su finca, que todos sabían que era un comprador de base (de coca). “Dígale a ese señor que lo acabo de denunciar en Justicia y Paz”, le dijo el campesino al médico. Éste le respondió que no sabía que era su finca, que no tenía relación con el narcotraficante. A los pocos días se aparecieron en su casa, el médico, el señor que tenía la finca y uno de sus matones.
La visita era para recordarle a Ardila que no le iban a dar el dinero que le adeudaban ni a entregarle la finca que reclamaba. A la víctima no le quedó más remedio que salir huyendo de Cáceres con destino a otro municipio del Bajo Cauca antioqueño. Una vez más desplazado a la fuerza. Era como si estuviera maldito. Pero a pesar de tanto golpe recibido, aún le quedaron arrestos para continuar reclamando, por las vías legales, el pedazo de tierra que se había convertido en su orgullo.
En los primeros meses de 2009 fue a Medellín, al Instituto de Desarrollo Rural, (Incoder), entidad que vigila las transacciones de baldíos del Estado y protege el derecho campesino sobre éstos, luego de que los han trabajado por varios años. Expuso su caso y los funcionarios, tan indignados como él cuando escucharon su historia, se comprometieron a ayudarle. Y en efecto, la Entidad emitiría la Resolución 292 de julio de 2011 donde adjudicaba el predio a Ardila. Contento, el campesino sintió que habían valido la pena los esfuerzos, la resistencia ante las presiones y las persecuciones.
Volvió a su finca y lo que encontró fue desalentador: la vivienda había sido demolida, los pastos se los había tragado la maleza y lo que antes eran galpones y marraneras ahora eran vestigios de un laboratorio para el procesamiento de base de coca que había sido destruido por el Ejército. “Para eso era que querían la finca”, dijo y explicó que la codiciaban por su buena ubicación, con el río y carretera que llegaba hasta allá.
Creyó que ya todo había pasado, pero lo peor aún estaba por llegar. La Procuraduría para Asuntos Agrarios interpuso un recurso oponiéndose a dicha adjudicación argumentando, al parecer, que esta no podía efectuarse por encontrarse en zona minera. Como si fuera poco, cuando regresó a su finca dispuesto a empezar otra vez, a tumbar monte, desyerbar, y a volverla productiva nuevamente la volvió a encontrar ocupada. Esta vez por decenas de vacas pastando. “Me salió un señor de apellido Ruiz, que me dijo que ese ganado era de él, que esa finca se la había comprado a (alias) don ‘Nano’”.
Por el proceso de Justicia y Paz, hoy se sabe que ‘Nano’ es Luis Fernando Jaramillo Arroyave, un poderoso narco que se movió a sus anchas por todo el Bajo Cauca antioqueño y que además fue muy amigo de los hermanos Carlos y Vicente Castaño.
Jaramillo se había desmovilizado como uno más de los 2.790 combatientes del Bloque Mineros de las Auc que dejaron sus armas en la vereda Pecoralia de Tarazá. Pero la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía luego descubrió que ‘Nano’ fue comandante del Frente Barro Blanco del Bloque Mineros –una estructura paramilitar que delinquió en el corregimiento del mismo nombre, de Tarazá – y que mantuvo independencia y autonomía con respecto a los dos jefes paramilitares que ejercieron dominio en la región: Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’ y Carlos Mario Naranjo, alias ‘Macaco’.
Jaramillo fue capturado por la Policía el 30 de enero de 2010 en un restaurante de Medellín, acusado en un proceso por narcotráfico. “Y vaya uno a saber qué enredos hizo esa gente como para que el señor Ruiz le haya terminado comprando mi finca a ‘Nano’”, dijo Ardila, quien volvió a su peregrinaje por las entidades del Estado buscando recuperar el derecho sobre su tierra.
“Me fui para Medellín y le puse una denuncia a ese señor (Ruiz) en el bunker de la Fiscalía”, dice Ardila frustrado. “Allá me dijeron que pusiera la denuncia en la Fiscalía de Caucasia”. Pensando que le iría mejor con la Unidad de Restitución de Tierras, creada por el gobierno Santos, precisamente para respaldar a los campesinos en la brega por recuperar las tierras que les robaron los actores armados, acudió a ellos. Le dijeron que no volviera hasta que no resolvieran su caso.
Según funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, sede Caucasia, de las casi 1.40 solicitudes que reposan en esta dependencia, un gran número han sido realizadas por personas a quienes los paramilitares, o personas allegadas a ellos, los forzaron a vender sus fincas a cambio de una suma de dinero que no parecía tan baja. El problema ha sido que, al igual que en el caso de Ardila, a la hora de pagarles lo acordado aparecieron con una mínima parte.
Hoy día, la Unidad espera contar con un concepto de seguridad favorable de la zona que le permita documentar el caso para presentarlo ante los jueces de tierras. Por su parte, el Incoder continúa analizando el recurso interpuesto por la Procuraduría, para ver si ratifica la adjudicación o, por el contrario, le da la razón al Ministerio Público.
Y Ardila ve pasar los días esperando que después de tantos años de esfuerzo y sufrimiento pueda recuperar su finca sin peligro de volver a ser despojado. “Me estoy haciendo viejo, ya no tengo tantas fuerzas para trabajar. Y se le van acabando a uno las esperanzas. Ya son once años con este problema y ya no sé ni qué hacer”, dice ya casi resignado.
*El apellido del protagonista de la historia ha sido cambiado por razones de seguridad
