El exjefe del Bloque Mineros de las Auc aseguró que no hay condiciones para continuar su participación en el proceso de Justicia y Paz, a través del que se juzga a los paramilitares que se desmovilizaron entre 2003 y 2006.
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| Actualmente, alias ‘Cuco’ se encuentra recluido en una cárcel de Miami, purgando una larga condena. |
Alegando motivos de seguridad personal y familiar, y argumentando que no hay solidez jurídica para continuar en el proceso, el exjefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’, anunció que no continuará rindiendo versiones ante la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz.
El ex comandante del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) notificó su decisión antes de iniciar una audiencia de formulación de cargos en la que la Fiscalía 15 Delegada para Justicia y Paz le pretendía formular cargos por varios delitos, entre ellos homicidios, desaparición forzada y constreñimiento.
La decisión fue comunicada a través de un escrito que leyó Vanoy Murillo desde una prisión de Miami, Estados Unidos, donde se encuentra recluido desde el 13 de mayo de 2008, tras ser extraditado por el Gobierno Nacional junto a trece jefes paramilitares más para que respondieran allí por delitos asociados al narcotráfico.
Alias ‘Cuco’ fue sentenciado en octubre de 2008 a 24 años y 4 meses de cárcel por el juez federal del Distrito Sur de Florida, Michael Moore, quien lo encontró responsable de los delitos de conspiración, tráfico de drogas y lavado de dinero porintentar introducir cocaína en Estados Unidos desde Colombia durante finales de la década del noventa y comienzos de la del dos mil.
En tono pausado, dado que apenas aprendió a leer y a escribir, alias ‘Cuco’ se dirigió al magistrado Olimpo Castaño, quien conducía la audiencia, para pedirle la suspensión de la cita judicial: “Quiero pedirle a usted señor magistrado de manera muy respetuosa suspender el inicio de esta versión de formulación de cargos porque múltiples razones personales y jurídicas que hoy menguan mi voluntad de continuar mi participación dentro del proceso de la Ley de Justicia y Paz”.
Una vez solicitada la suspensión, el ex jefe del Bloque Mineros de las Auc, que delinquió en buena parte de la subregión del Bajo Cauca antioqueño, se refirió al proceso que ha recorrido hasta hoy. En la misiva, indicó que está en el proceso desde el 11 de mayo de 2004, cuando se concentró en la zona de ubicación de Santa Fe de Ralito, Córdoba, creada por el Gobierno Nacional para adelantar con el Estado Mayor de las Auc un acuerdo de desmovilización, desarme y reinserción con esta estructura paramilitar.
Añadió que se desmovilizó el 20 enero de 2006, junto con 2.792 combatientes que conformaban el Bloque Mineros en una finca ubicada en el municipio de Tarazá, Antioquia, y acudió de manera voluntaria al llamado que les hiciera el Gobierno Nacional a los jefes paramilitares para que se recluyeran en un centro especial para ellos ubicado en el municipio de La Ceja, Antioquia, en agosto de 2006.
Luego de este recuento de fechas, Vanoy Murillo expuso con cifras concretas lo que ha significado su paso por el proceso de Justicia y Paz, tanto en Colombia como en Estados Unidos.
“Desde el momento de mi desmovilización y durante el tiempo de mi permanencia en Colombia, siempre he estado comprometido con las víctimas del conflicto armado con lo cual inicié proceso de reparación entregando bienes por un valor superior a los 30 mil millones de pesos; de igual forma, le revelé a la Fiscalía la existencia y ubicación de cientos de fosas comunes”, precisó el ex jefe paramilitar.
Dijo, además, que asistió en Colombia a cinco sesiones de versión libre, escenario en el cual confesó 369 hechos delictivos y ayudó, según él, “a esclarecer muchas verdades delictivas que jamás se hubieran conocido sin mi determinación de contar lo que pasó”. Agregó que las falencias de la Fiscalía eran tantas en el pasado que “hasta el día de mi primera versión libre como postulado de Justicia y Paz no había logrado vincularme a ninguna investigación penal”.
Al referirse a la decisión del entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, de extraditar a los jefes de las Auc, indicó que fue “decisión política, que vulneró todos los preceptos de la Ley de Justicia y Paz, así como el derecho de reparación y verdad de las víctimas”.
Vanoy Murillo indicó que había guardado silencio desde su extradición a Estados Unidos por respeto al proceso de Justicia y Paz, pero decidió hablar al respecto para justificar la suspensión de su participación bajo este marco regulatorio de justicia transicional.
“Hoy quiero contarle a Colombia la real situación que un proceso de paz que agoniza ante la mirada indiferente del Gobierno Nacional”, dijo el ex jefe paramilitar. “Desde mi llegada a este país hace más de tres años, he soportado graves dificultadas, que iniciaron con la restricción en una prisión de castigo en una ciudad ubicada a tres horas por tierra de la ciudad de Chicago. Allí fui sometido a castigos extremos tales como no poder hablar con mis seres queridos sino una sola vez por semana, la suspensión de mi correo personal e impedir el acceso a mis abogados defensores”.
Al hacer referencia a las promesas del Gobierno Nacional de velar por la seguridad de las familias de los desmovilizados de las Auc, expresó su impotencia al respecto: “solicité atención de forma reiterada por las graves amenazas que mi familia recibía; pedí protección para mi núcleo familiar más cercano, sin que ninguna entidad estatal acudiera a dicho llamado”.
En su carta, hizo una relación de sus familiares asesinados. En primer lugar su hermano Nelson Vanoy Murillo y la esposa de éste, Yesennia Uribe Berrío, en hechos ocurridos en zona rural de Tarazá, el 21 de julio de 2008; el 19 de octubre de ese mismo año fue acribillado su hijo Vladimir a la entrada de una urbanización en Tenjo, Cundinamarca; luego fue baleado su sobrino Raúl Vanoy, en una incursión de sicarios en Cúcuta, ocurrida el 24 de enero de 2009.
Adicionalmente, se refirió al secuestro de tres hijos, ocurrido en varias zonas del departamento de Antioquia en diciembre de 2008, por supuestos miembros de la llamada ‘Oficina de Envigado’, quienes pretendían con esta retención presionar a alias ‘Cuco’ para que entregara caletas y tierras.
“Aunque mi estado de salud físico y mental se agravaba por todas estas circunstancias, no desistí en mi compromiso con las víctimas y constantemente enviaba misivas al Gobierno Nacional, con la dificultad de escritura de un analfabeta como yo que a sus 62 años dentro de la prisión, expresándole mi voluntad férrea de continuar dentro del proceso de justicia y paz”, expresó Vanoy Murillo.
Tal compromiso, según él, se ve reflejado en las seis sesiones de versión libre realizadas desde la prisión en Estados Unidos, en las que confesó 1.854 hechos delictivos, y las tres audiencias de imputación de cargos en las cuales le imputaron 192 hechos criminales.
Pero al volver nuevamente sobre la actual situación jurídica, dijo: “Señor Magistrado, no encuentro las garantías judiciales y personales para seguir en este proceso”. Y agregó que “el suscrito decide suspender su participación en el proceso de Justicia y Paz hasta tanto el Gobierno Nacional por medio de sus organismos competentes le den las garantías legales que le permitan la colaboración en la construcción de la verdad. Es absurdo continuar dentro de un proceso que no otorga derechos mínimos procesales”.
Consideró el ex jefe del Bloque Mineros de las Auc que tal como se viene desarrollando la aplicación de la Ley 975, “es una pérdida total de tiempo seguir confesando delitos cometidos durante más de 20 año para que queden convertidos en simples documentos de consulta”.
Para destrabar los líos jurídicos que plantea, Vanoy Murillo reclamó la participación de la Fiscal General de la Nación, Vivian Morales, y de la Coordinadora de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz Elba Beatriz Silva, no sin antes pedir disculpas por su decisión.
Al ser consultado por el Magistrado Castaño de las posibles consecuencias que podría tener su decisión, alias ‘Cuco’ dijo que sí y, seguidamente, se dio por terminada la audiencia.
Las víctimas presentes en el tribunal y sus apoderados se mostraron sorprendidos por la decisión del ex jefe paramilitar, manifestaron que en este caso el proceso sería más demorado y quedaron a la espera de lo que pueda pasar en los próximos meses.
