En Barrancabermeja, el reto de la paz territorial está en fortalecer la política pública para hacerle frente a las drogas ilícitas. El microtráfico es el generador de violencia en las comunas y fuente de financiación de las bandas criminales.
En el puerto petrolero de Barrancabermeja, el conflicto armado tiene expresión en la ciudad, donde hay presencia de bandas criminales que se disputan el control del ‘negocio’ del microtráfico. Foto suministrada Unidad de Comunicaciones de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.Comienza el día. La prensa local registra en detalle el asesinato de un joven en algún barrio popular de Barrancabermeja, Santander. Así ocurrió el 5 de julio con Wilmer Velásquez Briceño, de 32 años, a quien las autoridades encontraron sin vida en una vivienda abandonada en el barrio La Paz, en la Comuna 3. Según la información que circuló en medios, la víctima “tenía antecedentes judiciales por el delito de porte, tráfico y control de estupefancientes” y la casa donde su cuerpo fue encontrado funcionaba un expendio de drogas. Meses atrás el lugar había sido allanado por dicha actividad ilegal.
Quince días atrás había ocurrido lo mismo con Jeison Guiza Tobón, de 26 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona boscosa en la Comuna 5. Su crimen presuntamente estuvo relacionado con una “deuda por el consumo de estupefacientes”. Su caso se suma a la lista de asesinatos y amenazas registradas desde de enero, evidenciando una relación entre violencia y drogas ilícitas. El 16 de enero Jonny Aurelio Martínez, de 19 años, fue acribillado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta por el barrio Nariño de la Comuna 6; su familia le dijo a la prensa que el joven consumía drogas y había recibido amenazas de muerte.
Diez días después en la Comuna 4, un sicario entró a una vivienda del barrio El Castillo y dejó herida a una pareja que, según las autoridades, estaba vinculada con el ‘negocio de las drogas ilícitas’. Una de estas personas es Adalberto Beleño Pacheco alias ‘Frika’, capturado el 14 de febrero de 2016 en Bucaramanga, acusado de los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Las autoridades le dijeron a la prensa que el hombre, de 26 años, “era el líder de una banda delincuencial dedicada al microtráfico en Barrancabermeja”.
Desde 2005 el Observatorio de Paz Integral (OPI), de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, emite un boletín mensual que registra los hechos de violencia ocurridos en esta región compuesta por una treintena de municipios de Antioquia, Bolívar, Cesar y Santander. Quien analice estos registros encontrará que desde esa fecha en Barrancabermeja son comunes los asesinatos asociados al “microtráfico”, pero la prensa local y las autoridades las presentan como casos aislados sin develar el fondo de lo que ocurre en el puerto petrolero. (Ver boletines de julio, junio y enero)
Andrés Mauricio Ortiz, secretario general de la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), explica que la situación obedece a una “descomposición social” como parte de las secuelas del paramilitarismo en la región y el rearme con las bandas criminales desde 2006. La organización no gubernamental asegura que gran parte de los desplazamientos urbanos corresponden a casos de jóvenes amenazados por bandas criminales. “El año pasado hubo 66 homicidios, de jóvenes entre los 14 y 27 años, porque desertaron de la cadena del narcotráfico o porque tenían algún vínculo con esas estructuras”, indica Ortiz. La ong Credhos fue amenazada en julio de 2016, tras la circulación de un panfleto que se atribuyen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Con el reciente anuncio de la firma del Acuerdo Final del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, en Barrancabermeja urge la aplicación del cuarto punto del acuerdo, el de Solución al problema de drogas ilícitas. Las partes acordaron que el primer pilar para lograrlo es “transformar las condiciones de los territorios que han sido afectados por la presencia de los cultivos ilícitos y generar condiciones de bienestar para las comunidades que allí habitan”.
El segundo pilar será una apuesta por “abordar el problema con un enfoque de salud pública”, creando un Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo”, y el tercero, combatir al narcotráfico, realizando “una nueva estrategia de política que fortalezca y articule instancias, mecanismos y capacidades de investigación y judicialización a nivel nacional y regional… concentrándose en los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico…”. (Lea el ABC del Acuerdo Final)
Pero en el puerto petrolero estos tres pilares serán un reto. Un consumidor y una ex expendedora de drogas, que ahora purga una pena, cuentan cómo el ‘negocio’ ha proliferado en la capital petrolera sin que sean visibles aún las iniciativas o decisiones para erradicar el problema de raíz.
Pobreza, ‘el caldo de cultivo’
El punto cuarto delAcuerdo Final del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, el de solución al problema de drogas ilícitas, propone el desarrollo de una política pública que atienda de forma integral a quienes sufren de adicción. Foto archivo Semana.Barrancabermeja tiene unos 190 mil habitantes según el censo oficial y está compuesta por 154 barrios, distribuidos en 7 comunas; 53 veredas y por lo menos unos 15 asentamientos aún por legalizar. El Plan de Desarrollo 2016-2019 del alcalde Darío Echeverri reconoce que la pobreza del municipio es alta, basándose aún en el censo de 2005 que aplicó una encuesta en 166 mil 405 habitantes del área urbana y en 17 mil 916 del área rural, encontrando que había condiciones de vulnerabilidad en 65 mil casos en la ciudad y en 14 mil en el campo. (Ver página 59 del Plan)
El mismo documento advierte que esta situación se deriva, en gran parte, de dos de los elementos con más alto porcentaje en la medición del índice de pobreza multidimensional: en 88 por ciento el empleo informal y en 63 por ciento el bajo logro educativo. En el puerto, que debería registrar calidad de vida tras el funcionamiento histórico de la primera refinería del país, pululan por el contrario las ventas callejeras y el ‘mototaxismo’.
Estas condiciones son aprovechadas por el narcotráfico. Barrancabermeja conecta por el río Magdalena con el sur de Bolívar, donde según el más reciente informe Monitoreo de cultivos de coca, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aumentaron las hectáreas de 925 (en 2013) a 1.565 (en 2014). “El incremento se asocia con un aumento en 28 por ciento del tamaño de los lotes principalmente con la aparición de núcleos fuertes en San Pablo, Cantagallo y Santa Rosa del Sur. Es importante llamar la atención sobre la reaparición de lotes de coca al norte de la Serranía de San Lucas”,indica el informe. (Léalo acá)
En esto coincide el Atlas de caracterización regional de la poblemática asociada a las drogas ilícitas en Santander, del Observatorio de Drogas de Colombia, que indica que “la base de cocaína, el bazuco y la cocaína que ingresan al departamento para el microtráfico y el narcomenudeo provienen principalmente de la región sur de Bolívar…”, aclarando que el departamento no es productor de marihuana, y que los traficantes se surten “con la producción del Cauca y el Cesar principalmente; en este último caso, se detectó que la droga viaja desde Aguachica e ingresa por los municipios de El Playón y Rionegro…”. (Lea el informe Atlas aquí)
Como quedó documentado en la sentencia proferida por el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá contra Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’, el Bloque Central Bolívar de las Auc entró al Magdalena Medio finalizando los años 90 con el pretexto de combatir a la guerrilla pero con la intención de fondo de quedarse con las rutas y rentas del ‘narcotráfico’. En el sur de Bolívar, este grupo paramilitar instaló su ‘base de operaciones’ desde donde ordenaron desplazamientos y masacres en el territorio. Tras su desmovilización en 2006, la guerra no cesó; se recicló en cabeza de las llamadas bandas criminales.
Desde 2007 la Defensoría del Pueblo prendió las alarmas con el informe de riesgo número 008, que documentó cómo el conflicto se agudizó en la zona urbana por cuenta de la aparición de las ‘Águilas Negras’ y los ‘Rastrojos’, y los ‘Urabeños’, que entraron en una “disputa territorial”. Los dos primeros en la Comunas 1, 4 y 5; mientras los segundos en las Comunas 3, 6 y 7, buscando ganar el pulso en el control de la comercialización de las drogas ilícitas. Para el mismo año apareció otro grupo llamado los ‘Botalones’, disputándose también dichas rentas. (Lea informe de riesgo del año 2012 que relata la reconfiguración del conflicto)
En los boletines mensuales del Observatorio Integral de Paz está registrado cómo de forma recurrente estas bandas criminales se atribuyen la distribución de panfletos en los barrios más vulnerables, amenazando con asesinar a quien consuma drogas. Si se analizan los informes de Naciones Unidas y del Gobierno, pareciera una contradicción en su discurso pero no es así. El Ministerio Público encontró que dichas amenazas hacen parte de su estrategia en el control del ‘negocio’.
“El microtráfico es una de las actividades ilegales que le genera recursos a esos grupos ilegales, sobre todo por el expendio de cocaína y los subproductos que de ella se derivan. La represión contra sectores juveniles a manera de la mal llamada “limpieza social” no es tanto para evitar que consuman drogas, como se pretende mostrar en los panfletos amenazantes, sino porque los denominados “parches” no están siendo controlados por los grupos armados ilegales y no están consumiendo las drogas que ellos distribuyen”, indica el Ministerio en el informe de riesgo.
Esta situación ha sido constante desde el rearme tras la desmovilización paramilitar. El Informe de coyuntura regional ¿cómo vamos?, de junio de 2016 del Observatorio de Paz Integral, indica que en ese mes ocurrieron cinco muertes violentas y cinco intentos de homicidio. “… el motivo de estos homicidios estaría ligado al negocio de las rentas ilegales. Las edades de las víctimas de homicidio oscilaron entre 25 y 35, años. Las edades de las víctimas de intento de homicidio oscilaron entre 18 y 28 años. El homicidio por encargo en Barrancabermeja sigue afectando principalmente a los jóvenes”, señala el documento.
Para Credhos, el paramilitarismo atizó la ‘narcotización’ en Barrancabermeja, usando a los jóvenes en condiciones de pobreza como transportadores y expendedores. “Promovieron una cultura mafiosa y crearon las figuras de pequeños capos”, quienes controlan ‘ollas’ que entre semana pueden generar ‘ganancias’ entre los dos y cinco millones de pesos y hasta ocho, los fines de semana.
“En Barranca ahora es normal ver por ahí a la gente consumiendo… hay fronteras invisibles [control territorial] y mucha competencia… antes se conseguía un paco de 3.5 gramos de marihuana en 10 mil pesos; ahora por esa plata se consiguen hasta ocho gramos, y cada quien pasa y ofrece más barato”, dice Leonardo**, un joven consumidor de quien se reserva su nombre por razones de seguridad.
“Se mueve mucha plata”
El Plan de Desarrollo 2016-2019 de Barrancabermeja reconoce la necesidad de tratar a los jóvenes con problemas de drogadicción, construyendo un centro de rehabilitación de manejo integral. Foto archivo Semana.Paola**, cuyo nombre real se omite para proteger su vida, está en la cárcel. Cayó en una redada de la policía acusada de traficar drogas. Ella la transportaba. Antes de entrar en ese ‘mundo’, trabajaba en restaurante de comidas rápidas. “La situación estaba difícil”, comenta, reconociendo que se dejó seducir por la oferta de una banda: cuando si mucho en su trabajo alcanzaba a sumar un salario mínimo mensual vigente; en quince días reunía lo de un mes. Treinta días llevando droga de un punto a otro en la ciudad podía significarle casi 2 millones de pesos.
Era una principiante, “a los dos meses me atraparon. Me cogieron con 17 kilos de marihuana… uno no piensa que va a caer preso, que eso solo cogen a los duros”, comenta. Según relata, realizaba ‘los encargos’ en las noches a veces en carros particulares y otras en transporte público, “para no levantar sospecha”, confesando que en la cadena de negocio contaban con la complicidad de algunos miembros de las autoridades. “Toca tenerlos en la mano para que eso funcione”, afirma.
Testimonio de Paola
Ahora en la cárcel asegura que por más difícil que sea encontrar trabajo formal, se empeñará en estudiar para sacar adelante a su pequeña, quien quedó bajo cuidado de la abuela. “Uno termina en esto por falta de oportunidades, por la pobreza que hay en las comunas y porque esos grupos se aprovechan de la necesidad”, comenta la joven.
Leonardo es consumidor desde los 17 y asegura que espera algún día superar la adicción, pero lo que pasa es que “la sensación es una chimba”, dice refiriéndose a los efectos de la droga. El joven cuenta que comprar marihuana, bazuco y perico en las comunas o en cualquier calle es fácil, pues el negocio ya está organizado, “a eso se dedican ex paramilitares que no saben hacer más nada”. Sobre el ejercicio de la autoridad, dice “que hay una doble moral”, pues algunos de ellos “persiguen [el delito] pero también son consumidores”.
Para Leonardo, el consumo se ha trasladado desde las ‘ollas’ y puntos marginales hacia las comunas, los colegios y las fiestas. “En las party, las fiestas electrónicas, hay ahora mucha droga sintética… ahí distribuyen y se consume todo lo que pueda metérsele a la neurona, como tussy, un perico de colores que lo pone a uno ver luces, lo deja quieto y le relaja el cuerpo… también pepas, papeles y ácidos…”, apunta.
Testimonio de Leonardo
En Colombia, aún no hay estudios locales que permitan dimensionar el problema de las drogas sintéticas que difícilmente pueden monitorearse, pues a diferencia de las drogas tradicionales como la marihuana y la cocaína; éstas no tienen como insumo base un cultivo sino componentes que se procesan en laboratorios.
De momento, la solución está propuesta en el Acuerdo Final y en el Plan de Desarrollo Municipal. En este último documento, el municipio promete que aplicará la Ley 1622 de 2013, conocida como Estatuto de Ciudadanía Juvenil, creando un programa para jóvenes con problemas de drogadicción y construyendo un centro de rehabilitación de manejo integral. Esto porque la Alcaldía reconoce que los jóvenes están expuestos al reclutamiento de las bandas criminales, al trabajo forzado, la explotación sexual, el consumo de alcohol y la delincuencia. El municipio acepta en el Plan además que ni siquiera cuenta con un Centro del Menor Infractor y que estos casos terminan siendo remitidos a Bucaramanga.
“Para solucionar el problema de drogas ilícitas hay que desvertebrar el paramilitarismo con política pública”, concluye Credhos. De no hacerlo así, los jóvenes barranqueños seguirán ‘esfumando’ sus oportunidades en un municipio que ha vivido históricamente del petróleo, pero cuyas condiciones de vida siguen siendo aún muy limitadas.
*Periodista comunitario de Barrancabermeja.
**Nombres cambiados por razones de seguridad.
Este artículo hace parte del proyecto GIZ con VerdadAbierta.com
