Líderes del Suroeste antioqueño dicen que el bloque de las autodefensas que hizo presencia en esa zona es responsable de unos 150.000 crímenes, entre ellos más de 10.000 personas arrojadas al río Cauca, pero que como no hay postulados de ese bloque a Justicia y Paz que los confíense están en peligro de quedar impunes.
Rogelio Antonio Vergara, agricultor, de 65 años, vio cuando varios hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) se llevaron a su hijo José Edier, de 42, “porque tenían un asunto de que hablar”.
Ocurrió el 15 de mayo de 2003, en zona rural de Urrao, Suroeste antioqueño, luego de que ambos regresaban de una cita con las autodefensas, celebrada en la finca La Cartagena, a la que los obligó a ir Julián Rodas Londoño, alias 110, el jefe paramilitar de la zona y el segundo al mando del bloque Suroeste.
Los bajaron de la moto y los separaron. Se quedó un rato al lado de la carretera pero, al ver que no regresaba, decidió buscarlo.“Pasó un vecino en un carro y le dije que si no había visto a José Edier”. Le contestó que no, pero estaba bastante asustado, “porque me advirtió que al lado de la carretera había un muerto”.
Entonces, aceleró el paso. Agotado llegó al cadáver que estaba tapado con una chaqueta negra que le era familiar: “cuando la levanté vi que era mi hijo, tenía un disparo en la cabeza”. El asesinato de José Edier es uno de los pocos documentados, no se sabe cuántos (aunque ya se habla de una cifra de 150.000), de los crímenes que cometió el bloque Suroeste de las Auc en esa región de Antioquia y que hoy corren el riesgo de quedar en la impunidad.
Rogelio Antonio, ahora desplazado con su familia en Medellín, deambula por los despachos judiciales de Medellín otorgando poderes a abogados con la idea de obtener una reparación, en parte simbólica y en parte material, porque lo sucedido con su hijo es apenas uno de los muchos atropellos que tuvo que sufrir la comunidad de esa región como consecuencia del accionar de los grupos armados en su natal Urrao.
“Me pareció raro que después de vernos en la reunión (en la que se trataron temas de ‘financiación’ del grupo ilegal a partir de las ‘contribuciones’ de los campesinos de la zona), nos alcanzaran en la carretera dizque porque tenían que hablar con José Edier”.
Rogelio Antonio no escuchó el disparo, pero tiene grabado en la memoria el momento en que su hijo le dijo que se quedara, que él arreglaba el asuntico en un par de minutos. Sabía que existían temas por resolver, como el robo de 45 semovientes (39 novillos y cinco vacas gordas) que las Auc se llevaron del predio de José Edier.
“Tiempo después, ‘110’ me mandó a decir que fue una equivocación”, respuesta que lo dejó más herido porque lo hizo a través de terceros y sin ningún detalle adicional y respuesta que hoy trata de buscar entre los encargados de aplicar, en Medellín, la ley de Justicia y Paz.
Rogelio Antonio, como miles de víctimas del bloque Suroeste, está pendiente de lo que pasará con los crímenes que cometió ese grupo, porque los principales comandantes, como alias ‘110’, y Aldides de Jesús Durango, alias ‘René’, el principal cabecilla de esta fracción paramilitar, han eludido su responsabilidad en relación con las confesiones.
Alias ‘110’ desapareció de la escena; es más, son mas los rumores sobre su suerte que la certeza que tienen las autoridades de su paradero, debido a que la Fiscalía ha conocido versiones que lo ubican en Venezuela y otras que lo dan por muerto.
“Lo cierto del caso es que no sabemos nada de él, es como si se lo hubiera tragado la tierra”, dice un investigador del CTI, al hacer énfasis en que su ausencia se convierte en un obstáculo para determinar el número de delitos y de víctimas que dejó el bloque en todos los municipios del Suroeste, zona cafetera del departamento y con desarrollo turístico.
Además, alias ‘René’, desde su captura en la finca La Nueva, de la vereda Los Cedros, de Mutatá, Urabá antioqueño, en junio de 2007, dijo que prefería someterse a la justicia ordinaria, por considerar que Justicia y Paz pocas garantías le ofrecía.
Eludir la responsabilidad
De someterse a la justicia ordinaria, quedaría a merced de los fiscales y jueces determinar la responsabilidad de alias ‘René’ en todo el Suroeste, con el peligro de que nada se le compruebe, salvo su aceptada participación en el grupo, pues muchos de los delitos de las Auc empiezan a aclararse a partir de la confesión de sus autores.
Tanto víctimas como algunas organizaciones que las están respaldando, en este caso Redepaz y Conciudadanía, vienen buscando la forma para que la Fiscalía haga uso de un mecanismo que obligue a ‘René’ a confesar sus delitos. También esperan que las autoridades puedan ubicar el paradero de alias ‘110’, por considerar que los demás postulados del bloque, fueron apenas mandos medios que, de cierta manera y aunque ejecutaban las órdenes, solo obedecían a sus superiores.
Con alias ‘René’ las autoridades han tenido serios problemas, incluso desde la misma desmovilización del bloque, ocurrida el 30 de enero de 2005 en el corregimiento San Gregorio, de Ciudad Bolívar, en el Suroeste antioqueño, donde 125 miembros de esa estructura entregaron sus armas en un acto que llamó la atención de muchos por la ausencia del principal jefe de ese grupo.
Este excomandante paramilitar, según un estudio de la Fundación Democracia y Seguridad, recibía órdenes de Vicente Castaño para que incursionara en la zona cafetera de Antioquia, con el fin de erradicar de allí a la guerrilla e imponer el dominio de las Auc.
Aunque la Fiscalía investiga a alias ‘René’, entre otros delitos, por homicidio agravado, concierto para delinquir, desaparición forzada, secuestro simple y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, también lo sindica de ser el autor intelectual (determinador) de la masacre de 10 personas el 28 de abril de 1998, en el corregimiento La Encarnación, de Urrao.
Ese día, hombres vestidos con prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y portando armas largas, incursionaron en el corregimiento, mataron a 10 personas que viajaban en un bus escalera, forzaron las puertas de varias tiendas, las saquearon y, en la retirada, hurtaron caballos y mulas. Unos 350 campesinos huyeron de la zona por miedo a futuras incursiones.
De acuerdo con la Policía, la captura de alias René evitó que este siguiera con su plan de rearmarse en el Suroeste por medio de lo que ese organismo llama “bandas emergentes”, aunque la aprehensión le dio esperanzas a personas como Rogelio Antonio de que, tal vez, la esperada reparación iba a producirse.
Cementerio de la infamia
Para muchas de las víctimas, la imagen del bloque Suroeste está plasmada en la cantidad de personas retenidas por este grupo, evisceradas y luego lanzadas al río Cauca, práctica que se hacía desde el famoso retén clandestino que ese grupo paramilitar mantenía, de forma permanente, en el corregimiento Bolombolo, de Venecia.
Alirio Arroyave, fundador de la Constituyente de Tarso, dice que una de las consecuencias del accionar del bloque en la región es que, desde 2001, cuando tuvo que salir amenazado, cumple su labor, en calidad de “exiliado”, desde Medellín, porque aún después de la desmovilización ve pocas garantías para un retorno definitivo.
La Constituyente de Tarso es un movimiento civil que despertó mucha expectativa por su carácter vinculante y que se replicó en otras regiones del país, como mecanismo para que la sociedad civil reclamara sus derechos, entre ellos el de permanecer por fuera del conflicto.
Arroyave hace hincapié en que, si las víctimas no se organizan, será difícil estipular una cifra de los crímenes cometidos por las Auc en la región, “pero deben ser cantidades, muchos, porque aquí no se cometieron grandes masacres (salvo la de Urrao), pero los homicidios gota a gota, todos los días, eran casos recurrentes”.
“Todavía hay temor, hay miedo por posibles retaliaciones, pero creo que lo peor que puede pasar es que las víctimas se resignen y desistan de buscar la verdad, la justicia y la reparación”, agrega Arroyave.
Alexander Ocampo, personero de Pueblo Rico, uno de los municipios que más sufrió los rigores del bloque Suroeste, explica que por medio de Redepaz y Conciudadanía y con el respaldo de sus colegas de la región, viene cogiendo fuerza la idea de crear una asociación de víctimas.
“La idea, en principio, es visualizar a las víctimas, que no les dé miedo decir qué pasó”, para luego regularizar ese hecho e incluirlo en los canales de la ley de Justicia y Paz, de modo que se haga justicia y haya una reparación integral.
Ocampo comparte el temor sobre lo que pasará en caso de que no haya postulados de este grupo, al menos de quienes ordenaron los crímenes, debido a que la ley es poco clara sobre el papel que les corresponderá asumir a las víctimas y sobre quién las reparará.
Gota a gota
“Es cierto, no hubo casos muy sonados, pero hubo los famosos recorridos de la muerte”, en los que en un mismo día, en sitios aislados, pero concatenados con un mismo accionar, perdían la vida, de forma violenta, algunas veces, hasta 10 personas.
Esos hechos son los que deben visualizarse, a juicio del personero, porque las jornadas de capacitación que ha hecho la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) en la zona dejan entrever que muchos de los casos aún no se han registrados. Una encuesta de la CNRR, hecha entre junio y diciembre de 2007, revela que el Suroeste solo representa el 3,4 por ciento del total de las denuncias tramitadas por las víctimas ante la Fiscalía para reclamar sus derechos.
“Esa cifra oculta la realidad”, advierte Narcisa González Ángel, representante de las víctimas del suroeste ante Acción Social. “Apenas estamos haciendo las encuestas pero creemos que los paramilitares son responsables, mínimo, de 150.000 hechos violentos en todo el Suroeste”.
Dice que están organizándose, no solo para definir el impacto de las autodefensas en la vida social, política y económica de los habitantes del Suroeste sino “para obligar a René y a los demás a que hablen y digan la verdad”.
González Ángel anda por cuanto despacho pueda en Medellín, con miles de documentos en su bolso y acompañada de víctimas de las Auc, “con la idea de que a estas personas se les reconozcan sus derechos”, que van más allá “de una simple ayuda humanitaria”.
Advierte que lo que han encontrado en esas primeras encuestas es aterrador, como que las víctimas arrojadas al Cauca podrían llegar a diez mil, “pero necesitamos que sus familiares consoliden ese realidad”, al menos que la estructuren en una cifra, “para ver si así las miradas se enfocan en ese problema”.
En mayo, también con la asesoría de las Madres de la Candelaria, se van a constituir como asociación de víctimas y, desde ahí, empezarán un trabajo que pretenderá contribuir a la memoria histórica sobre la verdad de los crímenes de las autodefensas en el Suroeste.
Lo harán, así para la época el Estado y los desmovilizados sigan enfrascado en jugar al gato y al ratón, juego que hoy tiene a Rogelio Antonio sin entender por qué debe esperar a que aparezca el responsable de la muerte de su hijo, para que ese crimen entre en las estadísticas y se pueda mostrar como una atrocidad más, aunque la atrocidad la vio en el rostro de José Edier agujerado con una bala y tapado con una chaqueta negra.
