Desde casi un año antes de la masacre, comenzó la ofensiva paramilitar en forma. En junio de 2000, en la vereda El Ceral, a cuatro kilómetros de Timba, Cauca, miembros de las autodefensas asesinaron sin motivo a un joven de 17 años y a un campesino.
| {youtube}YsN3YBTruoc|250|187|true{/youtube}Días antes de que ocurriera la masacre, los pobladores del Valle del río Naya empezaron a ser ahogados por los retenes de los paramilitares. Algunos transportadores fueron secuestrados y varios líderes indígenas fueron asesinados acusados de ser colaboradores de la guerrilla. También restringuieron los mercados que los colonos podían entrar a la región. La población en varias ocasiones tuvo que desplazarse. Enrique Guetio, ex gobernador indígena, quien fue uno de los indígenas secuestrados por los paras. (Entrevista con Enrique Guetio I Parte) |
En noviembre de ese mismo año, la Defensoría del Pueblo ya empezaba a alertar sobre los continuos retenes de los paramilitares en la vía entre Buenos Aires y Santander de Quilichao, en los que hombres del Bloque Calima controlaban el acceso de alimentos y víveres hacia las comunidades de El Naya.
Enrique Guetio, un ex gobernador indígena de la región, fue secuestrado junto con dos comerciantes ecuatorianos el 8 de diciembre de 2000. Para entonces, las personas que llevaban alimentos al Naya debían ser autorizadas por paramilitares o de lo contrario eran asesinados. Aunque Guetio fue liberado días después, los dos comerciantes fueron desaparecidos y sus cuerpos nunca han aparecido. (Ver I parte entrevista Enrique Guetio).
Eliecer Gutiérrez dueño de una tienda en la región fue asesinado en el sitio La Betulia, en el municipio de Suárez, señalado por los paras de colaborar con la guerrilla.
En diciembre de ese mismo año, las autodefensas amenazaron a indígenas del resguardo de La Paila en El Naya y forzaron el desplazamiento de por lo menos 4.000 personas. Muchos de estos indígenas huyeron hacia Timba, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Caloto y Jamundí, en el norte del Cauca y sur del Valle.
El 12 de diciembre de 2000, la situación volvió a ser tensa con el asesinato de Elías Tróchez, gobernador indígena del Alto Naya.
Sin embargo, algunos indígenas volvieron a sus pueblos cuando el Batallón Pichincha retomó el control de la zona. La calma duró sólo hasta marzo de 2001 porque el Ejército se fue y entraron de nuevo los paramilitares.
En un informe de marzo de 2001, una comisión interinstitucional, integrada por la Defensoría del Pueblo, del Ministerio del Interior, de las Gobernaciones del Cauca y Valle del Cauca y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR, alertó de la escalada paramilitar, en especial la presencia de autodefensas en la vía Timba – El Ceral, específicamente en las veredas La Esperanza y El Porvenir.
El 27 de marzo del 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado colombiano establecer medidas cautelares para proteger a la población indígena ante el inminente riesgo de ser atacada por los paramilitares.
Ante esta situación, el Ejército retornó a finales de marzo, pero el miedo y la certeza de una incursión paramilitar se vivía en todo El Naya. En esa época y de manera constante, los habitantes de varias veredas habían expresado su preocupación a las autoridades de la creciente amenaza de una masacre.
A pesar de estos hechos, las advertencias y la inminencia de peligro, en la víspera a la Semana Santa de 2001 y ocho días después de lanzada la voz de alerta por la Comisión Interistitucional que seguía los hechos en El Naya, un grupo de hombres del bloque Calima de las Auc, al mando de José Éver Veloza, alias ‘HH’, comenzó la incursión paramilitar más descarada y sanguinaria de la convulsionada historia de esa región.
