La Corte pidió investigar a un campesino por falso testimonio y confirmó la decisión del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín que le negó la restitución de dos predios.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó en segunda instancia la decisión adoptada en abril pasado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín mediante la cual le negó a un campesino la solicitud de restitución de los predios “El Sencillo” y “Campo Alegre”, ubicados en la vereda Guacamayas del municipio de Mutatá, Urabá antioqueño.
Las fincas venían siendo reclamados por Víctor Daniel Correa Montalvo, quien alegó haber sido víctima de los grupos paramilitares que operaron a mediados de los años noventa en la región del Urabá antioqueño, los cuales, según se testimonio, primero lo desplazaron a la fuerza de su finca y luego lo obligaron a vender su predio a bajo precio a supuestos comisionistas ligados a esas organizaciones armadas ilegales.
En la solicitud, presentada el 29 de agosto de 2011 por la Comisión Colombiana de Juristas en representación de Correa Montalvo, se intentó demostrar que un grupo de comisionistas de la región intentó aprovecharse del éxodo masivo de campesinos generado por los paramilitares para obligarlos a vender sus tierras a bajos precios. Según la denuncia, los predios reclamados habían sido también abandonados y, posteriormente, adquiridos por la Sociedad Guacamayas S.A.
Sin embargo, tanto la Sala de Justicia y Pazde Medellín, en primera instancia, como la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, encontraron que las negociaciones realizadas sobre los predios antes señalados se ajustaron a la legalidad.
Al analizar las pruebas, ambos tribunales hallaron serias inconsistencias y falsedades en el relato de Correa Montalvo, lo que fundamentó no solo la decisión judicial de no devolver los predios señalados, sino que además se ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue al labriego por el delito de falos testimonio y se vea obligado a pagar los costos del proceso
La Corte recalcó en su decisión que bajo la Ley 975, conocida como Justicia y Paz, “quien pretenda la restitución de bienes presuntamente despojados por grupos armados al margen de a ley, tiene la carga de demostrar la condición de víctima y el nexo causal del daño con las actividades del grupo armado”.
En este caso, según la sentencia, el campesino reclamante no pudo demostrar su condición de víctima; por el contrario, las distintas pruebas demostraron que “la negociación que se hizo sobre los predios rurales denominados ‘El Sencillo’ y ‘Campo Alegre’, fueron ajustadas a la legalidad, no obstante que el señor Víctor Manuel Correa en forma empecinada intentó demostrar lo contrario (…) quedando a la luz la mendacidad con la que actuó, lo cual ameritó que el magistrado con función de control de garantías a cargo del caso, dispusiera la compulsa de copias por la presunta comisión del delito de falso testimonio”.
Paradójicamente una de las pruebas tenidas en cuenta para esta decisión fue la de propio hermano del reclamante, Nalbeiro Correa Montalvo, quien en declaración dada el 1 de octubre de 2011 ante autoridades judiciales, desmintió lo dicho por Víctor Manuel. Según la sentencia, aquel señaló que “hubo negociación lícita, que su señora madre recibió el dinero, que no se halla en situación precaria y que las circunstancias del supuesto desplazamiento no acontecieron de la forma en que fueron narradas por su hermano”.
La Corte Suprema de Justicia recordó que Víctor Manuel Correa Montalvo testificó más de seis veces en diferentes escenarios jurídicos en este proceso “denotándose que paulatinamente iba acomodando su versión al devenir de las circunstancias y particulares intereses; lo cual refleja un afán desmedido de pretender mostrar un cuadro de la realidad que no aconteció y sus aseveraciones se debilitaron, perdieron eficacia probatoria”.
Con respecto a la presencia de grupos paramilitares en la región, la sentencia, presentada por el magistrado de la Sala Penal Julio Enrique Socha Salamanca, consideró que “la sola alusión de presencia en la zona de presuntos paramilitares no convierte a los reclamantes en supuestas víctimas”. A su juicio, “era determinante probar que los postulados (Ever Veloza, alias ‘H.H’ y Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’) hubieran participado en el despojo de los predios, circunstancia no acreditada en el trámite procesal”.
Este trámite, según el fallo, “sirvió para develar distintos aspectos que están aconteciendo en estos escenarios (transicionales) de pretensiones inherentes a medidas cautelares sobre bienes que no han sido objeto de entrega por parte de los postulados, ni eventualmente han sido denunciados por la Fiscalía”.
La decisión de segunda instancia también desestimó los argumentos expuestos por la Comisión Colombiana de Juristas durante la apelación y que señalaban que las incongruencias en el testimonio de Correa Montalvo obedecieron al temor y las repercusiones psicológicas que dejaron los hechos violentos vividos por el campesino.
“Las mismas no pueden tenerse como intrascendentes como lo pretende hacer ver. Pues ténganse en cuenta que versaron sobre aspectos fundamentales (…) recuérdese que testificó más de seis veces, en diferentes escenarios, denotándose que iba acomodando su versión al devenir de las circunstancias y particulares intereses”, señaló la providencia.
Si bien la decisión de la Alta Corte deja en claro que, en este caso, las operaciones de compra de los predios “El Sencillo” y “Campo Alegre” por parte de la Sociedad Guacamayas S.A., hoy Inversiones ASA Ltda., fue ajustada a la ley y sin perjuicio de los campesinos, esta firma aún debe enfrentar un complejo proceso de restitución por las vías jurídicas.
En mayo pasado, la Fiscalía 25 de la Unidad de Persecución de Bienes para la Restitución presentó ante un magistrado con función de control de garantías de Medellín la solicitud de restitución de 12 predios ubicados justamente en la vereda Guacamayas del municipio de Mutatá.
Durante esa audiencia, el Ente Investigador expuso que luego que las familias debieron abandonar la región por cuenta de la violencia paramilitar, fueron forzadas a vender sus tierras a bajos precios a comisionistas que luego conformaron un proyecto ganadero de gran envergadura, cuyo propietario actual es Inversiones e Inmobiliaria ASA Ltda., empresa que asegura que compró de buena fe y de común acuerdo con los campesinos.
El nuevo proceso impulsado por la Fiscalía 25 continuará el próximo 13 de agosto, cuando campesinos reclamantes y aquellos que fueron denunciados comparezcan ante el un magistrado de control de garantías de Justicia y Paz para solicitar pruebas con las cuales unos y otros tratarán de demostrar sus puntos de vista y buscar por esta vía dirimir el conflicto sobre los predios reclamados.
