Excontratistas del Fondo de Reparación estaban haciendo negocio con predios entregados por los exjefes paramilitares alias ‘Cuco’ Vanoy y ‘Macaco’ en el Bajo Cauca. El caso involucra al hijo del controvertido exgeneral Miguel Maza Márquez, investigado por el asesinato de Luis Carlos Galán.
La mala administraciónha ocasionado el deterioro de bienes entregados por los paramilitares en el Bajo Cauca.Personas sindicadas de tener vínculos con narcotraficantes y miembros de bandas criminales que delinquen en el Bajo Cauca antioqueño, con ayuda de excontratistas del Fondo de Reparación para las Víctimas, por poco se quedan con varias fincas entregadas por los jefes paramilitares Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, y Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.
Este Fondo, encargado de la administración de los bienes entregados por los paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz para reparar a sus víctimas, realizó un minucioso balance de los bienes entregados por ‘Cuco Vanoy’, el exjefe del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quien está recluidoactualmente en una cárcel de los Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.
La entidad elaboró un documento, conocido por VerdadAbierta.com, en el que consigna las dificultades que ha tenido que sortear para recuperar, sanear, administrar y convertir dichos bienes en dinero “constante y sonante” que sirva para reparar a las más de 1.200 víctimas que dejó el Bloque Mineros en Cáceres, Caucasia, Tarazá, Briceño, Peque, Ituango y Anorí.
VerdadAbierta.com ya había denunciado el estado de destrucción total o parcial en el que se encontraban inmuebles como la Clínica La Luz cuando fueron recibidos por el Fondo; la dificultad de recuperar otros bienes, por los problemas de orden público, y el hecho de que antiguos lugartenientes de ‘Cuco Vanoy’ (hoy miembros de bacrim) estén usufructuando muchos de las fincas y negocios que él entregó. (Ver: El despojo de las Bacrim en el Bajo Cauca, Preocupan líos de los bienes de ‘Cuco’ Vanoy y Proyectos de desmovilizados de Bajo Cauca, en manos de bandas)
Ahora se suma que contratistas del Fondo, que tenían a su cargo actividades de inspección, recepción y manejo de estos bienes mientras entraban a subasta, actuaron de manera corrupta.
Los líos de La Moneda
Uno de los casos se presentó con la finca La Moneda, ubicada en el corregimiento La Caucana de Tarazá, de 151 hectáreas y avaluada en 456 millones de pesos. Aunque Vanoy la ofreció como parte de su reparación a las víctimas en 2008, pocos meses antes de su extradición a Estados Unidos, solo hasta febrero de 2010 vino a estar bajo la tutela de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
La SAE fue una entidad con la cual la antigua Acción Social (hoy Departamento para la Prosperidad Social –DPS) suscribió un convenio en octubre de 2009, para que saneara y comercializara los bienes que hacían parte del Fondo. En 2012, el DPS tuvo que liquidar dicho convenio por los incumplimientos de la SAE en su tarea.
El citado informe asegura que muchos de los bienes entregados por los postulados a la Fiscalía no llegaron inmediatamente al Fondo y que “una vez se enteran en las regiones que los predios hacen parte del Estado se aumentan las probabilidades de invasión y alteración de linderos por parte de los colindantes”.
Efectivamente, inspectores del Fondo encontraron a mediados de 2012 que en La Moneda había ganado sin autorización alguna. Las indagaciones apuntan a que un excontratista del Fondo y el veterinario de cabecera de alias ‘Cuco Vanoy’, Bernardo Alonso Calle Bohórquez, pactaron de manera fraudulenta el cobro de un “arriendo”, para mantener las reses allí. A mediados de 2013, el Fondo puso en conocimiento de las autoridades judiciales dicha situación. Hoy, el exfuncionario está siendo investigado y el veterinario es buscado por la justicia por los delitos de narcotráfico y presuntos nexos con bandas criminales de la región.
Las dificultades para el Fondo no pararon allí. Para evitar una nueva ocupación ilegal, el predio se entregó en arrendamiento a la Asociación de Productores Agropecuarios de Caribia (Asocaribia) para que iniciara proyectos productivos con campesinos de la región. El contrato se firmó en septiembre de 2013 por el término de seis meses. Pero tres meses después, la misma Asociación solicitó cancelar el contrato debido a las frecuentes extorsiones de las que estaba siendo víctima por parte grupos criminales. La Moneda volvía a quedar “abandonada a su suerte”.
Así las cosas, en marzo de este año, el Fondo decidió realizar una feria inmobiliaria con el fin de recibir propuestas de arriendo sobre este predio, pero solo llegó una oferta, la de un ganadero de la región, quien fue el único en manifestar su interés por arrendar dicha finca, pese a la delicada situación de ordenpúblico que se vive en el Bajo Cauca, y curiosamente el mismo que durante más de un año le pagó arriendo a Calle Bohórquez. Cumpliendo con la ley, le fue adjudicada a este proponente.
La fiebre del oro
Otro caso relacionado con manejo irregular de predios entregados por jefes paramilitares sucedió en Cáceres, también en el Bajo Cauca antioqueño, e involucra predios que fueron incautados por la Fiscalía al otro gran jefe paramilitar que tuvo dominio en esta región: Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. Al igual que en el caso anterior, funcionarios del Fondo para la Reparación de las Víctimas, Asocaribia y el veterinario Bernardo Calle figuran como protagonistas de la historia.
En mayo de 2013 el Fondo contrató al abogado Guillermo Ernesto Durán para que inspeccionara los bienes entregados por los distintos bloques paramilitares y luego los ofertara a particulares o personas jurídicas para que los manejaran mediante las diferentes figuras jurídicas contempladas por la Ley. Durán recomendó ante esta entidad a Javier Vidal Meléndez, por aquel entonces presidente de Asocaribia, como posible depositario de los bienes entregados por alias ‘Cuco Vanoy’ y ‘Macaco’.
Lo que desconocían los funcionarios del Fondo, y que dejaron consignado en el documento citado, es que dos meses antes Vidal Meléndez se había reunido en Bogotá con Guillermo Durán y su tío Hugo Regalado en las oficinas del abogado Miguel Maza Álvarez, hijo del exgeneral Miguel Maza Márquez, acusado de la muerte del excandidato presidencial Luis Carlos Galán.
Maza y Regalado le plantearon al presidente de Asocaribia la posibilidad de administrar una finca en Cáceres, con atractivos yacimientos de oro que había sido propiedad de un jefe paramilitar y que se encontraba bajo la custodia del Fondo de Reparación para las Víctimas. Y que Durán, como funcionario de esa entidad, se encargaría de todo.
En efecto, a mediados de julio de 2013 la finca Mandinga, ubicada en la vereda El Man de Cáceres, que fuera propiedad de alias ‘Macaco’, le fue entregada a Asocaribia mediante la figura jurídica de depósito. El propósito era explotar la mina de oro que había allí. Pero Vidal también fue engañado. Recurriendo a medidas fraudulentas como la alteración de su firma, Bernardo Alonso Calle Bohórquez, el ya mencionado veterinario de ‘Cuco Vanoy’, y otras dos personas aún no identificadas, elaboraron un contrato en el que se obligaba a Asocaribia a entregar el 65 por ciento del producido de la mina de oro a Maza Álvarez, mientras que el 35 por ciento restante quedaba para la Asociación.
Todo indica que una porción de ese 65 por ciento iba para los bolsillos de Guillermo Durán y otra suma similar a los de su tío, Hugo Regalado. Los funcionarios del Fondo descubrieron esta irregularidad en marzo del presente año. Al sentirse descubierto, Vidal Meléndez les confesó a los investigadores de esa entidad que el propio Maza Álvarez le había advertido de las investigaciones que se estaban adelantando y que le recomendó recurrir al “chantaje”.
“El señor Vidal afirmó que el abogado Miguel Maza le dijo que Guillermo Durán hizo que sacaran del Fondo de Reparación a una funcionaria que estaba ‘entorpeciendo los negocios’ y que incluso el propio Durán lo instigó para que le ofrecieradinero a los funcionarios del Fondo para que fueran removidos de sus cargos”, consignó el informe en sus apartes.
Las pesquisas del Fondo permitieron establecer que Guillermo Durán ofreció a personas particulares otros bienes ubicados en el Bajo Cauca que ya se encontraban bajo la tutela de esa entidad. Los testimonios recopilados señalan que Durán exigía dinero para adjudicar predios que se podían usar para minería, ganadería, proyectos agroproductivos, entre otros.
En mayo del presente año, el Fondo de Reparación a las Víctimas interpuso denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que seinvestigue a Guillermo Durán, Hugo Regalado y a Javier Vidal, entre otros.
¿Y la reparación?
Situaciones como estas despiertan serias inquietudes entre las víctimas del Bloque Mineros de las Autodefensas, al mando de ‘Cuco Vanoy, y del Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar, comandado por ‘Macaco’.
En el caso de Vanoy, por ejemplo, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín proferirá sentencia en su contra en las próximas semanas. Allí se le condenará por más de 460 casos de connotación (homicidios y masacres), unos 122 casos de desaparición forzada; 78 eventos de desplazamientos forzados masivos; 207 hechos de reclutamiento forzado de menores de edad y 23 casos de violencia sexual contra las mujeres. En total, más de 1.200 víctimas.
De acuerdo con el Fondo, Vanoy entregó 37 predios (32 rurales y cinco urbanos), 1.001 cabezas de ganado y 12.882 enseres (entre muebles, vehículos, abarrotes, entre otros) los cuales tienen un avalúo comercial cercano a los 15 mil millones de pesos. Sin embargo, a la fecha solo se han vendido en el mercado los semovientes, por valor de 456 millones de pesos, y los enseres, por una suma cercana a los 16 millones de pesos, para un gran total de 472 millones de pesos.
Dichos dineros han sido invertidos en TES clase B, pues así lo ordena la Ley, los cuales, al 11 de septiembre de 2014 han generado unos rendimientos superiores a los 260 millones de pesos. De igual forma, hasta el 31 de agosto del presente año, la entidad recibió por concepto de arriendos de bienes inmuebles la suma de 65 millones de pesos.
¿Alcanzará este dinero? Se preguntan las víctimas. La respuesta solo se sabrá con el tiempo.
