Así habla Libia Rosa Rojo, una lideresa a la que la guerra le arrebató tres hijos. A pesar de su dolor, hoy piensa en la reconciliación y así lo demostró en el municipio de Remedios, nordeste antioqueño, durante un evento en el que participaron decenas de víctimas, así como exguerrilleros y exparamilitares.
Su hablar es pausado, tal vez por los años de sufrimiento y dolor que ha tenido que soportar, pero quizás, también, porque su corazón, “acostumbrado a las penas”, ya ha perdonado a quienes la golpearon con tanta fuerza a ella y a su familia.
“Yo a los de las Farc y los de las Auc los perdono”, expresa Libia Rosa, convencida del sentimiento que la embarga, pese a que no sabe quién asesinó a sus hijos. “Al mayor me lo mataron en el 2001, y a los otros dos en 2011. Yo no sé quién los mató, yo no vi, por eso yo no los puedo calumniar así, ni a las Farc ni a las Auc”. Los hechos ocurrieron en la vereda La Poza, de Cantagallo, en el sur de Bolívar.
Su voz fue una de las escuchadas durante el evento “Encontrémonos por la Reconciliación”, que reunió en el coliseo del municipio de Remedios, el pasado sábado, a un centenar de víctimas que sufrieron con rigor los embates de la confrontación armada. Allí se encontraron con exjefes guerrilleros de las Farc y de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a instancias de la Mesa Departamental de Reincorporación de Antioquia, Naciones Unidas y de autoridades civiles locales.
“Estoy muy contenta en este evento, la verdad yo creo que, a según mi corazón, se nos va a renovar la vida, yo creo que Dios quiera que la paz siga así”, asevera Libia Rosa. “Es una alegría estar con todos ellos, que se están comprometiendo a no hacer más daño y a que la guerra termine”.
Su optimismo y su profundo sentimiento de perdón lo irradia entre decenas de mujeres que, como ella, padecieron los estragos que dejó la guerra en aquellas zonas del nordeste antioqueño desde mediados de la década del ochenta. “A mí me parten el corazón todas estas mujeres que perdieron sus hijos, por eso estoy con ellas”, afirma, convencida, además, de que la eficacia de este tipo de iniciativas: “Yo quisiera que estos eventos se dieran a diario, para nosotros estar más motivadas”.
Esa alegría opaca otra de sus afectaciones, de la cual Libia Rosa habla poco: “En estos momentos estoy despojada de mi tierra, la tierra donde crie a mis hijos se la quedó el Estado. Y yo no he tenido ayuda del gobierno de nada”.
A unos pasos de ella estaba Braulio Enrique Gracia, un curtido líder social, quien, junto con sus vecinos y amigos de la vereda Lejanías, en Remedios, fundaron en 2004 la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), a través de la cual decidieron enfrentar la crisis humanitaria y de derechos humanos que agobiaba a las comunidades rurales de ese municipio y de los vecinos de Segovia.
Al igual que Libia Rosa, este hombre de tez morena no ocultaba su satisfacción de estar presente en un lugar donde se respiraba un ambiente de reconciliación. “Que el pueblo se siente a dialogar con victimarios y las víctimas les den su palabra de perdón es un adelanto muy grande”, dice Braulio.
La guerra a este hombre le quitó su tierra. “Perdí todo lo que tenía con esto de violencia, mi tierrita, y no puedo volver a ella”. Su predio, según narra, está en la vereda Caño Baúl, del municipio de Cimitarra, en Santander. “No puedo volver, no, no, no”, insiste. “Esas tierras por allá pasaron a los paramilitares y no se sabe qué hicieron ellos con eso”. Su drama continúa, además, porque no se ha registrado ante las autoridades como víctima de despojo de tierras.
No obstante, se declara un animador de la paz: “Yo vine aquí a promover la paz en los territorios, que nos reconciliemos y que no nos miremos con odio. Lo bonito es que aquellos que nos sacaban corriendo de nuestras tierras nos digan que ya acabó todo”.
Ejemplo de las consecuencias de la tranquilidad se vive, según Braulio, en su vereda Lejanías y en sectores aledaños: “No vamos a decir que es la mejor, pero sí está muy apaciguado, usted puede movilizarse por donde quiera, eso quiere decir que está bajando el perfil de la violencia”. Por ello, afirma este líder social, “si Colombia quiere seguir así, como sea tiene que seguir este proceso de paz”.
Otro de los asistentes fue Jhonatan Osorio, un inquieto joven líder de Cahucopana, que padeció a sus diez años de edad, junto con su familia, la crueldad de grupos paramilitares cuando llegaron a la vereda Puerto Nuevo Ité, de Remedios. “La vereda fue quemada, ultrajada, violentada, por más de 200 paramilitares”, recuerda. “Ese día llegó un muchacho gritando ¡llegaron los paramilitares! y mamá lo que hizo fue cogernos, así como estábamos vestidos, y corrimos hacia la montaña”. La incursión armada inició el 21 de diciembre de 1996 y culminó seis días después, dejando una estela de sangre de y destrucción.
“No todos pudieron salir”, continúa Jhonatan “Unos fueron asesinados y arrojados al río Ité, y pues desde ese año salí desplazado a Barrancabermeja, allá me reporté como víctima, con la familia, y ahora regreso a la región y trabajo en Cahucopana”.
Pese a tener cerca a exjefes paramilitares de las Auc, su pasado no le afecta la manera cómo asume su presencia en este evento de reconciliación. “Aquí estamos viendo algo muy importante, histórico, que se sienten las Farc y las Auc que hicieron mucho daño en el territorio, es algo que lo llena a uno”, afirma. “Esas son cosas que pensamos que nunca se iban a ver, pero por medio del proceso de paz se está evidenciando que las cosas cambian. Es muy importante dejar el rencor, reconciliarnos y seguir adelante”.
Pero no todos en el encuentro de Remedios estaban tan convencidos de la reconciliación. Rosa Elvira Taborda era una de ellas. Su historia está asociada a la guerrilla de las Farc que hace 33 años la obligó a ella y a su familia a abandonar la vereda El Pescado, de Remedios, porque a juicio de los insurgentes, no les querían colaborar. Y fueron a parar a Segovia.
“Ellos nos persiguieron mucho. A donde llegábamos nos hacía ir porque nos decían que no querían ‘sapos’ en el territorio, entonces nos tocaba con los hijos andar de un lado para otro”, recuerda Rosa Elvira. “A lo último, se propusieron engañar a las niñas mayores que para llevárselas, entonces yo le dije a mi esposo que nos teníamos que volver a ir porque no me iba a dejar quitar mis niñas, esa fue la causa por las cuales nos fuimos de Segovia y regresamos a Remedios”.
La salida de Segovia, en medio de la presión de las Farc, los obligó a dejar sus heredades: “Allá teníamos una tierra, cultivos, gallinas, pero todo, todo, se perdió. Nosotros no volvimos por allá, porque nos decían que si volvíamos nos mataban. Y uno por una tierra no se va a hacer matar”.
Como si fuera poco, hace ocho años, cuenta la señora, desmovilizados de grupos paramilitares atacaron a una de sus hijas, “me la abalearon, pero sobrevivió”. Y narra que también ha sufrido persecuciones por parte de la administración local de Remedios, que impidió hace seis años, con un operativo del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad), que un grupo de víctimas lideradas por ella se tomaran un predio donde pretendían adelantar un proyecto de vivienda. “Nos envió el Esmad y nos quemó todo. Por eso yo digo que hemos sido víctimas de las Farc, los paramilitares y el mismo Estado”.
Su trágica historia la ha llenado de escepticismo. Pese a estar rodeada de un ambiente de reconciliación, no lograba dejar de preguntarse: “¿Esta gente si estará haciendo todo esto de corazón? ¿Será que sí garantizan esa paz que tanto queremos? Yo tengo todo esto en duda, porque hay muchos que se desmovilizan y siguen haciendo daño por debajo de cuerda”.
¿Y la Fuerza Pública?
Si algo sabe Miguel Ángel González Huepa, un veterano campesino, fundador de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc) y gestor de la Zona de Reserva Campesina de esa región, es de persecuciones de las autoridades y afectaciones a su vida familiar. Tras un proceso penal, que incluso está demandado, fue capturado el 20 de enero de 2008, acusado de varios delitos asociados a la subversión, y a los 8 días de su detención, su hijo, un aserrador, fue torturado y ejecutado extrajudicialmente por tropas del Batallón Calibío del Ejército en zona aledaña de Puerto Nuevo Ité.
“Yo estuve 16 meses preso injustamente y luego salí libre de eso, por eso tengo demandado al Estado”, cuenta Miguel Ángel. En su condición de doble víctima del Estado y de líder de la Acvc asistió al evento de Remedios con un pensamiento distinto. Si bien, como él mismo lo reconoce, “este tipo de encuentros son muy importantes”, lo que debe hacerse es mirar hacia el futuro.
“En estos eventos no se trata de decir a mí me hicieron eso o aquello, sino de mirar cosas gruesas, como la inversión social, el cumplimiento de los acuerdos de La Habana, que haya democracia, que haya solución a las víctimas, así como justicia, reparación y no repetición”, dice con tono claro el líder de la Acvc.
Sin dejar de reconocer que la situación de orden público ha mejorado en la región de Cimitarra después de la firma de los acuerdos con la guerrilla de las Farc, estima que la paz tiene que ver con muchas más cosas que la tranquilidad: “Paz es educación, salud, vivienda, tierra para el campesino y garantías para trabajarla”.
Y también con verdad, agrega Miguel Ángel, aquella que no sólo deben reconocer exguerrilleros y exparamilitares, sino la Fuerza Pública: “Su ausencia de estos eventos, revela que no hay voluntad de paz, yo lo veo así. Y deberían estar aquí, así como hicieron los otros señores”.
Al evento de reconciliación llegó el sacerdote jesuita Francisco De Roux, presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, creada bajo los acuerdos de La Habana con la guerrilla de las Farc. Ante las inquietudes del líder de las Acvc, admite que, en este tipo de encuentros, más locales, debería estar, por supuesto, la Fuerza Pública. “Hay que invitarlos”, asegura. “Por lo que he visto en estos días, no tendría duda que de haber sido invitados estarían presentes”.
Y para ratificar su afirmación, alude a las tareas que adelanta la Comisión con diversos representantes de la Fuerza Pública: “Tengo que decir si algo nos ha sorprendido son las conversaciones, ya bastantes con la Fuerza Pública, y la voluntad que ponen de contribuir al esclarecimiento de la verdad con absoluta transparencia, eso me ha llamado mucho la atención”.
A De Roux lo acompañó el también comisionado Carlos Guillermo Ospina Galvis, mayor retirado del Ejército, quien también reconoce que a este tipo de eventos se debe invitar a la Fuerza Pública, pero fue más preciso en sus declaraciones.
“Son pasos que se tienen que se van a dar”, dice, y aclara que si bien han asistido a algunos es porque ha habido una decisión judicial que los obliga. “Pero esos pasos se están dando. He hablado con algunos generales y me dicen que ellos están prestos a participar activamente en todos estos eventos, así no sean ellos responsables, para estar presentes y sellar esa paz que tanto quieren los colombianos. Me han dicho que no tienen ninguna reserva ni ninguna restricción en participar en este tipo de encuentros de reconciliación”.
