Luego de que el Frente de Guerra Urbano Nacional de ese grupo armado reconociera la autoría del atentado con explosivos que causó la muerte de cinco policías este sábado en Barranquilla, la Mesa de Diálogos de Quito se congeló nuevamente, esta vez con el agravante del rechazo generalizado que produjeron esos hechos violentos en distintos sectores de la sociedad.
Los jefes de las delegaciones del gobierno y del Eln, Gustavo Bell y Pablo Beltrán, se reunieron infructuosamente durante la semana previa al atentado para buscar salidas al estancamiento de la Mesa.
Al mediodía de este lunes, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones con el Eln, tras conocerse el comunicado en el que el Frente de Guerra Urbano de esa organización insurgente reconoce su responsabilidad en los hechos que enlutaron la capital del Atlántico. El presidente dijo, además, que “el gobierno ha sido generoso y ha mostrado una voluntad permanente de paz que no puede ser vulnerada por la coyuntura política”, y sentenció que “el quinto ciclo se instalará cuando el Eln haga compatible su conducta con la exigencia de paz del pueblo colombiano y de la comunidad internacional”.
El atentado de Barranquilla, además de generar la indignación nacional, motivó reacciones en todas las campañas presidenciales, en una coyuntura electoral marcada por la implementación de los acuerdos de paz con las Farc y el escalamiento de la violencia tras el término del cese bilateral pactado en la Mesa de Quito. La mayoría cuestionó duramente la salida negociada con el Eln, poniendo al gobierno contra las cuerdas en su intención de persistir en la solución política.
En el espectro de derecha, los candidatos Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez e Iván Duque solicitaron la suspensión definitiva de la Mesa y el escalamiento de la confrontación militar con esa guerrilla. En el mismo sentido, el candidato por firmas Germán Vargas Lleras, líder natural de Cambio Radical, expresó que “no puede el gobierno en estas condiciones reanudar las negociaciones con el Eln: debe reaccionar con determinación y autoridad”.
Del lado de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo opinó que “con sus actos el Eln le dio una bofetada a la sociedad y rompió los diálogos de paz. Mientras tanto, hay que enfrentarlos con toda la capacidad de la Fuerza Pública”. El aspirante del partido Liberal, Humberto de la Calle, aseguró que apoyaría la decisión de levantarse de la Mesa si el gobierno la hubiese tomado.
En cuanto a la izquierda, el progresista Gustavo Petro no se ha pronunciado tras el comunicado del Frente de Guerra Urbano, mientras Piedad Córdoba, por firmas, y Rodrigo Londoño, por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), les pidieron a las partes continuar buscando soluciones negociadas y escuchar a los sectores de la sociedad que exigen la no continuidad de la guerra.
Además de los candidatos presidenciales, las organizaciones sociales que respaldan y acompañan el trabajo de la Mesa de conversaciones también se manifestaron frente al atentado y sus consecuencias. La Asociación Minga, que hace parte del Comité de Impulso del Diálogo Nacional y la Mesa Social para la Paz, una de las plataformas que ha trabajado con mayor detalle una propuesta de participación de la sociedad en los diálogos, declaró que “no es escalando la conflictividad y provocando más hechos de violencia el mejor camino para seguir persistiendo en la paz de Colombia. El respeto a la vida es hoy el punto de inflexión que nos compromete con la superación política del conflicto armado y la construcción de la paz”.
Lo propio hizo la campaña Por Una Paz Completa, compuesta por organizaciones de base de todo el país. En una carta dirigida al presidente Santos y al primer comandante del Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘ Gabino’; la Campaña, junto a varios docentes universitarios y líderes sociales y políticos, rechazó lo ocurrido en Barranquilla y le dijo a las partes que “la confianza de la sociedad hacia la Mesa se ha debilitado, por eso pedimos que demuestren su voluntad por alcanzar un acuerdo final”. La RedProdepaz, que también ha acompañado las conversaciones, lamentó los hechos y pidió la “pronta judicialización a los responsables”.
El atentado, sin embargo, hace parte del escalamiento del conflicto suscitado por la decisión de las partes de no prolongar el cese bilateral temporal que rigió entre el primero de octubre de 2017 y el pasado 9 de enero, así como de su incapacidad para responder a las demandas de la sociedad frente a la necesidad de llegar a acuerdos que permitan cerrar el ciclo de la violencia política. (Lea más: No habrá continuidad del cese al fuego bilateral con el Eln).
Consecuencias del fin del cese
Desde el término del cese bilateral temporal, el pasado 9 de enero, el Eln arreció la ofensiva militar en el oriente del país. Foto: Eln.Desde el pasado 9 de enero, cuando culminó el cese al fuego bilateral temporal, el conflicto se intensificó en las regiones donde opera el Eln. Según datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hasta el pasado viernes 26 de enero se registraron 34 acciones militares atribuidas a la guerrilla y 29 al Ejército, siendo Arauca el departamento con el mayor número de incidentes presentados: cinco ataques a oleoductos, nueve hostigamientos a la Fuerza Pública, dos ataques con francotiradores y un enfrentamiento con otros grupos armados.
A ello se suman los combates presentados entre el Eln y los grupos disidentes de las Farc, entre ellos el ocurrido con el Frente Oliver Sinisterra, comandado por Walter Arizala, alias “Guacho”, en zona rural de Cumbal, Nariño, que según la FIP dejó más de 150 personas desplazadas, así como los enfrentamientos ocurridos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia el pasado 22 de enero en Puerto Valdivia, Antioquia.
Más aún, este miércoles 31*, el capítulo Nariño de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común informó que “un grupo armado identificándose como miembros del Eln” secuestró y asesinó tres de sus militantes: William Rivera, conocido en la guerra como ‘Emilio Sucre’; José Luis Cortez, conocido ‘Anderson Guerrero’; y Jhojan Silva, conocido como ‘Milton García’, cuyos cuerpos habrían sido inhumados ilegalmente en “el cementerio del Salto, vereda La Paloma, municipio de Samaniego”. De acuerdo con ese partido político, a las tres víctimas “se les acusa de pertenecer a las bandas criminales que hoy en día se han tomado el nombre de las Farc-Ep para tomar el control de algunos territorios”.
El Ministerio de Defensa, por su parte, ha reportado la captura de más de 30 integrantes del Eln.
Eduardo Álvarez, director del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de la FIP, asegura que el reciente ataque perpetrado en Barranquilla es un campanazo de alerta para lo que puede pasar si hay una eventual ruptura de la Mesa: “En las ciudades venían siendo muy pocas las acciones (del Eln), tenemos registro en Bogotá y Cúcuta. Aunque la capacidad no se puede comparar con la que tenían las Farc, estas acciones son de mucho impacto mediático, vienen en crecimiento y son motivo para encender las alarmas”.
Para el investigador, la crisis que atraviesa la Mesa es más difícil de superar que las que enfrentaron el gobierno y las Farc en La Habana cuando, por ejemplo, esa organización retuvo al general Rubén Darío Alzate, el 16 diciembre de 2014, o cuando dio muerte a 10 militares en Buenos Aires, Cauca, el 15 de abril de 2015. La razón para ello, según él, es que esos hechos ocurrieron en momentos en los que el proceso había avanzado considerablemente, al punto que ya estaban acordados los temas de Reforma Rural Integral y Participación Política. No obstante, Álvarez asegura que “el Eln se va a fortalecer en la Mesa para pactar unas nuevas condiciones de cese al fuego bilateral y lo poco que se había avanzado con la sociedad civil, en relación al punto uno, quedará supeditado a la agenda monotemática del cese”.
En su segundo informe de seguimiento al cese bilateral temporal, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), aseguró que era probable que la guerrilla utilizara el periodo de tregua para fortalecerse, reorganizarse y volver a la confrontación. Jorge Restrepo, director del Centro, opina que “las unidades del Eln son muy difíciles de controlar y la forma de operar del grupo armado tiene tanta autonomía que las acciones son totalmente compartimentadas entre sus mismas estructuras”, por lo que “tras el fin del cese al fuego se mutó muy rápido de ataques contra la infraestructura a ‘acciones terroristas’, que tiempo atrás había hecho pero no de tal magnitud”.
Aún así, Restrepo ve una oportunidad en la suspensión del inicio del quinto ciclo de conversaciones, porque, a su juicio, es el momento adecuado para que la sociedad en su conjunto repudie los hechos y se avance hacia nuevos compromisos por parte del Eln: “Al igual que ocurrió en ocasiones pasadas, la guerrilla debe pasar de atribuirse el suceso a reconocer su error, pedir perdón y llamar a juicio en sus filas a quienes cometieron tal error. Luego de ello debe venir el arrepentimiento y la muestra de verdadera voluntad para avanzar”.
La situación actual, sin embargo, es el resultado de profundas diferencias y tensiones que las partes no han sido capaces de resolver en la Mesa y que tienen pendiendo de un hilo la continuidad del proceso de paz.
La crisis de la Mesa
Tres días después de haber llegado a Quito, el jefe negociador del gobierno fue llamado a consultas en Bogotá tras la reanudación de la ofensiva militar del Eln. Imagen: Captura de video.Aunque este lunes el presidente Juan Manuel Santos anunció la suspensión del inicio del quinto ciclo, la reanudación de los diálogos está en veremos desde el pasado 10 de enero. Ese día, Santos llamó a consultas al jefe de la delegación gubernamental, Gustavo Bell, para “evaluar el futuro del proceso” de negociación tras una serie de atentados contra la infraestructura petrolera y la Fuerza Pública ejecutados por el Frente de Guerra Oriental del Eln en Arauca y Boyacá inmediatamente después de terminado el cese bilateral.
Sólo hasta el 22 de enero Bell regresó a Quito, donde se reunió en cuatro ocasiones con la delegación del Eln para intentar acordar un nuevo cese al fuego. Fuentes de la Mesa le relataron a VerdadAbierta.com que, en el primero de esos encuentros, llevado a cabo el mismo 22, Bell expresó que la posición del Ejecutivo consistía en pactar un nuevo cese bilateral como condición para el inicio del quinto ciclo, a la par que el Eln debía desescalar el conflicto mientras se negociaban los términos de la suspensión del fuego y las hostilidades en reuniones a las que asistirían tres delegados de cada parte.
Las mismas fuentes le dijeron a este portal que el Eln rechazó de plano la propuesta de pactar un cese sin iniciar formalmente el quinto ciclo, dado que, en su opinión, el tema debía abordarse mientras se avanzaba en la discusión del punto uno de la agenda, llamado “Participación de la sociedad en la construcción de la paz”. Además, la guerrilla expresó que las exigencias del Ejecutivo lesionaban la bilateralidad que debe caracterizar la negociación.
Las discrepancias en torno a la manera de superar el estancamiento llevaron a Bell a regresar a Colombia el 25 de enero con el compromiso de retornar a Ecuador este miércoles 31, con eventuales nuevas instrucciones para encontrar salidas a la parálisis. Una crisis que, paradójicamente, empezó a gestarse durante el cese fuego que rigió hasta el 9 de enero pasado, por cuenta de las distintas interpretaciones que hicieron las partes sobre el acuerdo y sus protocolos, particularmente sobre las acciones que podrían constituir violaciones a lo pactado.
Ello se debió, en parte, a la premura con la que se decretaron la suspensión del fuego y las hostilidades, así como a la inflexible bilateralidad con la que negocia la Mesa, todo lo cual condujo al retiro del Eln del Mecanismo de Veeduría y Verificación el pasado 15 de diciembre. Katherine Torres, coordinadora nacional de la campaña Por Una Paz Completa, apunta que “el cese bilateral, temporal y desconcentrado se acordó en una fase de la negociación en la que las partes todavía no tenían la confianza necesaria ni habían madurado los protocolos, por lo que más tarde se sintió esa improvisación”. Y agrega que “una vez puesto en marcha el cese se profundizaron las desconfianzas, porque había una percepción de que la contraparte se estaba posicionando militarmente”.
Desde que terminó ese primer ejercicio, la guerrilla ha insistido en que una segunda decisión de esa naturaleza debe incluir protocolos y mecanismos que subsanen las dificultades de la anterior, particularmente en lo que se refiere al compromiso del gobierno de suspender las operaciones que puedan convertirse en futuras desventajas militares para las estructuras del Eln en tregua, y al asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las Farc.
En un comunicado expedido este miércoles*, el Comando Central del Eln insistió en que “en medio del cese del fuego se evidenció que continuaban las masacres y asesinatos de pobladores y dirigentes sociales. De igual manera, el gobierno no respetó el mecanismo de Veeduría y Verificación, pues se negó a evaluar los incidentes donde las Fuerzas Militares del Estado estaban comprometidas, comportamiento en el que demostró su poco compromiso con el acatamiento a lo acordado”.
La desconfianza que generó el cese profundizó el ya marcado “toma y dame” que caracteriza la Mesa al punto que, según conoció este portal, el Eln planteó nuevas exigencias para reanudar dos de los compromisos que asumió previamente de manera temporal.
Las audiencias preparatorias del punto uno contaron con la participación directa de delegados del gobierno y del Eln. Foto: Cortesía de Darwin Torres.Sobre el primer tema, la guerrilla expresó que se debía encontrar alternativas para mantener las finanzas de la organización, teniendo en cuenta que la suspensión de las “retenciones económicas” o “secuestros extorsivos” contribuye a su debilitamiento estratégico, aunque está claro que esa práctica es violatoria del Derecho Internacional Humanitario y que ha sido cuestionada por diversos sectores sociales. Respecto al segundo tema, que ha suscitado críticas por los daños al medio ambiente causados tras los ataques a oleoductos, esa organización insurgente volvió a plantear la necesidad de llevar un acabo un diálogo social sobre el modelo minero energético del país que permita hacerle transformaciones a la política del sector, esta vez como parte del cese. Ambas exigencias apuntan que una eventual nueva discusión sobre el tema difícilmente dinamizará la Mesa con la velocidad que impone el inminente cambio de gobierno.
Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y coordinadora del Programa Somos Defensores, asegura que ese punto muerto es consecuencia de la manera como se ha adelantado la negociación: “Esto se venía cocinando desde hace rato, porque la Mesa viene en un proceso de desgaste por parte del gobierno, que no ha propuesto nada. Todo lo que se ha hecho, incluyendo las audiencias preparatorias para el punto de participación y el cese bilateral, ha sido presionado o por el Eln o por organizaciones, sectores y personalidades que facilitan o intervienen en la Mesa. El gobierno no es proactivo y se la pasa quemando tiempo, lo cual se suma al incumplimiento de los acuerdos con las Farc y al ataque contra líderes sociales, por lo que se ha ido generando un ambiente muy complicado que las partes deben resolver”.
Pero la imposibilidad de pactar un nuevo cese no sólo agudiza la confrontación militar, sino que también aplaza la promesa de las partes de abrir canales para la participación de la sociedad en desarrollo del punto uno de la agenda. Es por eso que, a lo largo de enero, las plataformas de derechos humanos y las organizaciones sociales que respaldan los diálogos les solicitaron a las partes que el quinto ciclo abordara de manera prioritaria la definición del mecanismo de participación con el que se materializará ese punto. Una tarea que el gobierno y el Eln se comprometieron a ejecutar a partir de las propuestas que entregaron múltiples organizaciones de distintos sectores sociales y políticos entre el 30 de octubre y el 16 de noviembre de 2017 en Bogotá y en Tocancipá (Cundinamarca), durante las audiencias preparatorias. (Lea más: Sociedad civil construye modelo de participación en la mesa con el Eln).
Para Katherine Torres, de Paz Completa, “el tema de la participación no puede ligarse al cese, porque ambos son iguales de relevantes y el primero es la columna vertebral del proceso de paz”. Lo mismo apunta Diana Sánchez, de la Asociación Minga, para quien, “si se llega a salvar el proceso, luego de discutir las condiciones para continuar lo que sigue es abordar la participación, a lo que habría que sumar el tema de los asesinatos contra los líderes sociales, que siempre ha estado en discusión en la Mesa y por el que las plataformas de derechos humanos hemos tenido debates muy fuertes con el gobierno en la Mesa Nacional de Garantías y en la Mesa Única de Negociación de la Cumbre Agraria”.
El pasado 25 de enero, dos días antes del atentado, la Red de Veeduría Social al Cese al Fuego entre el gobierno y el Eln, compuesta por organizaciones sociales nacionales y regionales, entre ellas el Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, le dirigieron un pronunciamiento público al gobierno y al Eln solicitando la concertación de un nuevo cese con énfasis en la protección de los líderes sociales y políticos, aunque resaltando que “pactar un cese bilateral al fuego no es el fin último de la Mesa de Conversaciones, por lo que las partes deben avanzar en la búsqueda de una solución política a este conflicto social, político y armado, retomando los aspectos ya acordados durante la fase pública de conversaciones”.
No obstante, ante el nuevo escenario, el desescalamiento del conflicto se convirtió en el tema prioritario de cara a una eventual instalación del quinto ciclo de diálogos. A la constante pérdida de legitimidad de la Mesa se suma, además, la actual carrera electoral por la Presidencia de la República, en la que queda poco espacio para defender la solución negociada. Desde ya, las plataformas de paz que respaldan los diálogos preparan acciones de movilización ciudadana para continuar empujando a las partes a la búsqueda de acuerdos que permitan poner punto final a la guerra.
* Este artículo fue actualizado luego de conocerse los comunicados de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y del Comando Central del Eln.
