El Programa Somos Defensores acaba de publicar su tercer informe trimestral sobre agresiones a activistas comunitarios. Comparado con el mismo periodo del año anterior, los asesinatos de defensores de derechos humanos aumentaron un 54 por ciento: 40 fueron asesinados entre los pasados meses de julio y septiembre.
La aparición y propagación del virus COVID-19 ralentizó y torpedeó la cotidianidad de los seres humanos. Sin embargo, para quienes consideran a los líderes sociales como un obstáculo, está siendo un catalizador que les permite quitarlos de su camino por cualquier medio, sin mayores obstáculos ni repercusiones.
Al respecto, Somos Defensores aclara que tuvo dificultades para registrar las agresiones que componen este informe porque sólo contabilizan los casos que sus investigadores verificaron con información de fuentes en terreno. Por esa razón, advierte que es posible que exista un subregistro y que hayan ocurrido muchas más agresiones, como asesinatos, desapariciones forzadas, atentados, amenazas, hurtos de información, entre otras.
Su documento más reciente da cuenta de que 40 personas que defendían los intereses de diversas comunidades, promovían los derechos humanos o denunciaban injusticias, fueron asesinadas en 15 departamentos del país.
Como de costumbre, como coinciden inequívocamente múltiples informes, el departamento de Cauca fue el más violento: allá fueron asesinados once líderes sociales. Le siguen Chocó (4), Bolívar (3), Huila (3), Meta (3), Nariño (3), Valle del Cauca (3), Córdoba (2), Norte de Santander (2), Antioquia (1), Arauca (1), Magdalena (1), Quindío (1), Risaralda (1) y Santander (1).
En cuanto a agresiones en general, en el pasado trimestre ocurrió una más que en el mismo periodo del año pasado, registrándose 184 casos. Se suponía que con las restricciones de movilidad y de distanciamiento impartidas para frenar la expansión del nuevo coronavirus, el número de agresiones tendería a mermar, pero, lamentablemente, los hechos muestran que se redujeron algunas y que aumentaron otras, como los asesinatos y las desapariciones forzadas.
Sobre esas cifras, el informe indica que “es preocupante el comportamiento de los atentados, que presentaron un incremento del 113%. Con lo anterior, es posible determinar que la disminución en las amenazas contrasta con el incremento de asesinatos y atentados, lo que evidencia que la violencia contra las personas defensoras se mantiene constante y con una tendencia preocupante de pasar de la generación de zozobra y miedo a la acción directa contra la vida”.
En cuanto a los presuntos responsables de las agresiones, se desconoce al autor del 48 por ciento de los casos; el 30 por ciento se les atribuyen a grupos de origen paramilitar; el 11 por ciento a disidencias de las Farc; el seis por ciento a la guerrilla del Eln; el cuatro por ciento a integrantes de la Fuerza Pública; y el uno por ciento restante a la Fiscalía por las judicializaciones arbitrarias.
A nivel territorial, además de la dramática y sobrediagnosticada situación del departamento de Cauca como el más peligroso para los líderes sociales, Somos Defensores llama la atención sobre lo ocurrido en Nariño en los últimos meses. Teniendo en cuenta que en el tercer trimestre del año pasado ocurrieron seis agresiones en ese departamento fronterizo y 40 en el del presente, cuestiona ese deterioro de garantías de seguridad, “pese a la militarización del territorio en zonas como el piedemonte y la costa Pacífica, con lo cual se evidencia que un mayor pie de fuerza en los territorios no es garantía de entornos más seguros para el ejercicio de la labor de los liderazgos sociales”.
Además, expresa preocupación porque “a pesar de la gravedad de la situación el Estado no ha tomado medidas efectivas para controlar la violencia y el Gobierno persiste en negar su gravedad, lo que podría ocasionar que este año culmine con uno de los mayores registros de asesinatos”.
Las alarmas siguen encendidas para quienes se atreven a usar su voz para reivindicar diversas causas. Entre enero y septiembre de este año, por lo menos, se tiene noticia de que fueron asesinados 135 defensores de derechos humanos. El pasado mes de agosto se perdió la misión de reducir los asesinatos de este año respecto a los del anterior, cuando fueron ultimados 124, según las verificaciones de Somos Defensores.
¿Terminará 2020 con récords en muertes por el coronavirus y por defender los derechos humanos? En Colombia, al parecer, no hay antídoto para el plomo y el descenso del pico de asesinatos de líderes sociales se ve muy distante.
