A ello se suman conflictos sociales, ambientales y de confrontación armada que frenan el desarrollo de sus pobladores. Las comunidades denuncian que sus derechos son vulnerados sin reparación alguna.
Al igual que la gran mayoría de los municipios de Antioquia, Valdivia también se considera víctima de la guerra y por ello fue uno de los trece municipios priorizados para ser beneficiario de recursos provenientes de programas de la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc.
Sin embargo, en este municipio del norte de Antioquia no se han podido realizar obras de Pequeña Infraestructura Comunitaria (PIC), que se vienen ejecutando en los demás municipios priorizados del departamento y del país desde el 2017 y que ya están por finalizar para seguir con los Planes de Acción para la transformación territorial (PATR) durante los próximos diez años.
La contingencia generada por la construcción del complejo hidroeléctrico Hidroituango, iniciada el 28 de abril de 2018, impactó a sus pobladores y se estima que los efectos se mantendrán en el futuro, ocasionando, incluso, afectaciones irreparables.
“Nunca habíamos visto el río de color verde, parecido al mar, y menos verlo casi seco, aquí el agua abundaba y también los peces. Esta era época de subienda y la mayoría nos alimentábamos de lo que pescábamos. Ahora nos queda sentarnos a la orilla a ver su muerte por causa de la ambición”, dijo, entre lágrimas, William*, un habitante de Puerto Valdivia que tuvo que cerrar su negocio en el que trabajó por más de treinta años.
Luego del trágico 28 de abril del año pasado, el municipio albergó a más de 600 familias que tuvieron que desalojar el centro poblado del corregimiento Puerto Valdivia, afectadas por la contingencia en Hidroituango. Durante cinco meses, habitaron dos coliseos y dos escuelas, además de autoalbergues en los que otras familias acogían a algunos desplazados.
Según Empresas Públicas de Medellín (EPM), nadie podía volver al corregimiento el resto del año por la permanencia de la alerta roja; sin embargo, mucha gente regresó por voluntad propia, corriendo riesgos y cansados de tener una carpa por casa. Otros buscaron distintos lugares para irse temporal o definitivamente de la región.
A principios de este año, el alcalde de Valdivia, Jonás Darío Henao, advirtió sobre la crisis humanitaria y económica que estaba padeciendo su municipio. Su mayor preocupación era el daño sicológico que estaban sufriendo buena parte de los pobladores tras perder sus viviendas, el empleo y la tranquilidad, sin tener soluciones concretas.
“Veo que todo el mundo habla del proyecto, que se salve, pero nadie habla el bienestar de las siete mil personas evacuadas, donde no se han prestado todos los servicios que se deben de prestar”, expresó Henao en una rueda de prensa en la que participaron funcionarios de EPM y la Gobernación de Antioquia.
Ejemplos de lo dicho por el mandatario local son las afectaciones a los servicios salud y educación. El puesto de salud de Puerto Valdivia quedó destruido y, por ahora, el médico atiende martes y jueves en un improvisado local que tomaron en arriendo. No hay farmacia ni laboratorio. Las dos escuelas quedaron inservibles, por lo que más de quinientos niños tuvieron que ser trasladados a otras instituciones, a los que llegan tras hacer largos recorridos. Y aún no se muestran los avances de la posible reubicación del corregimiento.
El 16 de enero de este año hubo cierre de la vía, entre Caucasia y Yarumal, durante dos días por nueva alerta en la zona de construcción del complejo hidroeléctrico. El transporte de carga tuvo restringida la movilidad que le trajo pérdidas por de 3.200 millones de pesos, según el gremio de transportadores en declaraciones públicas. Por allí circulan 1.200 carros de carga al día.
Por otro lado, con el cierre de la compuerta de la casa de máquinas para iniciar el proceso de evaluación del daño de las obras en la casa de máquinas, el río nuevamente disminuyó el caudal hasta casi secarse.
Al respecto, EPM reportó mediante un comunicado que ochenta personas, entre biólogos y pescadores, recorrieron 38 kilómetros del río Cauca para adelantar labores de rescate: 412 peces vivos y nueve muertos. Cifra muy distinta a la mostrada en redes sociales, a través de videos hechos por las comunidades afectadas donde se veían cientos de peces agonizando sobre piedras o saltando en algún charquito.
Proyectos estancados
Además de todas esas pérdidas ambientales ocasionadas por las contingencias del proyecto Hidroituango, se suma el impacto que tuvo en la implementación inicial del Acuerdo de Paz.
Se contempló que las obras PIC serían las primeras obras en ejecutarse, pero con esas contingencias, y los riesgos que significaban en terreno, no se pudieron realizar en los municipios priorizados del norte antioqueño, entre ellos Valdivia.
“La administración municipal cesó todo tipo de actividad por la contingencia. En la ART también paramos el trabajo en el territorio. Tuvimos que hacer una resocialización con las comunidades de lo que ya se había hecho”, explicó José Luis Rubio, gestor de la Agencia Nacional del Territorio (ART) en Valdivia.
A la fecha de los daños en Hidroituango y sus efectos en la región de influencia, las obras PIC ya tendrían que haberse adelantado, como sucedía en los otros municipios priorizados del país. “La contingencia afectó a siete municipios PDET: Ituango, Briceño, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí. Se hizo relectura porque todo cambió; por ejemplo, no se podrá hacer el cercamiento de un colegio o una placa polideportiva porque están en zona de riesgo”, explicó Rubio.
Pero si bien hay retrasos, las obras planeadas sí se realizarán, pero ya como parte de la ejecución del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), de las que hacen parte y que ya se han concertado con las comunidades a través del Plan de Acción de Transformación Regional (PATR), para lo cual se cuenta con un presupuesto de 63 mil millones de pesos que provienen de la cooperación internacional, además de fondos estatales.
Meses antes de la contingencia de Hidroituango ya se había iniciado el trabajo preparatorio para la construcción de los PDET con las comunidades. Entre el 3 y el 5 de abril del año pasado se realizó la asamblea veredal para la construcción del pacto municipal, donde estarían expresadas las necesidades de los campesinos. Salieron 136 iniciativas que quedaron en el PATR y se realizarán durante los próximos diez años.
“Creímos que las PIC se iban a quedar en el aire porque no nos habían vuelto a decir nada, pero nos avisaron que en marzo retoman. Tenemos mucha expectativa porque los PDET fueron la oportunidad que nos dieron para que desde cada territorio construyamos los planes de vida. La necesidad es inmensa. Si esto se da nos va a cambiar la vida en el campo. Son obras que se pueden hacer, se necesita es voluntad política de las instituciones”, afirmó Benjamín Mesa, líder de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac).
El gestor de la ART reiteró que esas pequeñas obras sí se harán y confirmó lo dicho por Mesa, que desde mediados de marzo realizarán las primeras visitas al territorio: “Se tienen entre 350 y 400 millones para cada uno de los tres núcleos en que se dividió la zona, donde están incluidos los gastos de administración y las obras como tal. Depende de la visita técnica se viabiliza la ejecución de éstas. Se tiene estimado que son unas cuatro obras por núcleo”.
Dentro de las principales necesidades están las vías de acceso a las veredas. “Hay dos vías terciarias, la de Playa Rica y la de Chorrillos, esta última se comparte con Briceño, también está la de Raudal Viejo que está muy mala. Se está abriendo la de la Siberia, pero si las otras están muy malas, esta está peor. El 70 por ciento de Valdivia es rural, pero no hay vías para llegar al campo”, aseguró Mesa.
La propiedad de la tierra es otra gran necesidad, porque la mayoría de campesinos son tenedores de tierra, pero sin títulos, o gran parte no tiene acceso a ella. La salud, educación y alimentación sana también fueron prioridad.
En el pacto municipal quedó como propuesta la creación de una zona de reserva campesina: “Adelantar la concertación social, obtener avales de las entidades territoriales y presentar ante la Agencia Nacional de Tierras la solicitud de constitución de zonas de reserva campesina (ZRC) en los municipios PDET de Valdivia, Cáceres, Tarazá, Zaragoza, Anorí de la subregión Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño”.
Territorio en disputa
Pero no solo la contingencia de Hidroituango ha frenado la implementación del Acuerdo de Paz. El municipio de Valdivia hace parte de la subregión Norte, pero sus dos corregimientos más poblados, Puerto Valdivia y Puerto Raudal están en la subregión del Bajo Cauca, por lo que sus contrastes son bien particulares.
Valdivia cuenta con diversidad de climas, los cultivos varían dependiendo de la zona. En la parte alta, de clima templado, hay ganadería, arriería y agricultura; recientemente se retomaron cultivos de pancoger y café. En la parte baja, sobre el río Cauca, hay cultivos de cacao, y actividades de pesca, silvicultura y minería.
Puerto Valdivia, afectado en gran medida por la contingencia de Hidroituango, era el corregimiento donde todos los campesinos llegaban los domingos a vender sus productos y realizar sus compras para el resto de la semana, ahora se ve desolado y toda esa actividad ya es parte del pasado.
El Alto de Ventanas fue declarado como área protegida en junio de 2018 por la Corporación autónoma regional del centro de Antioquia (Corantioquia). Son 23.538 hectáreas que comparten los municipios de Yarumal, Briceño y Valdivia. Allí es el hogar del puma (Puma concolor) y hay 145 especies de vertebrados y 960 de flora, únicas de esta región del país, según Corantioquia, además de tener abundante agua.
Pero, de otro lado, este municipio es un corredor estratégico: está atravesado por la vía principal que va hacia la costa Caribe desde Medellín y es la puerta de entrada al Bajo Cauca, donde las dinámicas de violencia han sido permanentes, con distintos actores armados ilegales y cientos de víctimas.
Desde la década de los setenta, Valdivia ha tenido presencia de las antiguas guerrillas de las Farc, pero es desde los noventas que esta organización insurgente se ubica estratégicamente en el Norte y Bajo Cauca de Antioquia. Para contrarrestarla, llegaron a finales de esa década las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) con su Bloque Mineros a disputar los cultivos de hoja de coca para uso ilícito, además de la troncal que conduce al Golfo de Morrosquillo, zona estratégica para la circulación de alijos de cocaína en vía hacia los mercados internacionales siguiendo las rutas del mar Caribe y de tráfico de armamento.
En la actualidad, operan la guerrilla del Eln, con el Frente Héroes de Tarazá, en el corregimiento Puerto Raudal y en las zonas aledañas. Se suman a ella, células de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el grupo criminal conocido como Bloque Virgilio Peralta o ‘Caparrapos, que se mueven, sobre todo, en la vía principal; y las disidencias del Frente 36 de Farc, que, además, están en Ituango y Briceño.
También se habla en Valdivia de la presencia de grupos conocidos como ‘Águilas Negras’, y una banda urbana conocida como ‘Los Pachelly’, que proviene del municipio de Bello, en el Valle de Aburrá, y que tiene al parecer pequeñas células dedicadas a actividades ligadas al tráfico de drogas ilegales.
La violencia en el municipio se mantiene, pese al optimismo que generó, por momentos, el Acuerdo de Paz: En el 2015 hubo 314 víctimas; en el 2016 fueron 180; en el 2017 se duplicó a 392; y en el 2018 tuvo una leve disminución, llegando a 297, según datos de la Unidad para las Víctimas.
Sembradíos ilícitos
Otro de los graves problemas que tiene Valdivia es que de las 36 veredas que componen su territorio, en 26 de ellas se siembra hoja de coca para uso ilícito. De acuerdo con cifras del Observatorio de Drogas de Colombia, el área cultivada ha aumentado en los últimos años y representa una fuente importante para la economía local. En el 2013 había 32 hectáreas; en el 2014, 298 hectáreas; en el 2015, 190 hectáreas; en 2016 había 1.621 hectáreas; y para el 2017 se duplicó a 2.900 hectáreas.
Esos cultivos ilícitos generan graves conflictos en el municipio por cuanto grupos armados ilegales no han dejado que los cultivadores se acojan al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), pactado en el Acuerdo de Paz. Esa presión ha provocado un miedo generalizado, pues las personas no quieren asistir a reuniones y se resisten a liderar procesos; por el contrario, se aíslan y prefieren abandonar la región.
La extorsión también ha sido una constante en Valdivia. Comerciantes y transportadores deben pagar cada mes una cuota de 200 mil pesos a las Agc; además, hay “toques de queda” donde se restringe la movilidad; y los jóvenes son reclutados para hacer diversos trabajos a grupos armados ilegales.
Desde principios de 2017, la comunidad ha sufrido constantes confinamientos por cuenta de los panfletos que han hecho circular las Agc, obligando a la gente a desplazarse, y del Eln decretando “toques de queda” después de las 7 de la noche.
De no fortalecerse la implementación del Acuerdo de Paz y generar un cambio estructural en Valdivia, muy probablemente la violencia seguirá en aumento y el conflicto social no tendrá fin, pues los jóvenes no encontrarán otra alternativa que estar al servicio de las armas y el dinero.
Foto Portada: Idea de progreso en Valdivia, imagen tomada un mes después de la contingencia de Hidroituango. Por Bibiana Ramírez
