El Alto Tribunal, que resuelve conflictos entre el Estado y particulares, solicita a las autoridades garantizar los derechos de la comunidad desplazada y mantener las medidas cautelares que hay sobre estos predios en el sur de Bolívar.
La comunidad campesina de Las Pavas, en el sur de Bolívar, fue desplazada tres veces: en 2003, 2006 y 2009. Ahora esperan los fallos del Consejo de Estado, para que la Agencia Nacional de Tierras pueda recuperar los baldíos y titulárselos. Foto: archivo Semana.
Cada quince días, diversas entidades estatales locales y nacionales deberán rendirle un informe al Consejo de Estado sobre la condición de las 123 familias de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), que reclaman la propiedad de Las Pavas, una antigua hacienda en el sur de Bolívar que han cultivado desde mediados de los años noventa y de la que han sido desplazados tres veces. También sobre el cumplimiento de las medidas cautelares que existen sobre estos predios y que tienen como opositor a la empresa Aportes San Isidro S.A.S., que alega haber comprado las tierras legalmente a su antiguo dueño para desarrollar allí un cultivo de palma de aceite. (Lea: ¿Qué pasa alrededor de la hacienda Las Pavas?)
El pronunciamiento del Alto Tribunal es producto del incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas desde el 15 de marzo de 2016, que exigen “una prohibición general a las partes e intervinientes de realizar cualquier acto perturbador de la posesión y tranquilidad respecto de Aportes San Isidro S.A.S y la Asociación de Campesinos de Buenos Aires-Asocab”.
Esa tranquilidad se alteró cuando, el 27 de enero de 2017, la comunidad campesina interpretó como una intimidación la empapelada del predio y de algunos caminos veredales con copias de las declaraciones que testigos clave habían rendido ante la Fiscalía sobre su desplazamiento en 2003. (Lea: Las amenazas vuelven a Las Pavas)
La situación se complicó el 8 septiembre pasado cuando 20 hombres ingresaron a las tierras y reanudaron el cultivo de palma de aceite sobre un predio al que ya había retornado una familia víctima del conflicto armado. El hecho produjo el pronunciamiento de seis organizaciones sociales, que emitieron una acción urgente en la que denunciaron que la empresa Aportes San Isidro S.A.S. desobedece las decisiones tomadas por órganos judiciales y administrativos. (Nueva alerta en Las Pavas, Bolívar)
Teniendo en cuenta esas circunstancias, la Defensoría del Pueblo rindió un informe al Alto Tribunal, que sirvió de base para que expidiera el reciente auto de seguimiento a las medidas cautelares de 2016. El Consejo de Estado es enfático en señalar que “este tipo de medidas protegen de manera provisional e inmediata una posición jurídica en concreto, que es objeto de litigio ante la jurisdicción contenciosa administrativa”. (Ver Auto 47316 de Consejo, página 3)
Con lo anterior, el Consejo de Estado se refirió al litigio sobre la revisión de dos procesos agrarios que cursan allí: uno de extinción de dominio por inexplotación económica sobre 1.300 hectáreas de la antigua hacienda; y otro de clarificación de la propiedad sobre las otras 1.700 hectáreas. Ambos procesos fueron realizados por el liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), dándoles la razón a los campesinos de Asocab.
En el primer caso, los campesinos pudieron probar que cuando llegaron a la antigua hacienda, las tierras estaban abandonadas y las cultivaron entre 1997 y 2003, hasta que fueron desplazados. En el segundo proceso, el antiguo Incoder no encontró títulos que soportaran que las 1.700 hectáreas habían salido del patrimonio del Estado, determinando que eran baldíos o tierras de la Nación. Así lo anunció la institución agraria el 27 de septiembre de 2012. (Lea: Los campesinos se quedan con Las Pavas)
Sin embargo, la empresa Aportes San Asidro S.A.S., que alega haber comprado la antigua hacienda para el desarrollo del cultivo de palma, solicitó al Consejo de Estado la revisión de las dos decisiones que tomó el antiguo Incoder. Ambos procesos cursan en el Alto Tribunal desde 2013 y por ello, el reciente auto reiteró la necesidad de que las autoridades locales y nacionales garanticen la integridad y derechos de la comunidad campesina de Las Pavas, que ha sido víctima del conflicto armado, y que no existan ninguna perturbación sobre las tierras mientras el Consejo toma una decisión. (Lea el comunidado del Consejo de Estado)
“La medida busca que no se afecten los intereses de los campesinos y la empresa que reclaman derechos sobre la propiedad, mientras la Sección Tercera dicta un fallo”, aclaró el Consejo de Estado, llamando la atención de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa-Policía Naconal, la Gobernación de Bolívar, los Alcaldes e Inspectores de Policía de los municipios de El Peñón y Regidor; la Fiscalía General de la Nación, así como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
De momento, los campesinos de Asocab esperan que el Alto Tribunal tome una decisión que les permita acceder a la propiedad de las tierras que han trabajado durante diez años, teniendo en cuenta las pruebas de los procesos, que llevan casi una década entre trámites administrativos y judiciales. La historia de Las Pavas es un reflejo de lo que ahora vive la comunidad de El Guayabo, también en la región del Magdalena Medio, donde los campesinos también esperan una solución del Estado. (Lea: Campesinos desalojados de El Guayabo reclaman soluciones y Reforma Rural Integral, a ‘fuego’ lento)
