El Consejo de Estado, en decisión tomada el 10 diciembre de 2008, condenó a la Nación tras encontrar que hubo omisión en la protección del entonces senador Manuel Cepeda Vargas, dirigente de la Unión Patriótica asesinado el 9 de agosto de 1994.
Según El Tiempo, a pesar de las denuncias hechas por el mismo Cepeda sobre amenazas contra su vida, y sumado a la medida cautelar que la Comisión Interamerciana de Derechos Humanos había dictado para pedir la protección del dirigente político, el Consejo determinó la culpabilidad por omisión del Estado colombiano que llevaría al asesinato de Cepeda.
Según los mismos demandantes, Cepeda habría denunciado las amenazas contra su vida al DAS, la Policía, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, la Procuraduría y los altos mandos militares, estos últimos, quienes presuntamente tuvieron participación en el crimen.
La muerte de Cepeda sería concebida dentro de la “Operación Golpe de Gracia”, operación iniciada con el asesinato de José Millar Chacón, secretario del Partido Comunista, el 25 de noviembre de 1993. Estas muertes se sumarían a la muerte de más de 3000 militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista desde la década del 80, entre quienes se encontraban candidatos presidenciales, parlamentarios y alcaldes pertenecientes a estos movimientos políticos.
Con esto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó el pago de indemnizaciones por perjuicios para el hijo, la esposa y la hermana de Cepeda, por un monto de 587 millones de pesos para cada uno, sumando además los 910,3 millones de pesos adicionales que tendrá que pagar el Estado por concepto de perjuicios materiales.
Por este caso, la justicia colombiana acusó a Carlos Castaño como autor intelectual y a dos militares, Hernando Medina Castaño y Justo Gil Zúñiga, como coautores del asesinato.
Sentencia del Consejo de Estado en el caso de Manuel Cepeda.pdf
Con información de: ElTiempo.com
