El conflicto puso fin a la pequeña comunidad de Nueva Esperanza
Datos Principales
- UBICACIÓN: Agustín Codazzi, Cesar
- TIPO DE COMUNIDAD:Campesina
- NÚMERO DE HECTÁREAS: 601
- NÚMERO DE PREDIOS: 1
- NEGOCIO: Petrolera
En 1988, el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) le título 420 hectáreas de terrenos baldíos a la familia Girón, asentada en Chía, Cundinamarca. La tierra, ubicada en el corregimiento Llerasca, del municipio Agustín Codazzi, Cesar, fue destinada a la ganadería.
En 1991, los Girón empezaron a recibir amenazas por parte de la guerrilla de las Farc. Desde la década del ochenta, los corregimientos Casacará y Llerasca, ambos de Agustín Codazzi, fueron controlados por la insurgencia debido a su cercanía con la Serranía del Perijá. Por entonces, el norte del Cesar era vital tanto para las Farc como para el Eln, que lo requerían como retaguardia y corredor estratégico para el tránsito entre la Sierra Nevada de Santa Marta, el Magdalena Medio, la Serranía, la subregión del Catatumbo y Venezuela.
El mismo año en que comenzaron las amenazas, los Girón iniciaron gestiones para venderle el predio al Incora, con el fin de que le fuera adjudicado a campesinos sin tierra. Mientras realizaban los trámites, y por medio del administrador de la finca, permitieron el ingreso de 24 familias, a quienes les indicaron que podían trabajar la tierra, bien fuera con miras a la adjudicación o con el compromiso de comprarla con parte de las ganancias generadas por la explotación agropecuaria.
El grupo estaba compuesto por familias empobrecidas, sin tierra, integradas mayormente por exjornaleros de algodón y de café, residentes en Agustín Codazzi. Rápidamente, los labriegos conformaron un comité, encargado de medir y repartir las parcelas por sistema de sorteo. Además, destinaron una hectárea y media para construir una escuela, un puesto de salud, una iglesia, una cancha de fútbol y viviendas para quienes les hubieran correspondido terrenos en la parte alta de la finca.
En el Comité, además, había personas con experiencia en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), quienes orientaron la siembra de plátano, maíz, yuca, árboles frutales, fríjol, cacao y café, además de la cría de cerdos, vacas, caballos, pollos y chivos. La naciente comunidad fue denominada como Nueva Esperanza.
No obstante, el proceso de venta ante el Incora se suspendió a finales de 1991, tras la muerte del propietario, Andrés Girón. En 1992, Jorge Girón heredó la finca y se la transfirió a su esposa, Alba Lilia Flórez. Debido a que los campesinos no consiguieron reunir el dinero suficiente para comprar la tierra, Flórez insistió en venderle al Incora, pero suspendió el trámite en 1995. Desde 1993, la nueva dueña había decidido no regresar al terreno, luego de ser víctima de un robo masivo de ganado por parte de las Farc y ante posibles secuestros.
En 2000, la propietaria decidió interponer varias denuncias contra los parceleros de la comunidad, calificándolos como “invasores de tierras” y acusándolos, sin pruebas, de integrar el Frente 41 de las Farc. El hostigamiento judicial se sumó al recrudecimiento del conflicto en la zona, disputada por las Farc, el Ejército y el Frente Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Por entonces, la guerra se vivía con rigor en Nueva Esperanza, ubicada al lado de una vía de acceso a la frontera con Venezuela y a la Serranía del Perijá, y colindante con la hacienda palmicultora Las Flores, propiedad del Grupo Empresarial Oleoflores, de la familia Murgas.
Luego de presenciar hechos de violencia al menos desde 1996, la comunidad empezó a desplazarse a mediados de 2001, cuando el Frente 41 de las Farc asesinó a Jaime Gámez, administrador de la parcela Los Placeres. Por la misma fecha, el incremento de los combates entre el Ejército y la guerrilla, así como la presión de la Fuerza Pública, generó el abandono de otras parcelas.
En septiembre de 2001, los campesinos continuaron desplazándose por cuenta de una emboscada de las Farc que causó la muerte de varios soldados cerca de la parcelación. Ese mismo año, las Auc acusó a la comunidad de hacer parte de la guerrilla, pese a que había sido víctima de robos, asesinatos y hostigamientos por parte de las Farc.
La comisión de masacres, amenazas y homicidios selectivos en el corregimiento por parte del frente Juan Andrés Álvarez de las Auc, incluido el asesinato del parcelero Joaquín Lleneres, uno de los pocos que permanecía en Nueva Esperanza, mantuvo a los campesinos en el desplazamiento.
En 2007, al enterarse de la desmovilización de las Auc y debido la pobreza en la que se encontraban, siete de las 24 familias empezaron a retornar voluntariamente, sin acompañamiento del Estado.
Asimismo, otras personas decidieron ocupar y explotar el predio, al punto de que en 2014 el terreno contaba con 120 habitantes. De acuerdo con una caracterización realizada ese año por la Unidad de Restitución de Tierras, el 21 por ciento de ellos eran niños y el 11 por ciento eran adultos mayores, mientras el 61 por ciento ni siquiera alcanzaban a tener ingresos mensuales equivalentes a dos salarios mínimos. Ninguna de las viviendas contaba con servicios públicos y el acceso a educación y salud era precario.
En 2015 continuó la disputa jurídica por la propiedad de La Esperanza, esta vez entre cinco de los parceleros que retornaron y la señora Flórez, quienes acudieron por separado ante los jueces especializados en restitución de tierras. En marzo de 2019, la Corte Constitucional le ordenó al Tribunal Superior de Cartagena acumular ambos procesos y tomar una decisión de fondo que atiendiera los criterios de integralidad y seguridad jurídica.
Con el apoyo de: Embajada de Suecia.